El secretario de Educación chicaneó a los estudiantes pero se olvidó de que él tardo 15 años en recibirse

Durante el debate presupuestario en el Congreso y en medio de la polémica por el desfinanciamiento a las universidades, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió las partidas que su Gobierno gira al ámbito universitario y embistió contra los estudiantes que tardan en graduarse. Pero se olvidó de un detalle…

Al cuestionar los bajos índices de graduación, advirtió que “el costo fiscal” de cada graduado es de 80 millones y dijo que de cada “10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”.

“El problema no es cuánto se invierte, sino cuánto rinde esa inversión en términos de eficiencia y equidad”, señaló Torrendell para apuntar contra quienes tardan en egresar de las universidades públicas. Los opositores le recordaron al secretario de Educación mileista que él tardó 15 años en recibirse y lo hizo en una universidad de segundo orden como la UCA.

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En España nadie quiere recibir a Milei para no quedar pegado a su modelo económico

El presidente Javier Milei no la pasa bien en España, donde está envuelto en peleas con periodistas y con el gobierno de Pedro Sánchez, mientras sus aliados del Partido Popular y Vox le rehúyen a la foto. Una foto que también evitó el Rey Felipe VI, que se excusó para no recibirlo. Nadie quiere mostrarse con el rostro de la motosierra, símbolo de un ajuste que en Europa hace estragos.

“Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos, quizás vale para tu caso”, le dijo el presidente a una periodista española. El insulto no logró el efecto esperado: nadie se rió ni se le acercó al mandatario. Ya no causa gracia.

“No pierdo el tiempo en estúpidos incompetentes zurdos empobrecedores”, respondió Milei en otro momento a los periodistas españoles que intentaban conseguir una declaración en su llegada al Nueva Economía Fórum. Se olvidó de explicar por qué su modelo aumentó la pobreza y el desempleo.

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Caso Espert: La justicia rechazó sus planteos y la causa por lavado de dinero avanza

La Cámara Federal de San Martín rechazó los intentos del exdiputado libertario de anular medidas de prueba y apartar al fiscal que lo investiga. La causa apunta a una transferencia de US$ 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado y avanza hacia una definición sobre su situación procesal.

Nuevo golpe judicial para José Luis Espert. El exdiputado de La Libertad Avanza sufrió un doble revés en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito: la Cámara Federal de San Martín rechazó los planteos de su defensa para invalidar medidas de prueba y también desestimó su intento de apartar al fiscal de la investigación.

Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones consideraron que las actuaciones cuestionadas se ajustaron a la normativa vigente y que no se acreditaron irregularidades que vulneraran las garantías constitucionales del exlegislador. De esta manera, quedaron firmes las medidas investigativas que Espert buscaba dejar sin efecto.

La defensa había objetado, entre otras cuestiones, las declaraciones testimoniales realizadas sin aviso previo, los informes patrimoniales sobre el exdiputado y su entorno, la incorporación de informes de inteligencia reservados y los peritajes sobre teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados. También cuestionó las facultades del fiscal para impulsar medidas de investigación después de la indagatoria.

Sin embargo, la Cámara rechazó esos argumentos y sostuvo que no se demostraron perjuicios concretos que justificaran anular las actuaciones. Tampoco prosperó el planteo contra el fiscal Fernando Domínguez, a quien Espert acusaba de haber perdido objetividad.

Los US$ 200.000 que complican al exdiputado libertario

El eje de la investigación es una transferencia de US$ 200.000 que Espert habría recibido en enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos, procedente de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario investigado por delitos financieros y vinculado a una trama criminal relacionada con el narcotráfico.

Espert sostuvo que el dinero correspondía al pago de un contrato de consultoría. La fiscalía, en cambio, sospecha que ese acuerdo habría sido simulado para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

La investigación también busca reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros del exlegislador, además de determinar si existieron otras operaciones vinculadas con esos fondos. La defensa había intentado frenar parte de esas medidas, pero el nuevo fallo judicial dejó sin sustento sus principales objeciones.

Una causa que se acerca a una definición clave

El revés representa un avance para la investigación, porque despeja obstáculos planteados por la defensa y permite que continúe la producción y evaluación de pruebas. La situación procesal de Espert deberá ser definida por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

El caso vuelve a colocar bajo presión al economista libertario, que perdió su candidatura legislativa en 2025 después de que se hicieran públicas las revelaciones sobre su vínculo financiero con Machado.

Por ahora, Espert no tiene una condena por estos hechos y las acusaciones continúan bajo investigación. Pero el rechazo de sus planteos judiciales debilita su estrategia para frenar la causa y deja abierta una etapa decisiva para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia su procesamiento.

El expediente amenaza así con convertirse en un nuevo foco de desgaste para La Libertad Avanza: uno de sus principales referentes económicos continúa bajo investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero, mientras la Justicia rechaza los intentos de su defensa de bloquear las pruebas que podrían resultar determinantes.

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Grave: los bomberos voluntarios de todo el país le reclaman $59.330 millones al Gobierno de Milei

Las federaciones de bomberos intimaron al Ministerio de Economía a transferir los fondos pendientes por ley y dieron un plazo de 10 días hábiles para obtener una respuesta. La demora amenaza con comprometer el equipamiento y la capacidad operativa de los cuarteles, justo cuando se aproxima la temporada de incendios forestales.

Los bomberos voluntarios de todo el país volvieron a encender las alarmas ante la falta de respuestas del Gobierno de Javier Milei. Las autoridades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios presentaron un nuevo reclamo ante el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, para exigir la transferencia de $59.330 millones correspondientes a fondos pendientes del ejercicio 2025.

