El presidente mostró como trofeo un mensaje impreso que le regaló el magnate republicano, mientras las promesas de auxilio financiero siguen sin cifras ni plazos.

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos con una agenda cargada de encuentros y puestas en escena: se reunió con Donald Trump, participó de la Asamblea General de la ONU y buscó mostrarse como un líder respaldado por la derecha global.

Un tuit convertido en trofeo

Uno de los momentos más llamativos fue el regalo que Trump le entregó: un tuit impreso en el que lo elogiaba como un “líder fantástico y poderoso” y le daba su “total respaldo para la reelección”. Milei no dudó en mostrarlo como un trofeo, elevando un gesto puramente simbólico al nivel de aval político internacional.

El episodio revela la estrategia de Milei: transformar lo anecdótico en propaganda. Ese papel firmado por Trump no resuelve la inflación, la pobreza ni la deuda externa, pero sirve para reforzar su narrativa de “legitimidad internacional” y alineamiento con la derecha mundial.

Expectativas económicas sin precisiones

En el plano económico, Milei habló de auxilios financieros por parte de Estados Unidos y de un respaldo explícito de Trump en ese terreno. Sin embargo, no hubo cifras, plazos ni condiciones concretas. Todo se limitó a promesas vagas que dejan más dudas que certezas.

Con vencimientos de deuda por miles de millones de dólares en los próximos meses y un escenario social cada vez más crítico, la falta de definiciones es preocupante. Los gestos y las fotos pesan poco si no se traducen en alivio económico real.

Se trata del consumo más bajo en agosto desde 2021, durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda había alcanzado 11.660,06 GWh.

La demanda eléctrica registró en agosto una fuerte caída del 3,7% interanual en todo el país, encendiendo las alarmas sobre el freno de la actividad económica. Según el informe de Fundelec, el consumo total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) alcanzó los 11.719,3 GWh, por debajo de los 12.171,4 GWh del mismo mes de 2024. Se trata del nivel más bajo para un agosto desde 2021, en plena pandemia.

El retroceso no fue solo interanual: respecto a julio, el consumo se derrumbó 9,2%, lo que confirma la contracción de la demanda. En lo que va de 2025, la caída acumulada es de 0,5%, consolidando la tendencia negativa.

Capital y GBA, los más afectados

El desplome fue aún mayor en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, donde las distribuidoras EDENOR y EDESUR registraron bajas de 5,4% y 4,9%, respectivamente, lo que arroja un promedio conjunto del 5,2% en la zona más densamente poblada del país.

Golpe en todos los sectores

El ajuste en el consumo se sintió de forma generalizada:

• Residencial: representó el 47% del total, con una baja del 5,2%.
• Comercial: 27% del total, con una merma del 2,3%.
• Industrial: 26% del consumo, con una caída cercana al 2,5%.

Provincias: mayoría en rojo

En agosto, 19 provincias y distribuidoras tuvieron descensos, con casos críticos como Chubut (-19%), La Rioja (-8%), Mendoza (-6%) y San Juan (-6%). Solo seis jurisdicciones marcaron subas, destacándose Santa Cruz (+14%).

En cuanto a la matriz energética, la generación térmica siguió liderando con el 50,3% de la oferta. La hidráulica, en retroceso, aportó solo el 19,4%, un 15% menos que en 2024. Las renovables alternativas representaron el 17,6%, mientras que la energía nuclear aportó un 7,7% y las importaciones un 4,9%.

Con este panorama, el desplome de la demanda eléctrica aparece como un indicador directo de la crisis económica: hogares que consumen menos, comercios que reducen su actividad y una industria que pierde fuerza.

Ante la fuerte suba del dólar y la urgencia de conseguir divisas, el Gobierno eliminó en forma transitoria las retenciones a todos los granos y a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar un ingreso de 7.000 millones de dólares. La medida, de claro sesgo electoral, tendrá un costo fiscal estimado entre 1.000 y 1.800 millones de dólares y, según los gobernadores de las principales provincias agropecuarias, es oportunista, transitoria y dañina para las cuentas públicas: equivale a resignar el 0,25% del PBI.

