El canciller yemení en funciones, Abdulwahid Abu Ras, afirmó que el conflicto dejó de ser interno y denunció una ofensiva imperial para frenar un proyecto de liberación nacional. Anticipó un giro hacia el Sur Global y cuestionó el rol de Washington en Medio Oriente y América Latina.

El ministro de Asuntos Exteriores de Yemen en funciones, Abdulwahid Abu Ras, sostuvo que la guerra que atraviesa su país responde a una disputa abierta por la soberanía nacional y no a tensiones internas, y apuntó directamente contra Estados Unidos y Arabia Saudita como los principales actores de una estrategia de dominación regional.

En una entrevista concedida a los periodistas Lois Pérez Leira, secretario ejecutivo de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, y el periodista Santiago Masetti, el funcionario aseguró que Yemen atraviesa una situación política, social y humanitaria crítica como consecuencia de años de agresión externa, bloqueo económico y desestabilización promovida desde el exterior.

El alto funcionario Hutí afirmó que Arabia Saudita “no ambiciona únicamente el sur del país, sino el control total de Yemen”, y señaló que la reciente reconfiguración militar en el sur y el este terminó de dejar en evidencia que la estrategia saudí de “unificación bajo tutela” encubre un proyecto de sometimiento político y territorial.

En ese marco, el canciller yemení sostuvo que Washington juega un rol central en el conflicto y descartó cualquier avance bajo una eventual administración de Donald Trump. “Trump no podrá lograr ningún progreso en Yemen”, advirtió, al tiempo que definió como un “deber histórico” enfrentar “el imperialismo y la arrogancia estadounidenses” en defensa de las generaciones futuras.

Durante el intercambio, Abu Ras vinculó la situación yemení con otros procesos internacionales y mencionó el caso de Venezuela, al considerar que los episodios recientes en ese país fueron producto de una “traición interna” alentada desde el exterior, en línea con una matriz de injerencia común.

El funcionario sostuvo que Yemen lleva adelante un proyecto de liberación y renacimiento nacional que chocó de frente con los intereses saudíes e israelíes, respaldados por Estados Unidos, lo que derivó en una respuesta de agresión militar y asfixia económica. En ese marco, afirmó que la defensa de la autodeterminación se ha convertido en el núcleo de la estrategia política y soberana del país.

El Canciller destacó además el acercamiento de su país a los países del Sur Global y señaló que Yemen observa a América Latina como una región clave, marcada por una historia compartida de intervenciones externas y luchas por la soberanía. “Existen experiencias comunes y una comprensión mutua frente al mismo adversario”, deslizó.

Finalmente, Abu Ras llamó a las sociedades que siguen el conflicto desde el exterior a cuestionar la información dominante y a comprender que lo que ocurre en Yemen es parte de una disputa global. “No se trata solo de Yemen, sino del derecho de los pueblos a decidir su propio destino”, concluyó.

La entrevista completa será publicada próximamente.

Aunque el índice al por mayor cerró 2025 en su nivel anual más bajo en ocho años, el rebote de diciembre y la aceleración sostenida de los últimos meses dejaron en evidencia límites crecientes del programa económico y pusieron en duda la solidez del proceso desinflacionario.

La inflación mayorista terminó 2025 con un aumento acumulado de 26,2%, un registro que el Gobierno presentó como un éxito, pero que quedó rápidamente relativizado por la dinámica de cierre del año. En diciembre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) trepó 2,4%, marcando una aceleración que rompió la tendencia previa y volvió a encender alertas sobre el comportamiento de los costos en la economía real.

El dato, difundido por el INDEC, mostró que la desaceleración anual convivió con un cambio de ritmo en el último tramo del año, impulsado principalmente por los productos de origen nacional. Mientras los bienes importados subieron 1,7% en diciembre, los nacionales avanzaron 2,4%, con fuerte incidencia de combustibles, alimentos y productos agropecuarios, rubros sensibles tanto para la producción como para el consumo.

