Un nuevo reclamo golpea las puertas de la prestataria del servicio eléctrico Edesur, una de las más deficientes de la provincia.

Un nuevo reclamo golpea las puertas de una de las prestatarias del servicio eléctrico más deficiente de la provincia. Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense denunciaron a Edesur por no respetar la Ley de Clubes que establece el beneficio de la tarifa cero para las asociaciones civiles.

El pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino se originó con la queja hecha por el Club Defensores de Banfield, entre otras asociaciones que accedieron a la Ley de Clubes y recibieron una intimación de Edesur de pagar el servicio eléctrico bajo amenaza de la suspensión de la prestación.

“Hoy las asociaciones civiles de primer grado están amparadas por la ley debido a la emergencia sanitaria por la pandemia, que las benefició con la Tarifa Cero para todos los servicios públicos. Que Edesur las amenace con cortarles la luz es otro atropello de la empresa que es necesario frenar”, sostuvo Lorenzino.

En su reclamo, la Defensoría le pidió tanto a Edesur como al resto de las prestatarias que operan en la provincia que cumplan con la Ley de Clubes vigente que establece la Tarifa Cero, y que se abstengan a interrumpir el servicio a estas entidades, como así también realizar intimaciones o suspensiones.

“Las asociaciones civiles tienen un papel importantísimo en materia de inclusión, convivencia y contención social, lo que quedó en evidencia en estos años que llevamos de pandemia. El Estado debe protegerlas y evitar que sucedan situaciones como éstas, más cuando hay una ley que las ampara”, puntualizó Lorenzino.

Este pedido de la Defensoría se sumó a las reiteradas quejas del organismo contra Edesur, que incluye la solicitud de la inmediata rescisión de la concesión de la empresa debido a las fallas en la adecuada prestación del suministro eléctrico y la falta de concreción de los planes de obras que la empresa se comprometió a realizar.

Edesur, que pertenece a Enel, una empresa estatal italiana que produce y distribuye energía eléctrica y gas con presencia en varios centros urbanos sudamericanos, distribuye energía a cerca de 2,5 millones de clientes, llegando a más de 2 millones de hogares y abasteciendo a comercios y a grandes empresas. Pese a su cuantiosa recaudación sigue cosechando reclamos por los pésimos servicios prestados.

Por último, la Defensoría solicitó que las asociaciones civiles que vean vulnerados los derechos establecidos en la Ley de Clubes por parte de Edesur que se comuniquen al organismo, ya sea por WhatsApp (+54 221 358-1323), a la línea gratuita 0800-222-5262, por la web defensorba.org.ar o mediante las redes sociales.

De qué trata la Ley de Clubes que niega Edesur  

La Ley de Clubes sancionada en septiembre de 2020 declaró de interés público a las asociaciones civiles de bajos recursos -a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, jardines comunitarios- y a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes.

Desde ese momento, las asociaciones civiles pudieron acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial).

Además, la Ley de Clubes contemplará la prórroga de plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación de deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado; y la eliminación de los gas

El ex mandatario quiere volver al poder e ir por todo.

“Hay que privatizarla, no tengo dudas”, aseguró el ex presidente Mauricio Macri en una entrevista con La Nación +, el canal que pertenece a empresarios cercanos al ex mandatario. En una charla repleta de elogios y obsecuencia, Macri volvió a insistir con las recetas de siempre.

“La unidad política requiere de permanente debate político. Ello es lo que falta y a eso convocamos”, señalaron en un comunicado.

Un colectivo de referentes de la cultura, la política y la comunicación, entre otras actividades, emitió un documento en el que destacó que “la unidad no se mantiene porque se la nombre, se mantiene si continúan activas las políticas que le dieron origen”.

Tras dar la “bienvenida” al debate, sostuvieron: “¿Queremos la unidad? Por supuesto que sí. Unidad como concepto estratégico. Para que sea posible, es necesario dotarla de sentido; dejar que aparezca lo que ha estado y sigue estando por fuera de ella: las políticas que le dieron origen; la memoria histórica que la habilita”.

