Galperín se enojó porque no quiere que el Central lo obligue a mostrar que cobró hasta 1300% de interés

El empresario Marcos Galperín envistió contra Santiago Bausili por la normativa del Central que obliga a las fintech a publicar en los contratos de préstamos el Costo Financiero Total (CFT), instrumento que expuso que Mercado Pago cobró hasta un 1370% anual de interés, dato que hace proliferar demandas judiciales por usura contra su empresa. Galperín exige transparencia para todos menos para él.

“El Costo Financiero Total Efectivo Anual que el BCRA obliga a publicar es falso, incorrecto (y por ende inflacionario)”, acusó el CEO de Mercado Libre en réplica a un posteo del economista Agustín Etchebarne que, al simular un préstamo por solo 10 mil pesos en Mercado Pago, expuso que el CFT anual que cobraba era del 102%. Insólito: informar el costo de un préstamo genera inflación para Gaperín.

“Baratitos los préstamos de MELI”, posteó el director de la fundación Libertad y Progreso. A eso, Galperin salió a negar la veracidad del CFT.

“De ninguna manera es falso, es lo que cualquier estudiante de finanzas puede calcular”, lo cruzó Etchebarne y advirtió que el CFT es “exactamente” lo que hay que tomar “para comparar en términos anuales lo que estás pagando como interés “.

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El fracaso de Caputo después de 3 años: recesión económica, suba del desempleo e inflación récord a nivel mundial

El programa económico de Luis Caputo enfrenta una de sus mayores contradicciones: mientras el Gobierno de Javier Milei reivindica el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación como los principales logros de su gestión, la economía real continúa mostrando señales de deterioro. Recesión económica, inflación mensual del 2% (superior a todo el período 2003-2015), desempleo y pobreza subiendo…

Todos los datos están mal: la debilidad del consumo, la caída de numerosos sectores productivos y el freno de la actividad exponen los límites de un esquema que prometía estabilización y crecimiento, pero que todavía no consigue traducir sus resultados macroeconómicos en una mejora sostenida de las condiciones de vida. En octubre, el propio ministro admitió que la economía crece a un ritmo menor, en un contexto de crecientes dificultades para sostener la recuperación.

Uno de los principales problemas del modelo es que el ordenamiento de las cuentas públicas se sostiene sin una estrategia capaz de impulsar de manera generalizada la producción y el mercado interno. La industria, la construcción, el comercio y distintas actividades vinculadas al consumo enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad, mientras las políticas de ajuste y la pérdida de poder adquisitivo restringen la demanda. El resultado es una economía fragmentada, en la que sectores vinculados con la energía, la minería y las exportaciones muestran mayor dinamismo, pero no alcanzan a compensar el retroceso de amplias ramas productivas. La recuperación, lejos de extenderse al conjunto de la sociedad, aparece concentrada en actividades específicas.

La desaceleración inflacionaria, uno de los principales argumentos que exhibe Caputo para defender su gestión, tampoco alcanza por sí sola para demostrar el éxito del programa. En septiembre de 2026, el índice de precios al consumidor aumentó un 1,9% mensual, por encima del 1,7% registrado en agosto, mientras la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año llegó al 23,6%. Aunque estos registros se encuentran lejos de los niveles extremos del pasado reciente, el costo de vida sigue presionando sobre los hogares y la mejora de los ingresos no logra consolidarse de manera generalizada. A eso se suma un panorama social preocupante: la pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre y el desempleo se ubicó en el 7,9%, según los datos difundidos en octubre.

El balance de Caputo debe evaluarse, entonces, no solamente por el superávit fiscal o la evolución de los precios, sino también por la capacidad de su programa para generar empleo, fortalecer la producción y garantizar una recuperación sostenible. La persistencia de las dificultades en el mercado interno, la fragilidad de la actividad y las tensiones financieras ponen en cuestión la promesa de que el ajuste inicial conduciría automáticamente a una etapa de prosperidad. El Gobierno insiste en que se trata de una transición hacia un nuevo modelo económico, pero, a medida que se prolongan los costos sociales y productivos, la distancia entre las expectativas oficiales y la experiencia cotidiana de buena parte de la población se convierte en el principal indicador del fracaso de la gestión. <escape> </escape>

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