La central obrera denunció la realización de reuniones dotadas de cierto ‘oscurantismo’ afuera del Congreso.

A pocos días del primer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un comunicado en el que deja claras sus sospechas de que se está trabajando a espaldas del Congreso y del pueblo.

El secretario general de la CGT Héctor Daer se refirió a reuniones que se estarían realizando en el Hotel Savoy, a un par de cuadras del Congreso Nacional. Según se sospecha, en una o más habitaciones de ese hotel se mantienen encuentros entre dirigentes del oficialismo y legisladores de diversas fuerzas.

En este sentido, Daer pidió a los diputados y senadores que den “el ejemplo y discutan y acuerden de cara a la sociedad” el proyecto de ley del Gobierno cuyo pomposo título se resume en “Bases”.

Además, denunció “negociaciones” espúrias representantes que “no son funcionarios”.

Daer calificó como “una falta de respeto” a quienes participan en el plenario de comisiones de Diputados que debate el DNU y la ley ómnibus que “a dos cuadras se produzcan estas reuniones, en un hotel vecino, a espaldas de lo que es público”.

“Puede ser que se negocie para conseguir votos, pero el Parlamento tiene que actuar de cara a la sociedad, sobre todo después de los adjetivos que usó el propio presidente”, insistió, en alusión al presunto pedido de coimas de diputados que deslizó Javier Milei.

El comunicado de la CGT

La CGT emitió un comunicado titulado “La Patria no se vende” en el que denunció “la realización de reuniones dotadas de cierto ‘oscurantismo’ afuera del Congreso entre algunos legisladores y estudios de abogados, como en el Hotel Savoy”; exigió que “los debates parlamentarios deben producirse siempre de cara al pueblo” y advirtió que el oficialismo procura cambiar “la fecha de análisis del DNU y la ley ‘Bases’ para un día sábado”.

Desde el radicalismo piden que no se elimine el régimen de “Zona Fría” vigente para varios distritos desde 2021, si se modifica 3,5 millones de usuarios sufrirán aumentos en las tarifas de gas entre 30% y 50%.

Los senadora radical Nerina Neumann y el diputado Emiliano Balbín solicitaron al gobierno nacional que no elimine los subsidios otorgados a la Sexta Sección por el régimen de “Zona Fría”.

“De avanzar con la derogación de la norma, el Poder Ejecutivo Nacional perjudicaría a los vecinos de 95 distritos, en un contexto de altísima inflación y ajuste, y encima con el invierno por delante”, dijeron.

Desde el bloque de legisladores de la UCR + Cambio Federal, presentaron declaraciones parlamentarias expresando su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei elimine el régimen de “Zona Fría” para la tarifa de gas y al mismo tiempo solicitaron al Congreso de la Nación Argentina no modificar cuestiones atinentes a Ley 25.565 (Régimen de Zona Fría), y su modificatoria.

“De acuerdo al proyecto de de Ley Ómnibus y actualmente en tratamiento en el Congreso, se encuentra en su articulado la posibilidad de modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios”, señalaron los legisladores y agregaron; “esto pone en riesgo el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas el cual lleva adelante el Régimen de Zona Fría de la República Argentina”

En el año 2021 se aprobó la ampliación del Régimen de Zona Fría y se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2031 el régimen establecido en el artículo 75 de la Ley N° 25.565. 

“Por otra parte se amplió el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen, cuyo mecanismo de financiación permite solventar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano indiluído por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo comercializado a granel en la región”, explicaron.

La ampliación abarcó localidades de bajas temperaturas que no se encontraban alcanzadas hasta el momento, a través del criterio de zonas bioambientales.

“La provincia de Buenos Aires pasó de tener algo más de 11.200 usuarios y usuarias beneficiadas a casi 1,24 millones. Esta cantidad representa un 31% de los usuarios de gas por redes de esta jurisdicción y se estima en más de 3,5 millones de personas (22% de la población). Este beneficio es para 95 distritos de la provincia e implica un 30% o 50% de descuento sobre los cuadros tarifarios”, indicaron Neumann y Balbín.

“La eliminación de este beneficio entonces redundaría en un gran impacto para los bolsillos de la mayoría de los vecinos de la Provincia, en un contexto de altísima inflación y ajuste, y encima con el invierno por delante”, finalizaron diciendo los legisladores radicales.

Fuente: La Nueva

Así lo reveló un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo sobre violencia machista.

La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la violencia machista e informó que en 2023, hubo un total de 332 femicidios, un 33% más que en el año 2022 y eso enciende las alarmas de todos los movimientos feministas.

El informe detalló que el año pasado se cometió aproximadamente un femicidio cada 27 horas y que suma 80 más en comparación con el año anterior. “El aumento en las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género es alarmante, superando incluso las cifras de 2020, año marcado por la pandemia, en el que se registraron 295. A su vez, las cifras de 2023 superaron las de 2022, cuando hubo un total de 242”, explicaron.

