Tras lanzar un spot invitando a disfrutar "cada granito de arena" de las playas de la costa, Vidal partió de vacaciones con sus hijos a México. Además la provincia sufre una de las peores inundaciones de los últimos años.

En medio de una de las peores e históricas inundaciones que sufre la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal partió ayer en plan de vacaciones a la paradisíaca localidad de Playa del Carmen.

La mandataria había convocado semanas atrás -en un spot promocional sobre las bondades de la Costa bonaerense- que todos vayan "a disfrutar cada granito de arena" de sus playas sobre el Mar Argentino.

"Este verano, vení a la costa. Vení a disfrutar de cada granito de arena. Vení a disfrutar de todo lo bueno que tiene. Sus paisajes, sus playas y su gente", promueve la gobernadora en el spot al tiempo que muestran a diversos trabajadores de la temporada en acción.

Sin embargo, Vidal optó la arena mexicana y voló con ese destino para pasar al menos una semana en la Riviera Maya, junto con sus hijos Camila, de 16; María José; de 14, y Pedro, de 10.

Desde que asumió, el 10 de diciembre de 2015, Vidal sólo se había tomado unos días de descanso junto a su familia en Pinamar. No obstante, estas vacaciones no habrían llegado en el mejor momento del territorio provincial.

Según confirmaron fuentes oficiales al diario platense El Día, Vidal dejó como principal autoridad en la provincia de Buenos Aires el vicegobernador, Daniel Salvador, de la UCR, en el marco de las peores complicaciones para los bonaerenses tras las severas inundaciones.

"En todo lo que es emergencia y respuesta, la Provincia se ha fortalecido mucho pero todavía tiene una deuda social muy grande en materia hídrica. Lamentablemente durante años se ha hecho poco y nada, hoy hemos puesto en marcha un plan hídrico muy importante”, aseguró Salvador en recientes declaraciones a la radio Once Diez.

Y agregó: "La Provincia está en un momento de fortaleza y de golpe. Estos fenómenos lamentablemente generan estas dificultades. Hay que realizar obras que puedan atenuar estas consecuencias. En algunos distritos hay evacuaciones aunque todavía no tenemos cuantificados los daños económicos".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, inicia hoy sus vacaciones en México junto a sus hijos, y deja durante ocho días como principal autoridad en la provincia de Buenos Aires el vicegobernador, Daniel Salvador, de la UCR, confirmaron fuentes oficiales.

La mandataria provincial descansará en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en México, junto a sus hijos Camila, de 16; María José; de 14, y Pedro, de 10, y retomará sus agenda en ocho días cuando continúe con las recorridas por los distintos distritos del interior bonaerense.

Desde que asumió, el 10 de diciembre de 2015, Vidal se había tomado unos días de descanso junto a su familia en Pinamar, además de los ya tradicionales retiros espirituales habituales del PRO.

Según lo establecido en el artículo 124 de la Constitución bonaerense. desde mañana ejercerá como principal autoridad en la provincia de Buenos Aires el vicegobernador, Daniel Salvador.

En el caso de los ministros, se supo que Vidal autorizó a sus funcionarios para tomarse unas “muy breves vacaciones” en el destino que prefieran, ya que espera un intenso año de gestión y elecciones.

Tras el descanso, la agenda que manejará la mandataria, según revelaron a fuentes oficiales, no tendrá mayores alteraciones, ya que tiene previsto seguir con sus visitas por los municipios del conurbano bonaerense y el resto de las comunas, para evaluar las obras que comenzaron en diversos distritos.

La gestión pondrá el foco en los trabajos que se realizan en las obras de ensanche y dragado del río Salado, destinadas a evitar nuevas inundaciones en el centro y norte del territorio bonaerense. También realizará un seguimiento de la gestión en otras regiones de la provincia de Buenos Aires y reforzará su presencia en el conurbano.

La gobernadora. además, tiene agendado asistir a algunos eventos que realizará el programa Acercarte, del Ministerio de Cultura bonaerense, que lleva a los diferentes municipios, y en forma gratuita, diversos espectáculos de teatro, cine y música.

