Fue por delitos de lesa humanidad cometidos por los agentes durante la última dictadura cívico-militar en centros clandestinos de detención.

Cinco exagentes de la ex SIDE fueron procesados con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros de detención conocidos como Orletti, Bacacay y el recientemente identificado Base Pomar.

Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas y entre los acusados se destaca el nombre del exintegrante jerárquico de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado Patricio Miguel Finnen, quien se encuentra detenido desde diciembre pasado.

El fallo de más de 1.200 fojas se produjo en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura, y los hechos atribuidos a los imputados habrían ocurrido entre los años 1976 y 1977.

Los procesados son Finnen, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Luis Nelson González y Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, fallecido unos meses antes de que el juez dispusiera la detención, informaron fuentes del caso.

Los cinco imputados fueron encontrados responsables de la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas y la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación.

Además se les atribuyó la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos.

El juez Rafecas tuvo por acreditado que bajo la autoridad de la ex SIDE funcionaron durante los años 1976 y 1977 tres centros clandestinos de detención, en los cuales se alojaron a 123 víctimas que fueron sometidas sistemáticamente a torturas.

El primero de ellos fue el ubicado en Bacacay 3570 del barrio de Floresta, por donde pasaron al menos 32 víctimas; el segundo, y más importante por el caudal de víctimas y su tiempo de funcionamiento, fue el conocido como Automotores Orletti, ubicado en la misma manzana que el anterior, por donde pasaron al menos 83 víctimas.

En tercer lugar se encuentra el ubicado en Pomar 4171, alquilado por la ex SIDE en el año 1977, donde fueron alojados siete integrantes del Partido Comunista, entre ellos el diputado Juan Carlos Comínguez y el agente de bolsa Pedro Zavalía, llevado luego por la banda lideraba por Aníbal Gordon a la provincia de Córdoba, donde permaneció cautivo.

Si bien la investigación originariamente estuvo centrada en los crímenes cometidos en Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519 de Floresta, nuevos elementos probatorios surgidos durante la investigación permitieron lograr la identificación de los dos centros clandestinos restantes, que funcionaron en forma coordinada con Automotores Orletti, lo que configuró un circuito represivo.

La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar, en los cuales se consignó que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la ex SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon.

La vivienda, que hoy es una casa de familia, conserva aún el pequeño sótano que fue reconocido por las víctimas en la inspección judicial realizada por el juzgado que conduce Rafecas, informaron fuentes judiciales.

En la resolución, el magistrado tuvo por acreditado el alojamiento en Bacacay del senador uruguayo Raúl Zelmar Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Héctor Gutiérrez Ruiz.

Esa reconstrucción se logró a partir del testimonio prestado durante la pandemia por la entonces menor de 4 años Gabriela Schroeder, quien permaneció en el mismo centro de detención junto a su madre Rosario Barredo y William Whitelaw, pareja que el 21 de mayo de 1976 fue hallada asesinada en un automóvil Torino, en jurisdicción de la Comisaría 40 de la Capital Federal, junto a Michelini y Gutiérrez Ruiz.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió hoy a una delegación de senadores de los Estados Unidos con la que dialogó sobre las posibilidades de ampliar la cooperación económica, sobre todo en sectores como energía, proteínas, agroalimentos y minerales críticos.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y la delegación multipartidaria de senadores estuvo liderada por el legislador republicano del Estado de Texas, John Cornyn.

La visita de los integrantes del Capitolio se dio luego de la cumbre de presidentes celebrada la semana pasada en la Casa Blanca, y en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas.

En términos económicos, las partes pusieron en valor la sociedad comercial histórica de ambos países con niveles de intercambio que superaron los US$ 15.000 millones en 2022.

Massa remarcó el interés de Argentina de equilibrar la balanza comercial a partir de ampliar sus exportaciones, señaló el Palacio de Hacienda en una nota de prensa.

Para ello, insistió en que, como punto de partida, es importante resolver dificultades de acceso que presenta el mercado estadounidense en sectores clave para las economías regionales.

El nivel de intercambio bilateral tiene gran potencial de crecimiento, considerando las posibilidades de diversificación e integración en cadenas de valor regionales y globales, remarcó el Ministro.

En la reunión, Massa y los senadores coincidieron en que Argentina y EEUU pueden ser socios globales para abastecer al mundo de recursos estratégicos como energía, proteínas, agroalimentos y minerales críticos.

Tanto Massa como Cornyn destacaron el desarrollo del vínculo bilateral alcanzado durante los últimos años, que incluye no sólo visitas del más alto nivel sino también la firma acuerdos importantes para el fortalecimiento de las relaciones.

