Así lo dijo la Comunidad Homosexual Argentina ante el decreto del arzobispo que prohíbe a los colegios católicos de su diócesis que se trate el matrimonio igualitario. En tanto, Florencio Randazzo adelantó que presentará una acción judicial contra la medida.

El reaccionario arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, emitió un decreto homofóbico (096/2017) que prohíbe a los colegios católicos hacer referencia “a la teoría de género que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por este error”.

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) consideraron que “su postura es una violenta discriminación que cada vez se intensifica más hacia nuestra comunidad LGBTTI”.

La organización recordó que el prelado sostuvo públicamente que “la homosexualidad es una abominación”, que sólo ordenaría sacerdotes heterosexuales y que “las personas homosexuales están llamadas a la castidad”.

Aguer, que alguna vez adjudicó los divorcios a los femicidios y a la pedofilia, y definió como “mágica” la cifra de los 30 mil desaparecidos, ha sido siempre la voz de los sectores más retrógrados de la Iglesia y se ha opuesto a la entrega de preservativos por parte del Estado.

“A la homofobia de Aguer le respondemos con nuestro orgullo y con las leyes conquistadas para seguir reforzando la diversidad que enriquece a toda la sociedad. Promovemos Estados laicos, impulsamos políticas públicas concretas, proponemos legislaciones inclusivas, luchamos por la libertad y la democracia sin ningún tipo de discriminación, contra todo fundamentalismo religioso y político, como el de monseñor Aguer”, enfatizó la CHA.

Por su parte, el actual candidato a senador bonaerense, Florencio Randazzo, adelantó que presentará “una acción judicial para frenar esta prohibición”, a fin de que se respete “la libertad y la educación de miles de pibes platenses”.

“Nos oponemos a que se prohíba hablar en los colegios sobre derechos adquiridos como el Matrimonio Igualitario que es ley en nuestro país”, añadió a través de su cuenta de Twitter.

Mientras siguen las tomas en unas 30 escuelas porteñas, el jefe de Gobierno ratificó que seguirá adelante con la “Secundaria del Futuro”. Estudiantes, padres y docentes le responden con una multitudinaria marcha hasta la cartera educativa.

Desconociendo la posición de estudiantes y docentes, Horacio Rodríguez Larreta dijo hoy que “hay que cambiar y hacer una reforma del sistema educativo”, confirmando de esta forma que a partir del año que viene comenzará el plan piloto en un total de 17 escuelas para llevarlo luego a la totalidad de los establecimiento secundarios.

Tras la reunión con la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, los alumnos de las escuelas tomadas resolvieron continuar con la medida hasta que las autoridades posterguen la reforma.

“Rechazamos la ‘Secundaria del Futuro’ por su carácter inconsulto y por eso pedimos una prórroga en su aplicación”, sostuvieron los representantes de los centros de estudiantes de los casi 30 colegios que continúan tomados.

Los alumnos, junto a sus padres y docentes, marchaban esta tarde desde el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, hasta la cartera educativa porteña ubicada en Paseo Colón 255.

Sol Schmal, estudiante del colegio Mariano Acosta, aseguró que “no vamos a dejar pasar reformas para el beneficio de los empresarios, que sigan destruyendo la educación pública, que sigan manteniendo enormes problemas edilicios y que además de desprestigiar el rol docentes nos conviertan en mano de obra regalada”.

Uno de los puntos de la “Secundaria del Futuro” plantea que los estudiantes trabajen la mitad de las horas del último año del secundario para las empresas privadas, algo que es rechazado de plano.

Por su parte, Amanda Martín, secretaria de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), explicó que la reforma tiene “núcleos problemáticos que son cuestionados por la comunidad educativa”.

“Se trata de un recorte de contenido: se pasa de materias y disciplinas a lo que se denomina habilidades blandas, es decir, conocimientos superficiales no perdurables, que no tienen que ver con el conocimiento cultura y el arte sino que están vinculadas a las demandas cambiantes del mundo laboral", dijo la docente.

La introducción de la tecnología es otro de los asuntos vidriosos en la cuestión. De entrar en vigor, un 30% del horario será impartido por docentes, mientras que “el 70% restante está a cargo de una figura denominada ‘facilitadores mediados por la tecnología'”. Esto se relaciona con la educación a distancia y las plataformas educativas.

Los gremios temen el “reemplazo de docentes por eventuales trabajadores que no necesariamente tengan título” o que se contraten por fuera del convenio colectivo que regula al sector.

En cuanto a la obligatoriedad para los alumnos de quinto año a realizar pasantías no remuneradas en empresas u organizaciones no gubernamentales, la representante de Ademys señaló que tiene que ver “con la flexibilización del mercado laboral”.

