No hubo acuerdo entre el sindicato de choferes y las cámaras empresariales. Habrá retención de tareas si el jueves no cobran la totalidad del sueldo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la realización de un paro de colectivos para el jueves 11 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en caso de que mañana los choferes no cobren la totalidad de los sueldos.

Los trabajadores reclaman el pago de $250.000 en remuneraciones. A través de un comunicado, el gremio apuntó que “el sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados”.

“En el día de mañana (por el jueves 11 de abril) los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”, sostuvieron en relación a un posible paro en caso de no cobrar.

En el comunicado firmado por el secretario general de UTA, Roberto Fernández, se aclara que “el sector empresarial se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos nacional y provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores del 42% y un aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%”.

Remarcaron que, pese a esto, desde el sector empresarial “manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”.

Aseguran que las cámaras “niegan lo acordado” y por tal motivo, al no verse reflejado la totalidad de los sueldos, mañana tendrán como requisito el pago del 100% de los salarios de los choferes, de lo contrario, no habrá servicio de colectivos en el AMBA.

“El productor que tenga granos se va a sentar arriba y va a vender lo mínimo”, afirmó la presidenta de la entidad, María Soledad Aramendi.

Al inicio de la nueva campaña agrícola, el campo se prepara para darle una pésima noticia al ministro de Economía, Luis Caputo. En el Ministerio espera ansiosos la liquidación de la producción agrícola que aporte dólares para estabilizar la economía.

Sin embargo, por la brecha cambiaria, el desplome de los precios internacionales y las retenciones, desde la Sociedad Rural de Rosario -SRR– adelantaron que los productores van a liquidar lo mínimo indispensable para afrontar deudas, compra de insumos y alquileres de campos.

“El productor que tenga granos se va a sentar arriba va a vender lo justo, mínimo indispensable para pagar las obligaciones por insumos y alquileres. no están dadas las condiciones para vender”, explicó Soledad Aramendi, presidenta de la entidad.

Las circunstancias pusieron a Caputo en una situación delicada, con el Fondo Monetario estirando la decisión para liberar 5 mil millones de dólares de los 15 mil que el ministro le prometió a Milei que le iba a conseguir y el campo reticente a liquidar.

“Tenemos una brecha cambiaria que hoy da casi un 100%”, dijo Aramendi y admitió que se necesita un tipo de cambio más alto aunque aclaró que una devaluación impacta negativamente en el resto de la sociedad:  “se necesita unificar el tipo de cambio, esperemos que economía maneje variables para no perjudicar a nadie”, agregó la presidenta de la SRR.

Para ello, Aramendi consideró que una opción que tiene Economía es acordar una baja de las retenciones durante esta campaña. Una especie de Resolución 125 pero a la inversa, que baje retenciones ante el desplome del precio internacional que ronda los 240 dólares la tonelada de soja cuando llegó a superar los 600.

El campo viene de una sequía histórica y si bien este año, en algunas regiones del centro productivo tuvieron precipitaciones importantes, hay zonas que aún necesitan de la lluvia. Además, la producción de trigo sufrió la plaga de chicharrita y calculan que se puede perder el 80% de los granos: “lo que se puede perder en trigo es el equivalente a los créditos internacionales que tiene que afrontar Argentina”, graficó Aramendi.

Además, persiste la duda sobre el capítulo fiscal que elevará Caputo en la nueva discusión por la ley ómnibus. En el primer intento del gobierno, el ministro tuvo que quitar el tema para que avance en Diputados. El primer dictamen contemplaba el aumento de retenciones a los derivados de la soja, al maíz, trigo y exportaciones industriales resistido por los gobernadores de la Zona Núcleo.

Fuente: LPO

“En unidad, el Sistema Universitario responde a las políticas destructivas del gobierno de Javier Milei”, destacaron desde CONADU.

Ante los fuertes recortes y ajustes que el Gobierno de Javier Milei viene aplicando contra la educación superior, y el sistema educativo en su conjunto, este miércoles los gremios docentes de las universidades nacionales llamaron a movilizar junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA), los trabajadores no docentes de las instituciones y los distintos centros de estudiantes.

La protesta se realiza sin cese de actividades, que sí se suspenderán en la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 23 de abril.“La situación crítica –en lo salarial y en lo presupuestario– de las Universidades Nacionales y del Sistema Público de Ciencia y Tecnología provocada por el Gobierno de Milei, el ataque general que el partido de gobierno realiza a la educación equiparándola con el adoctrinamiento y la reciente declaración de uno de sus principales referentes (Benegas Lynch) que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria, plantean la necesidad de una respuesta en unidad: unidad para defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad”, resumieron desde los gremios docentes.

El comunicado conjunto de convocatoria a la movilización, definida como una “jornada de visibilización del conflicto universitario” que se extenderá a los días 10 y 11 de abril, además de la FUA, está firmado por los gremios docentes CONADU y CONADU histórica, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

“Defendamos la universidad pública; defendamos los salarios docentes, no docentes y de investigadores; defendamos las becas, el boleto educativo y aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la universidad. Reincorporación ya de los despedidos en el Estado”, concluyeron.

