En pleno debate por la polémica Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax dejó de ser un caso puntual para convertirse en una pieza funcional del discurso oficialista de flexibilización.

La crisis declarada por la compañía, los despidos y la escalada del enfrentamiento gremial son presentados como ejemplo paradigmático de los “excesos sindicales” que, según el Gobierno y sus aliados, justificarían una flexibilización de los derechos laborales.

La empresa, dedicada a la distribución de papelería y productos de limpieza y ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras despedir al menos a 15 trabajadores, entre ellos delegados y activistas gremiales. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos, resolución que la compañía se negó a acatar.

La negativa empresarial derivó en protestas, asambleas permanentes y medidas de fuerza que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, el foco del debate público rápidamente se desplazó del incumplimiento patronal hacia la criminalización de la protesta sindical, un corrimiento que fue amplificado por funcionarios, legisladores oficialistas y medios afines al Gobierno nacional.

El dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, sostuvo públicamente que la empresa se encuentra “al borde del cierre” y denunció amenazas, extorsiones y una supuesta “toma política” de la planta. “Estamos en un proceso de crisis y necesitamos reestructurarnos para que 200 personas no se queden sin trabajo”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que insistió en que no permitirá el ingreso de los delegados despedidos por razones de “seguridad”.

Desde el sector gremial y la izquierda, en cambio, rechazan la existencia de una crisis real y denuncian una maniobra de persecución sindical. La diputada Myriam Bregman advirtió que la empresa se encuentra en la ilegalidad al desconocer una resolución del Ministerio de Trabajo y sostuvo que el conflicto está siendo deliberadamente escalado para habilitar un escenario de desalojo y disciplinamiento. “Se busca construir un clima de violencia para responsabilizar a los trabajadores y desviar la atención del incumplimiento patronal”, señaló.

El caso tomó aún mayor visibilidad tras la intervención pública de la senadora libertaria Florencia Arietto, quien acusó a un grupo de trabajadores “aparateados por la izquierda” de bloquear la planta y violar la conciliación obligatoria. En sus redes sociales, la legisladora vinculó directamente (aunque sin pruebas) el conflicto con los cortes en Panamericana y alertó sobre la posible pérdida de 200 puestos de trabajo, reforzando el relato que presenta a la protesta sindical como una amenaza al empleo y a la “libertad de trabajar”.

Este encuadre no es casual. Para los delegados y organizaciones que acompañan la protesta, Lustramax funciona como un caso testigo utilizado por el oficialismo para instalar la idea de que los derechos laborales vigentes impiden la actividad empresarial y ponen en riesgo la continuidad de las empresas. En ese sentido, el conflicto es leído como parte de una estrategia más amplia para legitimar una Reforma Laboral que busca debilitar la organización sindical, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de despido.

Mientras la empresa insiste en judicializar el conflicto y obtuvo una orden de desalojo, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y denuncian una ofensiva política y mediática que intenta convertir un reclamo laboral concreto en una demostración pública de por qué, según el Gobierno, “hay que cambiar las reglas del trabajo”.

Así, lo que comenzó como un conflicto por despidos y condiciones laborales en una fábrica del conurbano bonaerense terminó transformándose en un símbolo funcional al relato oficial: un chivo expiatorio que busca justificar, en nombre del orden y la productividad, una reforma que redefine el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.

Un apagón eléctrico de gran magnitud afecta a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), e impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio.

Un apagón eléctrico de gran magnitud que afectó a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio, informó este jueves la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la compañía explicó que el corte de energía, ajeno a la empresa, afectó a varias instalaciones clave que dependen del suministro eléctrico para operar con normalidad. Se trata de plantas y sistemas de bombeo que demandan una gran cantidad de energía para garantizar el abastecimiento de agua potable.

AySA aclaró que, aun cuando el servicio eléctrico sea restablecido, la normalización del suministro de agua no es inmediata, ya que los sistemas de bombeo deben atravesar un proceso de arranque secuencial. Por ese motivo, la recuperación del servicio y la presurización de la red se dará de manera gradual a lo largo de la jornada.

Como consecuencia del apagón, la empresa advirtió que podría haber baja presión y/o falta de agua en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Ante la masividad del corte eléctrico y las altas temperaturas, AySA solicitó a los usuarios extremar los cuidados y hacer un uso responsable del agua potable, priorizando su consumo para actividades esenciales.

