En medio de una fuerte inestabilidad interna y con un programa económico que genera más dudas que certezas, el presidente Javier Milei prepara dos viajes clave a Estados Unidos en los próximos 45 días para buscar respaldo político y financiero que le permita recrear la confianza perdida.

Con el dólar contenido y las tasas de interés como piezas centrales de su estrategia, Milei intentará seducir a inversores en Nueva York y California, y luego aprovechar su presencia en la Asamblea General de la ONU. El objetivo es reducir el riesgo país, anclado en 750 puntos básicos, y destrabar financiamiento a menores tasas, mientras el mercado local de deuda en pesos atraviesa tensiones crecientes.

La última licitación apenas renovó el 61% de los vencimientos, obligando al Gobierno a lanzar una colocación de emergencia para absorber $6 billones y contener la presión sobre el dólar. Sin embargo, las tasas del 69,5% amenazan con erosionar el superávit fiscal, uno de los pilares del modelo libertario, y podrían enfriar aun más la actividad en plena recta final electoral.

Aunque el respaldo del Tesoro de EE.UU. al acuerdo con el FMI da oxígeno, las reservas negativas y los vencimientos siguen presionando. En Washington, Milei buscará seducir a los capitales en sectores extractivos como litio, cobre como así también dar un nuevo guiño a la presencia militar de EEUU en la región ofreciendo a Argentina como base de apoyo y contrapeso político de Brasil. Pero si bien Washington es consciente de la oportunidad que representa una Argentina subordinada dispuesta a acatar los mandatos de la casa blanca, no deja de verla como un socio secundario y con futuro político incierto, por lo tanto de momento, la esperada reunión bilateral con Donald Trump sigue sin fecha confirmada, mientras tanto la incertidumbre ya se instaló en los inversores.

La relación entre el sistema financiero y el Gobierno está en uno de sus puntos más críticos. La decisión del equipo económico de aumentar nuevamente los encajes bancarios y obligarlas a destinar ese dinero a la compra de bonos encendió todas las alarmas.

La relación entre el sistema financiero y el Gobierno está en uno de sus puntos más críticos. La decisión del equipo económico de aumentar nuevamente los encajes bancarios —los fondos que las entidades deben mantener inmovilizados por orden del Banco Central— y, además, obligarlas a destinar ese dinero a la compra de bonos que se habían negado a adquirir en la licitación del miércoles, encendió todas las alarmas. En el sector, la jugada fue interpretada como un “corralón”, evocando la medida que Domingo Cavallo implementó en 2001.

La reacción fue inmediata. Un encuentro virtual entre las autoridades del Banco Central, encabezadas por Santiago Bausili, y directivos de bancos terminó en tensión. “Fue una perorata técnica, no nos escucharon”, resumió al portal LPO uno de los participantes.

Es la segunda vez en menos de un mes que el Gobierno incrementa los encajes, una maniobra que busca inmovilizar más depósitos de los ahorristas y canalizar esos fondos hacia la deuda pública. Sin embargo, los banqueros advierten que esto golpea directamente el patrimonio de las entidades y de sus clientes.

La tensión también se sintió dentro del propio Banco Central. Más de 200 personas —entre técnicos de Adeba, ABA, ABE y Abappra— participaron de una reunión donde la señal oficial fue clara: los fondos de los bancos no deben alimentar la presión sobre el dólar. La instrucción fue “no mover” ese dinero.

El malestar creció con las declaraciones de algunos banqueros:

“No nos dejaron opinar. Tienen un problema político que quieren resolver con un apretón monetario. Esto puede generar un caos. Están secando al sistema financiero y destruyeron nuestras acciones en Wall Street”, sostuvo uno de ellos.

La reacción internacional no tardó. Los ADR de bancos argentinos en Nueva York sufrieron fuertes caídas: Banco Supervielle se desplomó 8,7%, Galicia retrocedió 5,3% y BBVA cayó 4,2%. Afuera, la percepción es que el sistema financiero local está bajo seria amenaza.

En medio de la crisis, el ministro Luis Caputo intentó desesperadamente explicar la estrategia, atribuyendo la extrema volatilidad al contexto “político-electoral”. Sin embargo, su argumentación técnica dejó dudas incluso entre sus propios aliados.

Desde Max Capital apuntaron contra la falta de previsibilidad: recordaron que, desde la eliminación de las Leliqs hace un mes, la política monetaria se volvió errática y que anunciar cambios por redes sociales después de las 20 horas sólo empeora la incertidumbre. “El esquema de política monetaria se ha vuelto cada vez menos claro”, advirtieron.

El presidente evitó asumir responsabilidades por la creciente problemática del fentanilo y apuntó contra el kirchnerismo, mientras el juez de la causa le respondió con dureza.

En lugar de asumir responsabilidades por la tragedia que sacude al país, el presidente Javier Milei culpó al kirchnerismo y apuntó contra el juez que lleva adelante la causa del fentanilo. El mandatario sugirió que la crisis actual es producto de “años de desidia” de los gobiernos anteriores, intentando despegar a su gestión de las consecuencias sociales y sanitarias del problema.

La respuesta del juez federal Ernesto Kreplak no tardó en llegar y fue categórica: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, sentenció el magistrado.

Desde la oposición y sectores judiciales advierten que la postura de Milei busca instalar un relato que lo exima de culpa, mientras el avance del narcotráfico y la falta de políticas de prevención golpean de lleno a los barrios más vulnerables. El fentanilo, una droga extremadamente peligrosa y de alto poder adictivo, ya ha provocado muertes y hospitalizaciones en distintos puntos del país.

La tragedia expone la ausencia de un plan integral del gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis de seguridad que la acompaña. Organizaciones sociales, especialistas en salud y referentes de derechos humanos insisten en que es urgente implementar medidas de prevención, control y asistencia, en lugar de buscar culpables políticos.

Mientras Milei apunta contra el pasado, la realidad presente muestra un país sin respuestas concretas frente a una crisis que crece y amenaza con dejar un saldo aún más doloroso. La discusión política se impone sobre las soluciones, y las víctimas siguen esperando justicia y asistencia real.