La suba mensual estuvo traccionada por los productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, petróleo crudo y gas, vehículos y bienes del agro, sectores atravesados por aumentos de costos, ajustes tarifarios y una estructura de precios cada vez más presionada por la recesión y la pérdida de escala productiva. El encarecimiento también se reflejó en los índices que excluyen impuestos y en el precio básico del productor, lo que sugiere que la presión no se limita a factores fiscales sino a problemas más profundos del esquema económico.

En la comparación anual, los aumentos volvieron a exhibir un mapa desigual. Tabaco, combustibles, bienes agropecuarios y la industria automotriz encabezaron las subas, mientras que otros sectores mostraron variaciones muy por debajo del promedio. Lejos de una corrección armónica, el proceso dejó distorsiones persistentes entre actividades, con impactos directos sobre cadenas productivas clave.

Pese a este cuadro, desde el Ministerio de Economía insistieron en atribuir el resultado anual al “ordenamiento macroeconómico”, el ajuste fiscal y la desregulación. Sin embargo, los números de fin de año pusieron en cuestión esa lectura optimista: tanto la inflación mayorista como la minorista mostraron un sendero ascendente sostenido desde mitad de año, con diciembre consolidando el regreso a niveles cercanos al 3%.

El Índice de Precios al Consumidor cerró diciembre en 2,8% y acumuló 31,5% en 2025. Transporte y vivienda lideraron los aumentos del último mes, en un contexto de tarifas en alza y salarios que no lograron recomponerse al mismo ritmo. La trayectoria mensual dejó en evidencia que el piso inflacionario alcanzado en mayo fue transitorio y que, desde entonces, los precios retomaron una tendencia ascendente casi sin interrupciones.

Así, mientras el Gobierno celebra mínimos estadísticos en la comparación anual, los datos recientes muestran una economía que no logra estabilizar sus precios y un proceso desinflacionario frágil, sostenido más por la recesión y la licuación de ingresos que por una reducción estructural de las presiones inflacionarias. El cierre de 2025 dejó, más que un logro consolidado, una señal de advertencia difícil de disimular.

El presidente de Estados Unidos publicó en redes sociales imágenes que lo muestran reclamando la isla ártica como parte del territorio estadounidense, en medio de un fuerte rechazo de aliados europeos y crecientes tensiones en la escena internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a escalar la controversia internacional con publicaciones en su red social Truth Social en las que aparece, con bandera en mano, “anexando” Groenlandia —territorio semiautónomo bajo soberanía danesa— y presentando un mapa que sugiere la inclusión de Groenlandia, Canadá y Venezuela dentro de una versión ampliada de Estados Unidos. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, fueron difusas como ilustraciones de su visión expansionista y provocaron críticas tanto en Europa como en foros diplomáticos internacionales.

Trump acompañó las publicaciones con mensajes que insisten en que Groenlandia es “imprescindible para la seguridad nacional y mundial” y aseguró haber discutido el tema con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos. Estas acciones se producen en medio de un contexto de tensión creciente entre Washington y la Unión Europea, con Bruselas considerando respuestas comerciales y arancelarias a las amenazas estadounidenses.

La difusión de estas imágenes expandidas —donde la bandera estadounidense cubre amplios territorios soberanos de aliados y vecinos— fue interpretada por críticos como una reafirmación de una política exterior agresiva y neoimperialista. Asimismo, líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron como un error las advertencias de Trump y reforzaron su llamado al respeto de la integridad territorial de Groenlandia.

La polémica se da en el marco de otras acciones de Trump en los últimos meses, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su insistencia en reclamos estratégicos en el Ártico, que han tensionado las relaciones transatlánticas y sembrado dudas sobre el futuro del orden internacional basado en normas.

El índice Big Mac revela el impacto de la inflación en dólares en la economía local. Su valor local es más alto que en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia, pese a que el salario promedio argentino en dólares se ubica muy por debajo del de esos países.

El pecio de la clásica hamburguesa en Argentina enciende todas las alarmas tras quedar en el foco del análisis económico internacional. Según el Índice Big Mac, el combo de la cadena de comida rápida tiene un costo elevado en el país y se ubica entre los más caros del mundo, segundo en el ranking sólo por detrás de Suiza, lo que deja en evidencia el atraso cambiario del peso con respecto a otras economías y el impacto de la inflación en dólares.