Según datos del Indec, en noviembre la industria utilizó apenas el 57,7% de su capacidad productiva instalada, un retroceso significativo frente al 62,3% registrado un año atrás.

Un indicador difundido por el Indec encendió nuevas señales de alerta sobre el estado de la economía real: casi la mitad de las máquinas de las fábricas argentinas permanecen paralizadas. Según el organismo oficial, en noviembre la industria utilizó apenas el 57,7% de su capacidad productiva instalada, un retroceso significativo frente al 62,3% registrado un año atrás.

El dato no solo confirma que el derrumbe industrial continúa, sino que muestra una profundización del proceso recesivo. A lo largo de 2025, el uso de la capacidad instalada se mantuvo sistemáticamente en niveles críticos: entre enero y agosto nunca alcanzó el 60%, apenas lo superó de forma marginal en septiembre y octubre, y volvió a caer en noviembre.

Estos niveles de actividad son comparables con momentos excepcionales de crisis, como los meses más duros de la pandemia. También remiten al inicio de 2024, cuando la economía se contrajo abruptamente tras la implementación de medidas económicas de fuerte impacto, entre ellas una devaluación del 53%, un ajuste fiscal severo y una apertura comercial sin restricciones.

El deterioro industrial se produjo, además, en el mes posterior al triunfo electoral de Javier Milei. Mientras los mercados financieros reaccionaron con subas en las acciones del Merval, ese impulso especulativo no se tradujo en mayor actividad productiva, que siguió en retroceso.

El parate no afecta por igual a todos los sectores. De las doce ramas industriales que releva el Indec, la textil fue la más golpeada: en noviembre utilizó apenas el 29,2% de su capacidad, lo que implica que siete de cada diez máquinas estuvieron detenidas. La combinación de caída del consumo interno y una fuerte presión de importaciones —incluso de ropa usada— profundizó la crisis del sector.

En una situación apenas menos crítica se ubicó la industria metalmecánica (excluida la automotriz), con un uso de capacidad del 39,9%, afectada por la misma dinámica de desplome de la demanda y sustitución por productos importados. Dentro de este rubro, la fabricación de electrodomésticos mostró un derrumbe del 39,7% interanual, en un contexto marcado por el cierre definitivo de la planta de Whirlpool en Pilar y el giro hacia la importación.

La industria automotriz completó el podio de los sectores más castigados, con un uso efectivo del 46,3%, muy por debajo del 64,7% de un año atrás. El contraste es elocuente: mientras las ventas de vehículos crecieron en 2025, la producción local quedó relegada, desplazada por autos y autopartes importadas.

En conjunto, el dato oficial del Indec deja una conclusión inquietante: la recesión industrial no solo persiste, sino que se consolida, con un entramado productivo que opera muy por debajo de su potencial y un impacto directo sobre el empleo, la inversión y el desarrollo económico.

La periodista relató un episodio ocurrido en un cumpleaños privado en el que el expresidente habría manoseado a la esposa de un conocido. “Está sacado, no lo podemos parar”, habrían reconocido desde su propio entorno.

El expresidente Mauricio Macri quedó envuelto en un nuevo escándalo tras un fuerte relato realizado por la periodista Nancy Pazos, quien contó al aire un episodio ocurrido el pasado 5 de noviembre durante el cumpleaños de Osvaldo Bruco, dueño de un reconocido restaurante porteño.

Según narró Pazos, el hecho ocurrió cuando Macri, acompañado por Juliana Awada, compartía una charla informal con otra pareja invitada al evento. Al momento de pasar a las mesas, el exmandatario “se hizo el caballero”, dejó avanzar a las mujeres y, en ese contexto, manoseó a una de ellas. “Le metió la mano en el culo. No te estoy jodiendo”, aseguró la periodista.

Siempre de acuerdo al relato, la mujer sintió el contacto en la zona baja de la espalda de manera claramente insinuante. La situación generó un momento de enorme incomodidad y tensión, especialmente cuando la víctima se lo contó a su esposo, quien debió ser contenido para evitar un enfrentamiento en medio del cumpleaños.

Pazos agregó que el marido, completamente alterado, buscó a un amigo cercano de Macri para consultarle qué hacer ante lo ocurrido. La respuesta fue demoledora: “Está sacado; no lo podemos contener”, le habrían dicho desde el propio entorno del expresidente.

