Las autoridades bonaerenses reabrieron las negociaciones paritarias y aunque hubo un ofrecimiento, no lograron cerrar un acuerdo con los trabajadores.

La Provincia reabrió este jueves las paritarias con los gremios de docentes y estatales y les ofreció un incremento salarial del 2% respecto a los sueldos de enero, que se cobraron con aumento tras el último acuerdo alcanzado días atrás para dar por cerrada la negociación de 2025.

En primer turno, los docentes se reunieron virtualmente con los representantes bonaerenses y en el segundo lo hicieron los trabajadores alcanzados por la Ley N°10.430. Los dos sectores recepcionaron la oferta y una promesa de retomar la discusión en marzo, pero la propuesta no cayó nada bien entre los representantes sindicales, quienes decidieron rechazarla de plano y volvieron a exigir un aumento acorde con la inflación.

La convocatoria había sido realizada por la administración de Axel Kicillof a los sindicatos que representan a la mayor parte de los trabajadores del Estado provincial, con el objetivo de continuar el diálogo salarial iniciado semanas atrás.

El llamado llegó poco tiempo después del acuerdo que dio por cerrada la paritaria de 2025 y permitió avanzar sobre el primer aumento del año. Ese entendimiento había contemplado los reclamos gremiales y habilitó además la apertura de la negociación correspondiente a 2026.

La discusión paritaria sigue con foco en la inflación

Los gremios llegaron al encuentro con la intención de discutir “la cláusula destinada a compensar progresivamente los puntos para cerrar el 2025 en niveles acordes a la inflación”.

Los trabajadores reclaman una cláusula destinada a compensar progresivamente los porcentajes perdidos con la inflación

El último acuerdo incluyó una propuesta mejorada por parte de la Provincia, compuesta por un retroactivo a diciembre, el proporcional del medio aguinaldo y un 3% en enero, calculado sobre los haberes vigentes a octubre. De ese modo, los trabajadores percibieron un incremento del 4,5% en los salarios de enero.

Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que el entendimiento se alcanzó en un contexto fiscal complejo, marcado por el recorte de transferencias no automáticas de Nación y la caída de la recaudación, aunque ratificaron el compromiso de sostener las condiciones laborales de los trabajadores estatales.

La necesidad de acordar con los docentes

El Gobierno provincial necesita cerrar un acuerdo con los docentes para evitar que el conflicto salarial demore el inicio de las clases. Por ese motivo, en la reunión anterior en la que se llegó a un acuerdo, también se acordó reabrir la negociación en febrero, para que el aumento que se acuerde este mes se cobre en los primeros días de marzo.

Por su parte, los docentes buscan plantear reuniones paritarias bimestrales que les permitan sortear la aceleración de la inflación, ya un acuerdo por un plazo mayor podría terminar perjudicándolos, mermando sus sueldos.

Según trascendió, las autoridades provinciales tienen la intención de cerrar un acuerdo la próxima semana, para lo cual deberá elaborar una propuesta que permita a docentes y estatales no perder contra la inflación actual y recuperar, al menos en parte, el porcentaje perdido en 2025.

Relevamientos privados ubican el nivel de actividad cerca de un 10% por debajo de 2022 y advierten por la pérdida de empleo, el cierre de empresas y el impacto de la apertura importadora en un contexto de consumo deprimido.

La industria argentina volvió a cerrar un año con más sombras que luces. A la espera de los datos oficiales de diciembre, distintos informes sectoriales coinciden en que 2025 concluyó sin recuperación sostenida y con un nivel de producción que permanece claramente por debajo del registrado antes del ajuste económico.

Si bien la comparación interanual frente a 2024 mostraría una leve mejora estadística, el contraste con 2023 y, sobre todo, con 2022 deja en evidencia un retroceso estructural. Las estimaciones privadas ubican la actividad manufacturera alrededor de un 9% por debajo de 2023 y cerca de un 10% inferior a la de hace tres años.

El freno principal continúa siendo la debilidad de la demanda interna. Con salarios que no logran recomponer poder adquisitivo y un esquema económico que concentra el crecimiento en sectores de baja generación de empleo, la industria carece de un mercado dinámico que traccione producción y nuevas inversiones.

En noviembre, el Índice de Producción Industrial Manufacturero ya había marcado una caída interanual del 8,7% y una baja mensual del 0,6% en términos desestacionalizados. Para diciembre, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) proyectó un retroceso adicional del 3,5%, apoyado en datos de consumo eléctrico y demanda de insumos.

Desde la entidad empresaria señalaron que cualquier mejora frente al año previo responde, en gran medida, a un efecto comparación tras el derrumbe de 2024. Al medir contra 2023 y 2022, el panorama cambia: la actividad sigue lejos de los niveles previos y solo algunos rubros ligados a la cosecha muestran una recuperación puntual.

