Un acuerdo por 45 mil millones de dólares al margen de cualquier consenso.

El gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, sorprendió con otro arranque de honestidad intelectual. Contó que Mauricio Macri les informó a sus aliados “minutos antes” del acuerdo con el FMI, por el cual el país tomó una deuda de 45 mil millones de dólares. Por supuesto, ese acuerdo tampoco pasó el Congreso.

Los “halcones” del PRO habían salido a atacar a Morales por decir otra obviedad: que los gobernadores macristas tenían que participar de la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque fue la administración de de Juntos por el Cambio la que contrajo la deuda.

“No sé por qué se agravian algunos colegas de Juntos por el Cambio sobre lo que es una realidad que además conoce todo el país. Que yo recuerde, el ex presidente Macri nos notificó minutos antes que hacía la conferencia para anunciar que iniciaban o tenían casi un acuerdo con el FMI, al radicalismo y a las otras fuerzas políticas”, disparó Morales.

En diálogo con radio Continental, el mandatario provincial planteó que “no le parece” que Juntos por el Cambio “tenga que encarar un proceso de cara a 2023 intentando ser alternativa de gobierno metiendo la basura abajo de la alfombra, escondiendo o negando realidades”.

La vocera presidencial dijo que la palabra ajuste está enterrada para esta administración “que apuesta a una política de expansión”.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este jueves en conferencia de prensa que “el Fondo Monetario internacional (FMI) pide una política de ajuste que el gobierno no está dispuesto a aplicar” y aseguró que el debate sobre la negociación abarca “a toda la sociedad”.

En su habitual contacto en Casa Rosada, Cerruti afirmó además que Argentina lleva a cabo una negociación “con el staff” del organismo internacional de crédito y “no con Estados Unidos“, aunque reconoció la importancia de ese país en la entidad financiera global.

“El FMI pide un ajuste que el gobierno nacional no está dispuesto a aplicar y por eso seguimos negociando. Ese es el punto clave de la discusión que se lleva a cabo en estos momentos y esperamos que se pueda resolver rápidamente”, señaló la portavoz en su contacto de los jueves.

De esta forma la funcionaria se refirió a la reunión que ayer mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con mandatarios provinciales para analizar el avance de las negociaciones con el FMI.

“Habrá más reuniones con gobernadores de la oposición, senadores diputados, sindicalistas y empresarios porque este es un debate que implica a toda la sociedad argentina y por supuesto en el parlamento, cuando haya que discutir y debatir el plan plurianual”, indicó.

En ese sentido, enfatizó que la palabra “ajuste está enterrada para este gobierno que apuesta a una política de expansión y crecimiento de la economía“.

Cerruti se refirió también a las expresiones que formuló ayer el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien consideró que la Argentina debería repudiar por “odiosa” la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, y señaló en línea con el presidente, que esos compromisos deben honrarse porque fueron tomados por una administración constitucional.

El gobernador de San Luis respaldó al gobierno nacional en las negociaciones aunque pidió un plebiscito para conocer la opinión del pueblo sobre el acuerdo con el organismo internacional.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, compartieron con los gobernadores cómo se desarrollan las negociaciones con el FMI por el préstamo que tomó Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares. Según informaron, hay diferencias importantes aún, ya que el FMI pide un ajuste en las cuentas públicas que el gobierno no está dispuesto a cumplir, porque atentaría contra el crecimiento de la actividad.

Luego de la presentación, todos los gobernadores peronistas mostraron su apoyo al gobierno nacional en las negociaciones. Sin embargo, la diferencia la marcó Alberto Rodríguez Saá, mandatario de San Luis, quien planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para saber si la gente está a favor o no de un acuerdo.

“La deuda no se uso para construir una calle, un camino. Se usó la apariencia legal del acuerdo con el FMI para una fuga de capitales. Fue una estafa”, insistió el gobernador puntano. Además, planteó como opción la de llevar una queja ante el Tribunal Internacional de La Haya, ya que el organismo internacional violó sus propios estatutos porque buena parte del préstamo se usó para la salida de capitales, algo que el propio FMI reconoció. 

Hsata el momento, la posibilidad de un plebiscito era algo propuesto por organizaciones políticas sin responsabilidad ejecutiva. Es la primera vez que un gobernador habla de una opción así, que por el momento no está dentro del menú de posibilidades del gobierno nacional.

Así lo comunicó la ministra de Salud de la Nación, al ser interrogada sobre el nuevo protocolo de detección de casos de Covid-19. La sugerencia se debe a la saturación del sistema sanitario.

La titular de la carera sanitaría nacional, Carla Vizzotti, señaló que las personas que sean contacto estrecho de un caso de coronavirus y no tengan síntomas “no hace falta” que se testee, pero sí tienen que cumplir con el aislamiento de cinco días de si están vacunados o de siete días si no lo están.

