Con esta medida, el Poder Ejecutivo se otorga a sí mismo la facultad de determinar de manera discrecional qué información puede considerarse de interés público.

El presidente Javier Milei implementó nuevas restricciones sobre el acceso a la información pública mediante un decreto que modifica sustancialmente las reglas que regían hasta ahora. Bajo este nuevo marco, el Poder Ejecutivo se otorga a sí mismo la facultad de determinar de manera discrecional qué información puede considerarse de interés público y, por lo tanto, ser divulgada.

El Decreto 780/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece los nuevos parámetros que limitan el acceso de los ciudadanos, ya sea de manera individual, colectiva o a través de la prensa, a los datos sobre la administración nacional. Estas modificaciones alteran significativamente la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que se basa en el artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual garantiza este derecho a través de los tratados internacionales reconocidos en el inciso 22 de dicha norma.

Aunque el decreto reconoce la importancia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, la promoción de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, también reduce drásticamente los límites para que la administración de La Libertad Avanza dé a conocer solo aquello que el presidente considere apropiado.

Por ejemplo, el decreto establece que no se considerará información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, como lo que suceda en la Quinta de Olivos en reuniones familiares, la existencia de mascotas, o visitas íntimas que no estén directamente relacionadas con la gestión gubernamental. También prohíbe la difusión de deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares, lo que significa que las anotaciones personales tomadas durante reuniones o en agendas no se considerarán documentos del Estado ni estarán disponibles para revisión.

Además, el decreto fija un período de 10 años durante el cual se mantendrán confidenciales datos que se clasifiquen como secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior. También protege el secreto financiero y los datos manejados por el Banco Central, permitiendo que el Ministerio de Economía se ampare en estas nuevas disposiciones para negar pedidos de información, como aquellos relacionados con la salida de lingotes de oro de la reserva nacional.

La norma deja mucho margen a la discrecionalidad del gobierno, al no especificar qué se considera “razonable” en términos de mantener información en secreto. Esto permite que el gobierno decida arbitrariamente qué información debe ser protegida, bajo argumentos como que posee “valor comercial” o que es “secreta” por medidas razonables.

Sin embargo, el decreto incluye una excepción: en causas judiciales que investiguen violaciones graves a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no se aplicarán estas restricciones, y las autoridades estarán obligadas a proporcionar la información requerida en el marco de dichas causas.

Juan Ricardo Mussa presentó una denuncia penal contra Javier Milei. La acusación señala a la Fundación Acordar como un centro de actividades ilícitas durante años.

En un giro que suma otro capítulo al extenso historial de conflictos políticos judicializables en Argentina, el presidente Javier Milei enfrenta una grave denuncia penal presentada por el activista Juan Ricardo Mussa, conocido por su incansable lucha contra la corrupción. La acusación, que recayó en el Juzgado Federal N° 8 bajo el expediente CFP 3540/2024, incluye cargos por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, lavado de dinero y asociación ilícita.

Mussa no solo apunta a Milei, sino que también involucra a figuras de renombre como el ex gobernador Daniel Scioli, el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray y el empresario Eduardo Eurnekián, alegando la existencia de una red de corrupción que habría operado durante años. Según la denuncia, estos delitos incluyen desde cohecho y tráfico de influencias hasta falsificación de documentos y lavado de dinero.

El rol de la Fundación Acordar en las acusaciones

Un aspecto central de la denuncia es la supuesta conexión de Milei con la Fundación Acordar, una organización promovida por su amigo cercano y jefe de gabinete, Guillermo Francos. Según Mussa, esta fundación, que en apariencia funcionaba como un centro de estudios económicos, habría sido utilizada como fachada para actividades corruptas, facilitando irregularidades financieras y conexiones con otros actores políticos y económicos, incluidos Daniel Scioli y su hermano José Scioli.

La denuncia sugiere que la Fundación Acordar se convirtió en un foco de operaciones financieras turbias, muchas de las cuales estarían vinculadas a la administración del Banco Provincia durante la gestión de Francos. Además, Mussa cuestiona la transparencia en el manejo del poder ejecutivo, destacando cómo figuras como Ricardo Echegaray habrían permitido que delitos graves se desdibujen como simples contravenciones.

Repercusiones políticas y solicitudes de Mussa

En su presentación, Mussa no solo solicita que se convoque a declarar a los implicados, sino que también pide juicios políticos para todos los acusados. Además, exige que el Congreso Nacional tome cartas en el asunto y aborde las graves implicancias de esta denuncia. Para reforzar su acusación, Mussa sugiere que periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon, cuyo trabajo ha revelado detalles cruciales sobre las actividades de los acusados, también sean llamados a declarar.

Tal como había lo había adelantado, el presidente dejó sin aumento a los jubilados y jubiladas.

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó este lunes el veto total al aumento de los haberes jubilatorios que había sido sancionado por el Congreso a fines de agosto.

En el texto del veto, el presidente argumentó que “corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”. De esta manera, se rechazó el incremento adicional del 8,1% que se sumaba a la actualización por inflación de las jubilaciones, aprobada previamente en marzo mediante un DNU firmado por el propio Milei.

La medida buscaba compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por una inflación que superó el 20% en enero, pero que no fue abordada en su momento por el Gobierno.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el aumento vetado representaba “un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”. En su lugar, el Gobierno ha decidido otorgar un nuevo bono para jubilados y pensionados por un monto máximo de 70.000 pesos, que se abonará en septiembre de 2024.

A pesar del contexto inflacionario, el monto del bono no ha sido actualizado desde su primera entrega en marzo.

¿Quiénes recibirán el bono?

El decreto establece que el bono será destinado a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables cuyo pago también está a cargo de la ANSES.