El jefe comunal de esa ciudad balnearia había dicho que le ofrecieron más de 50 coimas, pero nunca lo denunció. La oposición de esa localidad se presentó a la Justicia exigiendo que se investigue el silencio de la máxima autoridad de ese municipio.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, atraviesa un verano más caluroso de lo normal. La oposición de esa ciudad balnearia se presentó en los tribunales para exigir que se investigue al jefe comunal porque nunca denunció el ofrecimiento de más de medio centenar de coimas.

En diálogo con la revista Noticias, Yeza confesó: “En el primer mes de gestión intentaron ofrecerme más de 50 coimas”, aunque nunca radicó una denuncia al respecto.

Acto seguido, lo dirigentes de la oposición local decidieron presentarse ante la Justicia para pedir que se investigue quiénes fueron los que ofrecieron los sobornos y que se determine si el jefe comunal los encubrió.

El reclamo fue hecho por los concejales Guillermo Migliorini, Daniel Bermúdez, Martín Atencio, Maximiliano Santini y Martín Viotti, quienes quieren saber “el nombre de los 50 delincuentes que le han ofrecido coima” a Yeza y entienden que el intendente podría haber cometido un delito al no denunciar aquellos supuestos intentos de soborno, un deber de todo funcionario público.

“No podemos permitir que la sombra de la corrupción vuelva a manchar a Pinamar. Si le han ofrencido coima en más de 50 oportunidades al intendente Yeza, debe contarnos a los vecinos y a la Justicia quiénes fueron; si eran de Pinamar y para qué eran las coimas”, planteó Migliorini, quien solicitó saber si el ex referente juvenil de Felipe Solá realizó la denuncia pertinente por intente de cohecho o “si incurrió en el delito de encubrimiento”.

“Para muchos la corrupción es un hombre de gafas oscuras y zapatos lustrados, que abre un maletín y te dice ‘tu alma me pertenece, esta guita es para vos’. Pero no es así: funciona con un chabón que se te hace el canchero, te invita unos tragos, un día te regala un reloj o un celular, y cuando te diste cuenta ya tenés una relación cómplice”, definió Yeza durante el reportaje con Noticias.

El artículo 287 del Código Procesal bonaerense obliga a “los funcionarios o empleados públicos” que presencien un delito “con ocasión del ejercicio de sus funciones” a denunciarlo ante la Justicia.

Un operador de Odebrecht le giró 600.000 dólares al jefe la AFI. El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, le hizo en 2013 cinco transferencias desde una cuenta controlada por una “empresa de fachada”. El jefe de la ex SIDE dice que fue porque vendió un departamento.

“Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht”, reportó el diario La Nación.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la “delación premiada”, y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. La Nación obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros, sostiene el mismo diario.

Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Arribas sólo admite una transferencia y la adjudica a la venta de un inmueble en San Pablo, por 70.495 dólares el 26 de septiembre de 2013,

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió el diario porteño en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como “doleiro” -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al “cuevero” de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó “propinas” en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en “un total de 3000 o 3500 operaciones (pagos) en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así”.

Desde Curitiba, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, dijo que su cliente “no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal de Brasil”.

Desde el entorno del “doleiro”, sin embargo, indicaron a La Nación que “esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares”, y deslizaron que, más que Meirelles, “el que tiene la información más precisa es Youssef”, en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la “delación premiada”.

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi 600.000 dólares por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle 80.000 dólares que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

El 30 de agosto de 2013, se publicó el decreto 1244 con el que se creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con 700 millones de pesos del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros 1500 millones de dólares.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: “Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura”.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por 154.666 dólares en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros 70.500 dólares -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una “organización criminal” que entre 2012 y marzo de 2014 realizó “operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas”.

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que “empresas de fachada”. ¿Para qué? “Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales”, bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones “que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior” entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para “transferencias internacionales mediante contratos cambiarios basados en importaciones ficticias”.

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la “delación premiada”, admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó 2,9 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario.

