El dueño de Techint está acusado de pagar sobornos por más de 6,5 millones de euros para conseguir contratos con Petrobras.

Una fiscal italiana pidió cuatro años y medio de prisión para Paolo Rocca por el presunto pago de sobornos para obtener contratos con Petrobras.

Se trata de un juicio que se lleva adelante en Milán y en el que se investiga el pago ilegal de más de 6,5 millones de euros a un ex gerente de Petrobras para que Techint se quede con contratos para venderle tubos de acero sin costura a la petrolera brasileña por más de 1400 millones de euros.

Además del titular del grupo Techint, el pedido de la fiscal italiana Donata Costa alcanza a Gianfelice Rocca, hermano de Paolo, y a Roberto Bonatti, directivo del holding y primo de Paolo, según adelantó el portal ElDiarioAr.

La acusación contra los directivos de Techint está sostenida en la declaración del ex gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque, quien admitió durante el juicio haber recibido las coimas y fue condenado en Brasil por estos hechos.

La fiscal italiana también pidió multar San Faustin, la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, el equivalente al soborno al funcionario brasileño.

Si el tribunal acepta el pedido de la fiscal y condena a más de 4 años de prisión a los directivos de Techint, la pena sería de cumplimiento efectivo de acuerdo a la legislación italiana. Pero por cuestiones de edad, los ejecutivos podrían eludir la cárcel.

El ministro de Justicia apuntó contra el máximo tribunal por fallar contra el Consejo de la Magistratura y a medida de la oposición.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, repudió el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y cuestionó a la Corte Suprema por “extorsionar al Congreso” y ponerse “la camiseta amarilla” con fallos a medida de la oposición macrista.

El Senado de la Nación continua este miércoles con la discusión en un plenario de comisiones de los proyectos para modificar la conformación del organismo que designa y sanciona jueces.

“Por primera vez en la historia desde el retorno de la democracia la Corte Suprema dictó un fallo declarando inconstitucional una Ley que estuvo vigente durante 16 años. Una ley bajo la cual se designaron al 70 por ciento de los jueces que están en funciones”, resaltó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Al tiempo que agregó: “Esta Corte, con dos ministros nombrados por decreto, obliga a que el Congreso de la Nación a que en 120 días saque una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Es decir, impone un plazo para legislar y el plazo obviamente es incumplible. Están obligando al Congreso a legislar bajo extorsión”.

Soria explicó que el fallo de la Corte Suprema “extorsiona” al poder legislativo porque le indica al Congreso que en caso de que no aprueben una ley quedará vigente una de 1997 y que favorecía a la Corte menemista. “Esa ley fue derogada y no se le puede dar operatividad a una ley que fue derogada por el Congreso“, sostuvo Soria, quien recordó que el propio juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reconoció que una ley derogada nunca puede ser aplicada. 

El funcionario alertó que solo quedan cuatro semanas para que se cumpla el plazo que estableció la Corte Suprema para aprobar una nueva ley. “Estamos a menos de cuatros semanas de que se paralice la administración de Justicia en Argentina. Se paraliza el Consejo de la Magistratura que es el órgano encargado de designar a los jueces y de llevar los procesos disciplinarios para aquellos jueces que tienen algún tipo de inconductas en sus gestiones”.

“Paralizar el Consejo de la Magistratura es música para los oídos de la mesa judicial, de Macri y para los que montaron este aparato de persecución”, denunció Soria.

El ministro de Justicia recordó que hubo reuniones clandestinas entre jueces y fiscales para armar causas. “Hasta se filmaban a ex funcionarios, espías y legisladores para armar causas judiciales. Esa es la persecución judicial, mediática y política de la que participaron varios jueces y fiscales”

Por último, Soria también rememoró cuando la Corte Suprema frenó la decisión del gobierno nacional de declarar servicio pública esencial a las compañías de telecomunicaciones que permitió aumentar sus ingresos de forma extraordinaria en medio de la pandemia del coronavirus.

Así figura en el escrito presentado por el prófugo ante la Comisión de Refugiados de Uruguay. En su declaración hizo mención a los agentes de la AFI y a dos jueces de la Corte.