El episodio, relatado públicamente por una periodista con nombre y apellido, vuelve a exponer a Mauricio Macri en un contexto de conductas denunciadas como abusivas y genera un fuerte repudio político y social. Hasta el momento, el expresidente no realizó declaraciones públicas sobre el hecho.

El gobernador exigió: “¡Milei, devolvele a las provincias, y particularmente a la provincia de Buenos Aires, todo lo que te robaste!”.

Axel Kicillof aseguró en una conferencia de prensa este miércoles 14 de enero en el Golf Club de Villa Gesell que “con Milei estamos entrando en la tercera temporada de desgracia para el turismo nacional y para la producción nacional en su conjunto”. El gobernador opinó que el presidente “beneficia a los sectores concentrados y a sus jefes que están afuera. La realidad es que el programa económico de Milei está destrozando el aparato productivo del país y el consumo”.

El mandatario de Buenos Aires comentó: “Nos venimos preparando fuertemente junto al sector privado, los intendentes y los destinos turísticos y hemos articulando distintas políticas para que esta temporada soporte el desastre de la política económica del Gobierno”. para luego prometer que, desde su gestión, van a “redoblar esfuerzos para que todos se puedan tomar unos días de vacaciones en la provincia de Buenos Aires” en lo que queda de la presente temporada de verano.

Con respecto al último dato de inflación, que mostró una aceleración al 2,8% el mes pasado y un 31,5% acumulado durante el 2025, el exministro de Economía se mostró durísimo: “El presidente decía que restringiendo la emisión monetaria no hay inflación. Y que, si emitís cero, hay inflación cero”. A continuación, denunció que Milei “tiene un plan antiinflacionario que es recontra convencional, es un plagio, una repetición que se ha aplicado un montón de veces. Ese plan de siempre es fuertemente recesivo. Dice que hay un rezago entre la emisión y la inflación. Es una sopa de tonterías. Además de ser remanidas, reflota una teoría que la tiene que recauchutar y emparchar todos los días”.

El Indec reveló ayer el dato de inflación de diciembre 2025, que se ubicó en 2,8%, con un incremento interanual de 31,8%. Por su parte, la carne aumentó un 71% interanual, es decir, más del doble que la acumulada en todo el año pasado. Ese golpe durísimo al bolsillo de los argentinos repercute en que la carne dejó de ser un alimento cotidiano de las familias en el país.

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en los últimos dos años el consumo per cápita de carne bovina en Argentina cayó de manera significativa y se ubicó en niveles históricamente bajos comparado con años previos (alrededor de 42-48 kg/año). Pese a que en 2025 hubo una leve recuperación respecto a 2024, el consumo siguió por debajo de los valores de 2023.

El gobierno de Javier Milei decidió sacar las retenciones a la carne y de ese modo beneficiar a otros países que compran carne argentina. En cambio, para los argentinos la situación es al revés: la carne está cada vez más cara y ya dejó de ser el alimento típico del plato argentino.

La temporada de verano 2026 avanza con números dispares en la Provincia de Buenos Aires. Tras las fiestas y el cierre de la primera quincena de enero, los principales destinos registran niveles de ocupación considerados aceptables, aunque lejos de una temporada expansiva. El rasgo dominante es la reducción de las estadías y un consumo más medido por parte de los visitantes, con picos concentrados entre viernes y domingo.

“La foto que vemos es bastante clara: no estamos ante una temporada de permanencias largas, sino de escapadas, con mucha decisión de último momento y una fuerte concentración de turistas entre viernes y domingo”, explicó Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), al presentar el relevamiento sectorial. El diagnóstico se repite tanto en destinos de costa como del interior bonaerense.

En ciudades como Tandil, la ocupación mostró contrastes según el tipo de alojamiento. Las cabañas alcanzaron promedios elevados, impulsadas por el turismo de naturaleza y los viajes familiares, mientras que los hoteles operaron con mayor rotación y estadías breves. “El turista prioriza experiencias concretas, viene menos días y cuida mucho el gasto. Incluso con buena ocupación en algunos segmentos, la rentabilidad es moderada”, señaló Genaro García, titular del área Turismo de FEBA.

