Además, la vicepresidenta apuntó contra la oposición y el Gobierno de la Ciudad por la represión frente a su domicilio de Recoleta.

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en el Congreso de la Nación con todo el bloque parlamentario del Frente de Todos que pronunció su respaldo luego de la represión que ordenó el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta el último sábado frente a su domicilio de Recoleta y el pedido de la Fiscalía del juicio denominado “Vialidad”, que pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Sobre la jornada en donde la Policía de la Ciudad reprimió a la militancia, Cristina dijo que “ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo, fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio”, sentenció.

Más adelante, en relación al ataque que sufrió Máximo Kirchner por parte de efectivos de la policía de Larreta que lo golpearon e insultaron, reconoció que “cuando hablé esa noche yo no sabía lo que había pasado con Máximo, no sabía. Cuando llegó a casa, llegó a casa colorado y no me contó nada, pero nada me contó. Nada”, aseguró Cristina.

En respuesta, Cristina contó que Máximo le dijo, “Lo que me pasó a mí le pasó a compañeros, a compañeras, a gente que ni siquiera es militante. A gente que fue suelta”, reveló la vicepresidenta.

En otro fragmento, la presidenta del Senado planteó que le “preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones”, en dirección a los cruces entre Patricia Bullrich y el oficialismo porteño por el operativo frente a su domicilio.

“Escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales y que las tiene desde la política, decir: “no importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad.” Que es precisamente la misma persona que integraba el grupo que le hizo firmar al presidente De La Rua el decreto de estado de sitio que terminó con 40 muertos y un gobierno inconcluso”, lanzó.

En el mismo tono, agregó: “No es que me ponga nerviosa ni es que me ponga miedosa. Simplemente me da un ejercicio de responsabilidad muy grande porque no tenemos gente racional frente a nosotros”, advirtió.

“Uno puede estar en las antípodas de pensamiento, de la concepción de gobierno, de la ideología, de todo. Lo que no puede, por lo menos a mí me cuesta mucho, es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política”, sentenció Cristina.

La reunión, que duró alrededor de una hora, se llevó a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo, al que acudió la casi totalidad de los miembros de las bancadas de ambas Cámaras.

El encuentro comenzó oficialmente a las 17.30, cuando ingresó la vicepresidenta, quien se sentó a la mesa principal flanqueada por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y por los jefes de los bloques de Diputados, Germán Martínez, y del Senado, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

La reunión, pedida por la bancada de Diputados del Frente de Todos (FdT), se realizó a puertas cerradas y cada legislador debió dejar su celular en la puerta del Salón Provincias. Pero más tarde, la Vicepresidenta publicó en su cuenta de Twitter un video con su intervención en la reunión.

Además de las autoridades de los bloques, por Diputados estuvieron Gioja, Luis Cleri, Gisella Marziotta, Daniel Arroyo, Penacca, Eduardo Valdés, Julio Pereyra, Daniel Gollan, Carlos Heller y Germán Martínez, entre otros.

Por el Senado asistieron Yedlin, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Mariano Recalde, Edgardo Kueider, Ana María Ianni, José Neder, María Eugenia Duré, Guillermo Snopek y Carlos Linares, además del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, entre otros.

La legisladora bonaerense del FDT, Susana González, cuestionó el accionar de la fuerza de seguridad a cargo de Horacio Larreta. “”El sábado le hablaron a su público” apuntó.

La diputada provincial del Frente de Todos y presidenta del Frente Grande bonaerense, Susana González, contó la represión que sufrió el sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con AM750, la legisladora afirmó que era “muy selectiva” la elección de a quiénes golpeaban. “Yo tenía un chaleco que decía Secco (por el Intendente de Ensenada, Mario) y creo que por eso fue la saña con la que se condujeron hacia mí”, dijo.

En este sentido, recordó que cuando el camión hidrante comenzó a tirar agua se fue a resguardar con unas compañeras a un edificio, y allí comenzaron a tirar gases que la dejaron “ciega”. Fue en ese momento, asegura, en el que sintió “el primer trompazo en el riñón”.