El exoperador judicial de Mauricio Macri y hoy prófugo de la Justicia argentina –con pedido de captura de Interpol- Fabián “Pepín” Rodríguez Simón terminó por confesar, por escrito, cuál fue su verdadero rol durante la administración de Cambiemos.

Comodoro Py es como se denomina “un grupo de juzgados y fiscalías penales federales que, desde la última dictadura militar y también durante los gobiernos democráticos, fueron colonizados por agentes o colaboradores de los servicios de inteligencia locales, constituyendo una poderosa corporación extorsiva y al margen del derecho”.

Al no hacer distinción, el imputado incluye a la administración que integró, cuya cúpula de la AFI está bajo investigación en múltiples causas de espionaje ilegal, según reveló ambito.com

“Pepín” contó que se unió a Macri en 2007. Describió cargos y roles –incluido su rol en el Ministerio de Ambiente, donde llegó a ser procesado por la UCEP (esto no lo menciona)- y se autodefinió como “interlocutor y enlace político del PRO con la Coalición Cívica, a nivel local (CABA), nacional y regional”.

También se autodefinió como “interlocutor político del PRO con movimientos sociales de izquierda”, señalando a la CTEP de Juan Grabois, un nexo siempre sospechado, pero ahora confirmado.

“Soy abogado de confianza de Macri y de Rodríguez Larreta”, enunció a continuación, además de “consultor de cuestiones técnicas de derecho internacional”. “Soy íntimo amigo personal de José María Torello desde hace más de cuarenta años”, indicó. Torello es otro de los imputados por la mesa judicial y por su interacción en la presión de jueces.

“Soy amigo personal desde hace más de cuarenta años de Carlos Rosenkrantz, Ministro de la Corte desde 2016 y presidente desde 2018”, puntualizó.

Como asesor “diseñé y coordiné la implementación de la estrategia político jurídica de transferencia de la actividad de juego en territorio porteño”. Justamente en ese punto, el entonces funcionario macrista incluyó que, durante su paso por la función, protagonizó “varios episodios de importancia política simbólica que contribuyeron a levantar exageradamente mi perfil y exponerme a rencores personales y políticos”.

Respecto a la designación de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti, por decreto simple, dijo: “Los candidatos habían sido sugeridos por mí a requerimiento de Macri cuando era candidato y la modalidad de designación provisoria había sido también sugerencia mía como una alternativa válida jurídicamente”.

El año pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó la captura nacional e internacional de Rodríguez Simón. En esa causa está imputado por extorsión y amenazas a los dueños del Grupo Indalo: Cristóbal López y Fabián de Souza, quienes fueron encarcelados -durante el gobierno de Macri- sin pruebas.

La oferta paritaria contempla aumentos en marzo, julio y septiembre.

Los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptaron la propuesta de mejora salarial que formuló el gobierno provincial la semana pasada y de este modo la mesa de diálogo salarial se cerró con una suba del 40% para el sector.

La oferta contempla un aumento del 16% en marzo, del 10% en julio y un tercer incremento del 14% en septiembre; así como también una cláusula de seguimiento y otra de reapertura luego de la última suba, a fin de lograr y mantener una recomposición real de los salarios por medio del monitoreo de la evolución de los indicadores económicos, para retomar el diálogo, de ser necesario, antes de reabrir la negociación.

Cabe recordar que el ofrecimiento, presentado el jueves pasado, había tenido buena recepción por parte de la dirigencia de la AJB, que había señalado que lo llevarían para ponerlo a consideración de las bases, y finalmente llegó la respuesta afirmativa a la oferta.

Asimismo, la bonificación ­especial y la compensación funcional se incrementan en dos puntos porcentuales desde el 1° de marzo de 2022 y en 2,7 puntos porcentuales acumulados a partir del 1° de septiembre.

Por el lado de la Provincia, del encuentro de la semana pasada donde fue presentada la propuesta salarial participó Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo bonaerense, y los subsecretarios de Coordinación Económica y Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Nicolás Todesca, y de Empleo Público y Gestión de Bienes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Daniel Lorea, entre otros funcionarios.