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas “adicionales” por “aproximadamente” 500.000 dólares a cuentas privadas “de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos”. Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

Se trata del Director de Inclusión y Políticas de Juventud de ese municipio bonaerense, quien aseguró que el intendente de Quilmes quiere echarlo por haber denunciado que empleados comunales le robaron unos carteles de publicidad a una empresa de la que es socio.

El funcionario Leandro Albertazzi, director de Inclusión y Políticas de Juventud, dijo que la gestión de Cambiemos estudia dejarlos sin funciones por presentar una denuncia por la desaparición de unos carteles que estaban ubicados en la autopista Buenos Aires-La Plata. Acusa que los carteles fueron robados por empleados de la Municipalidad de Quilmes.

"Se ve que arreglaron con otra agencia de publicidad y quieren mis ubicaciones. La manera es sacarme a mí para poner a ellos", sostuvo  en diálogo con el sitio Nueva BA .

El funcionario municipal vinculó a un "amigo íntimo" del jefe comunal Martiniano Molina que, de acuerdo a su denuncia, sería quien está detrás del negocio. "Cuando denunciás ladrones, te quieren dar de baja", tiró.

Albertazzi relató que desde la Agencia de Fiscalización y Control Comunal le pidieron meses atrás un listado de sus carteles en el marco de un plan de "regularización" de la publicidad en la vía pública. En agosto empezó a recibir llamados desde la Municipalidad. "Me hostigaron para que sacara los carteles. Llegaron a decirme que o los sacaba o me los tiraban con una topadora. Todo sin ninguna notificación", explicó.

El 13 de octubre, los carteles desaparecieron. "Sin recibir ningún aviso me sacan 12 carteles de la bajada de Bernal", aseguró. Según denunció, desde el gobierno de Molina tienen decidido echarlo de su puesto, aunque todavía no se lo notificaron de manera oficial. Incluso un empleado del municipio le hizo llegar una foto del telegrama de despido firmado por el propio Molina.

Albertazzi decidió recurrir a la Justicia ante el silencio oficial. Pidió una audiencia con el intendente, pero no fue recibido. Luego habló con el Jefe de Gabinete, el titular del Concejo Deliberante y el Secretario de Gobierno y tampoco obtuvo respuesta. "Jamás me quisieron recibir", dijo. La denuncia fue radicada en la UFI 2 de Florencio Varela y en el Juzgado de Garantías N° 5. En su escrito, dejó constancia de que los carteles cumplían con todos los requisitos que exigen las ordenanzas vigentes.

"Me sorprendió porque milité por un cambio, para que estas cosas no sucedieran más. Decidí meterme en política porque estaba cansado de los abusos. A Martiniano lo ayudamos mucho para que sea intendente. Su actitud me molestó y me dolió", manifestó Albertazzi.

Así lo demuestra un informe realizado por la encuestadora Analogías, que asegura que el jefe de Gobierno porteño exhibe un fuerte deterioro en su imagen con respecto a la medición efectuada en agosto del año pasado.  

El estudio fue enfocado en la Ciudad de Buenos Aires y se basó en 1.500 casos con el método de entrevistas telefónicas, respetando los parámetros censales de edad, sexo, nivel educativo y distribución por comunas.

Allí se evidenció una fuerte indignación de los porteños por el aumento de los peajes, el ABL y los parquímetros.

Según el trabajo realizado por Analogías, el 33% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires condena la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que goza de un 26% de aceptación.

La imagen positiva del Jefe de Gobierno crece entre las mujeres (55,2%) respecto a los hombres (45,9%) y aumenta linealmente con la edad, partiendo del 40,5% entre los jóvenes de 16 a 29 años y llegando al 65% entre los mayores de 60.

Por segmento educativo,  el rechazo al Jefe de Gobierno es mayor en el segmento “Hasta universitario completo” (donde la imagen negativa trepa al 51,2%) que en los de menor nivel educativo (baja al 47,4% en “Hasta Secundario completo” y a 37,2% en “Hasta Primario Completo”).