“Hay unidad porque hay otra cosa que justifica que la unidad exista. Esa otra cosa son las políticas que la estructuraron”, afirma el texto que señala que “las crisis suelen resolverse con la apelación a lo obvio: la unidad política requiere de permanente debate político. Ello es lo que falta y a eso convocamos”.

También se hace referencia a que “un grupo de compañeros y compañeras proponen, en un reciente documento, una discusión en la que el gobierno del Frente de Todos parece no tener ni origen ni sujeto. Por un lado, la palabra unidad flota en un vacío autosuficiente, como si no hubiera sido consecuencia de acuerdos entre diversos sectores políticos. Por el otro, el sujeto al que debieran dirigirse las políticas públicas -la base electoral del Frente de Todos- es apenas nombrado en un par de párrafos rápidos. Ni la memoria colectiva, ni el pueblo trabajador, ni la base social del Frente de Todos son protagonistas“.

Respecto del pronunciamiento referido también advierten que aquel “grupo de compañeros y compañeras proponen ir despacio pero terminan inmóviles. Pretenden hablar suave pero se vuelven inaudibles. Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora. Es necesario recordarlo: los gobiernos no se evalúan por sus intenciones, sino por sus realizaciones”.

“El problema del documento con el cual estamos dialogando, a nuestro juicio -dice el texto conocido el último lunes-, es que, en sus páginas, no resulta nítido ni el origen de la unidad ni el sujeto destinatario de sus políticas. En ese sentido, la ausencia absoluta del nombre “Macri” es muy elocuente.”

Los referentes ligados al kirchnerismo subrayan entonces en un tramo de su documento que “las crisis se superan muchas veces con redundancia: las diferencias políticas se resuelven con más política. A eso convocamos a los compañeros y compañeras que, lo sabemos, están plenamente comprometidos con la ampliación de la discusión pública”.

Entre varias decenas de firmantes suscriben el documento difundido este lunes, se encuentra Teresa Parodi, Eduardo Basualdo, Liliana Herrero, Roberto Salvarezza, Adrián Paenza, Cynthia García, Alberto Kornblihtt, Rita Cortese, Noe Jitrik, Andrea Varela, Victoria Onetto, Carlos Rozanski, Araceli Bellota, Rubén Dri, Artemio López, María Pía López, Daniel Tognetti, Roberto Caballero, Alejandro Kaufman, María Sondereguer, “Mempo” Giardinelli, Marcelo Figueras, Telma Luzzani, Andrés Asiain, Cynthia Ottaviano, Eduardo Rinesi, Jorge Elbaum y María Seoane.

La medida de fuerza es en reclamo de aumento salarial por encima de la pauta inflacionaria y mejoras en las condiciones laborales. “Es momento de que se les brinde a los médicos lo que se merecen”, señalaron.

Mientras Horacio Rodríguez Larreta se encuentra de campaña en Europa, en la Ciudad de Buenos Aires la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM) convoca a un paro de actividades por 24hs para este martes, en reclamo de aumento salarial por encima de la pauta inflacionaria y mejoras en las condiciones laborales.

“Se cumplen dos años de ser declarada la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Desde ese momento, todo el mundo se encerró, excepto los médicos y médicas, y todo el equipo de salud queestuvo al pie del cañón en todos los hospitales“, resaltó Jorge Gilardi, presidente de la AMM.

En esa línea, agregó “estamos convencidos de que ahora es el momento de decirle a los gobiernos y a la sociedad toda que requerimos de mejores condiciones de trabajo y de un mejor salario“.

Asimismo, Gilardi sostuvo que “no hubo un reconocimiento al equipo de salud. Es momento de que se les brinde a los médicos lo que se merecen. En este momento, nos ofrecen una paritaria que consideramos insuficiente. Pedimos que se supere la pauta inflacionaria, porque el sueldo de los médicos está retrasado”.

A su vez, el personal de salud de la ciudad de Buenos Aires agrupado en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) anunció un paro de 24 horas, junto a la Federación de Profesionales, para hoy, cuando se manifestarán en contra de los “salarios de miseria”.