En declaraciones al canal oficial de la Cámara de Diputados, legisladores de distintas fuerzas políticas se refirieron a la posibilidad de tratar una nueva Ley de Alquileres en el Congreso.

Gabriela Lena, del bloque de la UCR, expresó que “lo que se intenta es que se derogue esta ley y poder darnos un plazo para sancionar una ley” y consideró que el debate debe ser “no solamente con todos los legisladores de los distintos partidos políticos, sino que también la sociedad pueda participar”.

Por su parte, Luis Di Giacomo, de Somos Río Negro, señaló que “lamentablemente la ley, pese a sus buenas intenciones, ha fracasado rotundamente” y, en este sentido, aseguró: “Yo creo que habría que derogarla y buscar una nueva fórmula”.

El diputado indicó que “hay varios proyectos” y expresó: “Creo que tenemos que ponernos a trabajar y poder consensuar un proyecto que sea útil a la sociedad”.

Sobre este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya había  considerado necesario “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino a lo largo y ancho del país”.

Fue en una reunión conjunta de comisiones a la que asistió el ministro de Justicia, quien expuso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre.

La reforma de la composición del Consejo de la Magistratura fuedebatida en el Senado, durante una reunión conjunta de comisiones a la que asistirá el ministro de Justicia, Martín Soria.

El titular de la cartera de Justicia llegó al encuentro que se comenzó a partir desde las 16.00, donde expuso el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre de 2021.

En dicha reunión, se encontraban presentes el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.

El Frente de Todos impulsa el tratamiento de la iniciativa que actuará sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial.

A la reunión también llegaron los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador neuquino Oscar Parrilli, ya que el tema también fue girado a esa comisión.

La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre de 2021, semanas antes de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la actual normativa que en 2006 redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.

Así lo publicó el Poder Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, y los ministros de Salud y Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, con lo que oficializó la puesta en marcha de esta norma que tiene como objetivo advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La reglamentación fue aprobada mediante el decreto 151/2022 que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca).

La ley 27.642, sancionada el 26 de octubre de 2021, tiene como meta que la población cuente con información sobre los productos que consume a través de un sistema de etiquetado que advierta cuando un producto tenga “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales”, y/o “exceso en calorías”, según valores propuestos por la OPS, y otro tipo de advertencias como la presencia de edulcorantes o cafeína.

También establece que este tipo de productos no pueden tener publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- ni ser vendidos en entornos escolares, entre otros puntos.

En los considerandos del decreto que aprueba la reglamentación se remarca que “la alimentación saludable es aquella que basada en criterios de equilibrio y variedad, y de acuerdo a las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”.

También advierte que “la prevención de la malnutrición implica, entre otras medidas, la advertencia sobre los excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en alimentos envasados y bebidas analcohólicas, a partir de información clara, oportuna y veraz que resguarde los derechos de las consumidoras y los consumidores”.

Asimismo, en el decreto se argumenta que el uso del etiquetado frontal con sistema gráfico de advertencias octogonal negro en los productos envasados “resulta ser el más visible, comprensible, claro y eficaz para identificar nutrientes críticos en exceso, transmitir una mayor percepción de riesgo para la salud y un mejor desempeño para disminuir la intención, tanto de consumo como de compra en el territorio argentino”.

El encuentro tuvo lugar en La Matanza.

En una reunión en La Matanza, intendentes de las primera y tercera sección electoral se autoconvocaron y elaboraron un documento para reafirmar la unidad del espacio que ganó las elecciones en 2019. Se trata de los principales municipios del Gran Buenos Aires.

Después de la reunión, los jefes comunales compartieron un documento. Lo relevante es que participaron intendentes más vinculados con Alberto Fernández y otros con Cristina Fernández de Kirchner, como la camporista Mayra Mendoza, de Quilmes.

A continuación, el documento completo:

Intendentes e intendentas peronistas de la primera y la tercera sección electoral nos reunimos para compartir nuestra mirada como compañeras y compañeros que caminamos diariamente en nuestras ciudades y escuchamos de primera mano a las vecinas y los vecinos en este momento tan complejo para el mundo y nuestro país en particular.