El estudio incluyó cuestiones como los niveles de aprobación de los Gobiernos Nacional y de la Ciudad, las expectativas económicas a mediano plazo de los entrevistados, la evaluación de la situación económica actual y la identificación de principales problemáticas a nivel local y nacional. Asimismo, se relevaron asuntos coyunturales que hacen a la gestión local como la opinión sobre los aumentos de peaje, ABL y parquímetros y sobre la implementación de la Policía de la Ciudad.

Ante la pregunta ¿cómo evalúa el incremento de las tarifas de peajes y parquímetros propuesta por el gobierno de la Ciudad?, el rechazo fue significativo. De esta manera, el 75,9% de los entrevistados creen que el aumento es exagerado y sólo un 13,3% lo cree “adecuado” (un 3,2% lo evalúa insuficiente). Vale destacar, que el rechazo a la medida es uniforme en todos los grupos etarios y segmentos de nivel educativo.

En el caso del incremento del ABL, donde los que lo consideran exagerado son un 57%, mientras que un 29% lo juzga “adecuado” y un 3,3% “insuficiente”.

Otras de las preguntas realizada por la consultora a los encuestados, se refiere a la implementación de la Policía de la Ciudad. Allí el cuadro de opiniones se mostró dividido, aunque las evaluaciones positivas constituyeron una clara minoría: sólo uno de cada cinco entrevistados consideró que el flamante cuerpo policial está funcionando Bien o Muy bien, mientras un tercio evalúan que lo está haciendo “Mal o Muy Mal”. La mitad restante se divide en forma casi simétrica entre quienes aún afirman no poder evaluar el desempeño policial y quienes lo hacen en forma regular.

El nivel de aprobación a la Policía de la Ciudad crece con la edad (el segmento de mayor edad se muestra más conforme, aprobando en un 31,8% el desempeño de la nueva fuerza, mientras en los jóvenes, apenas un 16,1% cree que la Policía de la Ciudad funciona bien o muy bien). Asimismo, el apoyo a la nueva fuerza es mayor en los segmentos de menor nivel educativo: parte de un 33,5% de evaluación positiva en el segmento “Hasta primario completo”, y bajando al 19,7% entre quienes tienen estudios secundarios y al 15,9% entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios.

A la hora de evaluar al Presidente Mauricio Macri, el estudio sostiene que el rechazo al jefe de Estado crece entre los hombres (donde la imagen negativa llega al 44%) y decrece con la edad: entre los jóvenes, la imagen negativa del mandatario alcanza el 49,9%, superando a la imagen positiva, mientras que en los mayores de 60 años la imagen negativa baja al 20%, y la positiva trepa al 77%.

En medio del conflicto por las cesantías, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, planea recortar las funciones del INET y crear una Agencia Nacional de Formación de Talentos. El sector empresario ganaría poder de decisión en la educación técnica, en detrimento del Estado y los docentes.

Mientras continúa el conflicto por el despido de trabajadores del Ministerio de Educación, la “revolución educativa” anunciada por el ministro Esteban Bullrich está por cobrarse una nueva víctima: el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). El organismo creado en 2005 para definir los perfiles profesionales y el diseño curricular de la educación técnica está a punto de ser desguazado y reemplazado por un nuevo ente, cuyo nombre llevaría la marca PRO: “Agencia nacional de Formación de Talentos”. En el nuevo esquema, los sindicatos y el Estado retroceden en voz y voto a la hora de la formación de futuros técnicos en favor del sector empresario, que se verá doblemente beneficiado: dejará de tener intermediarios a la hora de capacitar potenciales empleados y contará para ello con fondos estatales. El Gobierno prevé implementar la medida a través de un decreto, que está a tiro de la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio Bullrich, y a cuyo borrador accedió PáginaI12.