En la costa atlántica, Monte Hermoso reflejó con claridad la dinámica de la temporada: fines de semana completos y semanas más tranquilas, con niveles que bajan entre lunes y jueves. En el corredor geselino, diciembre resultó flojo, aunque enero mostró una recuperación parcial, con Mar de las Pampas y Villa Gesell sosteniendo ocupaciones medias gracias a políticas de precios contenidas y ajustes muy por debajo de la inflación.

Mar del Plata, con una ocupación cercana al 65%, volvió a concentrar el mayor volumen de visitantes de la provincia. Sin embargo, el patrón de cautela en el gasto también se hizo sentir. “Hay presencia y movimiento, pero no hay derroche”, resumieron desde el sector. El balance de la primera parte del verano deja en evidencia una temporada marcada por la austeridad y el ajuste del bolsillo, un reflejo directo del impacto del rumbo económico nacional sobre el turismo interno, reseñó Política Argentina.

Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

A días del inicio de 2026, Mercado Libre ejecutó un despido masivo que alcanzó a 119 trabajadores del área tecnológica en América Latina, de los cuales 32 se desempeñaban en Argentina. Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

La medida fue adoptada por la empresa fundada por Marcos Galperín, empresario que se identifica públicamente con las ideas libertarias del presidente Javier Milei, y comenzó a trascender en redes sociales pocos días después del cierre de 2025. Frente a la repercusión pública, el medio El Destape se contactó con voceros de la compañía, quienes confirmaron los despidos.

Desde Mercado Libre intentaron presentar la decisión como una acción “puntual”, enmarcada en una supuesta “transformación” organizacional. En un comunicado oficial, la empresa señaló que se encuentra “evolucionando la organización de los equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido”, y precisó que “como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina”. También aclaró que la medida, según su versión, “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

No obstante, el relato de los trabajadores despedidos contradice el discurso empresarial. De acuerdo con testimonios recogidos, los empleados fueron convocados a reuniones virtuales sin información previa y, al conectarse, se encontraron con decenas de compañeros en la misma situación. En esos encuentros —realizados incluso en dos idiomas por la participación de personal de Brasil— se les comunicó la desvinculación inmediata, el pago de la indemnización y la obligación de entregar las computadoras y cerrar el vínculo laboral en el acto.

Una trabajadora consultada señaló que este tipo de recortes viene avanzando desde hace tiempo en áreas como Atención al Cliente y Experiencia de Usuario, donde la empresa estaría reduciendo personal humano para avanzar en procesos de automatización.

Según indicaron los propios empleados, Mercado Libre se encuentra probando bots y agentes de inteligencia artificial para asumir tareas que hasta ahora eran realizadas por trabajadores especializados. El caso vuelve a encender el debate sobre el impacto de la IA en el empleo, especialmente en el sector tecnológico, y pone en cuestión el rol de las grandes corporaciones en un contexto regional atravesado por el ajuste, la recesión y la pérdida de puestos de trabajo.

El volumen proyectado implica un consumo mensual que rondaría los $50 millones solo en medialunas, a valores actuales de mercado.

Mientras el Gobierno profundiza un severo ajuste que golpea a jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales, la Casa Rosada prevé destinar más de $1,7 millones por día a la compra de panes, medialunas y otros productos de panadería para el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.

El gasto surge de una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia que, según informó el medio Realpolitik, contempla un contrato inicial de seis meses con opción de prórroga. De concretarse en su totalidad, el desembolso superaría los $311 millones, una cifra que contrasta con los recortes aplicados en áreas sensibles y con la caída generalizada del consumo en los hogares.

De acuerdo al pliego licitatorio, se adquirirán miles de unidades de pan miñón, pan árabe, panes para hamburguesas y medialunas —tanto de manteca como de grasa— en volúmenes que implican un gasto mensual cercano a los $50 millones solo en medialunas, a precios actuales de mercado.

La magnitud del gasto genera cuestionamientos en un contexto económico atravesado por el deterioro del poder adquisitivo y la retracción del consumo básico. Datos oficiales y mediciones privadas coinciden en señalar una disminución en la compra de alimentos, menos concurrencia a supermercados y un aumento de la morosidad en créditos y tarjetas, signos de un ajuste que impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos.

El contraste entre el discurso oficial de austeridad y la decisión de garantizar un costoso servicio de panadería en la sede del Gobierno nacional vuelve a poner en discusión las prioridades del gasto público, en un escenario donde millones de personas enfrentan dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas.