Mientras el Gobierno difundía imágenes de la avenida Corrientes colmada de personas para cuestionar los diagnósticos sobre la caída del consumo, un informe privado mostró otra cara de la economía: el consumo masivo se desplomó 4,9% interanual en agosto y acumula una baja anual de 3,2%. El índice general también retrocedió y lleva nueve meses consecutivos de caídas.

La postal de una avenida Corrientes llena de gente fue utilizada por el Gobierno como argumento para cuestionar las dificultades que distintos sectores vienen señalando en materia de consumo. El video, registrado con una temperatura de 7 grados y con una importante presencia de personas en la zona de teatros y restaurantes, fue compartido en X bajo el mensaje “7 grados centígrados y esto está lleno de gente”. Javier Milei y Luis Caputo retomaron la publicación para cuestionar la idea de que los hogares atraviesan dificultades para llegar a fin de mes.

Pero los datos agregados vuelven a mostrar una realidad mucho menos alentadora. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, registró en agosto una caída mensual de 1,2% y una baja interanual de 0,6%. Con este resultado, acumuló nueve meses consecutivos de variaciones negativas y cerró los primeros ocho meses de 2026 con una contracción de 1,4% frente al mismo período del año pasado.

El deterioro es todavía más marcado cuando se observa el consumo masivo, es decir, las compras frecuentes de productos como carnes, bebidas, lácteos, frutas, verduras, panificados, artículos de limpieza y combustibles. Este segmento, que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares contemplado por el índice, cayó 4,9% interanual en agosto y acumula una baja de 3,2% en el año. Se trata justamente de bienes vinculados con el consumo cotidiano y no de una actividad excepcional o concentrada en determinados puntos de la ciudad.

El contraste también aparece en los restaurantes. El informe de la UP señaló que el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en agosto su sexta caída interanual consecutiva, con un retroceso del 7,1%, y acumuló una contracción del 3,3% en los primeros ocho meses del año. Así, la imagen de una avenida céntrica concurrida no necesariamente refleja una recuperación generalizada del consumo ni permite extrapolar el movimiento de una zona puntual al conjunto de los hogares.

Los números que contradicen la postal oficial

Caputo respondió al video con una referencia irónica a quienes advertían sobre las dificultades para llegar a fin de mes. “Calle Corrientes es un consumo de primera necesidad”, escribió el ministro, al tiempo que señaló la disparidad existente entre los distintos sectores de la economía. Milei, por su parte, también cuestionó la interpretación de que la población estuviera atravesando dificultades generalizadas.

Sin embargo, el comportamiento del consumo masivo muestra que el problema no se resuelve con una imagen de una calle llena de personas. El índice releva el comportamiento agregado de los hogares y muestra una contracción sostenida en uno de los componentes centrales del gasto familiar.

Menos autos y mas motos

El panorama es desigual. Los bienes durables aumentaron 1% interanual en agosto y acumularon una mejora de 1,3% en el año, aunque detrás de ese promedio aparecen comportamientos muy diferentes. Las motos tuvieron un verdadero salto: sus patentamientos crecieron 34,7% interanual en agosto y 42,1% entre enero y agosto. Los autos, en cambio, registraron una caída de 19,3% interanual y acumularon un retroceso de 13,7% en los primeros ocho meses.

Los bienes semidurables también mostraron una mejora de 3,3% interanual en agosto y de 2,7% acumulada en el año. Pero esos incrementos conviven con una caída mucho más significativa en los rubros vinculados al consumo cotidiano: el consumo masivo retrocede 4,9% interanual y los servicios de recreación y turismo disminuyeron 5,7%.

El resultado deja expuesto el contraste entre la economía que puede verse en una postal y la que aparece cuando se observan los datos. Mientras el Gobierno busca mostrar movimiento en las calles como evidencia de una recuperación, el indicador de consumo privado vuelve a caer y el consumo masivo encadena nueve meses de retrocesos. La discusión, en definitiva, no pasa por cuánta gente puede verse caminando por Corrientes una noche, sino por cuánto pueden comprar los hogares de manera sostenida.

El Presidente planteó que, si la natalidad y la mortalidad se mantienen en niveles similares, no tendría sentido generar nuevos empleos. Además, calificó como una “aberración” la idea de que “gobernar es crear trabajo”. Una definición que vuelve a poner en discusión qué lugar ocupa el empleo en el modelo libertario.