La nueva “Agencia de Talentos” absorberá la actual Dirección Nacional de Formación Profesional y la Coordinación de Terciarios Técnicos, hasta ahora dependientes del INET, que transferirá además la facultad de evaluar los planes de estudios. Y lo hará con objetivos bien distintos: mientras que en el INET tenían representación el Estado, los sindicatos y el sector privado, en una mesa tripartita que funcionó como política pública desde la sanción de la ley de Educación Técnico Profesional en 2005, la “Agencia de Talentos” macrista está diseñada exclusivamente para beneficio del sector privado. Según consta en el borrador del decreto al que accedió este diario, el organismo tendrá como objetivo “prospectar la demanda del sector socioproductivo de forma sistemática y unificada”, lo que se traduce en que el Estado hará un inventario de las necesidades de formación profesional que presenten las empresas. También tendrá la facultad de “determinar los programas de formación en función de la demanda identificada”, es decir, que la formación de técnicos estará adaptada a los requerimientos corporativos. No hay en todo el decreto mención a la participación del sector sindical en el proceso.

“De concretarse esta nueva iniciativa privatizadora de Bullrich, las escuelas técnicas, en lugar de enseñar a pensar, a discernir, a apropiarse críticamente de las herramientas científico técnicas, pasarán a formar mano de obra barata para las empresas. Los estudiantes pierden libertad dentro de su formación, en la que intervenían la comunidad educativa y el Estado y ahora será sólo decisión de las empresas. Cada vez está más claro que Bullrich es un gerente de recursos humanos, como se definió el mismo, que un ministro de Educación, que es lo que necesita el país”, señaló a PáginaI12  el secretario gremial de Ctera, Eduardo López.

Algo de lo que se vendrá con la nueva agencia lo había adelantado el propio Bullrich en una columna de opinión publicada en el diario Clarín a principios de octubre. Allí aseguró que con el objetivo de “preparar recursos humanos para el mundo de hoy, ser permeables a lo qué pasa en ese mundo”, durante el último año el INET y el Ministerio de Trabajo “realizaron una encuesta a casi 900 empresas, para ver qué es lo que necesitan de nuestros recursos humanos”. En esa misma línea, el decreto que está a punto de publicarse dice en su tercer artículo que la Agencia se enfocará en “prospectar la demanda del sector socioproductivo”, lo que acota drásticamente los fines del INET, que según la ley de formación técnica buscaba educar en “una política nacional y federal, integral” articulada entre “los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo”.

“El decreto plantea que el eje central de la formación profesional y técnico superior tiene que ver con la demanda del sector socioproductivo. La educación, contrario a lo que plantea este gobierno, no está para resolver la demanda de un sector, sino para formar en función de un proyecto de país y de las necesidades del conjunto”, advirtió el secretario gremial de UTE, Guillermo Parodi. “El decreto tiene muchas debilidades –indicó Parodi–. Imaginemos que viene una empresa muy poderosa, se instala en el país, forma profesionales muy específicos de acuerdo a lo que necesita y luego de se va o decide cambiar el plan de negocios. El que se formó en ese perfil viejo se quedó sin poder trabajar y además, no tuvo antes formación general, que es la que se da ahora. Es un intento más de precarización.”

El INET fue creado por la Ley de Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005 a fin de regular de funcionamiento de las instituciones de la educación técnica en todo el país. Según esa ley, el INET se llevaba el 0,2 por ciento del total del presupuesto. Para 2016, esa cifra fue de 3300 millones de pesos, casi un 4 por ciento de las partidas del Ministerio de Educación. La intención del Gobierno, según se desprende del borrador de decreto al que accedió este diario, es transferir al menos dos tercios de los recursos del INET a la nueva “agencia de talentos”.

“Hasta hoy, las empresas históricamente tomaban técnicos con formación general e invertían en una mayor capacitación de acuerdo a su necesidad específica. A través de esta nueva agencia, van a tercerizar esa tarea en el Estado. Es una transferencia de ingresos del sector educativo a las empresas”, explicó Parodi. “Es materia de discusión si el Estado debería o no subsidiar a las empresas en el proceso de formación de sus trabajadores. Lo que está fuera de discusión es que tenga que financiarse con fondos de la educación”, puntualizó.