Según consignó Big Bang News, desde el Observatorio de Femicidios confirmaron que desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, hubo además seis transfemicidio y 28 muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Además, el informe explica que casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida.

Mientras tanto, según las investigaciones judiciales de casa caso, en un 74% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario, mientras que otro dato que es sumamente preocupante es que 191 niñas y niños se quedaron sin sus madres, muchos de los cuales también presenciaron el crimen y debieron quedar al cuidado de sus abuelos u otros familiares.

Según el observatorio, tan solo el 19% de los agresores tenía una denuncia previa y el 44% señaló que los propios familiares sabían de la existencia de violencia de género dentro de la pareja, pero que no querían o podían hacer nada al respecto. Donde mayor cantidad de femicidios hubo fueron en Buenos Aires (133), Santa Fe (40), Chaco (22), Córdoba (22), Salta (16) y Tucumán (16).

Por otro lado, Mumalá presentó el informe anual del Registro Nacional de Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras muertes violentas correspondiente al año 2023, reveló cifras realmente preocupantes e indicó que el 33% de los casos de violencia machista fueron cometidas a través de un arma blanca, mientras que el 27% con arma de fuego.

Además, el relevamiento informa que el 13% de las muertes fueron por asfixia; 15% a golpes; 6% con quemaduras; 3% sin datos y un 3% por caída en altura.

Por otro lado, el 59% de los femicidios fueron cometidos por una pareja o una expareja de la víctima, mientras que además, el 61% de los casos fue en la casa de la persona atacada, otro 12% en la vía pública; el 11% en la casa del victimario y el resto en descampados, propiedades privadas o el lugar de trabajo de la víctima. La edad promedio de las chicas asesinadas es de 37 años.

Además, Mumalá informó que el 52% de las víctimas tenían hijos y que el 23% había denunciado a su agresor, mientras que un 15% estuvo desaparecida. A su vez, el 64% de las víctimas que habían denunciado a su agresor tenía restricción de acercamiento y un 15% botón antipánico.  Por otra parte, la edad promedio del femicida ronda los 39 años y que el 20% se suicidó tras el hecho; un 9 % tenía antecedentes penales; y el 7% abusó sexualmente de sus víctimas.

Las provincias donde se registraron mayor cantidad de femicidios fueron Chaco, Neuquén, Santiago del Estero y Formosa; al tiempo que la tasa nacional fue de un femicidio cada 100.000 mujeres.

El gobernador y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis dieron inicio a los trabajos que transformarán en autovía 72 kilómetros de ruta 11.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis dieron inicio este miércoles una obra pública de notable envergadura: la construcción de una doble mano en ruta 11 en el tramo que une los distritos de Mar Chiquita y Villa Gesell.

La inversión que transformará en autovía más de 72 kilómetros es posible de realizar a través de una financiación compartida entre el gobierno bonaerense y el BID.

Entre ambas partes se invertirán $39.895 millones no solo para construir la segunda calzada, también para repavimentar la traza existente.

“La provincia de Buenos Aires tiene la vocación de continuar impulsando la obra pública: con la construcción de esta autovía no solo va a mejorar la seguridad vial, sino que además se impulsará la actividad económica y la creación de empleo”, sostuvo el mandatario bonaerense.

Por último, Kicillof resaltó que “cuando se habla de quitarnos recursos, el problema no es con un gobernador o un partido, sino con todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

“Nosotros no estamos dispuestos a esconder los problemas debajo de la alfombra, vamos a enfrentarlos y a seguir defendiendo a una provincia productiva, trabajadora, y que va por más”, concluyó.

De forma absoluta la legislatura de la provincia de La Rioja aprobó la creación de las cuasi monedas denominadas “Bocade”, por un total de 22.500 millones de pesos.

La legislatura de la provincia de La Rioja aprobó por mayoría absoluta el proyecto del gobernador Ricardo Quintela para la creación de las cuasi monedas denominadas “Bocade“, por un total de 22.500 millones de pesos. El mandatario había confirmado que se utilizarían para hacerle frente al pago de salarios a trabajadores estatales, en medio del brutal ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei.

El propio mandatario afirmó que la creación de ese dinero fue producto de “la crueldad del ajuste” que aplica el Presidente que, sin embargo, celebró la aparición de las cuasimonedas provinciales como un logro.

“Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, afirmó el mandatario omitiendo que, tal como ocurrió en 2001, la aparición de esas herramientas financiera son producto de la falta de circulante en pesos y del empobrecimiento brutal de las arcas provinciales.

Eso sí, aclaró que, a diferencia de lo que ocurrió tras la crisis de ese año bisagra, las monedas que se emigan “de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional”.

Quintela indicó que el propósito inicial del bono de cancelación de deuda inicial por 15 mil millones de pesos que se destinarán a pagar el 30 por ciento de los salarios de la administración pública.