De acuerdo a la lista, el Big Mac cuesta en Argentina unos 7,37 dólares, mientras que en Suiza asciende a 7,99 dólares. Lo más relevante de esta comparativa es que el valor local queda por encima del registrado en economías desarrolladas y de altos ingresos, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia, pese a que el salario promedio argentino en dólares se ubica muy por debajo del de esos países.

Este famoso ranking utilizado en todo el mundo funciona como una referencia informal para comparar niveles de precios y poder adquisitivo entre distintas economías. Al tratarse de un producto estandarizado a nivel mundial, su costo permite observar, de manera sencilla, cuánto se encarece un mismo bien cuando se lo mide en moneda estadounidense.

Los Big Mac más caros del planeta

El ranking muestra a los países según el precio del Big Mac expresado en dólares. Argentina quedó apenas por debajo de Suiza y por encima de países de alto poder adquisitivo:

• Suiza: 7,99 dólares.
• Argentina: 7,37 dólares.
• Uruguay: 6,91 dólares.
• Noruega: 6,67 dólares.
• Italia: 6,42 dólares.
• Costa Rica: 5,90 dólares.
• Estados Unidos: 5,79 dólares.
• Reino Unido: 5,73 dólares.
• Suecia: 5,67 dólares.
• Dinamarca: 5,64 dólares.

Según los especialistas, el fenómeno “inflación en dólares” se diferencia de la inflación tradicional, que se mide en moneda local, porque se enfoca el aumento de los precios internos aun cuando se los compara con valores internacionales y con un tipo de cambio que, en teoría, debería corregir esos desajustes.

Para los economistas, que un Big Mac cueste en Argentina más que en muchos países desarrollados es una señal de que los precios en dólares se encuentran muy altos y no guardan relación con los ingresos promedio. Ese descalce ayuda a explicar por qué el consumo interno luce debilitado y por qué se dificulta recomponer el poder adquisitivo de los salarios.

En ese sentido, el ranking del Big Mac vuelve a exponer una problemática estructural de la economía argentina: la persistencia de precios altos en dólares, el atraso cambiario y la dificultad para ordenar los precios relativos frente a los ingresos de la población.

El mecanismo, impulsado por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.

Febrero de 2026 traerá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del esquema de actualización automática que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional del 1%. El mecanismo, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.

La medida impactará de forma directa en millones de personas que utilizan a diario colectivos, trenes y subtes, en un contexto social marcado por la pérdida de poder adquisitivo y salarios que continúan corriendo por detrás de la inflación.

Desde marzo de 2025, el sistema tarifario del transporte funciona bajo un régimen de aumentos automáticos mensuales atados al IPC del INDEC. Si bien el argumento oficial apunta a evitar el atraso tarifario frente a los costos operativos de las empresas, en la práctica este esquema se traduce en subas consecutivas que no dan respiro al bolsillo.

Brecha tarifaria entre Ciudad y Provincia

Uno de los rasgos más notorios del nuevo cuadro tarifario es la creciente fragmentación de precios según la jurisdicción, una brecha que se profundizó tras la transferencia de competencias y subsidios a los gobiernos locales durante 2025.

Con una inflación de diciembre del 2,8%, los aumentos de febrero se aplicarán de manera desigual. En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas se ajustarán en línea con el IPC, mientras que en el conurbano bonaerense los colectivos registrarán una suba del 4,8%, producto de la fórmula que suma a la inflación un adicional porcentual.

Colectivos: cuánto costará viajar

En las líneas de jurisdicción porteña, el boleto mínimo (0 a 3 km) pasará a costar $637,58, mientras que los trayectos más largos alcanzarán los $817,67.

En la Provincia de Buenos Aires, el impacto es aún mayor: el viaje mínimo subirá a $721,08 y los recorridos de más de 27 kilómetros llegarán a $988,63 por tramo.