Como paso previo a la transferencia, Bullrich se dedicó el último año a subejecutar el presupuesto del INET, tal como lo hizo con el área de Infraestructura y Equipamiento y los programas de Formación Docente, entre otros. En el caso del INET, se llegó al tramo final de 2016 con apenas el 11 por ciento del presupuesto ejecutado. También hubo indicios del desguace en el presupuesto 2017, en el que el organismo recibió un recorte de más de 900 millones de pesos, dejándolo por debajo del 0,2 por ciento establecido por ley, según un informe de UTE y del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala de ATE Capital.

No será esta la primera vez que el Gobierno modifique por decreto una norma relacionada con la educación. En diciembre de 2015, el decreto 13/2015 que estructuraba el nuevo organigrama del Ejecutivo omitió mencionar la Ley de Financiamiento Educativo, lo que despertó el rechazo unánime de la comunidad educativa. El decreto fue corregido y Bullrich dijo que se había tratado de un “error”. En diciembre pasado, el decreto 1222/2016 transfirió los canales Encuentro y Pakapaka de la órbita de Educación a la Jefatura de Gabinete, en contradicción con la ley de Educación.

En este caso, de publicarse el decreto al que accedió este diario, se modificarían varios artículos de la ley de Formación Técnica: el 32º, sobre las funciones del INET; el 34º y el 35º, para quitarle a ese organismo la función de realizar un “registro de instituciones” de la educación técnica; y los artículos 26º, 27º y 28º, que trasladarán a la Agencia de Talentos la facultad de homologar los títulos secundarios.

Asesores del ministro de Cambiemos le habían sugerido que realizará la compra de helicópteros para combatir estos tipos de catástrofes, pero jamás se realizó la licitación. Además sólo invirtió la mitad de lo presupuestado en todo el país.

Un informe al que tuvo acceso el sitio El Destape  indica que miembros técnicos del Ministerio de Medioambiente le señalaron al jefe de esa cartera, Sergio Bergman, la urgencia de comprar aeronaves hidrantes para evitar los daños que se produjeron en los incendios. A pesar de las advertencias, el destacado funcionario de Cambiemos hizo oídos sordos a las sugerencias y sólo utilizó la mitad del presupuesto que tenía para los últimos meses de 2016.

El famoso equipo técnico eran aviones y helicópteros fabricados para combatir incendios, lo que hubiera, pero Bergman decidió no realizar la transacción, y a pidió rezar como prevención, luego de asegurar que “los incendios son como una profecía apocalíptica”.

Las prevenciones brindadas por los asesores del ministro datan de mitad de año cuando, en pleno invierno, le manifestaron que era necesario un nuevo equipamiento, pero Bergman decidió no hacer la compra. Sin embargo, la licitación estuvo lista en un documento en su despacho todos estos meses, con la leyenda: "Contratación de un Servicio de Medios Aéreos de Ala Rotativa para ser afectado a las jurisdicciones provinciales, parques Nacionales y diversas regiones del Sistema Federal de Manejo del Fuego, dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, por un período de VEINTICUATRO (24) meses".

A pesar de que el presupuesto se encontraba para ser utilizado, Bergman sólo utilizó el 51% del dinero que le habían girado para prevenir incendios. El Sistema Federal de Manejo del Fuego dejó sin usar el 49% de las partidas que tenía disponibles: de los $450 millones presupuestados, apenas aprovechó 232 millones de pesos. Es por eso que el Presupuesto 2017 tiene una reducción significativa en el área.

Esta subejecución se repitió en todos los programas del Ministerio y en todas las áreas. Pero en algunas provincias fue más grosero. En Río Negro, una de las zonas afectadas preveía destinar $1.282.000 para evitar incendios. No obstante, solo se pagaron 80.000 pesos: un 6% del total para prevenir incendios de pastizales, que fue lo que ocurrió en estos días.