“Tenemos que decirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas no hace falta testearse”, indicó Vizzotti, tras conocerse el nuevo récord de casos positivos en la Argentina el día en el cual además la ANMAT autorizó los test rápidos de diagnóstico. De todas maneras, la funcionaria aclaró en diálogo con el programa A Dos Voces del canal TN que quienes sean contacto estrecho igual deben aislarse cinco días de si están vacunados y siete si no lo están.

Además, Vizzotti manifestó acerca de Ómicron: “Emergió una variante nueva, con una transmisibilidad extraordinaria y con una gravedad mucho menor de la enfermedad, pero el aumento de casos no se traduce a hospitalizaciones y muertes. La situación sí tensa muchísimo el sistema de testeo en todo el país”.

“Es difícil, a una sociedad cansada, cambiarle las recomendaciones, pasar de decirle que tiene que testearse todo lo que pueda a decirle que no hace falta testearse. El desafío es poder transmitir esto”, aseveró.

También expresó: “La idea es que las farmacias dispensen este autotest, les expliquen a las personas y que sean responsables junto con la persona que se realice el autotest de su notificación en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) con una app o un código de barras”.

“El sector privado lo mismo: si decide tener el autotest para hacérselo a sus empleados y evitar que un positivo asintomático vaya al trabajo y genere un brote, también deberá notificar al SISA”, agregó.

Así lo harán representantes de CGT y CTA de los Trabajadores.

El caso de una declamada “Gestapo” para perseguir al sindicalismo durante el gobierno de Mauricio Macri ya trepó a escala internacional mediante sendas presentaciones de la CGT y la CTA de los Trabajadores. Nunca antes en la historia democrática del país, se había visto un esquema de persecución a opositores como el que se conoce del macrismo.

Según contó Ámbito Financiero, las centrales obreras se dirigieron al área de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar las maniobras evidenciadas en un video que mostró a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, en una reunión en 2017 donde organizaba junto a empresarios de la construcción, funcionarios de AFI y otros dirigentes de Cambiemos, el armado de causas para perjudicar a gremialistas. El sindicalismo argentino solo vivió una situación peor con la última dictadura militar, donde se detuvieron dirigentes y se asesinaron a otros.

Los textos se dirigieron a la responsable del servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales de la OIT, Karen Curtis. Ambos llevaron las firmas de los responsables de la secretaría internacional de las respectivas centrales, a su vez protagonistas de los casos denunciados aunque en roles diferentes: por la CTA de los Trabajadores lo hizo el docente bonaerense Roberto Baradel (Suteba), quien se declaró víctima de las maniobras persecutorias del gobierno de Vidal, mientras que por la CGT la presentación la hizo Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). En este último caso, el armado de causas que organizaba Villegas tenía como víctima al platense Juan Pablo “Pata” Medina, rival histórico y opositor interno de Martínez.

Las presentaciones tienen un propósito eminentemente testimonial. Buscan dejar asentado ante un foro internacional en el que la Argentina es partícipe histórico (y que tiene en Martínez y en el actual presidente de la Unión Industrial, UIA, Daniel Funes de Rioja, dos animadores con peso propio) los presuntos ataques contra la libertad sindical llevados a cabo de manera al parecer sistemática por la administración de Macri.

Señalan, también, una supuesta complicidad con un sector de la Justicia (en particular, el fuero federal) y de los medios de comunicación afines a Cambiemos.

Las centrales coinciden en advertir en aquellas maniobras eventuales violaciones a dos de los convenios fundamentales de la OIT: el 87, que versa sobre “libertad sindical y protección al derecho de sindicalización”, y el 98, que avanza sobre el “derecho a sindicación y la negociación colectiva”.

El ministro de Economía se refirió a las diferencias con el FMI.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente, Alberto Fernández, explicaron por qué no cerraron aún las negociaciones con el FMI por los US$ 45.000 millones que le dieron a Mauricio Macri y que Argentina no se encuentra en condiciones de pagar. Ante gobernadores, reconocieron que “en términos absolutos no existe un buen acuerdo” pero remarcaron que las negociaciones están estancadas porque el FMI pide un fuerte ajuste fiscal.

Así las cosas, Guzmán aseguró cuáles son las diferencias con el FMI: “Es esencialmente un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía”, planteó el ministro. “La diferencia consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad sostendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo”, afirmó en su presentación. El gobierno está decidido a sostener una política económica que este año le permitió crecer 10%.

Para Guzmán, la baja del déficit en 2020 y 2021 fue “virtuosa”. El ministro defiende un ordenamiento gradual de las cuentas fiscales. En criollo: reducir déficit de a poco, para llegar al equilibro en 5/10 años. Por lo visto, el FMI no acepta esa propuesta y quiere un ajuste mucho más rápido.

“Hacia adelante se plantea ir ordenando esto, pero de una forma gradual; que el Estado pueda llevar a cabo un programa de políticas públicas que le dé a la Argentina más riqueza y más dinamismo productivo”, prometió Guzmán. La receta del Gobierno es la siguiente: lograr un crecimiento rápido que impacte favorablemente sobre la recaudación y de ese modo ir equilibrando las cuentas fiscales (sin necesidad de ajustar fuerte el gasto).