En su proyecto de ley ómnibus, Javier Milei incluyó la derogación de un artículo del Régimen Federal Pesquero para permitir que buques vinculados a las ocupadas Islas Malvinas puedan operar en aguas nacionales
Así lo establece el artículo 27 bis de la Ley Nº 24.922que fue incorporado en el año 2008 para impedir que empresas pesqueras que pescan en Malvinas, también lo pudieran hacer en aguas nacionales. Apunta a las firmas que faenan en la ‘zona de exclusión’, ilegalmente establecida por el Gobierno británico alrededor del archipiélago.
Más allá de casos puntuales donde grupos empresarios sortearon la restricción cambiando los nombres de las sociedades, la limitación está vigente, peroel proyecto del gobierno de Javier Milei prevé eliminarlo completamente.
SOBERANÍA: ¡AFUERA!
El ‘27 bis’, hasta ahora en vigor, dice: “El Consejo Federal Pesquero otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la presente ley, a aquellos titulares que manifiesten mediante declaración jurada ante autoridad de aplicación que:
a) No son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente;
b) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 19.550, con personas físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”.
Todas estas restricciones desaparecen de un plumazo con el mega proyecto libertario, y el artículo 27 bis solo dirá: “La pesca de especies no cuotificadas solo necesitaran solicitar una autorización de captura aprobada por Consejo Federal Pesquero”.
El cotitular de la central obrera marcó su postura respecto al momento que vive el país. Además, sostuvo que hasta ahora no hubo ningún contacto con el gobierno.
Luego de que el confederal de la CGT confirmara un plan de lucha con paro nacional incluido, uno de sus titulares defendió la decisión. Se trata de Héctor Daer, quien en conferencia de prensa criticó este jueves el proyecto de la denominada Ley Ómnibus que ingresó al Congreso y el DNU de Javier Milei que entra en vigencia este viernes. “Es una transferencia clara a un sector pequeño de la sociedad que más tiene y más gana“, aseguró Daer en declaraciones periodísticas, donde adelantó la protesta con movilización el próximo 24 de enero.
“No hay ningún contacto con el Gobierno. Nosotros no propusimos esta dinámica. En menos de una semana transforman la Argentina, pero no con una mirada de progreso, nos llevan a la Argentina pastoril“, declaró el titular de Sanidad, quien ya había manifestado que la CGT no tiene diálogo con ningún representante del Ejecutivo.
Durante los cuatro años anteriores jamás hubo un proyecto de ley en contra de los trabajadorxs. @todonoticias
La reunión del Comité Central Confederal de este jueves resolvió un plan de lucha de la central obrera que incluye, entre otras iniciativas, un paro por 12 horas y movilización al Congreso el próximo 24 de enero, avanzar con la presentación judicial contra el DNU, hacer un llamado a plenario de las delegaciones regionales de la CGT y la articulación con otras centrales obreras.
Los jefes comunales fueron a la Justicia para frenar el Decreto antidemocrático impulsado por el Ejecutivo.
Intendentes que forman parte de la Federación Argentina de Municipios (FAM), organismo presidido por el mandamás de La Matanza, Fernando Espinoza, encararon un encuentro en CABA.
“Decidimos presentar un recurso de amparo y pedido de cautelar para frenar el DNU del presidente Milei, que avasalla totalmente los derechos que supimos conseguir en los últimos cien años; es totalmente inconstitucional”, señaló Espinoza tras el encuentro.
En ese sentido, sostuvo que “más allá de todo lo que avasalla, esto se tiene que tratar en el Congreso de la Nación” y disparó: “Estamos en democracia, pero parecería que vivimos una dictadura” ya que “un presidente y diez personas generan un DNU que favorece a grandes grupos y que perjudica al 90 por ciento de los argentinos”.
“Nosotros, como representantes de millones de voces, que son nuestros vecinos, a la que escuchamos todos los días… Milei lleva 18 días como presidente y nosotros como intendentes; y lo que escuchamos nosotros en estos días es a empresarios decir que tienen que echar gente, a comerciantes que dicen que se les cayeron las ventas, a jubilados que nos dicen que no llegan a los diez días del mes; a los trabajadores de todos los sectores que representamos”, valoró.
En ese plano, resaltó: “No podemos borrar d eun plumazo todos los derechos, no podemos vender los recursos naturales. La Argentina no está en venta, esperamos que la Justicia dé lugar a frenar este DNU, que los debates se generen en el Congreso, que nuestros diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias”.
