Luego de ser atrapado con 200.000 dólares en Paraguay, la situación procesal del senador se complica cada vez más.

La situación procesal del senador Edgardo Kueider se complica cada vez más: luego de ser hallado en Paraguay con más de 200.000 dólares que no estaban declarados, la Justicia de ese país decretó el arresto domiciliario para el legislador argentino, por lo que se presume que el caso derivará en una causa por lavado de activos, aunque por el momento el senador se encuentra imputado por “tentativa de contrabando”.

Si bien las investigaciones recién comienzan, lo cierto es que Kueider deberá permanecer en territorio paraguayo mientras dure el proceso. En este sentido, el senador será trasladado a un departamento en Asunción que designará el juez interviniente en el caso, tras aplicar una fianza de 150.000 dólares, tanto para Kueider como para su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, la misma que aseguró que los dólares eran suyos al momento del estallido del escándalo. Además, ambos permanecerán bajo custodia policial.

En diálogo con C5N, el fiscal Alcides Giménez Zorrilla anunció que Kueider permanecerá incomunicado por el momento, debido a la calificación del delito. “Vamos a seguir la ruta del dinero, a ver adónde nos conduce, dado que el dinero no fue declarado. Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que esta pareja entra al país”, afirmó.

Unión por la Patria solicitó la expulsión de Edgardo Kueider del Senado

Un verdadero escándalo envuelve al senador Edgardo Kueider, luego de que fuera detenido en Paraguay, tras intentar pasar desde Brasil a Ciudad del Este con 201 mil dólares, 446 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. Ante esto, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de Argentina abrió una investigación preliminar mediante la cual ya se solicitaron medidas respecto al patrimonio del senador.

Por esta razón, el interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria solicitó en la tarde de este jueves el desafuero de Kueider, con un contundente escrito que también plasmaron en redes sociales. El mismo ingresó a las 17 en el Senado y lleva la firma de titular del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio; el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans; y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

En el comunicado que compartió el interbloque en redes sociales, sostienen: “Los y las integrantes del Interbloque Unión por la Patria del Senado de la Nación requerimos a este cuerpo la expulsión del Senador Edgardo Darío Kueider en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional por inhabilidad moral sobreviniente dada por la gravedad de los hechos de público conocimiento“.

El ajuste del gobierno de Javier Milei sigue impactando: el 65,5 por ciento de los niños vive en situación de pobreza y el 35,3 por ciento de los trabajadores es pobre. El nivel de indigencia trepó al 12,9 por ciento.

La pobreza en Argentina sigue golpeando con fuerza. Según el último relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA), casi la mitad de los argentinos (49,9%) vivió en situación de pobreza entre julio y octubre de 2024, mientras que la indigencia afectó al 12,9% de la población. Estas cifras son alarmantes, pues, aunque reflejan apenas una leve mejoría respecto al pico histórico del primer trimestre de 2024 (55,9%), se mantienen cerca de los máximos de las últimas dos décadas y muestran un deterioro significativo en comparación con el 44,7% registrado a finales de 2023.

El informe titulado “Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024). Fin de ciclo y futuro abierto”, presentado por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), describe un panorama devastador. Salvia destacó que Argentina atraviesa una crisis sistémica fruto del agotamiento de un modelo político-económico fallido basado en consumo financiado con déficit y endeudamiento. Las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei, como devaluaciones y recortes en el gasto público, si bien no alcanzaron la magnitud esperada, han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de la población.

“La población no siente alivio en el bolsillo porque si bien bajó la inflación cambiaron los gastos fijos en los hogares destinados a pagar servicios como luz o agua. A su vez en el IPC no está bien representada esta ponderación. La mejora en la inflación no está yendo al consumo“, explicó Salvia.

La niñez, la cara más trágica de la pobreza

Los más afectados por esta crisis son los niños. El 65,5% de los menores de entre 0 y 17 años vive en pobreza, y dos de cada diez están en condiciones de pobreza extrema. Este índice ha empeorado ininterrumpidamente desde 2018, evidenciando una desinversión generacional profunda. Mientras que en 2011-2012 el 40% de los niños eran pobres, hoy esa cifra se ha disparado, afectando especialmente a los hogares con menos capital social, donde se concentra la pobreza extrema.

El rol de los planes sociales

En este contexto, los programas de asistencia social se han convertido en un pilar para evitar un desastre aún mayor. Según la UCA, el 36,3% de los hogares en áreas urbanas recibe algún tipo de ayuda estatal. Sin estos programas, la pobreza ascendería al 55,4% y la indigencia alcanzaría un alarmante 23,2%. A pesar de una leve disminución de la inflación y del desempleo, las mejoras en los indicadores son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Las deudas sociales acumuladas durante dos décadas de crecimiento desigual, estancamiento y crisis estructural siguen siendo una amenaza para el futuro del país. El panorama es sombrío y refleja la necesidad urgente de políticas que no solo detengan el deterioro, sino que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en Argentina.

El senador Edgardo Kueider fue encontrado con 200 mil dólares mientras intentaba cruzar a Paraguay en la Triple Frontera. No fue el primer viaje que hizo a ese país: ¿Había sacado más plata? Kuider fue clave para que Javier Milei saque la ley Bases y sorprendió porque cambió su voto sobre la marcha. ¿Recibió un soborno?

En su sorpresivo cambio de voto, Kueider dijo que lo hacía por “beneficios concretos para Entre Ríos”. ¿Fueron beneficios para Entre Ríos o para él? Justo después de la votación viajó varias veces a Paraguay y en uno de esos traslado le encontraron miles de dólares sin declarar. ¿Uno más uno es dos? Por eso, Cristina Kirchner habló de “democracia tarifada” por la nueva Banelco.