Javier Milei volvió a generar cuestionamientos con una definición sobre el mercado laboral en la que puso en duda la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo. Durante una entrevista, el Presidente planteó un escenario hipotético vinculado a la dinámica demográfica y preguntó: “¿Qué pasa si la tasa de natalidad es igual que la de mortalidad? ¿Para qué voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia?”.

La afirmación expone una concepción particularmente restrictiva sobre la relación entre población y empleo. Milei vinculó la necesidad de generar puestos de trabajo con el crecimiento de la cantidad de habitantes, como si un crecimiento vegetativo nulo implicara que el mercado laboral tampoco necesitara incorporar nuevos empleos.

"Para qué voy a crear puestos de trabajo si la tasa de natalidad bajó y la cantidad de gente no cambia???"

Le hicieron creer a 14 millones de boludos que este tipo era economista KJJJ pic.twitter.com/Qy5P4a8u3V

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 15, 2026

En la misma línea, el mandatario calificó como una “aberración” la idea de que “gobernar es crear trabajo”, una consigna históricamente asociada al peronismo. Según su concepción económica, el Estado debe limitarse a generar las condiciones para que se desarrollen las fuerzas productivas, mientras que sería el sector privado el encargado de generar los puestos de trabajo.

El problema del planteo es que la cantidad de empleos necesarios no depende exclusivamente de cuántas personas nacen o mueren. Una población con crecimiento vegetativo cero no implica un mercado laboral inmóvil: las personas ingresan y salen de la actividad, cambian de empleo, se jubilan, migran, se incorporan nuevos trabajadores y aparecen nuevas necesidades productivas.

La propia pregunta presidencial —“si la tasa de nacimiento es igual a la mortalidad, ¿para qué querés generar trabajo?”— deja expuesta una discusión de fondo: si el Estado considera que la creación de empleo no constituye una responsabilidad de gobierno, ¿qué ocurre cuando una economía no genera suficientes puestos de trabajo para quienes necesitan incorporarse o permanecer en el mercado laboral?

La definición también resulta significativa porque desplaza el eje de la discusión: en lugar de preguntarse cómo generar más y mejores empleos, se pone en duda directamente la necesidad de hacerlo. En un contexto de dificultades laborales, aumento de la informalidad, fabricas que cierran y caída de la inversión extranjera directa, la frase puede leerse como una forma de naturalizar la falta de generación de puestos y trasladar exclusivamente al sector privado la responsabilidad por el empleo.

Así, detrás de una pregunta formulada como hipótesis demográfica aparece una definición política y económica mucho más amplia: para Milei, gobernar no implica necesariamente crear trabajo. La discusión queda entonces planteada sobre qué papel debe asumir el Estado frente al empleo, el desarrollo productivo y las oportunidades laborales de una población cuya dinámica no puede reducirse simplemente a la diferencia entre nacimientos y defunciones.

El ministro de Economía sorprendió al defender el modelo de Milei con el ejemplo de Shenzhen y aseguró que Argentina está haciendo “lo mismo” que China. La comparación expuso una llamativa contradicción con el discurso libertario contra la planificación y la intervención del Estado.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sorprendió este martes durante su exposición por el Día de la Exportación, organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), al recurrir a China para defender el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

En plena defensa del modelo libertario, Caputo afirmó: “Cambien Shenzhen por Argentina y es lo que estamos haciendo”, y agregó que aquello “funcionó en China y en cualquier país que lo haya hecho”. La referencia resulta particularmente llamativa por tratarse de un gobierno que construyó buena parte de su identidad política alrededor del rechazo a la planificación estatal y la intervención del Estado en la economía.

Para sostener su argumento, el ministro proyectó un fragmento de una entrevista de los periodistas Ernesto Tenembaum y Diego Iglesias. Caputo presentó a Iglesias como un “periodista kirchnerista” y sostuvo que había explicado “muy bien” lo que está haciendo el Gobierno, aunque tomando el ejemplo de China.

En el video, Iglesias explicaba desde Shenzhen que la ciudad se convirtió, a partir de 1980, en una zona económica especial en la que se introdujeron mecanismos de mercado, se liberaron precios y se buscaron inversiones mediante incentivos fiscales y aranceles cero para maquinaria y materias primas destinadas a la producción exportadora.

