La vicepresidenta encabezó el acto donde recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Este viernes Cristina Fernández de Kirchner recibió de parte de las autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) el doctorado honoris causa por su “trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato”, y brindó una charla magistral que tituló “Estado, Poder y Sociedad”.

A lo largo de poco más de dos horas en donde hizo un repaso de varios temas, la vicepresidenta no esquivó críticas al gobierno de Alberto Fernández, negó rotundamente una “pelea de poder” con el presidente, soltó algunas “infidencias” que llegó a enumerar y no faltaron las duras críticas a la oposición y al Poder Judicial o “Partido Judicial”, como repitió hoy la expresidenta.

“Mi mayor sensación de amargura, es la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas, y la verdad q creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que nos depositaron”, lamentó Cristina al cierre de su discurso.

En otro fragmento, la vicepresidenta remarcó que a la gente “la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y hay trabajadores en relación de dependencia pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina”.

“La pobreza la ubicábamos siempre por afuera del sistema formal, ahora no, esto es por la concentración de los ingresos y un sistema de salarios bajos“, remarco.

En dirección al Poder Judicial, Fernández de Kirchner además denunció que “cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo”, y resaltó que todavía no se puede cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial por que “duerme en la Corte”.

En esa línea, consideró que “nunca se vio algo igual” a una Corte que declara “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en relación al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, y afirmó que “al poder le conviene” un máximo tribunal con pocos integrantes para “apretarlos con las tapas de los diarios”.

Más adelante, tras recordar sus ocho años a cargo de la presidencia, aclaró que cuando habla “no es un ejercicio diletante o académico”. “Tengo muchísimos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas sino de mis neuronas”, y puso como ejemplo la elección de Alberto Fernández como cabeza de la fórmula que ganó las elecciones en 2019. “Toda mi vida voy a vivir en on”, agregó

En una conferencia de prensa realizada días atrás, el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Solá, dijeron que el Consejo Superior de la universidad resolvió por unanimidad condecorar a la expresidenta con su máxima distinción académica, el Doctorado Honoris Causa.

Cerca del final, Cristina dio a conocer un cuadro que medía año a año desde 2015 a 2021 la base monetaria del país en comparación al PBI y tiró por la borda la premisa más cercana a sectores libertarios de que “más plata genera más inflación”.

El Consejo Superior de la Uncaus tomó la decisión de distinguirla por “su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato”.

Los encargados de entregar los atributos del lauro a la vicepresidenta serán Oestmann y García Solá, acompañados por el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.

Fue en el marco de una movilización pacífica, donde reclamaban por paritarias y mejoras en los Centros Verdes porteños.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) denunció que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires “reprimió y detuvo” a 12 integrantes de la organización en el marco de una “movilización pacífica”, donde reclamaban por descuentos de sueldos, paritarias y mejoras en los Centros Verdes porteños, lo que derivó en manifestaciones frente a la fiscalía y de algunos dirigentes políticos.

“La Policía de la Ciudad reprimió y detuvo a seis compañeros y compañeras en la movilización pacífica que estábamos llevando adelante desde la Federación y Amanecer de los Cartoneros por paritarias y mejoras en los Centros Verdes de la Ciudad. Nos encontramos en estado de alerta y movilización y exigimos la inmediata liberación de nuestros compañeros y compañeras. ¡Ni un preso o presa más por luchar!”, expresó la Faccyr en su página de Facebook.

Más tarde, la Policía de la Ciudad detuvo a otros seis manifestantes y los cooperativistas se concentraron ante la fiscalía porteña en Combate de los Pozos 155, exigiendo la libertad de sus compañeros, de acuerdo a lo confirmado por la organización

Según habían comunicado previamente en sus redes sociales, la Faccyr y la cooperativa Amanecer de los Cartoneros se movilizaron a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General Operación de Reciclado (DGOR) a “reclamar pacíficamente por el descuento abrupto a sueldos de gran parte de los trabajadores de nuestra cooperativa”.

Además de estos “descuentos arbitrarios de los sueldos”, los cartoneros se encuentran en medio de una negociación paritaria y ­buscan que el gobierno porteño les dé “el apoyo para llevar adelante tareas de mantenimiento de los Centros Verdes de todas las cooperativas que realizan trabajos de ­recolección y reciclado en la Ciudad de Buenos Aires”.

Y apuntaron contra el gobierno porteño que, dijeron, “responde con un enorme y desmedido despliegue policial”.

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández le reclamó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que liberen a los detenidos.

