Francisco Oneto, abogado identificado con el oficialismo y cercano a Javier Milei, afirmó que un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU habilitaría la revisión de la condena contra Cristina Kirchner. La postura contradice a quienes sostienen que la sentencia quedó definitivamente cerrada y reavivó el debate sobre la causa Vialidad.

La discusión sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner sumó un dato inesperado. Francisco Oneto, abogado vinculado al espacio de Javier Milei y una de las voces jurídicas más cercanas al oficialismo, sostuvo públicamente que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría abrir la puerta a revisar la sentencia firme dictada en la causa Vialidad.

A través de sus redes sociales, Oneto cuestionó a quienes aseguran que la intervención del organismo internacional no tendría efectos sobre la condena. “Es falso”, afirmó, y explicó que el artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal contempla expresamente la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado internacional se pronuncia en una comunicación individual.

El abogado recordó que el Comité de Derechos Humanos tiene competencia para recibir denuncias individuales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. En ese marco, sostuvo que un dictamen favorable a Cristina Kirchner “habilitaría la acción de revisión” y remarcó que “la cosa juzgada no es el muro que dicen”.

Las declaraciones cobran relevancia porque provienen de un abogado identificado con el oficialismo nacional y contrastan con el discurso de quienes aseguran que la condena ya no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

La defensa de Cristina Kirchner ya anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en junio de 2025, agotando las instancias judiciales argentinas. El planteo buscará demostrar que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales del debido proceso.

Si bien el Comité no tiene facultades para anular directamente una sentencia judicial argentina ni ordenar la libertad de una persona condenada, un dictamen favorable podría convertirse en un elemento jurídico de peso para impulsar una revisión del fallo dentro del sistema judicial argentino, tal como planteó Oneto.

La postura del abogado volvió a instalar el debate sobre la solidez jurídica de la condena contra la expresidenta y alimentó las críticas del kirchnerismo, que sostiene desde hace años que Cristina Kirchner es víctima de una persecución judicial con fines de proscripción política.

Durante el primer semestre de 2026 se derrumbó un 7,6% respecto del mismo período del año pasado y acumuló ocho caídas interanuales consecutivas, mientras los analistas advierten que no existen señales claras de una recuperación sostenida para lo que resta del año.

Los datos surgen del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando Ferreres & Asociados, que mostró que en junio la inversión fue 6,2% inferior a la de un año atrás y volvió a retroceder 0,4% en términos mensuales. La consultora describió una dinámica de “serrucho”, con pequeños rebotes que rápidamente vuelven a convertirse en caídas.

El golpe más fuerte volvió a sentirse en los equipos durables de producción, un indicador clave para medir las apuestas del sector privado al crecimiento. La inversión en maquinaria nacional cayó 9,5%, mientras que la importada se desplomó 12,7%. La construcción fue el único rubro que mostró una leve mejora interanual de apenas 0,4%, insuficiente para compensar el fuerte retroceso del resto de los sectores.

Desde Ferreres señalaron que, al llegar a la mitad del año, la inversión continúa en niveles muy bajos y que todavía no aparecen indicadores que permitan proyectar una recuperación consistente. Si bien algunos sectores exhibieron mejoras puntuales, la consultora sostuvo que el panorama general sigue siendo de estancamiento y que el eventual impacto de las inversiones anunciadas bajo el RIGI y el Súper RIGI dependerá de cronogramas flexibles y sujetos a incertidumbre.

Los datos refuerzan la preocupación sobre uno de los principales objetivos económicos del Gobierno. Lejos de convertirse en el motor del crecimiento, la inversión continúa en retroceso. Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2026 cayó otro 11% interanual y acumuló cuatro descensos consecutivos en la medición desestacionalizada.

Desde Fundar advirtieron que la inversión representa apenas el 14,3% del Producto Bruto Interno, un mínimo histórico y muy por debajo del 25% que consideran necesario para sostener un proceso de crecimiento. Además, remarcaron que la inversión por habitante se encuentra un 21,8% por debajo del récord alcanzado en 2018, reflejando el fuerte deterioro de la capacidad productiva del país.

Para la red Misión Productiva, el desplome responde a una combinación de factores: la debilidad de la demanda y de los salarios, la paralización de la obra pública, el mal desempeño de la construcción privada, la falta de crédito para proyectos productivos y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del esquema económico. A su entender, el crecimiento impulsado por sectores como el agro, la minería y la energía no alcanza para expandir la inversión al conjunto de la economía.

Las dudas también alcanzan al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y al denominado Súper RIGI. Aunque fueron presentados por el Gobierno como herramientas para atraer capitales y reactivar la economía, distintos especialistas sostienen que su impacto será limitado. Desde Fundar señalaron que el régimen concede beneficios excesivos a sectores que ya venían invirtiendo, como la minería y la energía, sin generar una estrategia que impulse el desarrollo del resto del entramado productivo.

En la misma línea, el investigador Emiliano Libman sostuvo que los sectores alcanzados por el RIGI representan una porción demasiado reducida de la inversión total como para revertir la tendencia general. “A lo mejor ayuda a que deje de caer la inversión, pero no espero un repunte a corto plazo“, afirmó.

Con este panorama, la caída de la inversión vuelve a convertirse en una de las principales señales de alerta para la economía argentina. Mientras las empresas postergan proyectos y frenan la compra de maquinaria, las expectativas de recuperación siguen debilitándose y crecen las dudas sobre la capacidad del modelo económico para generar un crecimiento sostenido.

