La Argentina perderá otra capacidad industrial estratégica. Pampa Energía confirmó el cierre definitivo de su planta de caucho sintético de Puerto General San Martín, en Santa Fe, la única del país dedicada a esa producción.

La decisión pone en riesgo alrededor de 200 puestos de trabajo y marca el fin de la fabricación nacional de un insumo clave para la industria del neumático y otros sectores.

La empresa inició un proceso de retiros voluntarios que fue rechazado por el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), que denunció que las desvinculaciones “no son voluntarias” y declaró el estado de alerta y movilización.

“Hoy anuncian el cierre de la única planta de caucho del país”, advirtió el secretario general del gremio, Mauricio Brizuela, quien confirmó que el conflicto será abordado en una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo.

Desde Pampa Energía argumentaron que la decisión responde al derrumbe de la demanda, la pérdida de mercado y el impacto provocado por la paralización de la producción de neumáticos de FATE, uno de los principales clientes de la planta.

“El principal motivo que nos comunicó la empresa es la falta de mercado para los productos”, explicó Brizuela. El dirigente señaló que la situación se agravó en los últimos meses: “FATE era uno de los mayores compradores de Argentina. Antes se llevaba casi 7.000 toneladas mensuales y ahora apenas retiraba unas 250. Eso viene ocurriendo desde hace seis o siete meses”.

El gremio también denunció que ya hubo despidos entre el personal fuera de convenio y que la empresa está convocando a trabajadores para negociar desvinculaciones individuales.

Mientras la compañía atribuye el cierre a la crisis del mercado, medios santafesinos señalaron que la decisión coincide con un período en el que otros negocios de Pampa Energía reciben fuertes inversiones y concentran las expectativas de crecimiento del grupo empresario.

Con este cierre, Argentina deja de producir caucho sintético y suma un nuevo retroceso en su entramado industrial. La desaparición de la única planta del país implica la pérdida de una producción estratégica, mayor dependencia de las importaciones y un nuevo golpe para el empleo industrial en un contexto marcado por el cierre de fábricas y la caída de la actividad manufacturera.

El viceministro de Economía José Luis Daza volvió a utilizar la metáfora que Mauricio Macri convirtió en símbolo de una recuperación que nunca llegó. Aunque admitió que “la gente no llega a fin de mes”, aseguró que la economía ya muestra señales de mejora gracias al equilibrio fiscal.

En una frase que remite de inmediato a uno de los emblemas discursivos del gobierno de Mauricio Macri, el viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó este miércoles que en la Argentina “ya están los brotes verdes”. La expresión, utilizada en 2016 para anunciar una recuperación económica que nunca terminó de percibirse en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, volvió a escena de la mano de un funcionario de Javier Milei.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Daza reconoció el fuerte deterioro social, aunque defendió el rumbo económico del Gobierno. “Que la gente no llegue a fin de mes es una tragedia. Ser pobre es una tragedia, pero evitamos una catástrofe”, sostuvo al justificar el ajuste aplicado por la administración libertaria.

Según el viceministro, el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas ya comenzaron a generar las condiciones para una recuperación, aunque admitió que las inversiones y los nuevos empleos “todavía no se ven”. Para ilustrar esa idea recurrió a un proverbio japonés: “Hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer”.

El regreso de una promesa que fracasó

La referencia a los “brotes verdes” inevitablemente recuerda al discurso del macrismo. En 2016, funcionarios como Alfonso Prat-Gay aseguraban que la economía comenzaba a recuperarse gracias al repunte de algunos indicadores y a la obra pública. Sin embargo, aquella expectativa nunca logró traducirse en una mejora sostenida para la mayoría de la población y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de las promesas incumplidas del gobierno de Cambiemos.

Aunque Daza intenta diferenciarse de aquella gestión y asegura que entonces discrepaba con la política fiscal de Macri, el paralelismo resulta inevitable. Si hace una década el oficialismo hablaba de confianza empresarial y de una inminente “lluvia de inversiones”, hoy el funcionario libertario menciona US$ 140.000 millones en proyectos de inversión y proyecta que Argentina podría recuperar el grado de inversión recién hacia 2031.

Mientras el Gobierno celebra mejoras en la calificación de la deuda y otros indicadores financieros, el propio Daza reconoce que el alivio aún no llega a la economía cotidiana. La distancia entre las variables macroeconómicas y la realidad de los hogares sigue siendo evidente: salarios rezagados, consumo deprimido y una recuperación que, por ahora, vuelve a apoyarse en la promesa de unos “brotes verdes” que muchos argentinos ya escucharon hace casi una década sin que terminaran de florecer.

Movimientos populares se concentraron en el principal acceso a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la jornada nacional de protesta. Un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad bloquea el paso hacia la Capital Federal.

La mañana en el área metropolitana comenzó con un escenario de máxima tensión en el Puente Pueyrredón, donde una multitudinaria columna de organizaciones sociales y movimientos populares se concentró para visibilizar sus reclamos contra la política económica del Gobierno nacional. La manifestación forma parte de la jornada nacional de protesta que promete resentir los accesos clave a la Capital Federal durante todo el día.

En el lugar se montó un desmedido operativo de seguridad a cargo de las fuerzas federales y de la Policía Bonaerense, que desplegaron vallas, carros hidrantes y un cordón de efectivos para impedir que la columna de manifestantes avance e ingrese al territorio porteño. El cara a cara entre los trabajadores de la economía popular y los uniformados generó momentos de alto nerviosismo e interrupciones totales en el tránsito vehicular desde la zona sur del conurbano.

Los puntos centrales del reclamo en las calles:

• Emergencia alimentaria y social: Las agrupaciones exigen la restitución urgente de asistencia y alimentos para los comedores comunitarios, denunciando que la demanda en los barrios populares se multiplicó en los últimos meses debido a la pérdida del poder adquisitivo.
• Rechazo al ajuste y la reforma laboral: La marcha en el acceso sur coincide con el inicio del plan de lucha trazado por la multisectorial sindical y social para frenar la quita de derechos laborales y el impacto de los aumentos tarifarios sobre los sectores más vulnerables.
• El protocolo de seguridad en la mira: Referentes de los movimientos denunciaron que el despliegue policial busca “criminalizar la protesta social” en lugar de dar respuestas institucionales a la crisis de empleo y pobreza que afecta a las barriadas.

El bloqueo en el Puente Pueyrredón provocó severos desvíos y demoras kilométricas en las vías alternativas, como el Puente Nicolás Avellaneda y el Puente Victorino de la Plaza. Mientras las agrupaciones evalúan la continuidad de la permanencia en el lugar, las fuerzas de seguridad mantienen la orden estricta de no permitir el despeje hacia la avenida 9 de Julio.

Con el conflicto social escalando en la calle y la presencia de dirigentes de las centrales sindicales acompañando los reclamos, la jornada se perfila como un nuevo punto de inflexión en la relación entre los movimientos populares y el Ministerio de Seguridad.

FlyBondi fue una de las piezas centrales del sueño macrista para la transformación del mercado aerocomercial argentino bajo el programa denominado “Revolución de los Aviones”, una iniciativa presentada como el camino para ampliar la conectividad, abaratar los pasajes y multiplicar la cantidad de pasajeros. Realidad fue diferente: vuelos sobrevendidos, cancelados y aviones que no parecen reunir las condiciones para volar.

En ese marco, la primera gran aerolínea low cost del país está atravesando una crisis muy profunda que pone en jacque la narrativa de Mauricio Macri y Javier Milei sobre la importancia de la “desregulación”. De eso no se habla.

Cuando presentaron la iniciativa, tanto Macri como Guillermo Dietrich hablaron de la creación de 25.000 puestos de trabajo y de la “reducción de la pobreza”. Por supuesto, eso no pasó y en solo unos pocos años FlyBondi pasó de volar con todas las luces a no poder cumplir con vuelos elementales, dejando a miles de personas varadas. Macri lo hizo.

La central obrera confirma el arranque de un plan de lucha escalonado contra el Gobierno, con movilizaciones conjuntas y la posible concreción de un paro general hacia fines de año.

Tal como se había anticipado, la Confederación General del Trabajo (CGT) pone en marcha un plan de confrontación contra el Gobierno de largo plazo, que se extenderá al menos hasta noviembre y que podría desembocar en un paro general, posibilidad que hasta ahora los dirigentes de Azopardo habían descartado.

Mediante sus canales oficiales, la central obrera ratificó su regreso a las calles este miércoles, cuando lidera una manifestación junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en respaldo a los jubilados.

A qué hora marchan la CGT, las dos CTA y la UTEP hoy con los jubilados

La convocatoria, difundida bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», fijó la concentración a las 15 horas en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, frente a la Plaza del Congreso. Desde allí, las organizaciones exigirán la defensa de los haberes previsionales, el sostenimiento de los ingresos y condiciones dignas para los adultos mayores.

La movilización no constituye un acto aislado, sino que se inscribe en un cronograma de acciones acordadas entre las centrales sindicales y los movimientos sociales, tras una serie de reuniones en las que resolvieron actuar de manera unificada frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Este acercamiento se consolida luego de que la UTEP anticipara una nueva etapa de protestas por el cierre del programa «Volver al Trabajo».

El objetivo del espacio es sostener un proceso creciente de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya adelantaron que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza. Entre ellas, cobra fuerza la posibilidad de convocar a un paro general, alternativa que comenzó a debatirse en los encuentros entre las centrales y que dependerá de la evolución del conflicto y la respuesta oficial a los reclamos.

Las fechas que se barajan para esa medida son noviembre o la primera quincena de diciembre. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, mencionó la posibilidad de «una gran marcha y paro» antes o durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, mientras que en la CGT inclinarían la balanza hacia diciembre.

De este modo, la jornada del miércoles se perfila como el puntapié inicial de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Ejecutivo nacional, con una estrategia basada en la unidad gremial y social para incrementar la presión en la vía pública.

La tregua que impuso el Mundial 2026 quedó atrás y la protesta social vuelve a ocupar el centro de la escena política. La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados marcharán este miércoles al Congreso, en una movilización que marcará el reinicio de la agenda de calle contra el Gobierno de Javier Milei y abrirá una nueva etapa de medidas de fuerza. Messi tenía razón: la gente no llega a fin de mes.

La concentración está prevista para las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Congreso Nacional. La convocatoria tendrá como principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes jubilatorios y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional.

Con inflación anual en torno al 35% e ingresos que suben al 20%, la pérdida del poder adquisitivo es superior al 10% lo que impacta sobre millones de familias que no llegan a fin de mes, como debió recordar el crack de la selección nacional, ante la indignación del gobierno libertario.