En 2019 le pedimos todos los esfuerzos a Cristina para unirnos y ganarle a Macri y Vidal tras los cuatro años de un gobierno neoliberal que nos dejó una deuda impagable, 50% de pobreza, megatarifazos del 3000%, perdida del poder adquisitivo en los salarios y una desocupación del 12%. La actual Vicepresidenta, en un gesto extraordinario, cambió el rumbo de la historia y pudimos consolidar la victoria del Frente de Todos en primera vuelta. Hoy, le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Estamos a disposición para, desde nuestro rol, ayudar en lo que sea necesario.

Los intendentes e intendentas queremos que la gente viva tranquila. Además de la preocupación por la suba de los precios, el otro tema que es mencionado siempre en cada conversación por los vecinos y vecinas es la inseguridad. Al respecto, le pedimos al Gobierno provincial y nacional que nos convoque a una mesa de trabajo para junto con los Municipios enfrentar este problema que tanta angustia genera.

Sabemos que nos toca atravesar tiempos difíciles. Macrismo, pandemia, guerra. Por eso unidos, tenemos la fuerza para superar todos los obstáculos. Queremos cuidar a nuestro pueblo, que sea feliz. Estamos reconstruyendo una Argentina para todas y todos, como lo hicimos entre 2003 y 2015 con Néstor y Cristina, trabajando en el hoy y para las nuevas generaciones. Como intendentes peronistas, queremos aportar nuestro granito de arena para que reine en el pueblo el amor y la igualdad.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete Martín Insaurralde y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Leonardo Nardini; los intendentes e intendentas Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Carlos Ramil (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Marina Lesci (Lomas de Zamora), Juan Ustarroz (Mercedes), Gastón Granados (Ezeiza), Karina Menéndez (Merlo). Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente); el diputado nacional Julio Pereyra; el diputado provincial Mariano Cascallares y el administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Hernán Y Zurieta.

Mientras el Jefe de Gobierno viaja por el mundo, los médicos y enfermeros paralizaron los hospitales públicos.

La Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM) y la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE) convocaron a un paro de actividades en los hospitales porteños y se manifestarán en reclamo de “aumentos salariales por encima de la pauta inflacionaria, mejoras en las condiciones laborales y reconocimiento profesional”. Mientras, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viaja por Europa.

“Se cumplen dos años de ser declarada la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Desde ese momento, todo el mundo se encerró, excepto los médicos y médicas, y todo el equipo de salud que estuvo al pie del cañón en todos los hospitales”, resaltó Jorge Gilardi, presidente de la AMM a través de un comunicado.

Con la consinga “Nos llaman esenciales, nos tratan como descartables”, médicos y enfermeros reclaman por mejores salarios y condiciones laborales.

“No hubo un reconocimiento al equipo de salud. Es momento de que se les brinde a los médicos lo que se merecen. En este momento, nos ofrecen una paritaria que consideramos insuficiente. Pedimos que se supere la pauta inflacionaria, porque el sueldo de los médicos está retrasado”, aseguraron.

Ya está todo listo para que avance el acuerdo.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro por videoconferencia con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para analizar el estado de situación económica global – en el marco de la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania. Esta semana, se podría cerrar definitivamente el acuerdo con el organismo internacional, que empieza a resolver la descomunal deuda que tomó Mauricio Macri.

De confirmarse el acuerdo, el FMI desembolsará casi 10 mil millones de dólares, que servirán para cancelar el pago de marzo, por casi 3 mil millones, y el resto quedará para fortalecer las reservas argentinas. Una gran noticia para el país.

Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que llegó a un acuerdo con el Club de París, que le permitirá al gobierno estirar pagos.

Con la llegada de dólares frescos, las reservas internacionales del Banco Central podrán superar los 45 mil millones, algo que no pasa desde finales del gobierno de Macri. Es el mejor escenario para calmar el frente cambiario, con las históricas presiones sobre el valor del dólar.