“Estamos en un momento de mucha incertidumbre y esto hace que los que quieran tomarse vacaciones lo duden y no lo hagan, teníamos una temporada antes del DNU y otra después de estos anuncios. Esto se monitorea día a día, pero la situación es compleja, sino las cámaras hoteleras, secretarios de turismo de otras localidades”, añadió el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien fue parte del encuentro.
Fue a través de una reunión que mantuvieron las autoridades de CAME con el secretario de Comercio de la Nación, donde pusieron de relieve que “es clave un instrumento” de financiación como este.
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, y el secretario general de la entidad, Ricardo Diab, se reunieron este jueves con el secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, y con el secretario de la Economía del Conocimiento, Emprendedores y Pyme de la Nación, Marcos Ayerra.
El motivo del encuentro fue solicitar la continuidad de un programa similar al vigente “Ahora 12” para compras en 3 y 6 cuotas financiadas. Al respecto, el titular de CAME sostuvo que “para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial”.
En ese sentido, Lavigne manifestó que el Gobierno nacional y el Banco Central ya están negociando las pautas financieras del nuevo plan que empalmará con el “Ahora 12”, y resumió: “En las próximas semanas tendremos definiciones”.
A su vez, desde CAME se planteó la necesidad de tener alternativas de financiamiento especial que sean de fácil acceso para el sector pyme.
Por otra parte, Lavigne destacó que aquellas pymes importadoras que tengan deudas con proveedores del exterior tienen que inscribirse en el “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior” contemplado en el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI).
De esta manera agilizarán los pagos de los compromisos vencidos a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).
Por último, González y Diab informaron la participación de la entidad pyme en la Expo Apras 2024, la 41ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados del estado de Paraná, Brasil, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de abril en la ciudad de Curitiba. La Secretaría de Comercio asumió el compromiso de ser parte de la inauguración.
En el evento se promocionarán los productos de las pymes argentinas en el mercado brasileño y CAME instalará un showroom permanente para fomentar la internacionalización pyme.
La producción de la industria manufacturera pyme bajó 6,4% en septiembre frente al mismo período del año pasado. Es el cuarto mes consecutivo en que la actividad se retrae. En total, acumula una caída de 0,8% en los primeros nueve meses del año. En la comparación mensual, la producción se mantuvo sin cambios.
El Gobierno envió carta a los países integrantes del bloque de los Brics para anunciar que no considera “oportuno en esta instancia” participar de economías emergentes.
El Gobierno argentino anunció hoy que envió carta a los países integrantes del bloque de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para anunciar que no considera “oportuno en esta instancia” participar de ese espacio de economías emergentes.
Así lo comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Diana Mondino. Fuentes gubernamentales confirmaron a Télam que se envió una nota a los presidentes de los cinco países que integran el bloque: Luis Inácio Lula da Silva (Brasil), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), Narendra Modi (India), Xi Jinping (China) y Vladimir Putin (Rusia).
Según trascendió, en las cartas se afirma que “no se considera oportuno en esta instancia participar como miembro a partir del 1 de enero del 2024 ya que muchos ejes de la política exterior actual difieren de la anterior” gestión.
En agosto pasado, Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron aceptados para ingresar al grupo a partir del 1 de enero de 2024. El foro de los Brics representa actualmente el 36% del PBI mundial y el 46% de la población del planeta.
En ese momento, el por entonces presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina se propuso ser parte de los Brics porque “el difícil contexto internacional confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del mega DNU del presidente Javier Milei, que entró en vigencia este viernes. Lo hizo con el patrocinio del exjuez del tribunal, Eugenio Zaffaroni.
El gobierno de La Rioja pidió al máximo tribunal que declare la “inconstitucionalidad manifiesta” del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la “competencia originaria” para entender en el asunto.
Lo hizo a través de una “acción declarativa de certeza” presentada por el gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, según el escrito al que tuvo acceso Ámbito.
Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde hoy.
En la “acción declarativa de certeza” se pidió que se declare “la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución” y que de manera inmediata “se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos”, reseñó Ámbito Financiero.
El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, aseguró ayer que el próximo 24 de enero en el paro nacional convocado por la CGT habrá un millón de personas en la calle. De alcanzarse este número, se trataría de una de las manifestaciones más masivas de la CGT. “¿Cómo nos piensan parar?”, ironizó el líder sindical.
