El ministro de Economía confirmó que el llamado Fondo de Asistencia Laboral impulsado dentro de la reforma laboral, no tendrá un objetivo laboral sino que será utilizado para “alimentar el mercado de capitales”, generando fuertes cuestionamientos de sindicatos y sectores críticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este viernes que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —la herramienta prevista en la reforma laboral para financiar una alternativa a la indemnización por despido— será canalizado hacia el mercado de capitales y no directamente para sostener empleo o compensar cesantías, tal como habían señalado diversos sectores gremiales durante el debate de la reforma.

Caputo explicó que el FAL, que se nutrirá de aportes equivalentes a alrededor de 3% de las remuneraciones, no tendrá “naturaleza laboral” sino financiera, y su objetivo principal será recomponer y dinamizar el mercado de capitales argentino al canalizar ese flujo de recursos hacia instrumentos financieros registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Según lo reconoció el propio ministro, se estima que este instrumento podría movilizar aproximadamente US$ 4.000 millones por año, colocando ese dinero en manos de fondos privados con el objetivo de “alimentar un nuevo mercado de capitales” y favorecer la inversión interna.

La definición de Caputo descartó así la interpretación de que el FAL pudiera actuar como un mecanismo directo de protección o asistencia a trabajadores desvinculados, generando críticas de sectores sindicales que ven en la medida una transferencia de aportes laborales hacia el mercado financiero.

Desde la oposición y organizaciones gremiales advirtieron que la medida profundiza la desprotección del régimen previsional, al desviar recursos que hoy se destinan a la seguridad social hacia un esquema financiero orientado al mercado de capitales, sin garantías claras de retorno social o laboral.

El anuncio de Caputo se produce en medio del debate por la reforma laboral y las negociaciones sobre otras medidas económicas que el Gobierno impulsa para fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia del financiamiento externo, aunque la estrategia enfrenta cuestionamientos crecientes tanto en el ámbito político como sindical.

Un hombre de 45 años fue asesinado durante un operativo policial en la Villa 20 de Villa Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Familiares y vecinos denunciaron como un caso de gatillo fácil.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizado en la tarde del jueves 25 de diciembre en la Villa 20 de Villa Lugano terminó con la muerte de un vecino de ese barrio porteño, generando indignación entre familiares y organizaciones sociales por lo que consideran un posible caso de gatillo fácil.

La víctima fue identificada como Gabriel González, un hombre de 45 años que, según testimonios de allegados, se encontraba en el lugar cuando la policía acudió por una denuncia vinculada a disturbios durante la noche navideña. Las fuentes oficiales aún no brindaron detalles sobre las circunstancias precisas del hecho.

De acuerdo con vecinos presentes, los efectivos policiales intervinieron y se produjo un altercado en el que González recibió disparos. Tras ser herido, fue trasladado por el SAME al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento horas después.

Familiares y personas que estaban en el lugar denunciaron que, tras el hecho, los policías impidieron que una trabajadora de la salud realizara maniobras de reanimación, lo que aumentó la bronca de los presentes y las dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Los allegados describieron a González como un trabajador y vecino conocido en la comunidad, y cuestionaron con dureza la actuación policial, reclamando que se amplíe la investigación y se determine si hubo uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.

Mientras tanto, la Justicia porteña abrió una investigación para esclarecer lo sucedido, con la recolección de pruebas, testimonios de testigos y la realización de pericias que permitan determinar responsabilidades en lo que ya es considerado un hecho grave de violencia policial en un contexto festivo.

Un nuevo parte médico confirmó que la expresidenta permanece hospitalizada tras ser operada de urgencia por una apendicitis con peritonitis.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuaba este viernes internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro de íleo postoperatorio, según informó el último parte médico difundido por el centro de salud.

De acuerdo al informe, la dirigente evolucionaba favorablemente de la intervención quirúrgica por apendicitis aguda con peritonitis localizada, aunque presentaba una complicación caracterizada por la disminución transitoria de la función intestinal, una situación frecuente en el período posterior a cirugías abdominales.

El comunicado médico detalló que la paciente mantenía drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico por vía endovenosa, y que hasta el momento no registraba fiebre, un dato considerado positivo dentro del seguimiento clínico.

Asimismo, se indicó que Cristina Kirchner continuaba con dieta líquida, sin posibilidad de avanzar hacia una alimentación sólida, en el marco del tratamiento indicado para este tipo de cuadros postoperatorios.

Desde el sanatorio señalaron que la internación se prolongará hasta la resolución del íleo, motivo por el cual no se estableció una fecha de alta médica, quedando supeditada a la evolución que presente en los próximos días.

La expresidenta había sido intervenida quirúrgicamente luego de ser trasladada de urgencia por fuertes dolores abdominales, y permanece bajo control médico estricto mientras se monitorea su recuperación.

El 2025 termina el año económico como empezó, con caos financiero y tensión en el mercado cambiario. El esquema de dólar barato y deuda necesita de mucho financiamiento externo. Primero fue el FMI, después Estados Unidos… ¿cuál será el nuevo salvataje que estire la película al menos unos pocos meses más?

Este martes apareció el dato que estaba esperando el mercado: el miércoles y el jueves d ela semana pasada, Toto Caputo volvió a quemar dólares, supuestamente del Tesoro, para contener la divisa. Según el último registro oficial disponible, el 17 de diciembre vendió USD 77 millones y el 18 de diciembre otros USD 164 millones. 

Fueron USD 241 millones en 48 horas. Dólares que se supone, Caputo debería atesorar para enfrentar el vencimiento de más de USD 4.000 millones del próximo 9 de enero. Se viene un verano caliente y no solo por las temperaturas propias de la estación.

Según investigaciones periodísticas, el Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Total normalidad en la Argentina de Javier Milei y Luis Caputo. ¿Para el periodismo “independiente” no es tapa de diario?

Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado. Pero tampoco dicen si el oro está en el Banco Central…

“Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”, señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y la Justicia exige explicaciones.

La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

Ahora el expediente escaló al plano judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores.

La industria del juguete cerró la campaña navideña con una contracción del 6,9% en las ventas, un resultado que confirma el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo.

El retroceso se dio en un contexto de extrema cautela por parte de las familias y del avance de plataformas internacionales de compra.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la caída interanual en unidades vendidas evidenció un mercado marcado por presupuestos ajustados, decisiones de compra racionales y una fuerte sensibilidad al precio. Aun así, el sector subrayó como dato positivo la estabilidad de los precios y el mejor desempeño del juguete de producción nacional frente al importado.

El presidente de la entidad, Matías Furió, sostuvo que, pese al resultado negativo, el cierre de diciembre fue “mejor al esperado”, especialmente en comparación con noviembre, mes que había registrado una baja abrupta e inesperada. No obstante, aclaró que la aceleración de las compras en los días previos a la Nochebuena no logró compensar la fuerte caída del Día del Niño ni los retrocesos acumulados en los meses siguientes.

Cambios estructurales en el consumo y el financiamiento

El relevamiento de la cámara mostró una transformación profunda en las modalidades de pago y compra. El 95% de las operaciones se realizó a través de billeteras virtuales o tarjetas de crédito, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente nulo. En este escenario, la posibilidad de ofrecer cuotas sin interés, favorecida por la normalización de las tasas, resultó clave para sostener el nivel de actividad.

En cuanto a los canales de venta, el comercio electrónico se mantuvo estancado, concentrando el 25% del mercado, mientras que los locales físicos fueron los más afectados, con una caída cercana al 10% en sus ventas.

Producción nacional firme y dificultades para el importado

Aunque los precios se mantuvieron estables a lo largo del año, el desempeño fue dispar según el origen del producto. El juguete nacional mostró resultados positivos, impulsado por una mejor relación precio-calidad y costos más previsibles. En contraste, el juguete importado registró un desempeño negativo, afectado por la sobreoferta y “precios distorsionados”, según definió la cámara.

El ticket promedio también reflejó diferencias según el canal de venta: alrededor de $10.000 en supermercados, $19.000 en jugueterías de barrio y hasta $45.000 en cadenas especializadas.

El Banco Central informó que no existen contratos que sustenten el envío del oro argentino a Londres lo que arroja un manto de dudas sobre la operación impulsada por Toto Caputo.

El Banco Central admitió oficialmente que no existen contratos que respalden el envío de los lingotes de oro argentinos al exterior, una confesión que deja a las autoridades económicas al borde de una investigación penal. En una respuesta formal a la Auditoría General de la Nación (AGN), la entidad fue categórica: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”. La inexistencia de respaldo contractual abre un flanco judicial de enorme gravedad.

La historia no comenzó esta semana. En julio del año pasado, cuando se reveló que Luis Caputo y Santiago Bausili habían sacado las reservas de oro del país en un operativo reservado, se inició una secuencia de silencios, evasivas y negativas oficiales. Hoy, esa estrategia quedó desmentida por el propio Banco Central.

Durante la madrugada, en un procedimiento sin precedentes, el Central cargó lingotes de oro valuados en cerca de USD 5.000 millones en un avión comercial y los envió al exterior sin dejar rastro documental: sin contratos, sin informes jurídicos, sin registros administrativos y sin posibilidad de auditoría. Una escena más propia de una novela policial que de la gestión de activos estratégicos del Estado. Pero ocurrió.

¿Donde está el oro?

Lo más grave es que el Banco Central reconoció ante la AGN que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío del oro. Ni al momento de la operatoria ni al cierre del ejercicio. La respuesta oficial fue aún más extrema: no se elaboraron dictámenes legales porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser evaluado en sede judicial, donde ya se exigen explicaciones.

La admisión deja sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operación valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que auditar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

La presunción de delito se apoya en hechos concretos. Los funcionarios del Banco Central no administran bienes privados: custodian activos públicos. La falta de respaldo contractual no es un error administrativo menor, sino un elemento que puede configurar responsabilidad penal. Cuando un activo estratégico pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal.

El expediente ya escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se reduce. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche: las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto. No alcanza con alegar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de los nuevos auditores.

El contexto internacional vuelve todo aún más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico que funciona como salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas en rojo. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales rondarían los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el agujero sería todavía mayor.

La paradoja es evidente: los lingotes siguen computando como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan algún rendimiento o si fueron entregados como garantía para obtener dólares frescos.

Carlos Rodríguez, uno de los arquitectos del programa económico de Javier Milei durante la campaña y desplazado al asumir el gobierno, calificó el episodio como “simplemente insólito”. Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo ya consumido y reclamó conocer la ubicación exacta de todos los activos y pasivos del Central.

Rodríguez fue más allá: además del oro, exigió información sobre los dólares de los encajes bancarios y la publicación de la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del FMI.

En ese marco, crece la sospecha del mercado sobre el pago del vencimiento de USD 1.000 millones de Bopreal con depósitos de los ahorristas. Con reservas netas negativas por USD 18.000 millones, la única caja líquida disponible serían los encajes bancarios. El resto —swap con China y créditos del Fondo— no se puede usar.