El dispositivo en cuestión es el PIG (Pipeline Inspection Gauge), una herramienta esencial para el monitoreo de los ductos que transportan gas desde la Cuenca Neuquina hacia otras regiones del país. Hasta ahora, estos equipos deben alquilarse al exterior a costos muy elevados en dólares.

El ajuste en el área de ciencia y tecnología tuvo consecuencias directas en el desarrollo energético nacional: YPF, a través de su empresa tecnológica Y-TEC —copropiedad con el CONICET— se vio obligada a detener el avance de una tecnología clave para la inspección de gasoductos en Vaca Muerta. El freno al proyecto no solo refuerza la dependencia tecnológica con países como Alemania y Estados Unidos, sino que también golpea de lleno a pymes locales de Neuquén.

El dispositivo en cuestión es el PIG (Pipeline Inspection Gauge), una herramienta esencial para el monitoreo de los ductos que transportan gas desde la Cuenca Neuquina hacia otras regiones del país. Hasta ahora, estos equipos deben alquilarse al exterior a costos muy elevados en dólares. El desarrollo nacional de esta tecnología, que había logrado avances importantes gracias a la colaboración entre Y-TEC e INVAP, quedó paralizado por los recortes presupuestarios aplicados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que controla el 49% de Y-TEC junto a la petrolera estatal.

La suspensión del proyecto fue confirmada por el ahora exdirector de Y-TEC, Eduardo Dvorkin, durante una sesión de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Dvorkin advirtió que el desfinanciamiento no solo afecta a científicos y tecnólogos, sino también al sistema educativo, sanitario y a las pymes, piezas fundamentales en la cadena de valor industrial del país.

El caso de los PIG es ilustrativo: el programa no solo buscaba sustituir importaciones, sino que contemplaba la participación de pequeñas y medianas empresas neuquinas, que se verán excluidas de una oportunidad estratégica de inserción en la industria hidrocarburífera.

Mientras el presidente Javier Milei promueve el discurso del desarrollo estratégico de las pymes, el ajuste en ciencia demuestra una contradicción flagrante: se desactiva un proyecto clave que fortalecía la soberanía tecnológica y el entramado productivo nacional. Como telón de fondo, queda la paradoja de $Libra, una iniciativa gubernamental que prometía impulsar a las pymes y terminó envuelta en un escándalo de consecuencias aún inciertas.

Fuentes del sector calificaron la medida como “propia de un país subdesarrollado” y advirtieron que “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos”.

La industria naval argentina expresó una profunda preocupación y rechazo ante el Decreto 273/2025, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), habilitando la libre importación de barcos y maquinaria agrícola usada. La medida, celebrada por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, fue calificada como “un gravísimo error” por referentes del sector, que advierten sobre sus consecuencias destructivas para el entramado productivo nacional.

Desde el astillero Federico Contessi, uno de los principales del país, no tardaron en manifestarse con firmeza. Su presidente, Domingo “Vito” Contessi, consideró que la medida “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos”, y criticó al Gobierno por “repetir errores del pasado que ya demostraron su efecto devastador”.

Contessi recordó que decisiones similares tomadas en décadas anteriores, como la importación masiva de buques usados en los años ‘70, terminaron con astilleros cerrados, una flota ineficiente, y embarcaciones convertidas en chatarra en los muelles. “Diez años después de aquel decreto, el 50% de los buques estaban inutilizados y el 85% de las empresas quebradas”, advirtió.

Para la industria naval, esta apertura implica una competencia desleal frente a quienes invierten en nuevos desarrollos, desincentiva la producción nacional y precariza el sector. “Fomenta inversiones oportunistas y de corto plazo, frena la renovación tecnológica y nos expone nuevamente a tragedias con pérdida de vidas humanas”, denunció el empresario.

En contraste con este retroceso, la industria naval argentina había mostrado en los últimos años un fuerte crecimiento. En Mar del Plata, astilleros como Contessi y SPI alcanzaron récords de botaduras, generando empleo, innovación tecnológica y formación en oficios. Ese proceso, afirman, hoy está paralizado.

El decreto encendió alarmas porque, además de barcos, también permite la importación automática de maquinaria industrial usada de múltiples rubros, eliminando cualquier evaluación sobre la existencia de producción local. Para Contessi, esto es “dirigismo puro”, ya que el anexo del decreto define “cuáles industrias seguirán y cuáles desaparecerán”.

“Resulta paradójico que un gobierno que prometía impulsar la industria naval haga todo lo contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, se protege esta industria con leyes como el Jones Act. En cambio, en Argentina miramos el espejo de países subdesarrollados”, criticó.

Importante 👇

El Gobierno Nacional simplifica la importación de bienes de capital usados.

El Gobierno Nacional elimina una medida burocrática con más de 30 años de vigencia que exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 14, 2025

El Gobierno, por su parte, defendió la medida bajo el argumento de que simplificará procesos, reducirá costos para las empresas y facilitará el acceso a tecnología, especialmente para sectores estratégicos como el energético o minero. Sin embargo, desde el sector naval advierten que, lejos de representar una modernización, se trata de un retroceso histórico con impactos económicos, sociales y ambientales irreversibles.

“Hoy es un día de mucha tristeza para la industria naval argentina”, concluyó Contessi, visiblemente decepcionado por lo que consideran una política que atenta contra el desarrollo nacional.

La ex presidenta expuso cómo cayó la participación de los asalariados en el PBI y apuntó contra los gobiernos que empobrecen a los trabajadores mientras endeudan al país.

Este sábado de Resurrección, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a romper el cerco mediático con un mensaje contundente: compartió un gráfico elaborado por la Fundación Fundar —a través del sitio Argendata— que muestra la evolución de la participación de los asalariados en el PBI desde 1935 hasta la actualidad.

“Ese concepto económico, traducido al castellano básico y sobre todo a una cuestión empírica, prueba (de manera inapelable) con qué gobiernos la plata te alcanzaba para comprar más cosas, llegar tranquilo a fin de mes y hasta ahorrar… o cuándo, como ahora, a la inmensa mayoría de los argentinos no le alcanza la guita para nada”, escribió CFK.

Con ironía y precisión, destacó que los períodos donde los trabajadores alcanzaron una mayor participación en la riqueza nacional fueron tres:

• Entre 1942 y 1954, con el ascenso de Juan Domingo Perón.
• En 1974, durante el último gobierno peronista previo a la dictadura.
• Y, de manera sostenida, entre 2003 y 2015, bajo los gobiernos kirchneristas.

“No es ninguna casualidad que los responsables políticos de los períodos de mayor participación de los trabajadores hayan sido, y sigan siendo, perseguidos, condenados y proscriptos”, denunció. Y agregó: “Como tampoco lo es que los responsables de las estafas financieras del 2001 y el 2018 vuelvan, una y otra vez, a manejar el Estado”.

En un país donde —según datos oficiales— el poder adquisitivo se desplomó tras la devaluación y los ajustes del gobierno de Javier Milei, la exmandataria volvió a poner el eje en lo que considera el verdadero conflicto de fondo: quién se queda con la riqueza que produce la Argentina.

“¿Te das cuenta que es todo al revés de lo que escuchás cuando te pican los sesos todos los días, no?”, lanzó.
Y cerró con una de sus frases ya clásicas: “En la Argentina, todo hace juego con todo”.