El deterioro se verifica con mayor crudeza en sectores intensivos en empleo. La construcción continúa entre los más castigados, con desplomes superiores al 20% en despachos de cemento e insumos respecto de 2022. La industria automotriz también exhibe retrocesos tanto frente a 2024 como en la comparación de mediano plazo, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial y el consumo eléctrico de grandes usuarios fabriles registran bajas de dos dígitos frente a los niveles de hace tres años.

La metalmecánica, otro termómetro de la inversión productiva, acumula caídas que superan el 13% en relación con el período previo al cambio de gestión. A esto se suma la retracción de exportaciones industriales hacia Brasil, lo que agrava la falta de dinamismo.

El mapa sectorial muestra pocos ganadores. Las actividades vinculadas al complejo agroexportador y a la refinación de petróleo, impulsadas por Vaca Muerta, lograron cierta expansión. Sin embargo, textiles, calzado, indumentaria, plásticos, caucho y materiales para la construcción continúan en terreno contractivo.

La propia Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC refleja el clima de preocupación: más de la mitad de los empresarios industriales identifica a la insuficiencia de la demanda interna como el principal límite para crecer. En la misma línea, la consultora Orlando J. Ferreres estimó que en diciembre la industria retrocedió 5,7% interanual y describió el desempeño anual como un proceso que fue “de mayor a menor”.

El impacto no se limita a los volúmenes de producción. Según CIFRA-CTA, la industria y la construcción concentran cerca del 70% de los puestos de trabajo perdidos en el período reciente, con más de 120 mil empleos destruidos en conjunto. Paralelamente, informes privados registran miles de cierres de unidades productivas en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, así como caídas relativas aún más pronunciadas en provincias con menor densidad industrial.

Especialistas advierten que la dependencia del mercado interno vuelve especialmente vulnerable al sector ante políticas de ajuste recesivo. Sin un consumo fortalecido y con un esquema de apertura comercial que expone a las empresas locales a una competencia externa creciente, el horizonte para 2026 aparece cargado de incertidumbre.

El balance de 2025 deja, así, una industria que no logró despegar, con una recuperación acotada a nichos específicos y un entramado productivo que continúa debilitándose. Sin señales claras de recomposición del mercado interno ni de una estrategia integral para el desarrollo manufacturero, el sector enfrenta el nuevo año con más interrogantes que certezas.

La titular de la APyT, Norma Lezana, acusó al Gobierno de impulsar sumarios y despidos como represalia por el conflicto del Hospital Garrahan, que derivó en una suba del 61% y advirtió sobre un intento de disciplinar a los trabajadores del principal hospital pediátrico del país.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, denunció que la apertura de un sumario en su contra y las sanciones a trabajadores forman parte de una avanzada oficial para castigar la protesta salarial que el año pasado culminó con un incremento del 61% y un bono permanente para todo el personal.

En declaraciones radiales, la dirigente sostuvo que el proceso administrativo está “direccionado” y que responde a una decisión política de escarmentar a quienes encabezaron el reclamo. “Nos sancionan por haber enfrentado la política de ajuste y haber demostrado que los recursos estaban”, afirmó.

El conflicto se desató tras meses de reclamos por deterioro salarial y renuncias de profesionales. Según datos del gremio, más de 300 trabajadores altamente calificados dejaron el hospital en los últimos años en medio de restricciones presupuestarias. Luego de medidas de fuerza y descuentos aplicados al personal —principalmente de enfermería y áreas críticas—, la conducción del hospital otorgó una recomposición salarial del 61% y un bono fijo de 450.000 pesos.

Lezana vinculó las sanciones con la actual intervención del centro de salud y cuestionó la conducción designada por el Ejecutivo nacional. También advirtió sobre el cierre del jardín maternal para hijos de trabajadores y la modificación de condiciones laborales de unos 70 profesionales de guardia, a quienes, según denunció, se les reemplazó el vínculo de empleo público por contratos de servicios.

La sindicalista rechazó además las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró públicamente las medidas disciplinarias. “Cuando desde la Casa Rosada avalan estas decisiones, queda claro que no es un trámite administrativo más, sino una señal política”, planteó.

Con 38 años de trayectoria en el hospital, Lezana interpretó la ofensiva como parte de un esquema más amplio ligado a la reforma laboral promovida por el Gobierno. “Buscan debilitar la organización sindical en un hospital emblemático para enviar un mensaje al resto del sector público”, sostuvo.

El Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, atraviesa así un nuevo capítulo de tensión entre trabajadores y autoridades, en un contexto de ajuste presupuestario y redefinición de las políticas sanitarias a nivel nacional.

Luego del escándalo que estalló por la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a decir él mismo de cuánto será la inflación de enero, cuando no le corresponde ni debería tener información porque existe secreto estadístico.

“Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el Presidente”, mintió el ministro cuando todos saben que Lavagna se fue porque había prometido un cambio de metodología que hiciera más real la inflación en Argentina al considerar los brutales tarifazos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La inflación en enero iba a dar arriba 3% y el gobierno no quiso. Se mandó para atrás la nueva metodología y chau Lavagna.

Ahora, Caputo sale a hablar de la inflación de enero asegurando que el número “será similar a diciembre”. ¿Cómo lo sabe? ¿No existe la independencia del INDEC y el secreto estadístico? ¿Quién le dijo al ministro la cifra de enero?

La empresa SIAM, perteneciente al Grupo Newsan, despidió a la totalidad de sus trabajadores en las plantas de Avellaneda y Monte Chingolo (Lanús), en un contexto marcado por la caída de las ventas y el ajuste generalizado que atraviesa la industria nacional.

Bajo la figura de “finalización de contrato”, la compañía avanzó con desvinculaciones masivas y de efecto inmediato, una modalidad que los trabajadores denuncian como despidos encubiertos. La medida paralizó la actividad en ambas plantas y dejó sin empleo a decenas de familias del sur del conurbano bonaerense.

Según relataron los empleados, en las últimas horas la firma dispuso suspensiones para febrero y dio de baja todos los contratos vigentes. Muchos de los trabajadores afectados tenían cerca de un año de antigüedad y fueron notificados sin previo aviso. “Nos hablan de finalización de contrato, pero es un despido masivo”, señalaron.

Desde la empresa justificaron la decisión en el marco de la crisis económica nacional, la caída del consumo y la existencia de stock acumulado para varios meses. Sin embargo, la situación se replica en numerosas fábricas del país, donde el ajuste empresario se traduce en suspensiones, cierres y pérdida de puestos de trabajo, consolidando un escenario de creciente desindustrialización.

El conflicto derivó en una asamblea en la planta de Avellaneda, donde alrededor de 150 trabajadores reclamaron la reincorporación. La protesta contó con la presencia de delegados y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Avellaneda. Desde el sindicato informaron que se acordó un esquema de suspensiones para la mitad del personal efectivo, con el pago del 85% del salario, mientras el resto cubriría tareas en planta. No obstante, los trabajadores denuncian que, en los hechos, todos los contratos fueron dados de baja.

El caso de SIAM-Newsan vuelve a exponer el impacto del actual rumbo económico sobre el empleo industrial y refuerza una tendencia que no se detiene: despidos masivos, precarización laboral y un deterioro acelerado del entramado productivo en los principales polos fabriles del país.

Mientras el gobierno argentino insiste en presentar la relación con Washington como una “alianza estratégica”, los hechos recientes muestran algo más concreto y asimétrico: Estados Unidos acelera su presencia directa en Argentina sobre tres ejes clave: economía, política y defensa, con un nivel de intervención inédito en las últimas décadas.

En menos de un mes, el país recibió una comitiva de legisladores estadounidenses con poder presupuestario real y se prepara para el mayor ejercicio militar conjunto de los últimos 25 años, que incluirá tropas de élite, aeronaves, despliegue en la Patagonia y zonas de valor geopolítico sensible.

No se trata de gestos diplomáticos. Se trata de inspección, auditoría y sigilosa ocupación de áreas y sectores estratégicos.

Inspectores del Capitolio

La semana pasada, dos Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos surcaron el cielo argentino. A bordo viajaban siete congresistas estadounidenses, miembros de comités clave del Capitolio, responsables de definir el presupuesto de defensa, energía, tecnología y comercio.

Agenda Malvinas identificó a los integrantes de la misión. El dato central: no vinieron a dialogar, vinieron a relevar activos estratégicos argentinos.

La comitiva recorrió Ushuaia, Neuquén y Buenos Aires, con una agenda que combinó energía, minería, infraestructura crítica, datos y tecnología. El mensaje fue claro: los recursos argentinos entraron formalmente en la órbita de seguridad nacional de Estados Unidos.

El frente energético: petróleo, gas y litio bajo supervisión

La delegación del Comité de Energía y Comercio estuvo encabezada por Morgan Griffith, presidente del Subcomité de Supervisión e Investigaciones, una figura con capacidad para bloquear proyectos, condicionar financiamiento y sancionar vínculos con potencias rivales.

Su misión fue explícita: auditar infraestructura donde China tiene intereses y garantizar que los recursos estratégicos queden alineados con Washington.

