El organismo cumple un rol fundamental en la gestión de recursos hídricos a nivel nacional y enfrenta un ajuste presupuestario. Denuncian que la intención es reemplazarlo por una empresa privada y reducir empleados.

El gobierno busca disolver el Instituto Nacional del Agua (INA), un organismo fundamental para la prevención de inundaciones y sequías, en un momento crítico de crisis hídrica en el agro e incendios forestales en la Patagonia. La medida implica severos recortes presupuestarios, despidos masivos y la posible privatización de sus funciones, reduciendo su equipo de casi 300 expertos a solo 50, lo que dejaría inoperante su estructura y funciones esenciales.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el INA desempeña un papel clave en la gestión del agua a nivel nacional. Entre sus funciones se encuentran el diseño y monitoreo de obras hídricas, la modelización de inundaciones y sequías, la investigación de enfermedades vinculadas al agua y la resolución de conflictos por contaminación. Además, provee peritajes y asesoramiento en grandes proyectos nacionales e internacionales, como la gestión del Canal de Panamá y la operación de represas hidroeléctricas clave.

El INA cuenta con infraestructura única en Latinoamérica para el estudio de dinámicas hídricas, incluyendo laboratorios especializados y tecnología de cálculo avanzada. Su estructura descentralizada, con centros regionales en distintas provincias, le permite abordar problemáticas hídricas de manera integral y con enfoque federal. Sin embargo, el cierre de estos centros pone en riesgo la investigación aplicada y la toma de decisiones basadas en datos científicos.

A pesar de que la Ley de Bases N°27.742 protege al INA de su disolución, el gobierno parece buscar su vaciamiento mediante el estrangulamiento financiero: recortes presupuestarios, falta de designación de autoridades y la interrupción de servicios esenciales como electricidad e internet. Esta estrategia podría responder a intereses inmobiliarios, dado que su predio en Ezeiza ya ha sido inspeccionado por la Agencia de Bienes del Estado para una posible venta.

Los trabajadores del INA han alertado sobre el impacto devastador que tendría su desmantelamiento, no solo en la prevención de desastres naturales, sino también en sectores productivos como la agricultura, la minería y la industria, altamente dependientes de la gestión del agua. Han propuesto mejoras para optimizar su funcionamiento sin perder su carácter público, pero el gobierno insiste en una visión de “ajuste” que podría dejar la gestión del agua en manos del mercado, poniendo en riesgo el acceso equitativo a este recurso vital

Hoy se conocerá el dato de inflación de enero, que se ubicará en torno al 2%. Para el gobierno de Javier Milei dará cuenta del éxito de su política económica.

Sin embargo, nadie dirá nada sobre por qué el gobierno se niega a actualizar la canasta de bienes y servicios con la que se mide la inflación mensual. La misma es de 2004 y está totalmente desactualizada. En el INDEC lo saben y tienen preparada la actualización pero el gobierno no lo hace.

Ocurre que actualmente están muy poco ponderados los servicios públicos (transporte, luz, gas, agua) porque en 2004 estaban congelados y no tenían relevancia en el consumo de las familias. Pero eso cambió con los tarifazos de Mauricio Macri y los de Javier Milei. Pero el INDEC no lo registra.

Eso explica que mucha gente vea que no llega a fin de mes mientras lee que la “inflación no para de bajar”. Ocurre que no se miden los tarifazos. Tan simple como eso.

Según la Universidad Di Tella (que simpatiza con las políticas liberales), la inflación de 2024 hubiera sido 16 puntos mayor a que informó Indec si la metodología fuera la adecuada. Es decir, la inflación “real” fue de 134% y no de 117%. Es nada menos que casi dos puntos más por mes. Es decir: cuando el Indec decía 3%, en realidad era 4 o 5%.

“Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”, expresó el artista de 18 años.

El cantante Milo J denunció censura tras la suspensión de su show gratuito en la ex ESMA por una medida cautelar impulsada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, con aval del ministro Mariano Cúneo Libarona. “Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”, expresó el artista de 18 años. La mamá y manager de Milo J, Aldana Ríos, aseguró que fueron extorsionados: “Nos dijeron que si no suspendíamos iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando”.

Con un operativo desmedido que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, la administración libertaria avanzó en su política de vaciamiento de la memoria. Horas antes, se retiró la gigantografía de Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla. “Todo estaba en regla”, afirmaron organismos de derechos humanos, denunciando una clara maniobra negacionista.

La suspensión generó solidaridad de artistas y referentes como Axel Kicillof. Manolo Franco, sobreviviente de la ESMA, aseguró: “El negacionismo cree que nos hizo un gol, pero vienen perdiendo por goleada”. Pese a la censura, muchos jóvenes ingresaron al sitio, conocieron su historia y participaron de visitas guiadas. “No tuvimos show, pero al menos aprendí”, dijo Danixa Aspillaga, de 17 años.