Los decretos firmados por Javier Milei fijaron en cero los derechos de exportación de cereales, oleaginosas y carnes, con el objetivo de forzar una rápida liquidación de divisas. El trasfondo es evidente: la derrota en Buenos Aires y la escalada cambiaria profundizaron un cuadro de recesión, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo. El propio Gobierno admite que, como efecto inmediato, los precios de alimentos básicos —leche, harina, carnes y aceites— sufrirán nuevas remarcaciones.

El beneficio alcanza sobre todo a grandes productores y exportadoras que todavía conservaban stock a la espera de una devaluación mayor, mientras que los pequeños agricultores ya liquidaron sus granos en junio. Desde la Federación Agraria advirtieron que la decisión “favorece a las multinacionales y no al productor chico”. Tras el anuncio, el Ejecutivo reunió a la Mesa de Enlace, que celebró a medias y pidió la eliminación definitiva de las retenciones.

La maniobra apunta a sostener artificialmente el tipo de cambio hasta las elecciones del 26 de octubre. Según cálculos del Iaraf, el costo fiscal directo será de unos 1.000 millones de dólares, equivalente a casi la mitad del superávit proyectado para 2026. La oposición recuerda que ese monto es similar al presupuesto que Milei vetó para universidades y el Hospital Garrahan con el argumento de la falta de recursos.

Los gobernadores provinciales salieron al cruce. Axel Kicillof cuestionó el “cambio de discurso” del oficialismo, que hasta hace semanas defendía las retenciones como garantía del superávit. Maximiliano Pullaro advirtió que “no se pueden usar con fines electorales” y Martín Llaryora pidió un plan productivo estable: “Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por especulación financiera o electoral”.

Un informe del IARAF advierte que la decisión oficial costará al Estado cerca de US$ 1.000 millones en 2025, una cifra que equivale a casi la mitad del superávit previsto y que compromete las metas firmadas con el Fondo Monetario Internacional.

La administración de Javier Milei anunció la eliminación de retenciones al complejo oleaginoso y cerealero hasta octubre de 2025 en busca de acelerar la liquidación de divisas, pero la medida amenaza con dinamitar el delicado esquema fiscal que el propio Gobierno había presentado como su principal logro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo ascendería a 0,15% del PBI, lo que equivale a unos US$ 1.000 millones, cifra equivalente al 46% del superávit comprometido para el año próximo.

El estudio calcula que, dependiendo del nivel de liquidación de soja y maíz, la pérdida de recursos podría escalar hasta los US$ 1.600 millones, comprometiendo de lleno los compromisos asumidos con el FMI. Aunque parte de ese agujero se compensaría con mayor recaudación de ganancias e IVA, el impacto neto seguiría siendo negativo y dejaría al Tesoro con menos margen para sostener el ajuste.

En los hechos, la decisión representa una transferencia directa de renta desde el Estado hacia el núcleo más concentrado del agroexportador, en un país donde la mayoría de la población enfrenta caída del poder adquisitivo, recesión y dificultades crecientes para cubrir gastos básicos. El Gobierno eligió beneficiar al sector con mayor capacidad de presión, aun a costa de hipotecar el equilibrio de las cuentas públicas que prometía preservar.

Con este giro, Milei no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales, sino que exhibe la contradicción central de su programa: recorta jubilaciones, subsidios y gasto social, mientras otorga a los grandes exportadores una concesión que erosiona el mismo superávit que usa como bandera.

El gobierno libertario consiguió un gesto de apoyo financiero desde Washington, pero los indicadores oficiales confirman que la economía argentina atraviesa un proceso de contracción, con caída en la producción, consumo debilitado y señales de mayor desocupación en los próximos meses.