Más allá de estos avances, hicieron hincapié en la voluntad de continuar con el trabajo al más alto nivel entre los distintos poderes del Estado para intensificar el intercambio comercial, promover un mayor flujo de inversiones, avanzar con la cooperación científico-tecnológica, educativa y cultural, impulsar acciones conjuntas en materia de lucha contra el cambio climático y desarrollar una agenda común en materia de consolidación de la democracia y la ampliación de derechos.

También coincidieron en el objetivo común de impulsar un diálogo interamericano, en base a la solidaridad continental, la cooperación y la solución pacífica de los conflictos.

La delegación estadounidense se completó con los senadores Jeanne Shaheen (demócrata-Nuevo Hampshire), Michael Lee (republicano-Utah), Debra Fischer (republicana-Nebraska), Michael Crapo (republicano-Idaho), Roger Marshall (republicano-Kansas), Theodore Budd (republicano-California del Norte), quienes integran comisiones clave de la Cámara Alta como Presupuesto, Relaciones Exteriores, Energía y Finanzas, entre otras.

También participaron del encuentro el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, y el Consejero de Asuntos Económicos de Estados Unidos, Ernest Abisellan.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, le pidió a la justicia federal que investigue a los agresores de Sergio Berni.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, formuló a primera hora de esta mañana una presentación ante la justicia nacional para que se esclarezcan los hechos que tuvieron como víctima al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública. Aclaró que, si bien Sergio Berni tomó la decisión personal de no denunciar el ataque, la gravedad institucional de lo sucedido justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento.

La presentación ante la justicia nacional responde a que los hechos tuvieron lugar en la General Paz y la Avenida Juan Manuel de Rosas —ámbito jurisdiccional de CABA— y la calificación jurídica de los hechos excede la competencia de la justicia contravencional porteña.

El ministro de Transporte bonaerense se refirió a uno de los reclamos de los conductores, y afirmó que la Provincia invirtió 2.500 millones en subsidios para que sean colocadas.

Luego de la acalorada protesta motivada por el asesinato del chofer de colectivo Daniel Barrientos, que culminó con una auténtica golpiza de los manifestantes al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, su par de Transporte, Jorge D’onofrio, se refirió a uno de los reclamos de seguridad exigidos.

Al respecto, el funcionario puso de relieve que la ausencia de cámaras en las unidades responde a un “incumplimiento” de las empresas que administran el transporte público, explicando que la gestión de Axel Kicillof giró fondos dirigidos a su instalación.

En las horas posteriores a la impactante agresión contra el titular de la cartera de seguridad, D’onofrio dialogó con Radio10, donde recordó que en el año 2018 se sancionó una ley provincial que “determinaba que las empresas deben colocar las cámaras”, aunque lamentó que eso “no sucedió”.

A continuación, señaló que en 2021 el actual gobernador “firmó un decreto por el cual se le dieron 2.500 millones de pesos en subsidios a las empresas” destinados a la instalación de los dispositivos.

En esa misma línea, detalló: “Seguimos poniendo al día de hoy 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras. Hay más de 2.000 cámaras que todavía no transmiten. Por eso comenzamos a trabajar con empresas y cámaras de transporte”.

Además, indicó que el pasado 4 de enero se intimó a las empresas de transporte público a que pongan en marcha las labores para cumplir con esta medida de seguridad adeudada, solicitando un “plan de contingencia” y detalles sobre “cómo van a invertir”.

En este sentido indicó, además, que ya se trabaja en la colocación de chips que permitan transmisión en directo para “la puesta en marcha del centro de monitoreo tecnológico que ya tiene montado el ministro de Seguridad en Puente 12 para que esas imágenes puedan ser procesadas online”.

Es en este marco que identificó un “incumplimiento por parte de las empresas”, ironizando: “Evidentemente, el Estado está sólo para poner y los empresarios para abrir los brazos y recibir”.

Las declaraciones se dan en medio de un clima de enervación por la situación de inseguridad en general, y entre los conductores de colectivos en particular. Mientras este lunes unas 30 líneas pararon en protesta tras el fallecimiento de Barrientos, en el día de hoy la mayoría retomó sus actividades; pero la línea 620 donde trabajaba la víctima aún sostiene la medida de fuerza.

La idea es avanzar con una nueva norma que regule el precio de las rentas de las moradas.

El gobierno de la Nación pondrá punto final a la Ley de Alquileres. Se tratará así de ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio (y fastidio) tanto a propietarios como inquilinos en todo el país. El dato surge luego de la jornada de las reuniones que encabezó ayer el Presidente en Casa Rosada con una agenda dominada por temas económicos y por las nuevas metas que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.