"Los estudiantes ven que trabajar gratis en empresas es como un ataque al derecho a la educación y un reemplazo de trabajadores por otros con menos derechos y salario”, subrayó.

La decisión fue repudiada por los organismos de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo remarcó que el cuadro de salud que presenta el represor “puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza”.

El juez del Tribunal Oral Federal de Rosario N°2, Omar Paulucci, dispuso que el genocida Luis Abelardo Patti, condenado dos veces a perpetua por crímenes de lesa humanidad, cumpla prisión domiciliaria dentro de una casa ubicada en el barrio privado “Septiembre Country Club” de la localidad de Escobar.

Tras repudiar el beneficio, otorgado sin informes del Cuerpo Médico Forense que lo avalen, las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que “llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel”, traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo domicilio de privilegio.

“Además, resulta preocupante que no se tuviera en cuenta la circunstancia, debidamente acreditada, de que en el desarrollo de los juicios en su contra Patti fingiera afecciones de salud para evitar ser juzgado”, agregaron desde la asociación defensora de los derechos humanos.

Según las Abuelas, el cuadro de salud que presenta el represor “puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza y a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal”, como lo venía haciendo hasta el momento.

Si bien en la decisión judicial se dispuso incorporar a Patti al programa de “vigilancia electrónica”, no se ha ponderado el hecho de que el domicilio se encuentre en un barrio cerrado, lo que dificulta la realización de mayores medidas de control así como una respuesta rápida ante el quebrantamiento de los límites de la prisión domiciliaria.

“Además de rechazar el privilegio concedido, exigimos la protección de los testigos que han contribuido a que los responsables de delitos de lesa humanidad sean condenados. En este sentido reclamamos que se adopten medidas para garantizar que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta”, subrayaron las Abuelas.

Lo hizo la Asociación Americana de Juristas al exponer en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se trató la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el derecho constitucional de los pueblos originarios a “recuperar su territorio ancestral”.

David Ricardo López, integrante de la Asociación Americana de Juristas, señaló su preocupación ante la ONU por la desaparición de Santiago Maldonado y los ataques permanente que sufren las comunidades mapuches por parte del Gobierno de Mauricio Macri, lo que está “generando un clima de violencia en la Argentina”

El jurista colombiano fue el encargado de repasar los antecedentes del caso ante sus compañeros de Comisión de Derechos Humanos, el 19 de septiembre pasado.

En ese marco, recordó que “en el 2015, la comunidad Pu Lof de Cushamen recuperó una porción de su territorio ancestral en el noroeste de la provincia de Chubut disputado por la compañía Tierras del Sur de Luciano Benetton. La recuperación mapuche se produjo en el marco de la Constitución nacional que ordena su restitución y la ley 26.160”.

En enero de 2017, “argumentando el despeje de las vías de un tren turístico que pasa por la Pu Lof, la policía realizó un operativo dejando heridos graves”, mientras que meses más tarde se produjo “la detención ilegal del lonko Facundo Jones y de otros seis mapuches, basada en un pedido de extradición de Chile, cuyo juicio fue anulado por inteligencia ilegal y pruebas conseguidas bajo tortura”.

López detalló que el 1 de agosto, cuando la Gendarmería ingresó a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen “había ocho hombres, dos mujeres y dos niños”, y que “Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido, trasladado en un móvil de Gendarmería rumbo a Esquel”.

A pesar de que su desaparición forzada fue denunciada por la APDH, instruyéndose la causa con pruebas documentales y testimoniales, el Estado argentino “niega su detención, descalificando a los indígenas con medidas discriminatorias y una campaña mediática política de grupos económicos que intentan instalar la idea de que el indígena que lucha por sus derechos es un violento enemigo de la patria para seguir militarizando Chubut, una región disputada por intereses transnacionales, por sus recursos naturales”.

“La ley 26.160 que protege a los territorios indígenas, impide desalojos hasta noviembre de 2017. Mientras el Poder Ejecutivo se niega a continuar con el relevamiento de los territorios y obstaculiza el tratamiento de la prórroga de la norma en el Senado, generando un clima de violencia en la Argentina”, concluyó el jurista ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

La familia del joven desaparecido celebró el apartamiento del juez Guido Otranto, aunque manifestó su preocupación a raíz de “los argumentos desechados” por la Cámara Federal, que solo tuvo en cuenta las declaraciones del magistrado al diario La Nación. “Si Otranto hubiera hecho bien su trabajo desde el principio, a Santiago lo tendríamos que tener con nosotros”, completó.