“Luego me dieron otro, y cuando me di vuelta les decía ‘no estoy haciendo nada, no me peguen’. Me empezaron a dar y me protegí con el antebrazo, la cabeza y lo único que me decían era ‘salí, gorda hija de puta’. Me arrastraron hasta la calle y me rescataron compañeros, si no también hubiera terminado en el piso”, relató.

“Yo fui secretaria de Seguridad en mi ciudad (Ensenada) por 9 años. He presenciado operativos policiales por doquier. Lo que nunca ha habido es un efectivo policial que actuara como barrabrava”, remarcó.

Y agregó: “Buenos Aires se ha transformado en la ciudad de la furia, donde el ejercicio del monopolio de la fuerza, que encabeza solamente la fuerza de seguridad, se ha transformado en una ejecución de gurkas”.

Asimismo, señaló que a Juntos por el Cambio no le interesa ya “disimular” su accionar, y que el sábado le “hablaron a su público”. “Al que opina distinto a ellos hay que aislarlos, y si es peronista o kirchnerista, eliminarlos”, concluyó.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, sancionó a la alianza por no haber podido acreditar debidamente el destino para el que fueron utilizados los fondos estatales.

Este martes, la justicia electoral de La Plata desaprobó la rendición de gastos que realizó el partido Avanza Libertad por la impresión de boletas para las elecciones de 2021.

A través de una resolución, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla dispuso desaprobar la rendición de gastos que hicieron el Partido Demócrata, Unión del Centro Democrático y Dignidad Popular por la adquisición de boletas y demás gastos de campaña para los últimos comicios legislativos.

De acuerdo a los voceros judiciales, el Estado le otorgó a los libertarios unos 18 millones de pesos para las boletas electorales, pero sus propios responsables económicos y apoderados denunciaron irregularidades en torno a la impresión.

Es que durante una audiencia llevada a cabo el 20 de octubre del año pasado en los tribunales platenses ante ese magistrado, los apoderados de Unión del Centro Democrático y del Partido Demócrata denunciaron a su par de Dignidad Popular dado que las facturas para la impresión de las boletas estaban firmadas por un remisero que nada tenía que ver con el negocio de la imprenta.

Así, se sancionó a la alianza Avanza Libertad por no haber podido acreditar debidamente el destino para el que fueron utilizados los aportes estatales en la presentación del informe final de campaña de la elección primaria.

Ahora, la justicia penal podría investigar posibles delitos de acción pública, como malversación de fondos públicos si se comprueba que se emitieron facturas apócrifas.

Será un pago extraordinario en las asignaciones familiares de $20.000 por hijo para grupos familiares  con ingresos que no superen los $131.208. Alcanza a más de un millón de trabajadores.

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que no quiere “a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza”, en el marco del anuncio del refuerzo de $20.000 para los hijos e hijas de los asalariados con menores ingresos, que abarca a alrededor de 1,1 millón de familias.

Massa formuló el anuncio junto a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, durante un acto que se llevó a cabo en el Centro de Servicios Metalúrgicos Ferrosider en la localidad bonaerense de Escobar.

“Queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza, esta decisión de reforzar y llevar a 20 mil pesos las asignaciones familiares de los trabajadores de ingresos más bajos, un millón en todo el país, tiene por objetivo recuperar el ingreso de los trabajadores, protegiendo y cuidando el orden fiscal”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

La apertura del evento estuvo a cargo de Raverta, quien brindó detalles de los alcances de la nueva medida que beneficiará a más de un millón de trabajadores trabajadores que, en promedio, tienen 2 hijos por familia.

En línea con nuestra política de refuerzos para trabajadores tramo 1 (menores ingresos) tomamos la decisión de reconocer el esfuerzo otorgando un monto de $20.000 por hijo e hija, beneficiando a 1.100.000 de trabajadores y trabajadoras”, señaló Raverta.

Con el refuerzo en la asignación familiar de cada familia, Raverta proyectó que ingresarán “$40.0000” a cada núcleo familiar, contemplando el promedio mencionado.

