La reunión informativa se dio en el marco de la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la diputada nacional del Frente de Todos Marisa Uceda. También, brindaron testimonios especialistas en la temática.

Al inicio de la reunión, Fernanda Raverta, directora Ejecutiva de la ANSES, afirmó que “queremos seguir manteniendo el nivel del alcance de las jubilaciones”. Para lograrlo, aclaró que “no pedimos que alguien vote en contra de sus ideas, sino que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto”. Al respecto, subrayó que “una ley que entendemos como gobierno que es imprescindible para que 800 mil personas en Argentina puedan acceder a una jubilación durante este año”.

“No es una necesidad que le viene bien al gobierno o a la ANSES, es algo que les viene bien a los argentinos”, remarcó Raverta y en ese sentido explicó que “hay una sola mujer de cada diez que tiene treinta años de aporte”. En tanto, pidió conservar la capacidad de contar con un plan de pagos y saldar la deuda previsional, generando ingresos, que crezca la recaudación, lo que significa mejores jubilaciones. “Destruir es un instante, construir y reconstruir es mucho tiempo y esfuerzo”, finalizó.

En representación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Sandra Zapatero, secretaria de Previsión Social y Seguridad Social, expresó preocupación por “la dilación en el tratamiento del proyecto”. También, instó a que esta reparación “justa, necesaria y urgente” sea acompañada por “la participación de la riqueza nacional”.

Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, destacó que “el 70% de las personas se pueden jubilar gracias a las moratorias”. “Es importante una moratoria previsional, pero es insuficiente, ya que hay un problema más grave que es el desfinanciamiento y un mercado laboral cada vez más fragmentado”, señaló.

En la continuidad, Silvana Capece, titular de la comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA), relastó que “tenemos un bache jurídico fáctico en el cual hombres y mujeres que han llegado a la edad jubilatoria no van a poder acceder”. Es importante que este proyecto se debata y salga. Es obligación del Estado que esto suceda. Les pedimos que articulen las medidas necesarias para el debido contralor de las obligaciones previsionales.

Micaela Bracco, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), solicitó a los legisladores “se hagan cargo del derecho, deber y el privilegio de legislar y otorgar estos derechos que fueron conculcados por razones involuntarias de las personas que se fueron perjudicadas por ello”. Asimismo, Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente – UBA, se manifestó a favor de una aprobación en general del proyecto, pero aclarando que apoyan la iniciativa de Romina Del Plá, de moratoria sin compra de años.

Cabe recordar, que el proyecto cuenta con media sanción del Senado y, además, obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en noviembre del 2022. La norma tiene como objetivo regularizar el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones.

Se debe a los incrementos en las tarifas de energía y combustible.

Numerosos centros de panaderos de la provincia de Buenos Aires informaron que a partir del lunes 6 de febrero aumentarán un 6 % los precios del pan y de los productos panificados que comercializan.

“Lamentablemente no nos queda otra alternativa, ante los reiterados aumentos que venimos sufriendo en las tarifas de energía, combustibles y materias primas”, explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de la localidad bonaerense de Merlo.

En este sentido, afirmó: “Tuvimos que tomar esta determinación para seguir cuidando nuestra industria, nuestras pymes y la fuente de trabajo de los panaderos”.

Pinto realizó “un llamado a los sectores empresarios y las autoridades del gobierno para que frenen los incrementos”, y advorttió que “las subas de precios significan restricciones y bajas en el consumo y eso, en el corto y mediano plazo, significa cierres de panaderías y despidos de personal, algo que queremos evitar”.

Tal como informaron los centros de panaderos, los principales aumentos que sufrieron en el último tiempo corresponden a las tarifas de electricidad y gas, además de los combustibles.

Con el incremento de precios anunciado, el precio sugerido del kilo de pan rondará desde el lunes entre los 460 y 480 pesos .

Algunos de los centros de panaderos que adoptaron la medida, además del mencionado de Merlo, son los de Quilmes, Florencio Varela, Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz, Las Heras, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate , entre otros.