Tras la decisión de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de apartar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, y designar en su lugar a Gustavo Lleral, juez penal de Rawson, Sergio Maldonado dijo que ahora espera “saber la verdad, encontrar a Santiago y a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición”.

Si bien el hermano de Santiago celebró el desplazamiento de Otranto, al mismo tiempo lamentó que una vez más la familia no sea la primera en ser notificada y criticó que el fallo tenga como principal argumento una declaración periodística al diario La Nación (17 y 18 de septiembre) sin considerar las serias irregularidades que se dieron desde el inicio del proceso de investigación.

“Para la Cámara no hubo ‘parcialidad subjetiva’ contra la comunidad mapuche como así tampoco consideró nuestras denuncias de maltrato. Esta resolución si bien la celebramos nos preocupa los argumentos desechados”, remarcó la familia en un comunicado.

Luego, en declaraciones radiales, Sergio agregó que “el fallo es una medida a favor de la investigación y es la forma en la que se maneja la Justicia. Tuvo que salir a decir Otranto una barbaridad en el diario para que sea considerado por la justicia, cuando planteamos con nuestra abogada todas las barbaridades que hizo en la investigación, pero les preocupa lo que se dice en el diario”.

“Si Otranto hubiera hecho bien su trabajo desde el principio, a Santiago lo tendríamos que tener con nosotros”, completó el familiar.

Por otro lado, Sergio Maldonado se refirió a los pasos a seguir en la investigación, y contó que él y su familia no creen que el juez Lleral viaje en el corto plazo a Esquel. “Nuestra abogada irá a verlo a Rawson y le preguntaremos cómo seguirá la investigación, cuándo irá a Esquel y qué equipo conformará”, precisó.

Finalmente descartó un supuesto encuentro entre la familia Maldonado y representantes del gobierno nacional: "Cómo puedo pedir reunirme con alguien (del Gobierno) cuando la Ministra (de Seguridad Patricia Bullrich) de movida se puso del lado de los que para mi entender, son culpables y se llevaron a Santiago. ¿Cómo voy a hablar con alguien que de movida se puso de un lado?”.

“Diferente hubiera sido si desde el principio, el Gobierno hubiera pedido una reunión con la familia. Pero que al día 52 me vengan a plantear 'por qué no nos reunimos', está a la vista por qué no nos reunimos, ni tengo intención de hacerlo. Que me devuelvan a mi hermano y después charlamos todo lo que quieran, no tengo problemas”, concluyó.

Santiago desapareció el pasado 1° de agosto durante la brutal represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, provincia de Chubut, operativo que fue comandado por Pablo Noceti, mano derecha de Bullrich.

Este viernes se conoció un audio de Whatsapp que forma parte de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, donde dice que “el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”.

El audio fue filtrado por la Justicia al diario La Nación y podría estar editado. Forma parte de las pericias que se realizaron entre más de 70 celulares secuestrados a los gendarmes que participaron de la represión en la Pu Lof de Cushamen.

El textual pertenece a un audio de Whatsapp que forma parte de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Resta saber el contexto en que se realizó esa declaración.

El audio fue filtrado por la justicia al diario La Nación y podría estar editado. Forma parte de las pericias que se realizaron entre más de 70 celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto que terminó con una brutal represión.

Esta semana se había conocido otro audio donde un gendarme reconocía que "les dimos corchazos para que tengan". Hasta hace unas semanas, tanto la Gendarmería como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, habían asegurado que la fuerza no había reprimido al interior de la comunidad mapuche.

Según reseñó La Nación "la sargento" referida en el audio sería en realidad un hombre: Sergio Sartirana, sargento y chofer de una camioneta Ford Ranger.

Por último, hoy se supo que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó la recusación contra el juez Guido Otranto y lo separó de la causa, como reclamaban los familiares de Santiago Maldonado y el CELS. Lo reemplazará Gustavo Lleral.

Audio del gendarme (fuente La Nación):

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admitió el planteo recusatorio con respecto al juez federal de Esquel. Dispuso la inmediata intervención del titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.

La decisión se refirió al "alegado temor de parcialidad" señalado por la familia de Santiago Maldonado y por el CELS, quienes llevaron adelante la recusación.

Otranto era el responsable de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, el joven que desapareció hace 50 días. Las críticas al juez federal tienen que ver con su desidida para involucrar a la Gendarmería, a pesar de las declaraciones de los testigos y las pruebas en ese sentido.