Lo acompañaron:

• Randy Weber (Texas), representante directo del lobby petrolero estadounidense. Su paso por Vaca Muerta consolidó el interés de compañías como Chevron y ExxonMobil en el gas argentino como respaldo energético ante la crisis global.
• Russ Fulcher, enfocado en asegurar que proyectos termoeléctricos y nucleares —incluida Atucha— no dependan de tecnología fuera del eje estadounidense.
• Diana Harshbarger, encargada de fiscalizar cadenas de suministro para que minerales y recursos argentinos fluyan sin interferencias estatales o de terceros países.
• Mike Kennedy, con foco en el litio, pieza clave para la transición tecnológica y la industria de baterías de EE. UU.
• Nanette Barragán, demócrata, cuya presencia garantizó consenso bipartidista: para Washington, el control de los recursos argentinos no es un debate partidario, es una política de Estado.

El frente digital: datos, IA y ciberseguridad como armas

En Buenos Aires operó el segundo núcleo de la visita, liderado por Tim Walberg, miembro del Comité de Educación y Fuerza Laboral, conocido por su alineamiento con la doctrina de seguridad más dura del establishment estadounidense.

Walberg no vino a hablar de educación. Vino a imponer marcos de “gobernanza” para la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, entendidas como armas de guerra.

El objetivo estratégico fue blindar la infraestructura digital argentina bajo estándares militares de EE.UU. desplazando cualquier presencia tecnológica china —particularmente Huawei— de redes 5G, sistemas de datos y servicios críticos.

En términos prácticos, esto implica pérdida de autonomía tecnológica y subordinación a criterios de seguridad definidos fuera del país.

El frente militar: tropas de élite en la Patagonia

La dimensión más visible —y más sensible— del avance estadounidense se concretará en abril. El gobierno de Javier Milei ultima detalles para el ejercicio combinado “Daga Atlántica”, definido por fuentes oficiales como el más importante en 25 años.

El operativo incluirá:

• Boinas Verdes del Ejército de EE. UU.
• Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea
• Unidades del MARSOC (Marines)
• Aeronaves, helicópteros Black Hawk y equipamiento de guerra real

Las maniobras se realizarían en Patagonia, Tierra del Fuego y otras zonas estratégicas, con simulaciones diurnas y nocturnas, continentales e insulares, en un área clave para:

• el control del Atlántico Sur
• la proyección hacia la Antártida
• el Estrecho de Le Maire

Se trata de fuerzas con experiencia de combate real, algo que las propias fuentes castrenses destacan como diferencial.

Una soberanía tutelada

El patrón es claro. Estados Unidos no envió embajadores: envió auditores, inspectores y tropas.

Primero, el relevamiento político y económico: energía, minería, datos, infraestructura.
Luego, el respaldo militar: presencia física, entrenamiento conjunto y despliegue territorial.

Mientras el gobierno argentino guarda silencio o celebra el alineamiento, los activos estratégicos del país son tratados como parte del esquema de seguridad nacional de una potencia extranjera.

La Argentina de 2026 parece avanzar hacia una soberanía condicionada, donde el subsuelo, la energía, los datos y el territorio ya no se deciden en función de un proyecto nacional, sino de intereses geopolíticos ajenos.

Desde este domingo 1° de febrero rige un nuevo aumento en la tarifa del Subte: el pasaje pasó de $1260 a $1320, como resultado de una decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilita subas mensuales por encima de la inflación.

El incremento vigente es del 4,8% y surge de la inflación de diciembre informada por el INDEC, a la que se le sumó un 2% adicional. Este esquema fue aprobado en audiencia pública y responde a la fórmula de actualización tarifaria autorizada el año pasado, que continuará aplicándose durante el resto de 2026.

En ese marco, el Gobierno porteño ya dejó habilitado un próximo aumento que llevará la tarifa plana a $1363, además de futuros ajustes mensuales que combinarán el índice de inflación con un adicional del 1% extra.

Pese a las subas, se mantiene el esquema de descuentos para usuarios frecuentes que paguen con tarjeta SUBE registrada o con el mismo medio de pago alternativo (crédito, débito, NFC o QR). Los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

• De 1 a 20 viajes: $1320
• De 21 a 30 viajes: $1056
• De 31 a 40 viajes: $924
• Más de 41 viajes: $792

En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE no nominalizada, las tarifas son considerablemente más altas:

• De 1 a 20 viajes: $1950,51
• De 21 a 30 viajes: $1560,41
• De 31 a 40 viajes: $1365,36
• Más de 41 viajes: $1170,31

También continúan vigentes los descuentos de la Red SUBE para quienes abonen con tarjeta SUBE física o digital, con rebajas del 50% en la primera combinación y del 75% en las siguientes, dentro de un plazo de dos horas. Este beneficio no se aplica a los pagos realizados con medios alternativos.

Por último, siguen en funcionamiento la tarifa social y los pases y abonos especiales para estudiantes, docentes, personas con discapacidad, personas trasplantadas, jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad, accesibles mediante tarjeta SUBE.