Caputo tomó esa descripción para trazar el paralelismo con la Argentina: “Cambien Shenzhen por Argentina y es lo que estamos haciendo”. También pidió paciencia frente a los resultados del programa y reclamó “perseverar” sin dejarse llevar por “las ansiedades políticas del momento”.

La comparación que incomodó al Gobierno

El problema para la narrativa libertaria es que la experiencia de Shenzhen no se limitó a liberar mercados y reducir impuestos. La transformación china estuvo acompañada por una fuerte conducción estatal, planificación económica, inversiones públicas en infraestructura y políticas destinadas a desarrollar capacidades industriales y tecnológicas.

El propio Iglesias salió a responderle a Caputo minutos después de la conferencia. Con una comparación irónica, sostuvo en X: “Comparar lo que están haciendo ustedes con lo que hicieron los chinos es como si los Danger Four dijeran que son los Beatles”.

El periodista marcó además diferencias sustanciales entre ambos modelos. Según explicó, China exigía asociaciones con empresas locales y transferencia tecnológica para desarrollar su industria, mientras que el RIGI argentino otorga beneficios fiscales y aduaneros a las grandes inversiones sin establecer las mismas condiciones de desarrollo industrial.

También señaló que la producción de las zonas económicas especiales estaba orientada a la exportación y que China desplegó una fuerte inversión estatal en infraestructura para acompañar el proceso. En contraste, cuestionó el bajo nivel de ejecución de obra pública durante la gestión de Milei.

La diferencia central que planteó Iglesias es que China abrió espacios para la economía de mercado, pero lo hizo bajo una conducción estatal que establecía objetivos, regulaba las inversiones y orientaba el proceso productivo.

Así, la comparación elegida por Caputo deja planteada una paradoja dentro del propio discurso oficial: mientras Milei presenta al Estado como un obstáculo para el desarrollo y reivindica una reducción drástica de su intervención, su ministro de Economía utiliza como ejemplo exitoso a una experiencia en la que el Estado tuvo un papel decisivo en la planificación, la infraestructura y la orientación de las inversiones.

La pregunta que quedó flotando después de la exposición de Caputo es inevitable: si el ejemplo para defender el modelo libertario es Shenzhen, ¿qué parte del modelo chino está dispuesto a reconocer el Gobierno?

Camarada @LuisCaputoAR. Comparar lo que están haciendo ustedes con lo que hicieron los chinos es como si los Danger Four dijeran que son los Beatles.
El RIGI da beneficios siderales sin pedir nada a cambio. Las Zonas Económicas Especiales exigieron transferencia de tecnología y…

— Diego Iglesias (@IglesiasDiego) September 15, 2026

Militares de Estados Unidos realizan actividades de entrenamiento junto al BIM 4 en Ushuaia y crece la preocupación por la falta de información oficial sobre su despliegue. Martín Pérez reclamó explicaciones y advirtió que el Congreso debe determinar si existe autorización para el ingreso y permanencia de tropas extranjeras.

La presencia de militares estadounidenses en Tierra del Fuego y su participación en ejercicios junto a efectivos del Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4) encendió una fuerte señal de alarma en torno al control político y constitucional sobre el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino.

Imágenes y publicaciones difundidas en las últimas horas expusieron la participación de efectivos vinculados al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en actividades de entrenamiento en Ushuaia. Sin embargo, hasta el momento no se conoció una comunicación oficial de la Armada Argentina que detalle públicamente el alcance, las características y el encuadre legal de estas operaciones.

Según la información difundida por medios especializados, pequeños contingentes de entre 20 y 30 militares estadounidenses estarían realizando rotaciones en Tierra del Fuego, participando junto al BIM 4 de actividades de reconocimiento y entrenamiento en valles, zonas montañosas y glaciares de la provincia.

A esto se suma el supuesto movimiento y recambio periódico de equipamiento y personal militar estadounidense en Ushuaia, un esquema que, de confirmarse, implicaría algo más que una actividad aislada y plantea interrogantes sobre la naturaleza y duración de esta presencia.

La principal preocupación radica precisamente en bajo qué autorización se están desarrollando estas actividades. No se informó públicamente, al menos hasta el momento, la cantidad exacta de efectivos desplegados, las unidades estadounidenses involucradas, la duración de los operativos, el tipo de entrenamiento realizado ni el instrumento legal que habilita su presencia en territorio nacional.

