Confesión narco y vuelo directo al escándalo: Fred Machado se declaró culpable en EE.UU. y dejó al ex candidato de Milei contra las cuerdas por el financiamiento de su campaña.

El panorama judicial de José Luis Espert se complicó drásticamente tras la confesión de Federico “Fred” Machado ante la justicia de los Estados Unidos. El empresario aeronáutico, detenido por liderar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, se declaró culpable, confirmando las maniobras financieras ilegales que realizaba a través de su flota de aviones. Esta admisión de culpabilidad reaviva las sospechas sobre el financiamiento de la campaña electoral del actual diputado libertario.

La relación entre Espert y Machado no es nueva: el legislador utilizó en reiteradas oportunidades los aviones de Machado para trasladarse durante sus actividades políticas, incluso cuando ya pesaban alertas internacionales sobre el empresario. La confesión de Machado en tribunales estadounidenses refuerza la hipótesis de que fondos provenientes del crimen organizado podrían haber permeado la estructura política de Espert, quien hasta ahora ha intentado despegarse del escándalo calificándolo como un hecho circunstancial.

Con la declaración de culpabilidad de Machado, la justicia argentina recibe un impulso para profundizar la investigación sobre el origen de los recursos que sostuvieron el ascenso político del economista. Se busca determinar si existió una contraprestación por el uso de las aeronaves y si el vínculo entre ambos iba más allá de un simple servicio de transporte, entrando en el terreno del lavado de dinero y el financiamiento ilícito de la política.

Este escándalo estalla en un momento de extrema sensibilidad para el oficialismo, ya que Espert es una de las figuras clave del Gobierno en el Congreso. Mientras el discurso oficial se centra en la transparencia y la lucha contra las “mafias”, la confirmación de que un aliado estratégico fue financiado por un narco confeso pone al Gobierno en una situación defensiva y obliga al diputado a dar explicaciones ante una justicia que ahora cuenta con pruebas internacionales contundentes.

Héctor Jesús Guerrero quedó a un paso del juicio por el disparo que dejó al fotógrafo gravemente herido durante la represión frente al Congreso.

La causa judicial por las gravísimas heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso entró en una instancia clave después de que la Justicia resolviera enviar a juicio oral al gendarme Héctor Jesús Guerrero, identificado como el efectivo que habría disparado el proyectil que impactó contra el reportero gráfico en medio del operativo represivo desplegado durante la protesta.

La decisión judicial no solamente pone el foco sobre Guerrero como presunto autor material del disparo. También habilita una etapa que desde hace tiempo aparecía como inevitable dentro del expediente: avanzar sobre la estructura de mando que estuvo detrás del procedimiento y determinar qué nivel de responsabilidad tuvieron quienes organizaron, supervisaron y condujeron el operativo de seguridad.

De acuerdo con la investigación, el gendarme habría efectuado varios disparos con una pistola lanzagases de manera horizontal, algo prohibido por los protocolos vigentes para ese tipo de armamento. Uno de esos cartuchos terminó impactando de lleno sobre Grillo, que sufrió fractura de cráneo y severas lesiones neurológicas mientras realizaba cobertura periodística de la movilización.

La fiscalía sostuvo que el accionar fue incompatible con las normas de actuación previstas para este tipo de intervenciones y consideró que existió un uso desmedido de la fuerza. En paralelo, distintos registros audiovisuales y reconstrucciones del episodio se transformaron en piezas centrales de la causa para reconstruir cómo se produjo el disparo y qué ocurrió alrededor del fotógrafo segundos antes del impacto.

Pero mientras la situación procesal de Guerrero avanza hacia el juicio oral, la atención también empieza a desplazarse hacia algo bastante más delicado para las autoridades: la posibilidad de que el operativo no haya sido solamente una suma de excesos individuales, sino parte de una dinámica avalada o tolerada desde niveles superiores de conducción.

Por ese motivo, la Justicia ahora buscará establecer quiénes estaban a cargo del procedimiento, qué órdenes circularon durante la represión y qué responsabilidades podrían alcanzar a mandos jerárquicos de la fuerza y funcionarios involucrados en el diseño de la estrategia de seguridad desplegada aquel día.

Desde el comienzo de la causa, la familia de Grillo y organismos de derechos humanos insistieron en que el expediente no debía agotarse únicamente en la figura del gendarme acusado. La discusión, sostienen, también tiene que incluir el contexto político y operativo que permitió que una protesta terminara con un fotógrafo al borde de la muerte en plena vía pública.

Loma Negra confirmó que apagará su horno principal en la planta L’Amalí, ubicada en Olavarría, al menos hasta el mes de noviembre de 2026. La medida responde a una caída de la construcción y a los elevados costos operativos proyectados para los meses de invierno. Loma Negra es una cementera mítica en el país con decenas de años de historia.

Desde Loma Negra atribuyeron la pausa operativa a una medida programada para ajustar los niveles de producción a la sobreabundancia de insumos acumulados. Actualmente, la firma cuenta con un stock de reserva suficiente para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

La decisión de la compañía encendió las alarmas en el sector gremial. Es que las paradas técnicas habituales suelen durar aproximadamente 40 días. Alejandro Santillán, secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) Olavarría, advirtió que “la extensión anunciada no tiene precedentes” en la historia reciente de la cementera.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti criticó en una entrevista con Clarín “la discrecionalidad” en la justicia para designar jueces. Pero hay un detalle: se olvidó que fue esa discrecionalidad típica en el poder judicial la que le permitió a miembros de su familia extenderse en ese poder tan privilegiado.

Por ejemplo, su última esposa es secretaria de un juzgado federal en… Rafaela, de donde él es oriundo el propio Lorenzetti. En ese juzgado hay personas muy allegadas al supremo. ¿No habrá tenido nada que ver el juez en esas designaciones?

Además, se dice que Lorenzetti presionó para que Pablo, su hijo, que por supuesto ya es camarista civil, comercial y laboral en… Rafaela, Santa Fe, llegue a la Corte Suprema de esa provincia. Mejor no aclares, que oscurece, Ricardo.