Mientras Baños y Cúneo Libarona intentan reescribir la historia, la memoria resiste.

La ministra gana dos millones de pesos por mes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se burló del reclamo de los efectivos de la Gendarmería y otras fuerzas federales y defendió el mísero aumento del 5 por ciento, con el argumento de que “en todos lados ganamos poco”. Ella gana dos millones de pesos por mes.

La ministra de Seguridad dejó en claro que el gobierno no piensa mejorar la oferta, a pesar del rechazo generalizado de los efectivos y del contraste con el aumento anunciado por Axel Kicillof del 9 por ciento para La Bonaerense.

“Se ha hecho un esfuerzo enorme, todas las pautas (salariales) están en uno por ciento y la pauta de las fuerzas ha subido a cinco”, justificó Bullrich en una entrevista en LN+. “El número parece poco”, la cruzó el periodista.

“Claro pero poco en relación a un país con inflación, cuando vos tenías inflación decías ‘ah tengo una paritaria del 50%’ ¿y cuánto te duraba esa plata? Nada. Ahora es una recomposición de tu salario”, argumentó Bullrich.

La demanda contra el Gobierno nacional se centra en el “desvío de fondos” y el deterioro de las rutas y sus consecuencias sobre el desarrollo productivo y la vida de las personas que transitan en ellas.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a 20 intendentes bonaerenses, presentó una denuncia contra el Gobierno de Javier Milei por el abandono de las rutas nacionales. La acusación, encabezada por el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, señala el desvío de fondos y la paralización total de obras viales, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y perjudica gravemente la actividad económica y productiva en la provincia.

La demanda fue presentada este miércoles en Plaza Belgrano de Luján y exige respuestas sobre el destino de los recursos recaudados a través de impuestos específicos para infraestructura, que según denuncian, no han sido transferidos a Vialidad Nacional.

Obras detenidas y rutas en estado crítico

Buenos Aires cuenta con 9 rutas nacionales que recorren más de 4.000 kilómetros y atraviesan 57 municipios. Sin embargo, desde la llegada de Milei a la presidencia, todas las obras viales quedaron paralizadas, incluyendo tareas básicas como el mantenimiento y la limpieza de banquinas. Ni siquiera se han destinado fondos para proyectos estratégicos de transformación en autopistas o autovías, lo que agrava los problemas de circulación y eleva el riesgo de accidentes.

Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente.

Nosotros por decisión de @Kicillofok vamos a seguir trabajando para que las rutas que pasan por nuestros municipios estén en… pic.twitter.com/n89d379Cjq

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 12, 2025

Según la denuncia, el Gobierno Nacional continúa recaudando impuestos destinados a infraestructura vial, pero no los utiliza para su fin original. Durante 2024, no se transfirieron a Vialidad Nacional los $200.000 millones obtenidos del Impuesto a los Combustibles, ni tampoco el billón de pesos recaudado por el Impuesto PAIS, que debía financiar obras públicas.

A pesar de esto, los combustibles se encarecieron más del 250% en 2024, generando una recaudación total de $2,5 billones a través de impuestos, un aumento del 378% respecto a 2023. La Ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado debe destinarse a infraestructura del transporte, pero el gobierno solo ejecutó el 2% de los fondos asignados a la Dirección Nacional de Vialidad.

La parálisis afecta la seguridad y la economía

El abandono de las rutas no solo representa un riesgo para la vida de los conductores, sino que también afecta la productividad y la competitividad del país. Sin rutas en condiciones, el transporte de mercancías se vuelve más lento y costoso, afectando especialmente a sectores como el agro y la industria.

El reclamo de Kicillof y los intendentes bonaerenses se suma a los pedidos de diversas entidades y sectores económicos. En enero, la CAME y organismos de la Patagonia exigieron la intervención del Estado ante el crítico estado de las rutas 3 y 40, fundamentales para la conexión del sur con el resto del país. También, intendentes de distintas fuerzas políticas han exigido respuestas al gobierno, denunciando el deterioro de rutas clave como la Ruta 5, que atraviesa el interior bonaerense.

Un reclamo que crece

La lista de intendentes que firmaron la denuncia incluye mayoritariamente a jefes comunales de Unión por la Patria, pero también a referentes de otros espacios políticos, como Gustavo Perié (PRO, Ramallo) y Matías Nebot (Todos por Saavedra, fuerza vecinalista).

Entre los firmantes figuran los intendentes de Luján, Escobar, Mercedes, Exaltación de la Cruz, Cañuelas, Bragado, Chacabuco, Mar Chiquita, Tornquist y General Villegas, entre otros municipios afectados por el abandono del Gobierno Nacional.

Mientras Milei avanza con su plan de cero obra pública, los intendentes advierten que la falta de inversión pone en jaque la seguridad vial, la productividad y el desarrollo del país. La pregunta es: ¿dónde está el dinero recaudado para infraestructura?