La pregunta que apunta al Congreso

Frente a este escenario, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, reclamó públicamente explicaciones al Gobierno nacional y planteó que sea el Congreso de la Nación el que determine si la presencia de personal militar extranjero cumple con las exigencias establecidas por la Constitución.

“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, cuestionó Pérez.

El intendente también reclamó que el Poder Ejecutivo informe con precisión sobre la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas y pidió que el Congreso ejerza sus facultades de control para determinar si existe un eventual incumplimiento constitucional.

El planteo tiene como eje el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del Congreso la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales. A su vez, la Ley 25.880 establece el marco legal relacionado con el ingreso y egreso de tropas extranjeras.

Por eso, la cuestión central no pasa solamente por la realización de un ejercicio de cooperación militar, sino por determinar qué autorización existe, quién la otorgó, bajo qué condiciones y si fue sometida al control parlamentario correspondiente.

Tierra del Fuego, territorio estratégico

La situación adquiere una dimensión todavía mayor por el lugar donde se desarrolla. Tierra del Fuego y Ushuaia constituyen un área estratégica para la Argentina, tanto por su ubicación geopolítica como por su proximidad a la Antártida, el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

En ese contexto, la presencia de personal militar de Estados Unidos junto a unidades argentinas genera interrogantes que exceden el entrenamiento operativo y alcanzan directamente a la soberanía, el control territorial y la conducción de la política de Defensa.

Pérez también vinculó el episodio con la decisión del Gobierno nacional de retomar las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia. El intendente respaldó la importancia estratégica de esa infraestructura, pero advirtió contra cualquier posibilidad de que su recuperación termine asociada a una presencia militar extranjera permanente o a una utilización de instalaciones argentinas por parte de otras potencias.

“La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi tres años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, advirtió.

Y fue todavía más contundente al reclamar que la infraestructura permanezca bajo control nacional:

“Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”.

La discusión, de este modo, queda planteada en términos institucionales: si existen tropas extranjeras realizando ejercicios en Tierra del Fuego, el Gobierno nacional debe explicar públicamente bajo qué marco fueron autorizadas y el Congreso debe determinar si se cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente.

La falta de información oficial sobre un asunto que involucra directamente a personal militar de una potencia extranjera en uno de los territorios más estratégicos del país alimenta, mientras tanto, una preocupación de fondo: que decisiones vinculadas con la defensa y la soberanía nacional puedan avanzar sin el debido control parlamentario.

Santiago Bausili reconoció que parte de las reservas de oro se encuentra en la capital británica, luego de haber señalado ante el Senado que el oro estaba en Suiza. Desde el peronismo reclamaron que el titular del Banco Central regrese al Congreso para explicar la contradicción, en momentos en que el Gobierno profundiza su discurso sobre soberanía nacional y Malvinas.

El Banco Central reconoció este lunes que las reservas de oro de la Argentina se encuentran depositadas en Londres, una revelación que vuelve a poner bajo cuestionamiento la gestión de uno de los principales activos estratégicos del país y expone una fuerte contradicción entre la retórica nacionalista del Gobierno y sus decisiones concretas.

La admisión fue realizada por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, quien quedó nuevamente en el centro de la polémica después de que desde el peronismo reclamaran que vuelva al Senado para brindar explicaciones. El planteo apunta especialmente a sus anteriores declaraciones ante los legisladores, cuando había asegurado que el oro de las reservas se encontraba en Suiza y no en territorio británico.

La diferencia no es menor. Mientras el Gobierno multiplica sus apelaciones a la defensa de la soberanía nacional, endurece su discurso en torno a Malvinas y busca exhibir una renovada agenda nacionalista, el propio Banco Central confirmó que un activo estratégico de la Argentina está depositado en Londres, bajo jurisdicción británica.

El contraste adquiere todavía mayor gravedad por tratarse de las reservas de oro del país, uno de los activos que integran el patrimonio del Estado argentino y cuya administración permanece bajo responsabilidad del Banco Central.

Ante este escenario, desde el PJ exigieron que Bausili regrese al Senado para aclarar qué ocurrió y, fundamentalmente, por qué brindó una información diferente cuando fue consultado específicamente por el destino de las reservas. La controversia ya no se limita, entonces, al lugar físico donde se encuentra el oro, sino que alcanza directamente a la transparencia con la que las autoridades informan sobre la administración de los activos del país.