Según trascendió, luego de la reunión entre el Presidente y el ministro de Economía, hubo varias definiciones. Una de ellas, dejar sin efecto la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020.

Durante la charla Fernández y Massa coincidieron en que la controvertida ley que regula los alquileres se debe cambiar. Aunque aún no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país. Pero está la convicción de que hay que hacerlo.

La decisión estaría definida, algo que desde hace varios meses viene circulando en los pasillos de los despachos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley 27.551, el dato es contundente: desde su puesta en vigencia del 1° de julio de 2020, el aumento de los alquileres alcanzó el 245% en casi tres años.

La inflación galopante, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama que enfrentan tanto propietarios como inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato.

En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.

Según indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.

El presidente de Keymex Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario explicó a ámbito.com que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.

En tanto, estimó que en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.

Es el primero de su tipo desarrollado por la petrolera nacional, que hasta el momento se había focalizado en la generación eólica. Habilitación del ENRE para conectarse al sistema eléctrico.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer hoy la solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente por parte de YPF Luz, que permitirá conectar al sistema eléctrico la primera etapa del Parque Solar Fotovoltaico Zonda I en la provincia de San Juan.

Según lo establecido por la Resolución 340 publicada hoy en el Boletín Oficial, los actores del mercado tienen cinco días hábiles contados a partir de hoy para formular observaciones.

El parque solar es el primero de su tipo desarrollado por la hidrocarburífera nacional YPF a través de su subsidiaria YPF Luz, que hasta el momento se había focalizado en la generación eólica con tres parques ubicados en Chubut, Santa Cruz y en el partido bonaerense de Azul.

La habilitación de hoy permitirá conectar al establecimiento con la red eléctrica mediante una línea de alta tensión de 132 kilovatios (KW) entre las estaciones transformadores Tocota 1 y Bauchaceta, propiedad de Energía Provincial S.E (EPSE).

A partir de esta solicitud, entrará en servicio la primera etapa por un total de 100 megavatios (MW), lo que ampliará la capacidad de generación renovable en un 25% en San Juan.

Con las dos etapas posteriores, de 100 MW cada una, se prevé ampliar la producción a 300 Mw con los que se puede abastecer el consumo eléctrico de 140.000 hogares.

El parque solar generará un ahorro de emisiones equivalente a 360.000 toneladas de dióxido de carbono al año, respecto de una central termoeléctrica equivalente.

Una vez finalizadas las obras –que iniciaron en febrero del año pasado- YPF Luz venderá la energía fotovoltaica generada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater).

La planta ocupará una superficie de 300 hectáreas ubicadas en la localidad de Bella Vista, departamento de Iglesia.

El proyecto, que demanda a la compañía una inversión de U$S 93 millones, posee como novedad que US$ 63,9 millones del total será financiado a través de un bono verde con una tasa del 5% y con vencimiento final a 10 años, en lo que constituirá la primera operación de YPF con este tipo de financiamiento. .

Según afirmó el presidente de la petrolera, Pablo González, y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano en noviembre último la fecha prevista para la puesta en servicio de la primera etapa era marzo.

De no mediar objeciones a la solicitud de acceso y una vez cumplidas las observaciones y requerimos técnicos para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), el ENRE le otorgará la habilitación comercial a YPF Luz, que luego deberá comunicar su puesta en servicio.

Además de las dos etapas remanentes, YPF tiene proyectado el parque solar Tocota, de 200 megavatios y cuyo inicio de construcción está planificada para finales de 2023.

Fuente: periferiaciencia

Avivada por el dólar.

El Ministerio de Economía detectó irregularidades en la liquidación de divisas de empresas exportadoras de bienes por un total de U$S 4 mil millones. Ante esta situación, la cartera que conduce Sergio Massa, impulsará una serie de sanciones contra las firmas incumplidoras.

La normativa vigente obliga a los exportadores a liquidar las divisas ante el Banco Central en plazos que van desde los 15 días desde el permiso de embarque para el caso de la soja hasta los 180 días para las economías regionales. Muchas empresas eluden esta obligación para retener los dólares en el exterior o convertirlos en el mercado financiero a un tipo de cambio más favorable.

Según un documento del Ministerio de Economía, entre las sanciones previstas estaría la posibilidad de suspender la autorización para exportar y acceder al mercado de cambios a aquellas firmas que no cumplan con la obligación de liquidar en el mercado cambiario oficial en el tiempo previsto.

Violencia política opositora.

En línea con el pedido del titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, el juez federal de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó ayer sin prisión preventiva a Javier Martínez, un productor agropecuario y dirigente macrista de Pergamino por el delito de incitación a la violencia pública. Publicó un video en Twitter a fines de agosto pasado donde llamó a “fusilar” a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y a sus seguidores.