En diálogo con Radio Splendid, Furlán destacó, consultado sobre qué espera que ocurra con el protocolo antipiquetes: “¿Cómo van a hacer para parar un millón de personas en la marcha del 24 de enero? Un millón de personas vamos a movilizar”.
“Después de haber conocido el contenido del DNU y las leyes que plantean una brutalidad violentando la Constitución Nacional y derechos de toda índole. Hay un ensañamiento enorme del Gobierno con los sectores del trabajo y populares, beneficiando a los sectores mas concentrados de la economía. No hay que perder de vista que mientras nos somete a esta situación, a los sectores del poder los protege de una manera muy grosera”, agregó.
La CGT convocó al paro general a partir de las 11 del miércoles 24 de enero. El paro incluirá una movilización al Congreso. Además, la CGT presentó un recurso de amparo contra el DNU por “inconstitucional”. El cosecretario general, Héctor Daer, había afirmado que hay que “voltear el decreto”. El 10 de enero en la sede de la CGT habrá un plenario nacional de sus delegaciones regionales.
El Ministerio de Infraestructura comunicó hoy que la tarifa de los colectivos del AMBA pasará a ser de $76,92 para el tramo inicial a partir de enero del 2024 y adelantó que habrá un nuevo aumento en febrero. Por ahora, la motosierra de Javier Milei no llegó al transporte público. Se espera que el boleto llegue a los 500 pesos durante el año próximo.
“Se busca reducir paulatinamente la incidencia del subsidio a la oferta que ha generado graves distorsiones en el actual modelo, incrementando la participación en el ingreso de las empresas de la tarifa pagada por los usuarios”, aseguraron desde Infraestructura.
El ministerio acordó convocar a una audiencia pública para la primera quincena de enero para “establecer una tarifa en el AMBA equivalente a la misma que está vigente en los conglomerados urbanos del interior del país” y afirmó que “la misma regirá a partir del 1 de febrero”.
El Gobierno mantendrá los dos bonos por $55.000 para todos los jubilados que cobren un haber mínimo y se acreditarán entre enero y febrero, según adelantó ANSES. Es un aumento mísero si se considera que la inflación entre diciembre y febrero será del 30% mensual. Además, el gobierno de Javier Milei liberó el precio de los medicamentos, lo que impactará fuertemente sobre los ingresos de los jubilados.
Según prevé el ministro de Economía, Luis Caputo, se buscará hacer un recorte muy fuerte sobre jubilados y pensionados, que pagarán parte del brutal ajuste que Milei lleva adelante. Como se sabe, el ajuste no lo pagará la casta ni la política, ya que el gobierno libertario no prevee recortes en los salarios de los funcionarios, que ganan sueldos cercanos a los 3 millones de pesos.
De este modo, la jubilación mínima en diciembre fue de $105.712,61. Con el bono, los que perciben el haber mínimo alcanzaron a cobrar los $160.713.
Además, se acordó la creación de un fondo de $ 116.000 millones para los municipios. “Las leyes se traten y aprueben de cara a la Legislatura, no de espaldas”, celebró Kicillof.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó durante la madrugada de este viernes el pedido de endeudamiento y la Ley Impositiva 2024 enviados por el gobernador Axel Kicillof, luego de mantener diversas reuniones a lo largo de la jornada con los referentes de los bloques opositores, con quienes se acordó la creación de un fondo de $116.000 millones para los municipios.
En una sesión simultánea que realizaron el jueves por la noche la Cámara de Diputados y de Senadores, la administración provincial logró la aprobación de una ley que prorroga las emergencias vigentes en seguridad, salud y educación, entre otras, por el lapso de un año.
A su vez, el Ejecutivo Provincial decidió prorrogar el Presupuesto 2023 -que contempló gastos por $6,9 billones- ante la falta de previsiones macroeconómicas por parte de la Nación.
Acuerdo con la oposición
En la sesión, que finalizó pasada la 1 de la madrugada, se autorizó la solicitud de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo, en tanto que se dejó en suspenso la creación de la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, a pedido de la oposición.
También se obtuvo el acompañamiento en ambas cámaras del proyecto de Ley Fiscal, que determina cada año el valor de todos los impuestos provinciales, que incluye un aval para que se puedan actualizar en cada cuota los tributos de acuerdo con el índice de inflación.
En el caso del Impuesto Inmobiliario, se establecieron topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto del año anterior; y a pedido de la oposición se estableció una suba máxima del 200% para los incrementos del 2024.
En el texto original, la provincia de Buenos Aires establecía que el 90% de los contribuyentes tendría aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendría subas del orden del 300%.