“Queremos recuperar los casi 20 puntos de pérdida en el poder adquisitivo que se produjo durante los últimos dos años del gobierno anterior porque aspiramos a que las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras vivan un poco mejor todos los días”, agregó al directora de la Anses.

Raverta, que instó al sector privado a “acompañar” la medida, remarcó que el Estado debe tener una mirada integradora, lejos de los actos de “violencia y hostigamiento”.

Los números del refuerzo en la asignación por hijo

Con este aumento, una familia tipo se encontrará por encima de la línea de pobreza, creciendo en un 120% las asignaciones con respecto a diciembre de 2019, remarcó la Anses a través de un comunicado.

La Anses había anunciado este lunes los nuevos valores de las asignaciones familiares por nacimiento ($ 9.875), adopción ($ 59.058) y por matrimonio ($ 14.788) para ingresos de grupos familiares de hasta $ 316.731 en los tres casos.

A través de un decreto, que entrará en vigencia el 1 de octubre, el Estado buscará transformar de manera gradual los planes sociales en puestos de trabajo.

Con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y los ministros Sergio Massa (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social), el Gobierno Nacional oficializó este martes mediante la publicación en el Boletín Oficial la creación del programa Puente al Empleo.

Esta iniciativa, que contiene veinte artículos, entrará en vigencia el primero de octubre y tiene como objetivo transformar los planes sociales y educativos en puestos de trabajo registrado.

El decreto 551/2022 invita a provincias y municipios a adherir o a dictar medidas de tenor similar para compatibilizar los programas sociales con trabajo de calidad.

De esta manera, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses. Mientras se desarrolle la relación laboral, el empleador deberá considerar la asignación a cuenta del pago del salario.

Según se explica en el documento, producida la discontinuidad del contrato de trabajo, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan los programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses.

En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y 12 meses, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

Para las relaciones laborales que se inicien en el Programa Puente al Empleo, la reducción de las contribuciones patronales será del 100%.

El funcionario porteño alabó en forma victoriosa el secuestro de parrillas de distintas fuerzas políticas.

Jorge Macri dijo este lunes, en el programa Desde el Llano, que conduce Juaquín Morales Solá, que se logró desbaratar a varias organizaciones que vendían pollo a la parrilla en el barrio porteño de Recoleta, en las adyacencias de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Macri celebró el operativo policial dedicado a la persecución de los parrilleros, y comentó que los parripollos secuestrados pertenecían a fuerzas políticas adherentes al kirchnerismo.

“Hoy secuestramos 6 parripollos que iban camino a hacer sus pollos a la parrilla ahí en el barrio. Y los secuestramos y los incautamos“, explicó Macri.

En ese sentido, el Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo en tono victorioso: “Venían las organizaciones con sus parripollos, a armar sus puestos de venta de pollos ahí, y los frenamos”.

Fuertísimas declaraciones del juez Daniel Erbetta.

La vicepresidenta Cristina Kirchner difundió este lunes un video en el que el juez de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta critica el accionar del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu en la causa Vialidad. Se trata de un fragmento de la entrevista que el magistrado brindó a un medio local y en la que aseguró que no existe “debido proceso” y que “la actuación de este tribunal deja mucho que desear”. Ahora confirmó sus dichos en una entrevista radial.

En diálogo con AM750, Erbetta amplió sus críticas contra el proceso judicial que enfrenta la vicepresidenta. “Como profesor de Derecho y como juez de un tribunal superior me llena un poco de preocupación porque se enmarca en una serie de situaciones que involucran a la Justicia federal y que me parece que los ciudadanos argentinos no debemos permitir que se naturalicen”, aseguró.

Y agregó: “Yo solo hablo por lo que he visto por televisión y lo que he podido enterarme a través de lo que dejan traslucir los medios de prensa. Y todo me permite poner una señal de alerta, porque si queremos construir una democracia fuerte y si queremos vivir en un Estado de derecho hay que respetar las reglas de juego, no importa quién sea el que esté del otro lado”, afirmó.