El 6 de septiembre de 2022, un miembro de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino denunció en la fiscalía que el imputado publicó en la red social Twitter un video de la manifestación local efectuada el 27 de agosto de 2022 en apoyo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, donde se lo escucha insultando a los presentes y a la dirigente peronista.

“Ahí lo tienen a los negros planeros hijos de mil putas defendiendo a la cara de verga, a la conchuda, la hija de mil putas que hay que fusilarla a ella y todos estos hijos de mil puta también. Son cuatro pelotudos, ya se van a morir todos”, escribió el dirigente macrista.

El ahora procesado es dirigente macrista y fue candidato a concejal por Juntos por el Cambio. Además de integrar la Comisión de la Sociedad Rural de Pergamino y la Cámara de Contratistas de la Provincia de Buenos Aires..

“Sus dichos traslucen una actitud irreverente y de desprecio frente a la ley, todo ello sumado al tono provocador e imperativo de las alocuciones que fueron claramente dirigidas al público presente”, aseguró el juez en su resolución.

El día después de la furia.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló después de lo ocurrido ayer en La Matanza, donde fue golpeado por colectiveros que estaban reclamando por el asesinato de un compañero de trabajo. “Lo que más nos importa en este momento es detener a los autores del asesinato a Daniel Barrientos. Ya hay un detenido“, aseguró.

“Los trabajadores necesitan respuestas y es una obligación como Ministro estar ahí, no me arrepiento de lo que hice ayer”, agregó sobre su presencia en la protesta, que generó incidentes. “La seguridad se gestiona en la calle todos los días, todos hablan pero desde los escritorios”, insistió. Berni fue golpeado por los colectiveros.

Después, Berni contó que la vicepresidenta Cristina fue una de las primeras personas en llamarlo luego del incidente violento: “Cristina fue a llevarle tranquilidad a mi familia y que vamos a salir adelante de la mejor manera, como lo hicimos siempre. Hacía muchísimo tiempo que no hablaba con ella, fue una caricia al alma”, contó.

Sobre el hecho de seguridad en sí, que generó la muerte de un colectivero, el ministro de Seguridad agregó: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el 2021 entregó 2500 millones de pesos para que los dueños de las líneas de los colectivos tengan cámaras”.

Y recordó: “Tenemos el índice más bajo de homicidios de los últimos 25 años y aún así no estamos bien”. “No nos comamos la curva de pensar que los problemas de seguridad de la PBA es por falta de policías sino por falta de compromiso de actores trascendentales para construir seguridad, como la Justicia”, describió. “El fiscal que lleva adelante la investigación apagó el teléfono a las 9 de la noche y no atendió mal. Así es muy difícil avanzar. Eso la gente debe saberlo”, cerró.

Si ganan las elecciones.

El economista que mejor expresa al macrismo es Carlos Melconián. Cada vez más suelto de lengua, Melconian recorre canales de televisión y encuentros de empresarios para contar qué harán desde el 10 de diciembre de 2023 si Juntos por el Cambio llega al gobierno. Recortes generalizados en los programas sociales (jubilaciones y AUH), despidos masivos en el sector público y la privatización de empresas públicos.

El diario La Nación, muy cercano al macrismo describió: “El plan tiene por el momento tres aristas principales. La primera es un shock de desregulaciones en el sector privado. El segundo de los ejes, muy vinculado con el primero, es la estabilidad macroeconómica. La tercera pata será una reforma integral del sector público en la que se buscará primero alinear los precios relativos, mientras en paralelo se avanza con el régimen cambiario y, “después del Plan Aguantar vendrá un plan de shock con horizonte”.

Melconián resume con palabras difíciles un modelo muy conocido, que el macrismo intentó aplicar en su reciente mandato, sobre todo en la segunda parte. Devaluación, despidos, privatización, tarifazos. ¿De ese modo bajaría la inflación? Una devaluación brusca y un tarifazo aumentarían automáticamente todos los precios de la economía, porque la mayoría de los productos tienen partes importadas (que se compran con dólares) y usan energía.

“Es inevitable el reordenamiento macroeconómico previo que prepara el terreno para un plan de estabilización”, insiste Melconián, que ya fue funcionaria macrista y también del menemismo. El no peronismo insiste con recetas que ya fracasaron. ¿Por qué ahora darían otros resultados?

Sin embargo, la pregunta más importante po responder es cómo ese programa de ajuste furioso puede ser implementado sin que los perjudicados se quejen y salgan a la calle a protestar. De eso no se habla. ¿Piensa el macrismo llevar adelante un plan de represión muy fuerte?