“Podés tener cárceles privadas donde los presos paguen sus condenas laburando” afirmo el presidente.
El presidente Javier Milei aseguró este miércoles que estudia la posibilidad de que se vendan las cárceles ubicadas en terrenos de la Ciudad, “muy interesantes en términos inmobiliarios” para construir otras “de máxima seguridad que estén alejadas“.
“Hay cárceles en medio de la ciudad, de mucho valor en términos inmobiliarios, que estamos pensando vender. Con esos fondos, (la idea es) construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad”, comentó el mandatario en radio Mitre. Y agregó: “Estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”.
Si bien el Complejo Penitenciario Federal de Devoto es el único centro de “máxima seguridad” en Ciudad, la iniciativa podría abarcar también a otros establecimientos carcelarios del país.
En 2022, previo a la campaña electoral, Milei propuso privatizar las cárceles, iniciativa que volvió a poner ahora arriba del escritorio.
“Podés tener cárceles privadas donde los presos paguen sus condenas laburando, en lugar de premiarlos regalándoles plata y dándoles privilegios a pesar del desastre que hicieron en la sociedad”, sostuvo Milei en junio de ese año.
Consultado por otro lado sobre el presente en la ciudad Rosario y la lucha contra el narcotráfico, Milei respondió: “Estamos haciendo un trabajo enorme: habilitamos al Ejército para hacer tareas de asistencia y acabamos de armar una ley para ampliar las facultades que pueden tener las Fuerzas Armadas en caso de narcoterrorismo”.
Cárceles privadas un negocio millonario
Si bien es cierto que las prisiones privadas son una minoría dentro del sistema estadounidense; sin embargo, este negocio no solo se circunscribe a las cárceles para adultos. Centros de menores o de internamiento de extranjeros también han acabado con este modelo de gestión, lo que da buena cuenta de hasta qué punto se ha permitido la privatización del sistema y de la penetración de las empresas dedicadas a este tipo de negocio.
En el sector de las cárceles estadounidenses dos empresas sobresalen, y se podría decir que actúan como un duopolio. Por número de presos en su haber, GEA Group le saca una ligera ventaja a la segunda empresa en liza, Corrections Corporation of America (CCA). Entre ambas alojan a más de 135.000 presos en la actualidad, lo que supone la práctica totalidad de la población carcelaria estadounidense bajo techo privado. No es una cuestión menor que dos empresas custodien cerca del 8% de los reclusos actuales del país.
A fin de cuentas, todo es un negocio más, y los presos, la mercancía. Si a esto le añadimos que las dos empresas copan todo el sector, las prácticas casi monopolísticas están a la orden del día y el poder de negociación de estas corporaciones frente a los poderes públicos es más que notable al no haber en muchos casos una alternativa que no sea GEA o CCA.
Una de las cuestiones más llamativas a la hora de negociar una nueva concesión reside en los compromisos de las autoridades públicas para llenar estos recintos privados. Una cárcel vacía es una cárcel ruinosa, y las empresas dedicadas a su gestión se aseguran firmemente de que sus celdas siempre vayan a estar llenas o, si no lo están, de que el Estado pague una compensación. Un juego en el que siempre ganan, en definitiva. Así, no es extraño comprobar cómo las concesiones a la hora de construir o gestionar una nueva prisión llevan añadida una cláusula por la que la autoridad competente se compromete a que una generosa proporción de celdas van a tener inquilinos. Las cifras no son magras y a menudo superan el 90% de ocupación.
Como destaca un informe del sitio El orden Mundial (EOM) en un país como Estados Unidos, en el que el lobbismo está permitido, el sector carcelario juega como uno más. La pareja empresarial que domina esta actividad de las penitenciarías invierte enormes cantidades de dinero en influir políticamente, especialmente en los distintos estados del país —su nicho de mercado no está en Washington y sus prisiones federales—, y ni que decir tiene que esos esfuerzos han dado resultado. La tendencia punitiva, judicialmente hablando, sigue al alza en Estados Unidos. Las penas son cada vez más duras en muchos estados del país, algo que, además de estar alimentado por el propio sistema socioeconómico estadounidense, tiene a las empresas carcelarias presionando para que ocurra.
El debate ético y también político que suscita esta cuestión no es menor. Desde una perspectiva empresarial, a las empresas de gestión carcelaria les interesa que se cometan delitos, que haya crímenes, o, más que crímenes, criminalidad; les interesa que el sistema judicial sea desproporcionadamente duro y que la reinserción de los presos se quede en utopía para así tener la oportunidad de que vuelvan a ocupar sus celdas. En definitiva, estas empresas tienen interés en que un objetivo básico de las sociedades avanzadas como es evitar o reducir al mínimo las conductas antisociales no se cumpla. Hasta se pone en entredicho el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado.
Fuente: con información de A24 y El Orden Mundial