Además, los trabajadores del sector exigen que se reconozca a la enfermería como una actividad profesional.

En ese sentido, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE, dijo sobre el nuevo índice de inflación que se conoció la semana pasada que “la canasta de pobreza llega a los 84.000 pesos y la canasta familiar supera los 140.000”.

“El equipo de salud en los hospitales de la ciudad más rica del país cobra salarios de miseria. Y en la enfermería en particular es aberrante la situación: 70.000 pesos de promedio, sumas en negro y aguinaldos de 20.000, y encima discriminadas de la Carrera Profesional. Intolerable”, expresó.

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria de Prensa de la Federación de Profesionales, detalló: “Desde ALE, como parte de la Federación de Profesionales, impulsamos un paro de 24 horas para el martes 22 con concentración y movilización, que vamos a estar definiendo en las próximas horas”.

Y aseguró que “la enfermería empoderada”, junto al equipo de salud, “la vamos a seguir hasta el final por todos nuestros reclamos”, entre los que se encuentran además del salario y el pase a planta, la Inclusión de Enfermería en la Ley 6.035 de Profesionales de la Salud.

Además, dijeron que desde ALE están cerca de completar el objetivo de 40.000 firmas en apoyo al proyecto de Iniciativa Popular, para que la Legislatura trate su Inclusión en la esa ley.

En una carta abierta reciente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le solicitaron una audiencia urgente para lograr ese propósito.

Así lo informó el ministro Kulfas, quien precisó que se busca compensar al sector para que harineros dispongan del producto a precios de febrero.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó este lunes que el fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo, luego de la suba internacional que tuvo tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, permitirá retrotraer a valores de febrero los precios de fideos, pan y harina, y anunció que la Secretaria de Comercio trabaja junto a supermercadistas y productores alimenticios para definir “en 24 horas” qué productos de una canasta de alimentos vuelvan a los precios que tenían entre el 8 y 10 de marzo.

Al mismo tiempo, anunció que se lanzará una “línea de créditos por $8.000 millones a tasa subsidiada para la industria molinera” con el objetivo de que los molinos aceleren la compra de trigo para producir harina pero eviten “un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos”.

“La decisión de conformar el fideicomiso para sostener el precio del trigo se enmarca en escenario internacional de turbulencias”, señaló Kulfas en conferencia de prensa en la sede de la cartera, en la que precisó que se busca compensar al sector para que harineros dispongan del producto a precios de febrero, ya que “no hacer nada es convalidar que subas en los valores del trigo se trasladen al precio de los productos claves en la mesa de los argentinos”, al explicar las medidas adoptadas para contener la inflación.

En ese sentido, explicó que “si no hay ninguna medida de compensación el trigo más caro significa pan, harinas y fideos más caros, productos que componen la mesa de los argentinos”.

El fideicomiso estará fondeado con la suba de dos puntos porcentuales de retenciones que se aplican sobre las exportaciones de harina y aceite de soja que anunció el sábado último el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, precisó.

“Se va a compensar a los molinos harineros para que tenga una compensación igual al precio que tenía en febrero y asegurar que el pan y y que otros productos; es un mecanismo para evitar que este shock en el precio del trigo afecte a la mesa de los argentinos”, dijo Kulfas, a la vez que afirmó que “los productores de trigo no van a tener ningún perjuicio”.

El último viernes la Administración General de Puertos anuló el concurso por un contrato de 9 meses de obras para dragar el canal con un presupuesto de 97 millones de dólares, y llamó a licitar de nuevo.

Tras anular el viernes la licitación corta en curso para el dragado de la vía navegable troncal Paraguay-Paraná, la Administración General de Puertos (AGP) prepara las reglas para evaluar las propuestas técnicas en una nueva licitación que debería estar publicada en 20 días.