La empresa Algieri S.A., una de las contratistas más recurrentes de las administraciones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a quedarse con una millonaria licitación del Gobierno porteño.

En esta oportunidad, fue preadjudicada para realizar obras complementarias en la estación Pueyrredón de la Línea B, que ya había sido remodelada el año pasado, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos públicos y la reiteración de contratos a un reducido grupo de empresas.

La nueva adjudicación comprende la finalización de los trabajos en la estación Pueyrredón y la puesta en valor de las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti, de la Línea A, además de intervenciones en Dorrego. La licitación había sido lanzada en febrero y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 11.233 millones de pesos.

Lo que genera cuestionamientos no es solamente el monto de la obra, sino el historial de la empresa con las distintas administraciones del PRO. Desde que Jorge Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2023, Algieri S.A. ya acumuló al menos cinco adjudicaciones o preadjudicaciones de gran magnitud, varias de ellas vinculadas a infraestructura urbana y transporte.

Entre esos contratos figura la reorganización del Centro de Trasbordo Plaza Constitución, adjudicada en junio de este año por 6.548 millones de pesos, además del servicio de mantenimiento de espacios verdes, otorgado en 2025 mediante una unión transitoria de empresas, y otras obras de puesta en valor de estaciones de subte en las líneas B y D.

La estación Pueyrredón representa un caso llamativo. Después de permanecer cerrada durante varios meses por una remodelación concluida en 2025, ahora vuelve a ser objeto de una nueva contratación para ejecutar trabajos complementarios, una situación que alimenta interrogantes sobre la planificación de las obras y el uso eficiente de los fondos públicos.

Una contratista con larga historia en las gestiones del PRO

La presencia de Algieri S.A. en la obra pública porteña no comenzó con Jorge Macri. Durante los ocho años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la firma obtuvo al menos nueve licitaciones y adjudicaciones, según registros del Boletín Oficial de la Ciudad.

Entre las principales se encuentran la urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31), la remodelación de Plaza Lavalle, el proyecto Calle Verde Yerbal, obras de mitigación e infraestructura comunal, intervenciones en edificios públicos y diversos contratos de mantenimiento de espacios verdes.

La continuidad de estas adjudicaciones durante distintas administraciones del mismo espacio político alimenta las críticas y sospechas de quienes sostienen que el sistema de contrataciones porteño concentra una parte importante de la obra pública en un grupo reducido de empresas con fuerte presencia histórica en los gobiernos del PRO.

Mientras la Ciudad destina miles de millones de pesos a nuevas licitaciones, la repetición de los mismos adjudicatarios vuelve a abrir el debate sobre la transparencia, la competencia real en los procesos licitatorios y la necesidad de garantizar una distribución más amplia y equitativa de los contratos públicos.

El gobernador bonaerense defendió la soberanía sobre Vaca Muerta, cuestionó la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y advirtió que los recursos naturales deben ponerse al servicio del desarrollo nacional y no de las exigencias del organismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta y reivindicó que los recursos estratégicos de la Argentina deben destinarse al desarrollo del país, en contraposición a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino“, afirmó Kicillof durante un acto realizado este miércoles en Lomas de Zamora. El mandatario bonaerense sostuvo que esa riqueza energética “tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional, para que los argentinos puedan acceder a la energía a un precio posible”, en un mensaje dirigido tanto al organismo internacional como a la administración libertaria.

Las declaraciones llegaron después de que Georgieva recorriera por primera vez Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La visita fue interpretada por distintos sectores como un fuerte respaldo del FMI al modelo económico extractivista del Gobierno y al papel que los recursos energéticos podrían desempeñar para garantizar el cumplimiento del programa acordado con el organismo.

Great visit to @YPFoficial’s Loma Campana operations with @LuisCaputoAR and @HoracioMarin_ok. Seeing Vaca Muerta firsthand highlighted the talent, innovation & entrepreneurship that public and private companies are deploying to drive Argentina’s bright energy future. pic.twitter.com/1oby72tsWu

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

Kicillof también cuestionó el modelo económico que impulsa la Casa Rosada y rechazó la idea de que la economía atraviese un proceso de recuperación. “La macro no está ordenada porque la gente no llega a fin de mes. Tienen miedo de perder el trabajo; ese es el orden para el FMI”, sostuvo.

En la misma línea, aseguró que la política económica está profundizando el deterioro de la producción y el consumo. “La industria está liquidada y el comercio también. Nos dicen que la situación económica es extraordinaria y que somos un orgullo. ¿Dónde está eso? Hay familias que no pueden pagar los servicios ni la comida y terminan endeudándose primero con los bancos, después con las billeteras virtuales y finalmente con prestamistas”, señaló.

El gobernador advirtió además que el escenario social es de una gravedad inédita y afirmó que “estamos en una situación que no hubo nunca”, incluso peor que la crisis de 2001 en algunos indicadores. “Es una crueldad y un abandono deliberado”, concluyó.

La visita de Georgieva a Vaca Muerta se produjo durante su paso por la Argentina para respaldar el programa económico del Gobierno nacional. Tras reunirse con funcionarios, la titular del FMI aseguró que el país “está por un buen camino” y consideró que, por el momento, “no habrá necesidad de más fondos”. Sus declaraciones reforzaron el respaldo del organismo a la gestión de Milei, en medio de un fuerte ajuste económico y de crecientes cuestionamientos por el impacto social de las medidas oficiales.