Las líneas nacionales que conectan la Ciudad con el Gran Buenos Aires mantienen, por ahora, valores más bajos gracias a los subsidios nacionales remanentes, con tarifas que oscilan entre $494,83 y $678,42.

Trenes y subtes: aumentos y penalizaciones

El sistema ferroviario conservará una estructura tarifaria segmentada, con valores que irán de $280 a $450 según el recorrido. Sin embargo, el subte porteño concentrará uno de los aumentos más fuertes.

El boleto plano pasará de $1.260 a $1.336 para quienes tengan la tarjeta SUBE nominalizada. Para los usuarios que no hayan registrado su tarjeta, el aumento es claramente punitivo: el pasaje ascenderá a $2.124,24. En el caso del Premetro, la tarifa con SUBE registrada será de $467,60.

Un ajuste permanente que redefine la movilidad

A diferencia de años anteriores, cuando los incrementos eran esporádicos y discrecionales, 2026 consolida un esquema de subas previsibles pero constantes. Aunque el Gobierno destaca que el adicional sobre la inflación se redujo del 2% al 1% respecto de 2025, el mecanismo garantiza que las tarifas del transporte nunca queden por detrás de los precios.

Especialistas en consumo advierten que esta dinámica genera una inercia inflacionaria difícil de revertir. Mientras el objetivo fiscal de reducir subsidios se cumple, la carga económica se traslada casi por completo a los usuarios, obligando a reconfigurar hábitos de movilidad en una metrópolis donde trasladarse se vuelve, mes a mes, un lujo cada vez más caro.

El secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milei, Darío Genua, fue desmentido por exfuncionarios y por el propio expresidente Alberto Fernández luego de asegurar que el acuerdo para que Argentina integre un nanosatélite a la misión ARTEMIS II de la NASA se concretó en 2025.

Documentación oficial prueba que el entendimiento científico y diplomático fue cerrado en 2023, durante la gestión del Frente de Todos.

El exministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, acusó a Genua de “mentir” y de “colgarse de un logro que no le pertenece”. A través de sus redes sociales, difundió un documento oficial de la NASA que confirma que el acuerdo entre la agencia estadounidense y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue firmado antes de la asunción de Milei.

“El acuerdo es de 2023, no de 2025 como afirma Genua”, señaló Salvarezza, y remarcó que se trató de un proceso de cooperación internacional iniciado y consolidado durante el gobierno anterior.

Miente sobre el acuerdo. Pág. de la NASA: https://t.co/xUNDygIpvB

Argentina tiene capacidades en CyT, pero para competir debe aumentar la inversión. La ley 27.614, que Milei quiere derogar, buscaba llegar al 2032 con una inversión del 1% del PBI. Milei invierte menos del 0.25%. https://t.co/6F1qvtN3Kc

— Roberto Salvarezza (@RCSalvarezza) January 18, 2026

A continuación el comunicado oficial del Gobierno donde se atribuye el logro diplomático y tecnológico:

pic.twitter.com/7ksJwruLJR

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 16, 2026

A las críticas se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien también aclaró públicamente que el convenio con la NASA fue cerrado en 2023 como parte de una política de Estado destinada a fortalecer el desarrollo científico nacional y la inserción internacional de la Argentina en proyectos estratégicos de alta complejidad tecnológica.

Un funcionario sin logros propios, colgado de un sistema sometido a la motosierra libertaria

El eje de los cuestionamientos apunta a que el secretario de Ciencia libertario intentó presentar como un logro de la gestión Milei la participación argentina en la misión tripulada que orbitará la Luna, pese a que el actual gobierno aplica el ajuste más profundo de las últimas décadas sobre el sistema científico.

“Argentina tiene capacidades en ciencia y tecnología, pero para competir necesita aumentar la inversión”, sostuvo Salvarezza, quien denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614), aprobada por el Congreso en 2021 y virtualmente desactivada tras la llegada de Milei al poder. La norma establecía alcanzar en 2032 una inversión del 1% del PBI, mientras que el actual gobierno destina menos del 0,25%, con una inversión real que hoy ronda el 0,17%, la más baja de los últimos 50 años.