Se trata de un contrato de nueve meses de obras para dragar el canal con un presupuesto de 97 millones de dólares. En la licitación anulada, quedaron descalificados tres de los cuatro grupos oferentes por no cumplir con algunos puntos que exigían los pliegos. Uno de ellos impugnó el dictamen y la AGP decidió dar marcha atrás y convocar a un nuevo procedimiento de ofertas.

“Teniendo en cuenta la vital importancia del transporte fluvio-marítimo para el comercio exterior y su incidencia en la balanza comercial, corresponde ponderar la experiencia de los proponentes en la ejecución de obras de dragado en ámbitos de similares características”, destacó la resolución de la AGP que dio a conocer el portal Página 12 que anticipa el peso que tendrán los antecedentes técnicos de los oferentes. 

El organismo comenzó con el proceso licitatorio corto, que terminó anulando el viernes, en diciembre del año pasado, cuatro meses después de haber tomado la gestión de la vía navegable. La expectativa era contar con la revisión técnica y los resultados para enero de este año y poder realizar la firma licitatoria desde marzo a septiembre del 2022 cuando, según el cronograma original, debería comenzar a operar el consorcio definitivo. 

Para el dragado se presentaron cuatro grupos oferentes: la Compañía Sudamericana de Dragados (CDS), empresa local de la belga Jan de Nul que opera en el lugar desde 1995 primero como integrante del consorcio Hidrovía S.A. y desde septiembre como contratista directa de AGP; Emepa de Gabriel Romero, asociada con la danesa Rodhe Nielsen encargada del dragado del puerto de Mar del Plata; la UTE conformada por la empresa belga Dredging International, la china CCCC Shangai Dredging y Servimagnus, del empresario local Ricardo Román con un antecedente poco feliz por haber incumplido obligaciones contractuales en las obras adjudicadas en el Canal Martín García; y la holandesa Boskalis que cuenta con experiencia en el dragado de algunos canales tanto en Argentina como en Brasil.

Pasado un mes, la comisión evaluadora de ofertas de la AGP dictaminó a principios de febrero que sólo CDS se encontraba habilitada para pasar a la segunda instancia licitatoria. Es que los otros tres consorcios fueron descalificados por no cumplir con algunos de los puntos que exigían los pliegos. 

Rodhe Nielsen-Emepa presentó incumplimientos en competencia técnica, plan de trabajos y disponibilidad e información de equipos. La UTE conformada por la belga Dredging International-CCCC-Servimagnus no pudo garantizar la disponibilidad de equipos ni acreditar la competencia técnica requerida. La holandesa Boskalis fue descalificada por no cumplir con el plan de trabajos y memoria descriptiva, listado de personal, currículum de trabajadores, disponibilidad de equipos y competencia técnica.

Conocida la resolución, dos de los consorcios descalificados decidieron dar pelea. Rodhe Nielsen junto con Emepa lo hizo de manera formal y, tras pagar una tasa de 800.000 dólares no reintegrable, impugnó el concurso para que se revise el dictamen de la AGP. En tanto Dredging International-CCCC y Servimagnus manifestó su rechazo por la vía política: enviaron una carta al ministro de Transporte Alexis Guerrera en disconformidad por la calificación negativa de los antecedentes técnicos dictaminados por la comisión evaluadora. 

Ante la amenaza de que la impugnación de Emepa pudiera judicializarse y ralentizar aún más el proceso licitatorio, AGP decidió anular el proceso y realizar una nueva convocatoria con un nuevo proyecto de pliego de bases y condiciones que deberá estar listo antes del 7 de abril. La resolución firmada por José Beni destacó que “al quedar una sola propuesta en condiciones de ser precalificada, se ha visto acotado el grado de participación real y efectiva, frustrándose así la posibilidad de conocer mayor cantidad de ofertas económicas”.

En tanto CDS, la única empresa que había pasado el filtro técnico y por lo tanto perjudicada por esta decisión, aseguró en una comunicación interna que “se encuentra analizando el curso de acción a seguir ” y asegura estar dispuesta a “agotar todas las instancias disponibles para objetar esta medida a todas luces tendenciosa y carente de argumentos”.

Fuente: Página 12