El bloque de esa fuerza opositora mantiene su decisión de no dar quórum en las sesiones extraordinarias.

Luego de que la Justicia declarara culpables a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, por la muerte del niño Lucio Dupuy, el futuro de la ley Lucio continúa en duda a causa de la decisión del bloque de Juntos por el Cambio de no dar quorum mientras continúe la iniciativa del oficialismo del juicio político contra la Corte Suprema.

La ley Lucio, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está inscripta desde hace una semana en el temario de las sesiones extraordinarias del Senado nacional y el oficialismo pretende sancionar la normativa el próximo 24 de febrero.

Sin embargo, el tratamiento de la ley Lucio en la Cámara alta avizora dos obstáculos: la falta de esquema definido de trabajo en las comisiones y la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum, pese a que sus senadores dejaron entrever que apoyan la normativa.

Con la iniciativa encabezada por el presidente Alberto Fernández de someter a juicio político a la Corte Suprema, la oposición afirmó que no dará quorum en ninguna de las sesiones extraordinarias mientras dure la embestida contra el máximo tribunal.

Ante este escenario, el futuro de la ley Lucio dependería de que el Frente de Todos reúna quorum junto a sus aliados provinciales, o bien que el bloque de Juntos por el Cambio abra un paréntesis en la decisión tomada.

Por su parte, el diputado y uno de los autores del proyecto, Martín Maquieyra, sostuvo que la ley Lucio debería ser una excepción a la decisión tomada por la coalición opositora. “Esto va más allá de cualquier otra cuestión, necesitamos urgente el tratamiento de esta ley”, remarcó.

Cabe destacar que, el proyecto que lleva la firma del legislador Maquieyra (Pro) y las diputadas Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (Frente de Todos) fue aprobado en Diputados el 9 de noviembre de 2022, con 228 votos a favor y 28 ausentes.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto de “Ley Lucio” en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinariasdel Senado. La agenda incluye en total 28 proyectos de ley, pero solo registró avances significativos el debate de la Comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, se presentó ante la justicia para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se niega a investigar qué paso durante el atentado contra la vicepresidenta. El hecho más grave de la democracia reciente todavía no fue aclarado.

“La señora jueza no es investigadora, no era docente, tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires que le facilita 75 mil pesos por mes por no hacer nada”, aseguró Ubeira en la audiencia.

“De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (…) es totalmente incompatible con la función judicial”, advirtieron.

“El ISSP es un aguantadero o una caja política (…) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes”, agregaron.

La situación es increíble: la jueza que debe investigar quién atentó contra Cristina trabaja para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando los magistrados tienen prohibido tener otros trabajos. Entre las cuestiones que se le señalan a Capuchetti está que no investigó los posibles nexos entre quien disparó contra CFK y empresarios macristas – la familia de Nicolás Caputo le pagó millones de pesos.

Mafias judiciales.

La prestigiosa dirigente de derechos humanos Nora Cortiñas habló ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se evalúa la situación de los 4 jueces de la Corte Suprema. “El juicio político llega muy tarde. Estos jueces ya han hecho mucho daño”, dijo la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

“No solo beneficiaron a los grupos económicos y mediáticos, sino también a los genocidas de la última dictadura”, aseguró Cortiñas, que recordó el 2×1 que la Corte intento aplicar para beneficiar a genocidas.

Además, Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte, protegió cuando era intendente de Santa Fe al torturador Eduardo Ramos. En la Comisión, Patricia Isasa, víctima de Ramos, recordó que advirtió a Rosatti sobre quién era el represor que trabajaba en la secretaria de Cultura durante su gestión. Le mostró pruebas y compartió testimonios de víctimas. Rosatti no hizo nada y protegió al represor.

Macrismo.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, comparó el discurso del diputado nacional Javier Milei con el del Adolf Hitler, el brutal dictador alemán. No es la primera vez que desde el radicalismo cruzan al líder de la ultraderecha argentina.

“Hay una situación que comprendo, el otro límite es la antipolítica. Hitler también decía ”el Gobierno alemán nos ha quitado la libertad, seamos libres, voy a resolver la inflación de un plumazo, hay que terminar con la casta política'”, aseguró Morales en referencia a Milei.