“Y en este proceso lo que uno puede visualizar es que hay situaciones que, espero, el tribunal pueda corregirlas al momento del fallo, porque no son las más adecuadas. Y uno se siente en la obligación de decirlo: tengo un compromiso con la docencia desde hace más de 35 años, de modo que explicarle a mis alumnos lo que es un debido proceso y que después ellos vean lo que está pasando, bueno, es como para que entren un poco en algún tipo de crisis, ¿no?“.

El legislador de la Ciudad fue invitado a la señal de Mauricio Macri para hablar de economía y no pudo hilar una oración. Mirá el video.

Roberto García Moritán, conocido por ser el marido de la modelo Pampita, fue protagonista de un momento muy confuso al aire. Invitado a la señal macrista LN+, quiso dar su postura sobre invertir en Argentina en el marco de una economía informal, y terminó diciendo cualquier cosa.

“Nadie quiere invertir en Argentina”, aseguró García Moritán en “El diario de Leuco” ante la mirada atenta de Alfredo Leuco, Débora Plager y Marina Calabró.

“Y mucho menos en lugares donde no tenés ningún tipo de seguridad jurídica”, justificó el Legislador porteño por Republicanos Unidos.

Indicó entonces que “la ventaja de las economías informales es la informalidad, justamente”.

Sin embargo, cuando intentó explayarse en su explicación, tuvo un pequeño traspié que confundió a los televidentes: “Si vas a invertir en blanco, a generar trabajo en blanco, a mejorar infraestructuras… Me parece que hay una conciencia de generar…. Este… Eh… El Frente de Todos viene demostrando…”.

Se busca identificar unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, enterrados durante la última dictadura cívico-militar.

La Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud bonaerenses firmarán un convenio para que los hospitales públicos provinciales tomen muestras de sangre a familiares de desaparecidos de la última dictadura militar, para su análisis y comparación con unos 600 restos óseos hallados en fosas comunes e individuales que datan de esa época y aún falta identificar.

La iniciativa se enmarca en los actos por el Día de las y los detenidos desaparecidos que se conmemora este martes 30 de agosto. La rúbrica del convenio se llevará a cabo en el Auditorio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.

En ese acto se firmará el Convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para la toma de muestras de sangre de familiares de víctimas del terrorismo de Estado en los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo es impulsado en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID), que desde su creación en 2007 logró identificar 521 restos, de los cuales 304 fueron hallados en la provincia de Buenos Aires.

Según precisó la Subsecretaría, con la firma del convenio se institucionaliza la toma que ya comenzó a realizarse en 19 hospitales públicos y que permitió recolectar 80 muestras.

“Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, tenés derecho a saber si su cuerpo fue hallado. Aún quedan 600 restos NN. Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo”, expresa la convocatoria lanzada desde la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Matías Moreno.

Unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, enterrados allí durante la última dictadura, no pudieron ser identificados por la falta de perfiles genéticos para cotejar el ADN.

Se trata de cuerpos esqueletizados de ambos sexos que presentan lesiones traumáticas y fueron enterrados como NN en los cementerios de Avellaneda, Lomas de Zamora, La Plata y La Matanza.

El jefe de Gobierno porteño confirmó que además recusarán al magistrado e insistió en estar “orgulloso” de la Policía.

Tras la decisión del juez Roberto Gallardo, con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, que había ordenado que la seguridad en la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, esté a cargo de fuerzas federales y no de la policía porteña, el Gobierno liderado por Horacio Rodríguez Larreta apeló la medida judicial.

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparo presentados durante el fin de semana por dirigentes del Frente de Todos,

Durante una visita que realizó esta mañana al Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, Larreta dijo: “Ayer vimos cómo un juez, que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta de forma muy confusa que liberemos la calle”.

En cuanto al fallo del juez Gallardo indicó que ya fue apelado y que el magistrado será recusado: “Nadie nos puede obligar a no ejercer nuestras obligaciones”.