“Hay que ser forro para pedir que aplaudan tu ciudad verde y después no pagarles, reprimir y detener a los cartoneros, que son los que juntan y recuperan los residuos. Liberen ya a los detenidos y dejen de pretender resolver problemas cagando a palos a la gente, Horacio Rodríguez Larreta”, escribió Ofelia Fernández en Twitter.

Los diputados nacionales del Frente de Todos Itaí Hagman y Federico Fagioli, junto al dirigente social Juan Grabois, pidieron también en sus redes sociales por la libertad de los detenidos.

El gobierno bonaerense suspendió por un año la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas entidades.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó la declaración de la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio bonaerense por el plazo de un año, sancionada el 21 de abril pasado en la Legislatura.

Se trata de una iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas entidades.

Se encuentran alcanzadas por la emergencia “las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa”.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del distrito, podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo, “por única vez y por igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”.

Se trata de una iniciativa que protege a las empresas que hayan sido recuperadas por sus trabajadores y forma parte de las políticas provinciales de acompañamiento y estímulo al movimiento cooperativo bonaerense.

Además, declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.

El ministro de justicia condenó el fallo que suspendió el trámite del concurso preventivo de la empresa y cuestionó que “la Corte Suprema ahora debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde 2001”.

El ministro de Justicia, Martin Soria, consideró este viernes que el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad que suspendió ayer el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA se trata de un caso de “justicia a la carta” y cuestionó que, “ahora, la Corte Suprema debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”.

“Justicia a la carta: la jueza comercial María Uzal, que se reunía con el prófugo (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, paralizó la quiebra del Correo de la Familia Macri. Ahora la Corte Suprema, diseñada por el mismo prófugo, debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”, escribió Soria en su cuenta de Twitter.

Este jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina una serie de planteos realizados por el Grupo Macri, como las recusaciones a una jueza y una fiscal y la competencia de la Justicia porteña en el caso.

La resolución surgió en un fallo dividido emitido por las camaristas Matilde Ballerini, María Elsa Uzal y María Guadalupe Vázquez, conocido a través de fuentes judiciales.

El conflicto jurídico que derivó en esta medida se produjo porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de la Ciudad de Buenos Aires intervino ante los planteos efectuados por la empresa Socma -que incluyeron las recusaciones a la fiscal Gabriela Boquín y a la jueza de primera instancia Marta Cirulli- en el pleito por la deuda de la firma de la familia Macri por la concesión del Correo.

La Cámara nacional había considerado inadmisibles las objeciones, pero el TSJC intervino y dispuso lo contrario, con lo cual se desató un problema de competencia que está a consideración de la Corte.

El conflicto tuvo su origen en una deuda del Grupo Macri, que tuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato.

A partir de allí se inició un proceso por el reclamo de una deuda de casi 300 millones de pesos/dólares, debido a la paridad cambiaria. Hubo propuestas y contrapropuestas, pero nunca se llegó a una solución y el caso escaló en los tribunales.

Socma recusó a Boquín acusándola de “parcialidad, enemistad, prejuzgamiento y animosidad”, e hizo lo mismo con la jueza Cirulli, que no accedió a determinar al Estado como “acreedor hostil” cuando no aceptó la oferta de la parte deudora.

La quiebra del Correo Argentino fue dictada en julio pasado, pero las presentaciones del Grupo Macri derivaron finalmente en esta instancia de virtual suspensión del proceso, hasta que se expida la Corte.

El gobernador firmó un convenio con el ministro de Seguridad. Foto política para calmar bajar la tensión en el oficialismo.

Después de la firma de un convenio con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó hoy que “hay que apostar al no rupturismo y a hacer las cosas en conjunto para seguir fortaleciendo un frente más potente”.

El gobernador Axel Kicillof recibió esta mañana al ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, para la firma de un convenio sobre “compactación de vehículos” y, a nivel político, representó una foto de acercamiento luego de los cruces entre el propio funcionario nacional e integrantes del gabinete bonaerense.

Sobre la situación interna del oficialismo, Aníbal Fernández expresó que “hay que apostar al no rupturismo y a hacer las cosas en conjunto para seguir fortaleciendo un frente más potente, con más ganas y con objetivos claros a donde se pretende llevar esta Argentina hecha pedazos después de cuatro años de macrismo”.