¿Qué dirán los halcones de Juntos por el Cambio? Mauricio Macri, Patricia Bullrich y hasta María Eugenia Vidal buscan hacer un acuerdo con Milei de cara a las próximas elecciones. ¿Se sentirán cómodos al lado de un dirigente que copia el discurso de Hitler?

Mafias judiciales.

En el marco de la comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la ex detenida-desaparecida Patricia Isasa acusó a Horacio Rosatti de haber protegido al represor que la torturó durante la última dictadura. Brutal.

Según relató Isasa en la comisión que comanda la diputada Carolina Gaillard, en su época como intendente de la ciudad de Santa Fé (1995-1999), el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti encubrió a su torturador que trabajaba como empleado municipal.

Patricia Isasa tenía apenas 16 años cuando en 1976, al inicio de la última Dictadura cívico-militar, fue detenida, torturada y violada en la ciudad de Santa Fé, vejaciones en las que participó Eduardo Alberto Ramos.

“Todo el mundo me decía que era el matón de Rosatti, que era el intendente de la ciudad de Santa Fe. Vos podés ser el intendente pero podés no saber quiénes son tus empleados. Y aunque los conozcas, por ahí no conocés el currículum de tus empelados. Me pareció que lo que correspondía era entrevistarse con él y decirle realmente quién era Ramos”, recordó Isasa.

Entonces, contó que fue a verlo en 1998 a Rosatti para exponer la participación como torturador de Eduardo Ramos, empleado municipal de la ciudad de Santa Fé, pero el intendente hizo caso omiso al prontuario criminal de éste y lo mantuvo en funciones.

Isasa le había contado además al intendente Rosatti que Ramos, además de ser el “amo y señor” de la represión en la comisaría donde ella estuvo privada de la libertad, también lideraba una banda delictiva paralela con la que salía a robar.

“Lo detienen a Eduardo Alberto Ramos a fines de 1977. Trabaja en la represión en el 76 completo y 77 hasta fines de noviembre de 1977. Ahí es detenido por hechos comunes: privación ilegal de la libertad, robos reiterados y abusos. Es condenado por estos hechos a 16 años de prisión. Se lo muestro a Rosatti. También tenía causas por corrupción de menores. Si lo comparamos con Robledo pucho, este es un bebé de pecho”, expresó.

“Además de esto, es la persona que me secuestró, que entró a mi casa a cara descubierta, que nos torturó. No le conté (a Rosatti) lo de la violación porque me costó décadas hablar de esto”, continuó.

Con la exposición de los autores de los 11 expedientes que plantean cuestionamientos a los miembros del máximo tribunal de Justicia, se llevó a cabo la segunda reunión informativa de la Comisión de Juicio Político, presidida por la diputada Carolina Gaillard (FdT)

En el marco de la Comisión, legisladoras y legisladores, así como también organizaciones de la sociedad civil, y particulares, expusieron los lineamientos principales de sus respectivos proyectos, vinculados a los de pedidos de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema.

En primer lugar, la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) se refirió al proyecto de su autoría, y en ese sentido, aseguró: “Ricardo Lorenzetti no cumple con las condiciones para permanecer como Juez de la Corte”. “El juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, se fundamenta en su mal desempeño, su falta de idoneidad moral, y por eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, argumentó.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López indicó que su iniciativa “es una ampliación del proyecto de su preopinante”, y cuestionó “el poder de influencia de Lorenzetti sobre los distintos actores para que se sancione la Ley del Consejo de la Magistratura”.

A su turno, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, detalló la norma presentada: “Solicitamos que se promueva el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en el mal desempeño”. “El propósito de este pedido no es el castigo sino la protección de los intereses públicos”, enfatizó.

Sobre el mismo proyecto y como firmante del mismo, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, aseguró: “Los jueces de esta Corte ya han hecho mucho daño, por eso este juicio es imprescindible”.

En tanto, el diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos) indicó que, su proyecto, se basa en “un pedido de Juicio Político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rossati, y a los jueces integrantes del Máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por la causal de mal desempeño”.