Luego de la detención, Kueider dijo que “la plata no es mía” pero evitó hacer más declaraciones a la justicia. ¿Contará el senador de dónde sacó la plata? ¿Estallará una nueva Banelco, como ocurrió con un escándalo similar durante 2001, cuando el gobierno de De la Rúa compró senadores para garantizar su ajuste?

El modelo económico de Javier Milei cruje por todos lados. La inflación bajó pero está en niveles altísimos, en torno al 3% mensual. Mientras, se mantiene la bicicleta financiera y las reservas siguen negativas. No cierra por ningún lado.

El gobierno libertario copió las recetas de la dictadura y de Domingo Cavallo: atrasó el tipo de cambio – dólar baratísimo – y tomó deuda externa – 90 mil millones en 10 meses. Ahí está el corazón del “mejor gobierno de la historia”.

Pero el sol no se puede tapar con una mano. Siempre está ahí. El modelo de Milei y el financista Luis Caputo enfrenta problemas estructurales y uno de ellos es el atraso cambiario. ¿Se viene otra devaluación? El mercado empieza a estimar un salto del 30% en enero.

El propio Domingo Cavallo, ideólogo de Milei y responsable de la peor crisis social del país – en 2001 – pidió que el gobierno salga del cepo cambiario “aunque eso implique una devaluación”. Todos los caminos llevan a una nueva devaluación que será más inflación y más ajuste.

Esta vez las declaraciones corresponden al diputado libertario Manuel Quintar, quien aseguró que en el PAMI hubo una “fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”.

Desde el oficialismo, continúan las declaraciones en defensa y celebración del recorte en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, argumentando que se trata de una medida “necesaria” para racionalizar los recursos del Estado. El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, se convirtió en una de las voces principales en justificar la decisión, calificando la política previa como “una fiesta de excesos”.

“Hubo una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”, afirmó Quintar, quien sostuvo que la medida busca garantizar los beneficios solo para quienes realmente los necesitan. Según el legislador, el nuevo esquema permitirá “racionalizar el uso de medicamentos” al priorizar a los jubilados de menores ingresos.

Restricciones justificadas como eficiencia

El recorte establece que quienes perciban más de $388.500 mensuales deberán realizar un trámite para demostrar que necesitan los medicamentos gratuitos, lo que desde el oficialismo se presenta como un paso lógico para evitar abusos. Quintar incluso sugirió que muchos beneficiarios cuentan con ingresos adicionales “en blanco o en negro” o con otras coberturas, lo que, según él, justificaría la restricción.

Además, el diputado defendió el recorte como un ejemplo de “responsabilidad fiscal”, asegurando que el gobierno de Javier Milei no permitirá “seguir tirando plata a todos lados”. Desde su perspectiva, esta medida garantiza un uso eficiente de los recursos, alineándose con la agenda de austeridad promovida por el oficialismo.

Silencio y críticas

Mientras Quintar celebraba el ajuste, su colega de bancada Lisandro Almirón evitó responder preguntas al respecto y se limitó a cuestionar el enfoque de la prensa.

Las justificaciones del oficialismo han generado críticas desde diversos sectores, que advierten sobre las consecuencias de esta medida para los jubilados más vulnerables. A pesar de ello, las declaraciones de Quintar reflejan una postura firme en la defensa de la política, presentada como una acción necesaria para el “ordenamiento” de los recursos públicos.

El comisario general Luis Rolle está acusado de trasladar en un avión de la fuerza a sus parientes y allegados a la boda que celebró el pasado 5 de octubre en una estancia.

El comisario general Luis Rolle, máxima autoridad de la Policía Federal, enfrenta duras críticas tras conocerse que usó un avión de la Policía Federal para transportar familiares y allegados a la fiesta de su casamiento, celebrada el pasado 5 de octubre en una estancia en Corrientes.

El polémico viaje, realizado el 3 de octubre desde el hangar de la Policía Federal en Ezeiza, habría involucrado un Viking DHC-6-400 Twin Otter matricula LQ-JKE, una aeronave adquirida en 2019 durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El avión, con capacidad para poco más de diez personas, fue utilizado para llevar a los invitados a la celebración, que inicialmente estaba planeada para 300 asistentes pero finalmente se redujo a un evento más íntimo.

Contexto y antecedentes

La decisión de Rolle de restringir la magnitud de la fiesta habría respondido a dos factores: el reciente escándalo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por el uso indebido de una casona para eventos VIP, y rumores en el Ministerio de Seguridad sobre posibles cambios en la cúpula de la Policía Federal.

El caso recuerda el episodio que terminó con la salida del ex titular de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Mengo, quien también fue acusado de usar aviones oficiales para fines personales, incluyendo reuniones sociales en Entre Ríos.

Repercusiones

El uso de recursos oficiales para fines personales por parte de Rolle intensifica el malestar en las fuerzas de seguridad, ya golpeadas por recientes escándalos de corrupción y mala gestión. Aunque el comisario buscaba evitar motivos para su desplazamiento, el episodio podría precipitar su salida, en un contexto en el que ya se discutían cambios en la cúpula policial desde la llegada de Bullrich al ministerio.

Este incidente subraya la necesidad de una mayor fiscalización y transparencia en el manejo de recursos públicos en las fuerzas de seguridad, una problemática recurrente que sigue minando la confianza en las instituciones.