Hoy, se conoció un audio de wasap de un agente de Gendarmería que dice: "Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana". El audio está incluido en la causa y es un hecho más que apunta contra la responsabilidad de la fuerza que conduce Patricia Bullrich.

Los sacerdotes reunidos en "curas en opción por los pobres" cuestionaron las políticas del Gobierno de Mauricio Macri. En una carta titulada "sobre las elecciones legislativas", afirmaron: "Después de dos años, es largo el elenco de acciones reprobables: represión violenta a la protesta social, (…) aumento de la pobreza, desempleo, un insostenible endeudamiento que hipoteca el futuro".

En la extensa carta, siguieron: "Frente a esta coyuntura, como cristianos, sabemos que el resultado de estas elecciones puede confirmar o revocar el rumbo elegido por el gobierno". Por eso pidieron votar contra los candidatos de Cambiemos.

"Están en juego dos modelos antagónicos de país. Un país injusto y dependiente, que concentra la riqueza en una minoría o un país con la gente adentro, distributivo, soberano e inclusivo", continuaron los curas que tienen trabajo en villas y barrios humildes de la provincia de Buenos Aires.

"Como cristianos y como curas, caminando a la par del pueblo, invitamos a votar contra este gobierno, contra la agresión a los pobres y vulnerables, contra el secuestro del futuro", enumeró la carta.

Por último, afirmaron: "Mientras nos encaminamos a esta crucial elección del 22 de octubre, nos seguimos preguntando: ¿Dónde está Santiago Maldonado?"

La denuncia fue realizada por Daniel García, concejal del bloque Podemos. "La beneficiada es una empresa vinculada a un candidato de Cambiemos, que a su vez es un hombre ligado a Gladys González (candidata a senadora por Cambiemos)", aseguró en diálogo con Primereando las noticias.

García presentó pruebas ante el Consejo Deliberante de las diferencias en las licitaciones de la obra pública en Avellaneda, entre lo que gasta el municipio y la provincia de Buenos Aires por las mismas obras. "Los sobreprecios van del 35 al 45%", describió. García perteneció al PRO hasta que se fue luego de realizar varias denuncias contra Gladys González.

Según García, la beneficiaria de los sobreprecios es C.O.V.Y.C. SA., que pertenece a Osvaldo Yacob, padre de Lucas Yacob, candidato de Cambiemos por la tercera sección electoral. Hay un dato más en la denuncia: la empresa se creó en febrero de 2016, poco antes de adjudicar obra pública con supuestos sobreprecios.

Pero hay más: "Estoy preparando una denuncia judicial que va a involucrar a Gladys González, candidata a senadora de Cambiemos, a la que ya denuncié tres veces. ¿Por qué la incluyo? Porque Yacob responde políticamente a González. Voy a demostrar que se vincula con las otras denuncias que realicé por corrupción".

Sobreprecios en la obra pública:

El acta de creación de la empresa allegada a Cambiemos:

Luego de que el oficialismo del PRO le pidiera a la oposición que mediara en una toma de tierras, que tiene más de un año, para que no haya violencia y cuando los ocupantes se retiraban, desató una feroz represión. Golpeó a vecinos y ediles. Desde Unidad Ciudadana condenaron la decisión política y la actuación policial.

El hecho ocurrió en el Barrio Santa Inés que fue ocupado hace un poco más de una año por personas que reclamaban viviendas y un lugar para vivir. “Hace un año se tomó el predio y el intendente habló con los vecinos para que no ocupen un castillo que se utilizaría como un espacio cultural en donde se establecería un museo y también otro predio que era para construir una plaza”, explicó el concejal Jorge Massatti.

Según testimonios de vecinos, en esa toma, han mantenido encuentros con el intendente Mauricio Gómez y el Jefe de Gabinete Federico Cantó, quienes les habían prometido que no iban a ser desalojados del lugar.

Con motivo de garantizar la seguridad de los vecinos, y como consecuencia del desalojo de una toma determinado por orden judicial, se acercaron al lugar los concejales de Unidad Ciudadana Claudia Ramos y Jorge Massatti, por el pedido desesperado de los vecinos de barrio, que eran víctimas de gases lacrimógenos y balas de goma que caían sobre sus casas.

Además, el jefe distrital les pidió a los ediles de la oposición que hablaran con estas personas, y en medio del dialogo, cuando se había logrado calmar la situación, avanzo un escuadrón de Infantería que reprimieron a los vecinos y ediles, degradándolos, golpeándolos y empujándolos sin que entrarán en razón.

Los rumores que corren como reguero por las calles de San Vicente vinculan a Mauricio Gomez con un floreciente negocio inmobiliario, que estaría detrás de esta situación.