“El juicio es la única herramienta que la democracia le da al Congreso en caso de mal desempeño de los jueces de la Corte”, detalló, al tiempo que aclaró: “El mal desempeño es contra el federalismo y contra los derechos humanos”. “La denuncia es por irregularidades en la gestión de la obra social de la Corte, por abuso de autoridad, y por tráfico de influencias, entre otros fundamentos”, enumeró.

Según explicó el legislador, “esta iniciativa está en concordancia con lo expresado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a doce Gobernadores y Gobernadoras de las provincias argentinas”.

En el mismo sentido, la oficialista María Rosa Martínez manifestó: “Nuestro proyecto se basa en el pedido de juicio contra los cuatros Jueces de la Corte por mal desempeño y por malversación de fondos”.

Además, el presidente de la Asociación civil por la exigibilidad de los derechos sociales, Federico Méndez, se refirió a su pedido de Juicio contra Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño; mientras que Patricia Isasa, sobreviviente de la dictadura militar, se refirió a su denuncia contra Horacio Rosatti por mal desempeño”.

Por su parte, Pablo Llonto, periodista y abogado defensor de los Derechos Humanos, expresó que “Nuestra presentación es por el respeto a la lucha del pueblo Argentino por la memoria, verdad y justicia. “El hecho es que esperamos hasta el 22 de enero si Horacio Rosatti convocaba a la comisión interpoderes, creada frente al enorme problema para reanudar y acelerar causas de lesa humanidad y que era imposible que avanzaran”.  “No sesionó y no fue convocada jamás. El presidente de la Corte Rosatti cometió uno de los hechos más graves porque el mensaje con ese silencio es un mensaje que llega a todos los jueces”.

Así lo manifestó el mandatario bonaerense, quien luego aclaró que por el momento no se trata de “definir candidaturas”.

“Lo nuestro no es definir candidaturas, sino solucionar los problemas y mejorar las condiciones de vida de los y las bonaerenses”, dijo Kicillof. “Cuando me preguntan por mi candidatura digo que hoy soy el gobernador, lo seré casi por un año más, y que tengo planes, proyectos y ganas de gobernar la provincia de Buenos Aires.”

El mandatario bonaerense había dicho anteayer, en un acto que encabezó en Monte Hermoso, que la “arquitectura electoral del Frente de Todos” (FdT) aún no está definida. Pero todos saben que él es número puesto para la lista en la Provincia. Así lo viene informando diario Hoy, dando cuenta de las figuras que salen a apoyar y hasta reclamar que sea candidato a gobernar Buenos Aires por cuatro años más.

El último que salió a definir a Kicillof como “el candidato natural” fue el ministro provincial de Trabajo, Walter Correa (ver nota aparte en esta misma página).

Si bien Kicillof se resiste a explicitar que será candidato, hace tiempo que trabaja para su continuidad en el sillón de Dardo Rocha. Lanzó, por ejemplo, el Programa 6×6, que comprende una serie de acciones para mejorar la Provincia en un lapso de seis años, de los cuales los dos primeros son los dos últimos de su actual mandato y los cuatro restantes serían los del próximo período, si resulta reelecto.

Muchos intendentes del Interior bonaerense ya salieron a bancar una estrategia reeleccionista del gobernador, entre ellos el de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien ayer reiteró su apoyo a esa idea. En los últimos días, además, se sumó la agrupación La Juan Domingo, que nuclea a exintendentes y exlegisladores, algunos de los cuales tuvieron importantes cargos en el Ejecutivo provincial.

Esta semana, además, se difundió una encuesta que le da a Kicillof la ventaja sobre cualquiera de los candidatos que se le enfrenten desde la coalición opositora Juntos, ya sea con Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o sin ellas. En todos los escenarios, la diferencia a favor del actual mandatario es notable.

Según el sondeo, efectuado por la consultora Proyección, el gobernador le ganaría por 13 puntos y medio a Diego Santilli si las PASO fueran hoy; y por 12 puntos si se tratara de la elección general. En tanto, a Cristian Ritondo lo superaría por más de 22 puntos porcentuales.