La revelación también deja expuesta una paradoja política: mientras el Gobierno busca apropiarse de una retórica de defensa de la soberanía y vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso, uno de los principales activos estratégicos argentinos permanece en Londres.

Así, entre los discursos sobre soberanía y las decisiones concretas sobre los recursos nacionales, vuelve a abrirse un interrogante incómodo para la administración de Javier Milei: ¿qué significa defender la soberanía en el discurso cuando los activos estratégicos del país terminan bajo custodia británica?

El hijo del canciller integra Argentina Global, una fundación que trabaja junto a la Embajada británica y el Foreign Office en programas para jóvenes líderes. El dato se conoce mientras Quirno negocia bajo el auspicio de Estados Unidos un acuerdo que podría comprometer la estrategia argentina sobre Malvinas y el Atlántico Sur.

La política exterior del Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo una fuerte lupa por sus vínculos con Estados Unidos y el Reino Unido. En medio del giro discursivo del oficialismo sobre la cuestión Malvinas, un dato familiar vuelve a encender las alarmas: Pablo Quirno Jr., hijo del canciller argentino, integra desde al menos 2021 el área de Comercio, Inversiones e Integración de la fundación Argentina Global, una organización que mantiene actividades de cooperación con la Embajada británica y el Foreign Office.

El vínculo adquiere especial sensibilidad porque Argentina Global participa en la selección de jóvenes argentinos para programas de liderazgo vinculados al Reino Unido. Según información difundida por El Destape, la fundación fue creada por la exfuncionaria macrista Paola Di Chiaro, quien desde el inicio de la gestión de Milei está al frente de la Secretaría de Malvinas, el área de la Cancillería responsable de la defensa diplomática de los reclamos argentinos sobre el Atlántico Sur.

La coincidencia resulta particularmente incómoda: el hijo del canciller forma parte de una organización que desarrolla vínculos con instituciones británicas mientras su propio padre conduce la política exterior argentina y tiene bajo su órbita la cuestión de las islas cuya soberanía disputa la Argentina con el Reino Unido.

Un vínculo que cobra otra dimensión por las negociaciones con EEUU

“Junior”, como es conocido, no mantiene un vínculo oculto con la organización. Su nombre y fotografía aparecen en la página oficial de Argentina Global y participó de distintas actividades públicas de la fundación.

El problema político no pasa, entonces, por la existencia en sí misma de su actividad profesional, sino por el particular contexto en el que ese vínculo adquiere relevancia.

Mientras Quirno encabeza la Cancillería, el Gobierno avanza en negociaciones bajo el auspicio de Estados Unidos que, según cuestionamientos de sectores opositores y especialistas, podrían terminar encuadrando la cuestión Malvinas dentro de una estrategia geopolítica más amplia de Washington para el Atlántico Sur y la Antártida.

La eventual incorporación de la disputa a la lógica de la denominada Doctrina Donroe plantea interrogantes de enorme gravedad para la política exterior argentina: qué lugar ocuparía la soberanía nacional frente a los intereses estratégicos estadounidenses y británicos y qué consecuencias tendría para la posición histórica de la Argentina sobre Malvinas.

Soft power británico, hard power estadounidense

La preocupación se profundiza por la superposición de vínculos.

Por un lado, aparece el soft power británico, desplegado mediante programas de formación, intercambio y selección de jóvenes líderes. Por otro, el Gobierno argentino profundiza su alineamiento estratégico con Washington y su cooperación en materia de defensa, inteligencia y seguridad.

En el medio queda la cuestión Malvinas, una disputa de soberanía que involucra directamente al Reino Unido y que, además, tiene una dimensión estratégica que excede ampliamente al archipiélago: Atlántico Sur, recursos naturales, rutas marítimas y proyección antártica.

Por eso, la presencia del hijo del canciller en una organización con vínculos institucionales británicos genera interrogantes que la Cancillería debería despejar con absoluta transparencia, especialmente cuando su titular participa de negociaciones internacionales que podrían redefinir el marco geopolítico en el que se discute la soberanía argentina.

El poco creíble “giro malvinero de Milei”

El contraste se vuelve todavía más fuerte por el reciente giro discursivo de Milei sobre Malvinas.

Después de una política exterior marcada por el alineamiento con Washington y por una relación particularmente estrecha con Londres, el Gobierno comenzó a recuperar la reivindicación de la soberanía como uno de los ejes de su discurso.