Las críticas apuntaron directamente a Genua, cuya gestión está marcada por despidos masivos, cierre de programas de investigación, cancelación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la paralización de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, además de planes satelitales como el desmantelamiento de CEATSA (empresa clave donde se testean los satélites antes de su lanzamiento) y el desfinanciamiento de proyectos satelitales como SAOCOM, SARE y SABIA-Mar. También se denunció el avance para vender tierras del INTA y el cierre de programas clave del INTI, entre otros retrocesos.

Según datos del sector, la inversión en organismos científicos y centros del CONICET cayó un 44,5%, mientras que los salarios de investigadores e investigadoras se desplomaron un 38,5%.

El Gobierno celebra un logro de un sistema que está desmantelando

Pese a este contexto, el Ejecutivo difundió un comunicado celebrando como propio el hito tecnológico de la integración del microsatélite ATENEA a la misión ARTEMIS II, un proyecto desarrollado por la CONAE junto a organismos y universidades nacionales.

¿Qué es ATENEA?

ATENEA es un CubeSat de clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que será lanzado como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el vehículo de lanzamiento más potente desarrollado hasta la fecha por esa agencia.

El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento. Durante la primera etapa de la misión, ATENEA será liberado a una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un récord para un satélite argentino.

El objetivo principal de ATENEA es validar tecnologías críticas destinadas a futuras misiones espaciales, incrementando el nivel de madurez tecnológica de subsistemas desarrollados en el país.

A lo largo de su misión, el satélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales en el ambiente espacial, recopilar datos de posicionamiento GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance, fundamentales para la exploración del espacio profundo.

Rol clave de las Universidades Públicas

En el desarrollo de ATENEA participaron la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La selección de ATENEA para esta misión de la NASA constituye un reconocimiento al alto nivel de las capacidades técnicas y operativas de la Argentina en el ámbito espacial. La participación en vuelos con tripulación humana requiere estándares particularmente elevados de confiabilidad, seguridad y validación tecnológica, y refuerza la inserción del país en programas internacionales de exploración lunar.

Lo llamativo, remarcan desde el sector científico, es que mientras el gobierno desfinancia y paraliza el sistema que hizo posible este desarrollo, el secretario Genua intenta capitalizar políticamente un proyecto que nació, creció y fue acordado internacionalmente antes de la llegada de Milei, y que hoy sobrevive pese al ajuste libertario.

Investigadores de Conicet presentaron un mapa interactivo donde puede verse la foto de la  extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros. 
 
Según la Ley de Tierras, sancionada por Cristina en 2011, derogada por decreto por Milei en 2024 y actualmente judicializada, se fija que las personas o empresas extranjera no pueden poseer más del 15% del total de tierras ruales por provincia o departamento. 

Por provincia, esa reglamentación no se viola en ninguna – la mayoría está en torno al promedio nacional – aunque hay varias que están cerca del límite: Misiones, Salta, San Juan, Mendoza.

Sin embargo, la cuestión cambia cuando se analizan departamentos: según el mapa, 36 distritos exceden lo establecido por la ley. La mayoría de los casos no se encuentran en la Patagonia, como suele creerse. En algunos departamentos, la situación es crítica: Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta). En ellos, la extranjerización supera el 50%. 

Según los investigadores de Conicet Julieta Caggiano y Matías Oberlin “el patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”.

Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos -AUH- y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei. Como suele pasar con los gobiernos de derecha, la crisis económica que generan obliga a implementar las partidas en políticas que supuestamente detestan, como los planes sociales.

A diciembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord libertario que habla de la crisis de empleo que hay en Argentina por las políticas de ajuste de Casa Rosada.

Esos planes sociales son los que explican que no haya habido estallido social hasta ahora mientras el salario de empleados públicos y privado cayó entre el 10 y el 30%. El 70% de las familias argentinas no llega a fin de mes y sobrevive gracias al ahorro (generados en gobiernos de otro signo político).