El alivio político que Javier Milei obtuvo tras el anuncio de respaldo de la administración Trump apenas alcanzó para calmar a los mercados. Bonos y acciones reaccionaron con leves mejoras, aunque sin lograr disipar las sombras que proyecta la economía real. El Indec anticipa un escenario de recesión abierta, con retrocesos en la actividad industrial, dificultades en el comercio y una tendencia preocupante en el empleo.

La Encuesta de Tendencia de Negocios refleja que casi un 23% de los empresarios industriales espera una baja en la producción entre septiembre y noviembre, mientras más de la mitad de las firmas reconoce que sus pedidos ya se ubican por debajo de lo normal. El panorama laboral tampoco es alentador: un 16,5% prevé recortes de personal frente a un exiguo 4% que espera contratar.

En el frente del consumo, supermercados y autoservicios mayoristas describen situaciones cada vez más deterioradas: más de un tercio admite atravesar un momento “malo” y casi un 40% reconoce dificultades crecientes para acceder al crédito. El Indec corroboró que en el segundo trimestre la economía retrocedió en todos sus frentes: caída del PBI, menor inversión, reducción del consumo y exportaciones en baja.

Aunque el gobierno destaca la desaceleración inflacionaria como uno de sus logros, el costo social de la estrategia es visible. Con el salario en retroceso y el endeudamiento de los hogares en alza, amplias franjas de la población se ven obligadas a financiar productos básicos o postergar consumos elementales.

En este marco, el “salvavidas” de Trump aparece como un recurso político más que como una respuesta concreta a la crisis estructural. Los analistas ya advierten que cualquier ayuda futura estará atada a condiciones duras, con riesgo de nuevas recetas de ajuste que podrían agudizar aún más la pérdida del poder adquisitivo.

Con el consumo interno en caída libre y crecientes problemas financieros, las empresas manufactureras advierten que el panorama para lo que resta del año será de estancamiento, sin creación de empleo y con producción limitada.

Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios difundida por el INDEC, en agosto más de la mitad de las compañías (50,9%) declaró que sus pedidos se encuentran por debajo de lo normal, el cuarto mes consecutivo en aumento. El bajo nivel de demanda interna sigue siendo la principal restricción, aunque perdió peso frente a otros factores que se dispararon: la crisis financiera, la incertidumbre económica y la presión de productos importados.

Las dificultades para acceder al crédito se convirtieron en un obstáculo central. Apenas un 5,6% de las firmas dijo tener facilidades de financiamiento, mientras que el 32,5% reconoció fuertes problemas para conseguirlo, un salto significativo respecto del 19,5% registrado en mayo. El encarecimiento del dinero —con tasas para adelantos a empresas que llegaron a triplicarse tras la salida de las Lefis y los intentos oficiales por contener al dólar— golpeó de lleno en la operatoria cotidiana de las fábricas.

El horizonte inmediato no es más alentador: solo el 15% de las empresas espera aumentar la producción en los próximos tres meses, mientras que apenas el 4% prevé sumar empleo. Además, únicamente el 11% confía en una mejora de la situación empresarial en su conjunto.

La foto actual de la industria refleja una economía debilitada, con expectativas en retroceso y un futuro cercano dominado por el ajuste y la falta de dinamismo.

Diputados opositores presentaron un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de avanzar luego en una moción de censura. El mecanismo, previsto en la Constitución de 1994, permitiría remover al funcionario con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara baja. En la Casa Rosada la iniciativa cayó como un baldazo de agua fría. “Esto es golpismo”, advirtieron desde el entorno presidencial, reconociendo la preocupación que despierta la jugada parlamentaria.

Desde que se creó la figura del jefe de Gabinete en la reforma constitucional, nunca prosperó una censura de este tipo. El oficialismo sabe que alcanzar la mayoría absoluta —más de la mitad de los diputados— no es sencillo, pero admite que la posibilidad, por primera vez en décadas, es real.