El gobierno desreguló todos los precios de las tarifas de internet, líneas de telefonía celular, y servicio de TV por cable, por lo que ahora las empresas podrán establecerlas libremente.

Al igual que con el sistema de prepagas, el gobierno de Javier Milei derogó este miércoles una norma de la gestión anterior que regulaba los precios de las tarifas de internet, líneas de telefonía celular, y servicio de TV por cable, por lo que ahora las empresas podrán establecerlas libremente.

Así quedó plasmado en el Decreto 302/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y todo su gabinete de ministros. “Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, sostiene el decreto. Ahora se espera la decisión de los prestadores para saber qué aumentos aplicarán en adelante.

“Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, informa el decreto 302/2024.

Esa parte seguirá vigente con respecto a la normativa que regía hasta ahora, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.

De esta manera la autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios.

También se derogó el artículo 15 de la ley que reconocía “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”. “El Servicio Básico Telefónico mantiene su condición de servicio público”, se aclara.

EL AJUSTE BRUTAL DE MILEI

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz aseguró que la oposición trabaja para “rechazar el DNU en Diputados. Estamos trabajando para eso. Por eso aparecen denuncias para embarrar la cancha”, afirmó.

“Podríamos llamar al tratamiento por el rechazo del mega DNU”, aseguró. “Ayer los veinte principales juristas del país coincidieron que el DNU es un avasallamiento de las instituciones y de la democracia, y Martín Menem cortó la transmisión por YouTube”, contó.

“Sin rechazo del DNU suben las prepagas, no hay protección, no hay ley de alquileres…hay un sinnúmero de horrores dentro de esa norma”, describió.

En ese sentido, Tolosa Paz dijo que la oposición “no está lejos de tener los 129 diputados para el quórum”.

El Presidente visitará Copenhague y realizará un vuelo como copiloto en uno de los 24 cazas militares que la Argentina le compró al país europeo.

Javier Milei se realizó chequeos médicos con la intención de subirse a uno de los aviones supersónicos F-16 que la Argentina le compró a Dinamarca. En el inicio de su segunda gira internacional, el presidente visitará Copenhague, donde viajaría como copiloto en los cazas militares.

La adquisición de los aviones fue firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de una carta conjunta con su par de Dinamarca, Troels Lund Pousen. Esta prevé la compra de 24 aviones de combate F-16 estadounidenses al gobierno europeo.

En octubre de 2023 Estados Unidos autorizó la venta de 24 aviones caza F-16 equipados con misiles aire-aire de Dinamarca al país y en ese momento se iniciaron las conversaciones para el armado de un paquete de financiamiento por 40 millones de dólares para de esta forma facilitar la compra por parte del gobierno argentino.

Se trata de una operación de enorme impacto geopolítico en la cual Washington, que compite directamente con China, ya que el país asiático había ofrecido la venta de aviones JF-17 de Pakistán. En aquella oportunidad el gobierno de Alberto Fernández debía evaluar qué decisión tomar entre sus diferentes opciones.

El F-16 es una nave de guerra producida por Lockheed Martin, la firma más grande del Complejo Militar Industrian de los Estados Unidos. Su fabricación data de la década del 70, y aunque ya no se construye para la Fuerza Aérea estadounidense, la producción todavía sigue activa para la exportación.

Fuerte pelea.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar al periodismo en sus redes sociales, pocos días después de afirma que la prensa presuntamente es parte de una “ola de violencia” en su contra, y luego de cargó duramente contra Romina Manguel y al empresario de medios Jorge Fontevecchia en una entrevista.

“Libertad de expresión. Para todos”, se titula un extenso posteo del mandatario en la red social X (ex Twitter), donde cuestiona duramente la profesión. Milei volvió a cruzar de esta manera a los periodistas de Perfil y también de Clarín, con quien viene incrementando la guerra hace meses. “Reciben sobres”, aseguró más de una vez el mandatario.

En su nueva carta, Milei agregó: “El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones”, señala el mandatario.

El relato del gobierno.

El Gobierno de Javier Milei se jacta de haber logrado superavit en el primer trimestre del año. Sin embargo, en parte se logró no pagando las deudas que tiene el Estado nacional. Así cualquiera logra “cuentas ordenadas”…

En lo que va del año, el gobierno le debe a la empresa que se ocupa del sistema eléctrico nacional alrededor de u$s2.000 millones.

El Poder Ejecutivo debería cubrir con transferencias la diferencia que hay entre el costo de generación de la energía y el que pagan efectivamente los usuarios, pero no lo está haciendo. Voces del mercado eléctrico aseguran que la cadena de pagos en el sector está rota y advierten sobre las consecuencias de seguir postergando la deuda. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene un problema: si cubre la deuda, se queda sin el publicitado superávit fiscal, que necesita además para negociar con el FMI. Complicado…