En otro momento se pensó en Kicillof como una buena apuesta del FdT para la elección nacional (es decir, como candidato a presidente de la Nación), pero los inmejorables números que registra en la Provincia, que es, además, el distrito electoral con más peso en el país, hicieron que el peronismo se alineara rápidamente con la idea de que vaya por la reelección.

Además, desde Economía no descartaron la inclusión de “50 o 60 empresas más” a las casi 500 que ya comprometieron su participación.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará este viernes la ampliación del programa Precios Justos hasta junio próximo, con una pauta promedio de aumento mensual del 3,2% para 49.832 productos elaborados por un total de 482 empresas.

El acto central se llevará a cabo a partir de las 11.30 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con la presencia, además de Massa, del secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el presidente de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, entre otros funcionarios y empresarios.

En el Gobierno hacen hincapié en que se trata de un “acuerdo voluntario” entre las partes, algo que se ve favorecido porque los empresarios perciben que hay algunos argumentos de política económica que se están “cumpliendo”, informó la Agencia Télam.

En este contexto, no descartan incluso que este viernes se “sumen 50 o 60 empresas más” a las casi 500 que ya comprometieron su participación, particularmente “en el rubro textil, que por estas horas lleva adelante reuniones para alinearse en el programa Precios Justos.

Los detalles de la nueva etapa

Este relanzamiento del programa adelanta a febrero los lineamientos centrales del acuerdo anunciado en noviembre del año pasado, que en principio se iba a extender hasta marzo, en el que se estipulaba un promedio de aumento mensual del 4% con la participación de 102 empresas.

Esta vez los números son más ambiciosos: el promedio de aumento baja al 3,2% y la cantidad de empresas casi se quintuplica.

La ampliación prevé mantener una canasta de 2.000 productos con precios congelados, que se estima subirán alrededor del 9% respecto a enero, y que serán rotativos de acuerdo a la producción de cada empresa.

“La idea es tener orden y previsibilidad, con el objetivo de enfocarnos en la pauta del 3,2% por encima de otros detalles, atendiendo permanentemente la relación de los macro y los microdatos”, indicaron las fuentes.

Precisamente esta nueva etapa se reforzará con un software desarrollado en conjunto por Arsat y Amazon, que le permitirá a la Secretaría de Comercio llevar adelante un control minucioso de la evolución de los precios y, consecuentemente, del compromiso asumido por las empresas en general.

Tras la experiencia inicial de Precios Justos, en la Secretaría de Comercio consideran que los productos que integran el acuerdo deben ir rotando para evitar el “exceso de demanda”, de manera de poder evitar una suerte de tensión en términos de abastecimiento.

En el Gobierno destacaron la responsabilidad de las empresas para mantener los límites del acuerdo, si bien reconocieron que se percibieron desvíos que en algunos casos fueron justificados debidamente, mientras que en otros casos se procedió a labrar las actas correspondientes.

De hecho, durante el mes de enero se llevaron adelante más de 2.700 inspecciones principalmente en grandes bocas de expendió y se labraron 320 actas.

Respecto a la eventual participación de los sindicatos o movimientos sociales en tareas de control de precios, se aclaró que el “Estado no delega el control absolutamente en nadie”, a excepción de los acuerdos suscriptos con los municipios para fortalecer los controles.

Los detalles del acuerdo voluntario se cerraron en los últimos días y, además de los productos de consumo masivo, se avanzó con otros rubros como calzado deportivo, celulares y pequeños electrodomésticos, indumentaria, textil e insumos difundidos.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión de adelantar los acuerdos se dio luego de una evaluación de las metas fiscales y de acumulación de reservas, al entender que están dadas las condiciones para homogeneizar todos los acuerdos en el marco de un sendero promedio y ampliando la participación de sectores y empresas

De este modo, el objetivo es generar previsibilidad para los próximos meses dado que casi 500 empresas asumen el compromiso de cumplir con un sendero de precios promedio del 3,2% hasta junio próximo.