 “Acá hay que traer soluciones. Cuando Cambiemos tuvo la posibilidad de gobernar, rompió todo. En ese gobierno hubo la peor corrupción de la provincia y en la Nación. Si no, que expliquen por qué aumentaron la deuda bonaerense en 3.500 millones de dólares cuando la provincia no recibe un solo dólar”, indicó Aníbal Fernández después de la firma del convenio con Kicillof.

La foto entre Aníbal Fernández y Kicillof llega después del reclamo que la vocera presidencial le hizo al Gobierno bonaerense. En las habituales conferencias de prensa, este jueves la funcionaria señalo que las relaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires “son inmejorables” y destacó el “apoyo particular” que se le brinda a ese territorio.

De ser aprobada, la medida del interbloque oficialista beneficiará a unas 742 mil personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes.

Este viernes el interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación presentó este viernes un proyecto de ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 742 mil personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año.

En una conferencia de prensa en el Senado, la conducción del interbloque del FdT, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, y Juliana Di Tullio junto al senador Mariano Recalde, anunció la presentación de un plan de pagos que comenzará a debatir la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado.

En caso de aprobarse, la norma permitirá regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008 inclusive con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

En la apertura de la rueda de prensa, el jefe del interbloque, Mayans, dijo que el proyecto tiene como objetivo “una mayor inclusión”, aseguró que el Estado “no se puede hacer el distraído” sobre las deficiencias del sistema y declaró que, “a mayor justicia social, mayor paz social”.

La vicepresidenta del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, consideró, por su parte, que se trata de “una medida urgente” que el Senado debe abordar y aclaró que el costo fiscal que tendrá la norma “es casi nulo”, de un 0,02 por ciento.

“Se hace dificultoso que las personas que cumplen este año 60 y 65 años puedan cumplir con los requisitos de los 30 años de aportes para poder jubilarse este año y el año que viene”, fundamentó la senadora en la conferencia de prensa en el Senado.

De acuerdo con las estimaciones, en lo que resta de 2022 aproximadamente 500 mil personas en la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la norma.

Ocurrió en el Hotel El Saratoga e investigan si fue un atentado.

Una explosión causó este viernes una gran destrucción parcial en el Hotel El Saratoga, ubicado en la zona céntrica de La Habana, Cuba. El área estaba acordonada poco antes del mediodía. Las imágenes distribuidas vía redes sociales demuestran que hay graves daños en la infraestructura de la instalación hotelera y en una escuela cercana.

Según informó la agencia de noticias Europa Press, el incidente se produjo en torno a la 10:50 (hora local), sin que se tenga constancia aún de las causas, según el medio local 14ymedio.com. Hasta el momento, tampoco se reportaron víctimas pero testigos afirman que podrían haberlas.

El hotel está situado en La Habana Vieja, cerca del Capitolio. Hasta la zona se desplazaron efectivos de los servicios de emergencia.

Se investiga si se trató de un atentado, como sufrió Cuba durante muchos años por la acción de mercenarios que respondían a sectores de ultraderecha norteamericanos.

Así lo aseguró Anabel Fernández Sagasti, Senadora Nacional por el Frente de Todos.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se refirió a la expectativa en torno al discurso de Cristina Kirchner, esta tarde, en Chaco. “Cuando habla Cristina Fernández de Kirchner, hay frases que dice que se gritan como un gol”, dijo sobre el peso político de CFK.

Después, se refirió a las críticas de un sector del kirchnerismo al gobierno: “Lo que se está discutiendo es cómo hacer para que el 10% de crecimiento llegue a los bolsillos de los trabajadores”, dijo.

Después, defendió la nueva moratoria jubilatoria, que propone el peronismo en el Senado. “Esto no es contra nadie, es a favor de un montón de ciudadanos y ciudadanas”, aseguró. Y agregó: “Estamos generando conciencia en los trabajadores y trabajadoras para saber si pueden o no cumplir con los 30 años de aportes”.

¿El macrismo cree que el gobierno inventó el virus de COVID?

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, presentó a través de redes sociales un libro de su autoría con polémico título y contenido específico pero, principalmente, para hacerlo se burló en 2022 de las medidas preventivas contra el Covid-19 que Horacio Rodríguez Larreta tomaba en 2020. “Nos dijeron que había un virus”, aseguró. ¿Eh?

“Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en el que no podíamos salir a la calle. Que las puertas de los comercios estaban cerradas”, cuestionó la funcionaria de la Ciudad. Los comercios estaban cerrados por una pandemia que afectó a toda la humanidad. Las políticas de cierre comercios se extendieron en todos los países del mundo.