El reclamo, firmado por los representantes de las federaciones provinciales, se sustenta en la Ley Nacional 25.054, que establece los recursos destinados al funcionamiento del sistema. No se trata de un subsidio extraordinario ni de una ayuda discrecional: son fondos con una asignación específica que, según denuncian las entidades, permanecen pendientes de ejecución y distribución.

La situación lleva meses sin resolverse. Desde el sector advirtieron que el reclamo se arrastra desde 2024 y que ya habían presentado una solicitud formal en junio, sin obtener una solución definitiva. Ahora, las federaciones fijaron un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos para que el Ejecutivo dé una respuesta concreta.

Menos recursos para enfrentar las emergencias

La demora no es una cuestión meramente administrativa. Los fondos son fundamentales para adquirir equipamiento de protección personal, mantener autobombas y vehículos, comprar herramientas y garantizar que los cuarteles puedan responder ante incendios y otras emergencias.

La preocupación se agrava ante la llegada del fenómeno climático de El Niño y el comienzo de la temporada de incendios forestales, cuando la capacidad de respuesta puede resultar decisiva para proteger vidas, viviendas y bienes.

Desde las federaciones advierten que la falta de recursos limita el funcionamiento de instituciones que prestan un servicio esencial y que dependen de estos fondos para sostener buena parte de su actividad.

La motosierra también golpea a quienes arriesgan la vida

El reclamo vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Gobierno nacional. Mientras los bomberos voluntarios sostienen tareas de prevención y emergencia en todo el territorio, sus organizaciones denuncian que siguen esperando recursos establecidos por ley.

La contradicción es evidente: se trata de dinero destinado a garantizar el funcionamiento de un sistema que interviene cuando hay incendios, accidentes y catástrofes, pero cuya transferencia continúa sin resolverse.

Los bomberos no están pidiendo un privilegio: exigen que se distribuyan los fondos que les corresponden por ley. Y la demora no es inocua: puede traducirse en menos equipamiento, dificultades para mantener los vehículos y mayores riesgos para quienes deben enfrentar las emergencias.

Con el plazo de intimación ya planteado, el Gobierno de Milei y el Ministerio de Economía deberán responder si cumplirán con la transferencia reclamada o si prolongarán un conflicto que compromete el financiamiento de un servicio esencial para toda la sociedad.

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Encuestas encienden luces rojas en el Gobierno: el 57,4% cree que la economía está empeorando

Los últimos relevamientos de opinión pública comienzan a encender señales de alarma en el gobierno de Javier Milei. Distintas encuestadoras coinciden en mostrar un deterioro de la percepción económica, con una mayoría de argentinos que afirma que la situación empeora, dificultades para llegar a fin de mes y crecientes cuestionamientos a la gestión libertaria.

Según el último estudio de Giacobbe & Asociados, el 57,4% de los consultados considera que la economía está empeorando. El dato más preocupante para la Casa Rosada es que el 54,7% asegura que ese deterioro lo está sufriendo personalmente. En contraste, apenas el 34,2% percibe una mejora económica, una diferencia de 23,2 puntos porcentuales a favor de la mirada negativa. El relevamiento se realizó entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, sobre 2.500 casos

El resultado refleja una dificultad central para el oficialismo: la promesa de recuperación económica no logra traducirse en una mejora palpable para una amplia mayoría de la población. Mientras el Gobierno insiste en defender su programa de ajuste y exhibir indicadores favorables, una parte importante de la sociedad sigue percibiendo que su situación cotidiana se deteriora.

Más encuestas, más señales de alarma

La tendencia se repite en otros relevamientos. La encuesta de la Universidad de San Andrés (UdeSA) registró una caída de cuatro puntos en la aprobación de la gestión económica, que quedó en apenas 28%. Además, el 56% considera que la situación económica empeoró respecto del año anterior, mientras que solo el 18% observa una mejora.

Los problemas de la economía cotidiana también aparecen en los ingresos familiares: el 54% afirma que el dinero no le alcanza para cubrir sus gastos. De ese grupo, el 35% debe recortar consumos y el 19% recurre al endeudamiento. Apenas el 20% de los encuestados declara tener capacidad de ahorro.

La encuesta de AtlasIntel y Bloomberg refuerza el diagnóstico: el 71% evalúa negativamente la situación económica argentina y el 75% considera que el mercado laboral atraviesa una situación mala. A su vez, el 60% tiene una percepción desfavorable de la economía de su propia familia y el 55% cree que la situación nacional empeorará durante los próximos seis meses.

El panorama plantea un desafío cada vez mayor para Milei y su equipo económico. El desempleo, los bajos salarios, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes aparecen entre las principales preocupaciones sociales, mientras las expectativas de una recuperación sostenida siguen sin consolidarse.

Los números empiezan a mostrar una brecha entre el relato oficial y la experiencia cotidiana de la población. La desaceleración de algunos indicadores no alcanza, por sí sola, para convencer a los argentinos de que la economía está mejorando si esa supuesta recuperación no se refleja en sus bolsillos, en el empleo ni en su capacidad de consumo.

Con distintos métodos y muestras, los relevamientos coinciden en un punto central: el malestar económico es mayoritario y comienza a convertirse en una señal política de alerta para la Casa Rosada. El desafío del Gobierno ya no pasa solamente por defender sus indicadores macroeconómicos, sino por demostrar que el ajuste puede traducirse en una mejora concreta de las condiciones de vida.

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