De hecho, el proyecto ad hoc ya fue enviado a la Legislatura local. El gobernador expresó su deseo de que “hoy se sancione” la iniciativa y aclaró que “la Provincia nunca le pidió a la Nación el respaldo de ningún bono”.

“El gobierno nacional obliga a esto por la crueldad del ajuste que precipitó en 20 días. Esto generó que cuando la gente fue a cobrar el salario, ya no llegó a fin de mes”, criticó el mandatario provincial durante una entrevista por Radio 10, en la que cuestionó a Milei por poner en marcha “un plan para desestabilizar a los gobiernos” provinciales.

Además, cuestionó a Milei por haber aclarado que el Estado nacional no rescataría la emisión de esos bonos. “Se confundió, nosotros no hemos pedido rescate para eso”, remarcó y reiteró que demandará a la administración central ante la Corte Suprema por una deuda de 9.300 millones de pesos que mantiene la Nación desde hace varios años con esa jurisdicción.

Los mandatarios provinciales que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, rechazaron artículos que implican “una limitación a las facultades de administración de las Provincias hidrocarburíferas”.

Los diez gobernadores de las provincias donde se explotan hidrocarburos se reunieron esta tarde para terminar de consensuar como bloque los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la Ley Ómnibus de Javier Milei que reforma la regulación de esa industria.

En un extenso, pormenorizado y duro comunicado, enumeraron todas las modificaciones que exigen, con el objetivo de que el Gobierno reconozca en el articulado del proyecto que los recursos y su explotación pertenecen a las provincias. Además, esta noche enviarán una versión reformada del proyecto al secretario de Energía nacional, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los autores principales de la medida de los libertarios, con quien vienen conversando en privado desde que se conoció la iniciativa.

“Está todo hablado. Acordamos con la mayor parte del proyecto, pero hay cosas importantes para revisar”, deslizó un jefe provincial antes de abandonar el edificio. Sin embargo, los gobernadores no ponen las manos en el fuego por el Gobierno. Chirillo les mostró buena predisposición durante las últimas semanas, pero, como en el caso de los cambios en la reforma de la ley de Pesca, no estarán tranquilos hasta que las modificaciones queden plasmadas en el texto del proyecto que se está debatiendo en los plenarios de comisión de Diputados y que el Gobierno busca aprobar en el Congreso antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 31 de enero.

“Ratificamos la defensa del dominio originario de las Provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, manifiesta el comunicado que firmaron esta tarde para “lograr un marco jurídico para la actividad que dote de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo”.

En el documento mencionaron varios puntos técnicos pero vitales para los gobernadores, relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito y con las regalías que ingresan a cada distrito. Pidieron que el pliego modelo del proceso de licitaciones sea “flexible” y “contemple criterios que permitan adaptarse a cada realidad”, así como flexibilizar los plazos de concesión.

Además, rechazaron de manera “total” la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 que les otorga a las Autoridades de Aplicación de las Provincias el control, la evaluación y la aprobación de las inversiones. Y solicitaron que no se elimine la potestad de las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones vigentes.

Por otra parte, pidieron que se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a las instalaciones de procesamiento y transporte para defender el libre acceso a mercados por parte de los productores -más chicos- no integrados a las distintas cuencas. Y demandaron mantener en manos de los concesionarios la determinación y el pago de las regalías; y revisar los artículos que establecen los valores de los cánones de exploración, explotación y las multas, para modificarlos por esquemas y parámetros que se actualicen de manera automática.

Con tenacidad, desaprobaron el artículo que faculta al Ejecutivo para elaborar la legislación ambiental para el sector. “Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que una legislación de este tipo debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno sobre el resto”, lanzaron.

Y, en el mismo sentido, cuestionaron la redacción del punto que le brinda al Gobierno nacional la facultad de incrementar, con el argumento de “garantizar la sostenibilidad fiscal”, las alícuotas de los derechos de exportación de las mercaderías con un tope del 15 por ciento. En cambio, pidieron que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8 por ciento actualmente vigente.

Por último, sugirieron revisar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque -según detectaron en su redacción- descarta los proyectos de explotación hidrocarburífera, y cerraron con una demanda clave para sus economías: que las empresas cedan las áreas maduras de explotación convencional que no están siendo explotadas por “falta de interés estratégico” a las provincias, que se beneficiarían de trabajarlas.

Del encuentro participaron los jefes provinciales de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa (que llevó a la titular de Energía y Ambiente); de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Mendoza, Alfredo Cornejo -que se conectó a la reunión por videoconferencia, pero encargó a su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que asista de manera presencial- y de Jujuy, Carlos Sadir. En tanto, Gildo Insfrán, de Formosa, mandó a su ministro de Economía, Jorge Ibañez; Gustavo Sáenz, de Salta, a su ministra de Minería, Romina Sassarini; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, al titular de Energía, Jaime Álvarez.

Fuente: Política Argentina