El proyecto fue presentado por legisladores de Encuentro Federal, entre ellos Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot. La propuesta cita a Francos a una interpelación “con el objeto de iniciar una moción de censura”, y enumera como causales la ilegalidad del decreto 685/2025, el incumplimiento de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y “cualquier otra cuestión que decida incluir el pleno al momento de la comparecencia”.

En Balcarce 50 admiten que la ofensiva los tomó por sorpresa. “No veo a los gobernadores dando el visto bueno para votar esto, no debería pasar”, se esperanzó un funcionario, aunque reconoció que el escenario los inquieta. “No vemos la hora de que llegue octubre”, deslizó, en alusión a las próximas elecciones legislativas.

La movida opositora se vincula directamente con la ley de emergencia nacional en discapacidad. El Congreso sancionó la norma pese al veto del presidente Javier Milei, e incluyó la obligación de incorporar partidas presupuestarias específicas para su implementación. Desde el Gobierno argumentan que el texto no precisa de dónde saldrán los fondos, lo que viola el artículo 5° de la Ley 24.629. Esa controversia se convirtió en el eje del enfrentamiento que hoy tiene en la mira a Guillermo Francos.

La nafta volvió a aumentar este martes a la madrugada. Las petroleras aplicaron un nuevo incremento promedio del 3%, lo que representa la quinta suba en apenas tres semanas. En total, el precio de los combustibles acumula cerca de un 8% en dos meses.

A diferencia de lo que ocurría antes, los aumentos ya no se notifican oficialmente, debido a una disposición del Gobierno nacional que derogó en junio la obligación de informar los cambios en los valores de los combustibles. Como resultado, un mercado que antes tenía cierta transparencia ahora carece de esa visibilidad, dejando a los consumidores sin referencias claras sobre la evolución de los precios.

Precios en alza constante

La nafta premium en las estaciones Shell era de $1.715 a fines de agosto. El 6 de septiembre pasó a $1.729; el 7, a $1.738; el 13, a $1.752; y con el aumento del 22 de septiembre trepó a $1.782.

El nuevo incremento se da en medio de una recesión profunda, con fuerte caída del poder adquisitivo y del consumo en supermercados.

Además, el último aumento oficializado fue el 29 de agosto, en el marco de la Ley 23.966 y del sistema de actualización trimestral vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, sucesivas postergaciones y decretos generaron que los ajustes se apliquen de manera irregular y sin comunicación oficial.

La Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al PAMI restituir la entrega gratuita de medicamentos a jubilados y pensionados, al hacer lugar a un amparo colectivo que cuestionaba el recorte en la cobertura dispuesto por el Gobierno nacional.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal Nº 2, extiende la medida cautelar que frena la aplicación de las resoluciones oficiales que habían limitado el acceso pleno a los fármacos. De esta manera, el instituto deberá garantizar nuevamente el 100% de la cobertura en el marco del programa Vivir Mejor.

“Me acaban de notificar que salió favorable el amparo que presentamos para que todos los jubilados y jubiladas que tenían los medicamentos gratis recuperen la cobertura total”, celebró el senador nacional Mariano Recalde, impulsor de la acción judicial junto al Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y a beneficiarios afectados. El legislador calificó la decisión como “una excelente noticia” para los 480.000 adultos mayores porteños y advirtió que el recorte previo había sido “injusto, inhumano y riesgoso para la salud”.

MEDICAMENTOS GRATIS PARA LOS JUBILADOS DE LA CIUDAD

La Justicia falló a favor del amparo que presentamos para que le devuelvan a los jubilados los medicamentos gratuitos de PAMI que les sacó Milei.

Una excelente noticia que ojalá se replique en el resto del país. No hay… pic.twitter.com/qUmAgCWO6r

— Mariano Recalde (@marianorecalde) September 22, 2025

La resolución, firmada el 22 de septiembre, también resguarda la validez de trámites en curso y prestaciones ya otorgadas, a fin de evitar perjuicios adicionales.