A Bergman le habían recomendado comprar helicópteros semipesados de extinción y transporte de brigadas. Para eso le habían redactado un texto listo con la licitación para que el rabino la firme, pero no lo hizo, pese a que esa primera convocatoria se hubiera efectuado recién a los siete meses de su asunción. Allí se consignaba que la disponibilidad de aeronaves debía ser de seis unidades durante los meses del verano.

El Ministerio de Ambiente admitió a fines del año pasado que solo cuenta con dos helicópteros y que esperaba comprar otros seis, aunque se demoró y la dotación no llegó al verano.

"Esa licitación era indispensable, pero no se hizo. No hay equipamiento para estos incendios" admitió un funcionario nacional. En diciembre, el rabino había admitido en el portal Infobae que la licitación no había prosperado.

Las ofertas de esa licitación se iban a hacer de forma abierta "en un acto formal ante los funcionarios designados a tal efecto, y ante todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Asimismo, se labrará un acta que será firmada por los mencionados funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo". Las compras nunca se hicieron, y el ministro volvió de sus vacaciones recién una semana después de que se prendieran fuego más de un millón de hectáreas en el país.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió que durante el primer año de gobierno de Cambiemos “se han profundizado” las postergaciones en la elevación a juicio oral y en la conclusión de los expedientes por crímenes de la dictadura.

Las demoras en la elevación a juicio de causas judiciales por crímenes cometidos durante la última dictadura, así como en el inicio y la finalización del debate oral en aquellas que están listas para esas instancias, son tendencias que “se han profundizado durante 2016” en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, según concluyó el informe anual de la Procuraduría especializada en esas causas.

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el organismo dirigido por Jorge Auat y Carolina Varsky, casi la mitad de las causas judiciales abiertas permanece en etapa de instrucción; el 20 por ciento espera por el comienzo del juicio oral, mientras que solo el 3 por ciento lo está transitando.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) sistematizó y procesó datos sobre causas judiciales de todo el país en las que el Ministerio Público Fiscal tiene intervención y elaboró un informe estadístico al 20 de diciembre de 2016.

Según esos datos, entre 2006, cuando comenzó el proceso de justicia en el que se investigan los crímenes del terrorismo de Estado, y los últimos días del año pasado, son exactamente 585 causas las que tramitan o tramitaron ante la Justicia federal para evaluar la responsabilidad de un total de 2771 imputados por delitos de lesa humanidad.

De esa cantidad de imputados, 806 se encuentran procesados, consignó Página12. A 155 se les dictó la falta de mérito y 52 fueron sobreseídos. Otros 438 aguardan que se resuelva su situación procesal. En cuanto a la “condición” de los imputados, casi la mitad se encuentra en libertad y el resto, exactamente 1052, están detenidos. 519 de ellos cumplen arresto domiciliario, mientras que 460 permanecen encerrados en cárceles del servicio penitenciario; 7 en hospitales y 60 en dependencias de las Fuerzas Armadas. En este apartado, la PCCH advirtió sobre la situación de la unidad penitenciaria 34, que recientemente fue rehabilitada para alojar presos por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo –ya fueron trasladados allí 60 de ellos–. “Es sumamente preocupante que se disponga la rehabilitación de ese lugar sin explicitar cómo fueron saldados los problemas de seguridad que motivaron su clausura” en 2013, puntualiza el informe.

Sobre el total de las causas, hay 277 –o sea el 47 por ciento– que se encuentran en etapa de instrucción. En otro 20 por ciento, es decir, 119 expedientes, esa etapa ya concluyó, por lo que aguardan el comienzo de la siguiente: el juicio oral.

De ese centenar, solo seis tienen fecha fijada de inicio del debate, mientras que solo el tres por ciento del total de causas, 16 específicamente, transitan esa instancia oral. Aquí radica uno de los obstáculos que la Procuraduría encabezada por Auat y Varsky detectó en el proceso: una baja en la cantidad de juicios celebrados por año, de sentencias y de sentenciados, así como una ausencia de los juicios de lesa humanidad en la agenda del Poder Judicial.

En su diagnóstico más actualizado, la Procuraduría observa que desde estudios anteriores “se advertía que en 2016 se profundizaban algunos obstáculos que conllevaban demoras en el avance de las causas”.