“(Hubo un tiempo) Que nos decían que había un virus que podía quedar en la ropa, en los zapatos, en los paquetes de yerba y contagiarnos”, insistió. Fue su propio gobierno el que aseguró eso mismo, en relación al conocimiento que se tuvo en primer lugar sobre el virus de COVID.

Durante una sesión especial, la Cámara de Diputados trató la iniciativa de Boleta Única, aprobó el régimen de incentivo a la construcción y la ley de respuesta integral del VIH y sancionó un proyecto de desarrollo del cannabis medicinal

En el comienzo de la sesión, se debatió la iniciativa de Boleta Única de Sufragio, impulsada desde la oposición. El pleno de la Cámara emplazó a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para que se constituyan y empiecen a debatir el cambio en el sistema electoral dentro de un período determinado. La moción fue aprobada por 132 votos contra 114.

Posteriormente, la Cámara baja le dio media sanción a la norma que representa un alivio fiscal para la construcción con 172 votos afirmativos; 20 negativos y 45 abstenciones.

El proyecto, de autoría del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, establece una prórroga sobre los plazos de la ley que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios.

Como miembro informante del proyecto, la diputada Mónica Litza, del Frente de Todos, explicó que se propone restablecer la ley 27.613 en los alcances de la normalización de tenencias de moneda nacional y extranjera para la inversión pública.
Litza destacó también “la importancia que tiene la construcción en el impulso de la economía, actúa a modo de una gran locomotora que impulsa a otros sectores de la economía”.

Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri, del PRO, consideró que “en un país con alto nivel de pobreza, no podemos no encontrar herramientas que logren revertir esa situación”.

“Nos pareció muy importante poder dar una prórroga para dar una respuesta, entendiendo la necesidad urgente de reactivar el sector”, alegó. Al mismo tiempo, consideró que “la clase media y las personas vulnerables necesitan tener una oportunidad de empleo y necesitamos aumentar la oferta de viviendas”.

Ritondo, como autor del proyecto, explicó que “este es el resultado de un trabajo hecho con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la Cámara Argentina de Desarrolladores”. “Decidimos avalar esa propuesta productiva para el sector de la construcción”, explicó.
El bloque Evolución Radical adelantó que se abstendría, mientras que Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, rechazó la norma y criticó que “se premia a quienes evadieron”.
Por otra parte, Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana – VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis – TBC – y las Infecciones de Transmisión Sexual – UTS – y plantea la derogación de la Ley 23.798.

El proyecto obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos y será girado al Senado. La norma busca un abordaje integral que brinde contención e información para terminar con la discriminación y los prejuicios que acarrea la enfermedad. Fue respaldada por organizaciones de la sociedad civil que se hicieron presentes en los palcos del recinto.

Como miembro informante, la diputada Mónica Fein (Socialista) sostuvo que “el VIH es una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre estuvo en el debate público y que se ha llevado más de 36 millones de vidas”.

“Esta ley es una herramienta que viene a dar una mirada integral para avanzar en el camino de reducir la desigualdad, terminar con la estigmatización y hostigamiento, y salvar vidas”. subrayó.

Como autora del proyecto, la diputada Ana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, remarcó que “esta ley, que salva vidas, viene a proponer un paradigma distinto, con un enfoque de derechos humanos y un abordaje social integral del VIH”. “Es una enfermedad que ha generado estigma y discriminación, pero con esta norma venimos a traer dignidad”, señaló.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se manifestó a favor diciendo que “acompaño esta ley en general y en particular porque en lo más profundo de mi convicción tengo la esperanza personal y colectiva de que nos merecemos que exista ese día que llegue la cura”.

El proyecto establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Por último, también se sancionó el proyecto por la cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. Fue por 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones.

Como miembro informante, la diputada Mara Brawer (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal: “Se usa toda la planta, más de 25 mil productos están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”.

Luego explicó el rol de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) que se creará con la ley. “La Agencia va a regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva y articular con otros organismos del Estado”, aseveró.

El diputado Ricardo Buryaile (UCR) dijo que “la sociedad nos pide empatía, no estamos en presencia del mejor proyecto, pero es un paso adelante, estamos apostando a la salud pública, a miles de personas que le vamos a mejorar la calidad de vida”. “El objetivo específico es el marco regulatorio comprendiendo todas las etapas de la producción, de ninguna manera estamos contemplando el uso recreativo”, aclaró.

La norma crea el marco normativo para la producción, comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo el desarrollo de la cadena productiva sectorial.