No obstante, los tres bloques que conformaban la bancada de Juntos (PRO, UCR y CC), negociaron con el oficialismo bajar los topes al 200%.
En ese sentido, fuentes del gobierno explicaron a Télam que “en los impuestos patrimoniales mantenemos la progresividad, con topes diferenciados para que aporten más los que mayor riqueza tienen” y se indicó que “se cobrará una cuota extra del Rural y una cuota extra del Urbano solo al 10% de las partidas de más alta valuación”.
“Como viene ocurriendo, la oposición defiende a los que más tienen, bajando los topes de 300% a 200% para que tribute menos el 10% de la población de más alto patrimonio. Igualmente, logramos compensar en parte esa pérdida de progresividad y de recaudación, con una cuota extra para ese 10% más rico”, subrayaron.
Se acordó la creación de un fondo de $ 116.000 millones para los municipios. Foto: Eva Cabrera.
Patentes, Ingresos Brutos y coparticipación
De acuerdo con lo aprobado, el impuesto Automotor -Patentes- tendrá un incremento promedio del 145% para los vehículos modelos 2013 a 2024, de acuerdo con los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, y el tope máximo para el incremento es del 270% para los autos de más alta gama.
Desde el Poder Ejecutivo se precisó que “en Ingresos Brutos, siempre en el marco de los acuerdos federales, se incrementará la recaudación generada por los sectores beneficiados por la actual reconfiguración económica que lleva a cabo el gobierno nacional” y se adelantó que “se implementará un anticipo de Ingresos Brutos a las grandes empresas”.
“De esta manera, seguimos trabajando para generar políticas para los más vulnerables, redistribuyendo el ingreso en la provincia”, se planteó.
La provincia pretende que, tal como ocurre en otras jurisdicciones, haya ajustes de los impuestos bonaerenses atados a la inflación a lo largo del año.
Dentro de las conquistas obtenidas por la oposición, además de un fondo de libre disponibilidad de $116 mil millones para los municipios, también acordaron el depósito para este jueves de la mitad de la deuda que la Provincia mantenía con las intendencias por fondos de obras y seguridad, entre otros.
Al respecto, el legislador Marcelo Feliú (UxP), sostuvo que se seguirá “acompañando a los 135 intendentes de la provincia al dotarlos de un fondo que les permita poder tener herramientas para continuar con sus proyectos de gobierno”, y ponderó la decisión del gobernador Kicillof de “eximir a los afectados de la tormenta de Bahía Blanca del pago del impuesto inmobiliario urbano”.
Por su parte, el senador Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) al hacer uso de la palabra ponderó que “corresponde que los sectores, como nosotros que somos bloques opositores, en este contexto apoyemos a los lideres que tienen la legitimidad de los bonaerenses para llevar adelante este año tan critico como es el 2024”.
No obstante, pidió “que se trabaje en una estrategia política para que la Provincia deje de ser discriminada en el reparto de la coparticipación” y detalló: “Hoy se aporta el 37% de los impuestos a la nación y solo se recibe el 21%. Le faltan 16 puntos a la provincia, si tuviera esos fondos no tuviera ningún problema de infraestructura”.
En tanto, el diputado Gustavo Cuervo (Libertad por siempre) sostuvo que la intención de su bancada es “ejercer una oposición responsable del mismo modo que pedimos que lo mismo hagan para con el gobierno nacional”.
“Que permitan al presidente Javier Milei gobernar, que fue lo que la sociedad votó y espera. Vamos a criticar y hacer observaciones pero vamos a intentar generar herramientas para no obstruir la gobernabilidad de Kicillof”, concluyó.
Al respecto, la diputada provincial Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), valoró que “como bloque al tratar la Ley Impositiva buscamos que no se golpee más el bolsillo de los bonaerenses; con la disposición de que no se aumente por encima de la inflación y que se establezcan topes que permitan proteger a un montón de bonaerenses para que los aumentos queden por debajo del indice inflacionario”.
Finalmente, al rechazar las propuestas tratadas, la legisladora Laura Cano (Izquierda Socialista) cuestionó que “en la provincia se sigue pagando la deuda que contrajo (María Eugenia) Vidal mientras seguimos con los porcentajes más altos de pobreza e indigencia. No se puede continuar con un ciclo de ajuste y endeudamiento, debemos cambiar de raíz y romper con el FMI, desconocer la deuda de Vidal y tocar los intereses de los que más tienen”.