El organismo llamó a tales obstáculos “signos de agotamiento de las investigaciones” y determinó que no han desaparecido ni disminuido, sino todo lo contrario: “Llegando al término del año, estos signos persisten y se han convertido en problemas concretos que aguardan soluciones inminentes”, advierten desde la PCCH.

Entre esos signos, detectaron la reducción de sentencias y de “nuevos sentenciados”. En 2016, hubo solo 19 sentencias; respectivamente una y dos menos que en 2015 y 2014 , pero seis menos que en 2013, cuando se alcanzó un pico de 25 fallos. Si bien hubo más sentenciados que en 2015 (161 versus 127), debido a que el año pasado concluyeron algunas megacausas como La Perla y Plan Cóndor, lo que disminuyó “significativamente” es el número de “nuevos sentenciados”. En 2015, 114 de los 127 sentenciados lo fueron por primera vez; en 2016, fueron solo 95. El año pasado también aumentó –de 10 a 25– la cantidad de acusados absueltos.

En tanto, el análisis de la PCCH también revela que se ha reducido la cantidad de juicios iniciados en relación con años anteriores. En 2016 comenzaron 18 juicios y 16 siguen en curso, mientras que en 2015 se habían inaugurado 21 debates. En ese sentido, desde la Procuraduría advierten que solo “alrededor del 15 por ciento del total de las causas elevadas” a juicio llegan a juicio durante el año en el que la instrucción fue concluida. Las cifras lo demuestran: solo seis de 119 expedientes que fueron elevados a juicio oral el año pasado cuentan con una fecha programada en 2017.

Tal como había señalado el informe que presentó el organismo a mediados de 2016, “la principal causa de esta demora tiene que ver con la disponibilidad de los tribunales orales y las dificultades en su integración, un problema que se extiende a todas las jurisdicciones”, recuerda en el último diagnóstico.

Pero las demoras no se registran solamente en el comienzo de los juicios orales, sino también en el avance de las instrucciones. La PCCH plantea que casi la mitad de las causas abiertas transita el proceso de investigación. Este universo de causas es “el más amplio”, explica el organismo en su documento, “porque las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la realización de las actuaciones” judiciales. Lo cual trae consecuencias, advierten los profesionales: “Las nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de los imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes demoras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia.”

El embajador en ese país centroamericano relató que le resultó difícil el año pasado y que se retiraría de la política porque en la Argentina "es sucia".

El ex candidato a gobernador de Santa Fe y representante diplomático argentino en Panamá, Miguel Del Sel, aseguró hoy que si el grupo humorístico Midachi vuelve a reunirse este año renunciará a su cargo y se dará "un descanso de la política".

"Si vuelve Midachi, renuncio a mi cargo", señaló el  representante del país en Panamá, quien por estas horas se encuentra de descanso en Punta del Este.

En declaraciones a Cadena 3, sostuvo que "en los próximos días" resolverán el futuro del grupo cómico que integró junto a Dady  Brieva y Chino Volpato, por lo que incluso trascendió que la Cancillería estaba definiendo el nombre de su reemplazante.

Y continuó: "No pedí licencia cuando fui diputado para hacer mi campaña a gobernador, imaginen ahora. No me parece bien hacer eso. Creo que uno se la tiene que jugar en la vida".

"Volvería de Panamá, renunciaría a mi cargo y emprendería esta nueva etapa que nos llenaría de alegría", remarcó el santafesino.

Sobre su trabajo en la Embajada, Del Sel señaló: "En 10 meses pude ver a mis hijas sólo ocho días. Además, extraño mi casa también. Cuando uno está lejos es difícil controlar todo. Creo que fui fuerte durante estos meses y lo compensé con mucha actividad y trabajo".

El embajador en Panamá se reunió en Punta del Este con Brieva y Volpato para ultimar los detalles del regreso del trío humorístico.

En declaraciones a La Nación, Brieva afirmó que 2017 será el año de la vuelta de Midachi, que se separó en 2011.