En las últimas semanas, tribunales de Tucumán, Córdoba y Mendoza habían dictado fallos similares, lo que configura un escenario de crecientes traspiés judiciales para el Ejecutivo en su intento de avanzar con un ajuste en el sistema de medicamentos.

“El fallo ratifica que la salud no se negocia. Vamos a seguir defendiendo a nuestros jubilados hasta que se restituya plenamente este derecho en todo el país. Ojalá se replique en todas las provincias. No hay libertad si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios”, concluyó Recalde.

“Todas las opciones están sobre la mesa para estabilizar la economía Argentina”, escribió el jefe de las finanzas de la mayor economía del mundo.

El gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico. En un sorpresivo giro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes que Washington está dispuesto a entregarle a Argentina la ayuda económica que sea necesaria para evitar un colapso inminente. La declaración llega en medio de un escenario político y financiero extremadamente delicado para la administración libertaria, cuyo plan económico —diseñado por el ministro Luis Caputo— no ha logrado estabilizar al país.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, aseguró Bessent en un mensaje en X, donde sugirió posibles compras de deuda argentina en dólares, inyecciones directas de divisas o incluso una línea de swap para proveer dólares de emergencia. Sus palabras generaron un alivio inmediato en los mercados: los bonos subieron, el peso se fortaleció y el índice Merval trepó más de un 6%. Sin embargo, la euforia inicial choca con una realidad mucho más dura: sin el salvavidas del Tesoro estadounidense, el gobierno de Milei podría desmoronarse en cuestión de meses.

La vulnerabilidad de la economía argentina es inocultable. El país ya agotó el respaldo del FMI con un préstamo de US$20.000 millones en abril, y hoy enfrenta falta de reservas, un riesgo país desbordado y una corrida cambiaria que obligó al Banco Central a vender US$1.100 millones en apenas tres días. A esto se suma la reciente derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires —el distrito más grande del país—, que dejó políticamente golpeado al presidente.

La tensión se agrava con denuncias de presunta corrupción que alcanzan a la hermana y asesora más cercana de Milei, Karina, aumentando la desconfianza de inversores y opositores. Mientras tanto, la economía real sigue mostrando señales de debilidad: caída de la producción, estancamiento en la recuperación, desempleo elevado y un costo de vida que la mayoría de los argentinos considera insoportable.

Criticas desde Wall Street

El futuro del dólar y de la política cambiaria argentina se convirtió en tema central en un encuentro privado de banqueros de Wall Street en Nueva York. Allí, el diagnóstico fue contundente: el ministro de Economía, Luis Caputo, se verá obligado más temprano que tarde a eliminar las bandas cambiarias y liberar el tipo de cambio.

“Si no lo hacen, se van a desangrar”, advirtió uno de los ejecutivos presentes en la reunión realizada en una entidad financiera de Manhattan. Aunque la discusión se dio antes de que el Banco Central vendiera US$ 678 millones para sostener el techo de la banda, el consenso fue unánime: el esquema ya está agotado.

El evento, que reunió a más de 150 referentes del sector, contó con la participación de voces influyentes como Armando Armenta (AllianceBernstein), Pablo Goldberg (BlackRock), Lucas Martin (BofA Securities) y Roberto Sifon-Arevalo (S&P Global Ratings). Todos coincidieron en que, tras la vulneración del sistema, las bandas cambiarias deben ser reconfiguradas o directamente eliminadas.

Pese a la tensión, algunos inversores internacionales mantienen una visión menos pesimista que los locales y creen que el Gobierno aún puede llegar bien a octubre. Sin embargo, remarcan que el esquema cambiario y monetario debe replantearse con urgencia.

Aunque el gobierno presume de haber logrado contener la inflación, lo cierto es que la crisis cambiaria y política amenaza con sepultar su margen de maniobra. Sin el permanente respaldo externo, el “plan Milei-Caputo” parece condenado al fracaso.