Pero el cambio genera dudas sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Se trata de un cambio estratégico de la política exterior o de un recurso electoral frente al desgaste de la gestión?

La pregunta cobra fuerza porque funcionarios centrales del Gobierno realizaron en el pasado declaraciones que relativizaron conceptos vinculados con la soberanía. El propio Quirno, según declaraciones citadas en el debate público, llegó a calificarla como un concepto anticuado. A eso se suma la conocida admiración de Milei por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas.

La contradicción es difícil de ignorar: el Gobierno que ahora busca presentarse como defensor de Malvinas es el mismo que profundizó su alineamiento con Estados Unidos y el Reino Unido y que sostiene una política exterior fuertemente subordinada a la agenda estratégica de Washington.

Malvinas como salvavidas electoral

El temor es que la causa Malvinas termine convertida en un salvavidas electoral, utilizado para recuperar iniciativa política en un momento de fuerte desgaste del Gobierno.

El problema es que una utilización coyuntural de la cuestión podría tener consecuencias mucho más profundas que una simple maniobra discursiva. Si detrás del nuevo relato malvinero existe una negociación que incorpora al Atlántico Sur a los intereses estratégicos de Washington, la Argentina podría terminar cediendo margen de autonomía precisamente en el terreno en el que afirma defender su soberanía.

En ese escenario, el vínculo del hijo del canciller con Argentina Global adquiere una dimensión política inevitable. No porque ese vínculo demuestre por sí mismo una irregularidad, sino porque expone una trama de relaciones que merece explicaciones públicas cuando se cruza con la política oficial sobre Malvinas.

La pregunta de fondo es inquietante: ¿el Gobierno está recuperando la causa Malvinas para defender la soberanía argentina o para revestir de épica nacional una política exterior cada vez más alineada con Washington y Londres?

La respuesta será decisiva. Porque detrás de la retórica patriótica no sólo está en juego una bandera electoral: está en juego la autonomía argentina sobre el Atlántico Sur y la capacidad del país para sostener, sin tutelas extranjeras, su histórico reclamo de soberanía sobre las islas.

Juan Manuel Olmos denunció que Santiago Bausili no fue claro sobre el destino de los lingotes enviados fuera del país. La AGN aseguró que el Banco Central restringió el acceso a documentación clave y cuestionó que todavía no pueda determinarse con precisión qué ocurrió con el oro entre junio de 2025 y mayo de 2026.

El destino de las reservas de oro que el Gobierno trasladó al exterior vuelve a quedar bajo la lupa. Las explicaciones del Banco Central no lograron despejar las dudas y ahora el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, cuestionó duramente las condiciones impuestas por la autoridad monetaria para acceder a la información sobre los movimientos de los lingotes.

“El presidente del BCRA no ha sido claro respecto al oro argentino en el exterior”, sostuvo Olmos en declaraciones al canal C5N. Y apuntó directamente contra Santiago Bausili: “Debería poner transparencia en el BCRA y no hacer una ensalada para no informar qué pasó con el oro entre junio de 2025 y mayo de 2026”.

El titular de la AGN relató que el organismo encargado de controlar las cuentas públicas se encontró con sucesivas restricciones para acceder a la información. “Primero pidieron que no retiremos materiales de la entidad, luego no nos dejaron acceder a los datos concretos y finalmente no pudimos llevarnos siquiera capturas de la documentación”, explicó.

Para Olmos, la situación resulta particularmente grave porque la AGN tiene precisamente entre sus funciones controlar y auditar el manejo de los recursos del Estado. “Podríamos habernos negado desde la AGN a hacer un procedimiento en estas condiciones, pero preferimos hacerlo de todas maneras porque queremos saber por qué se llevaron el metal precioso de la Argentina”, afirmó.

🗣️ Juan Manuel Olmos: "El presidente del BCRA debe ser más transparente"

📲 #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/lebNy2xJcA

— C5N (@C5N) September 14, 2026

La auditoría sobre el oro sigue abierta

Olmos aclaró que la aprobación de los balances contables generales del Banco Central correspondientes a 2023 y 2024 no implica que haya quedado auditado el destino de los lingotes depositados fuera del país.

La diferencia es central: mientras las cuentas generales de la autoridad monetaria fueron convalidadas, la revisión específica sobre las operaciones vinculadas al oro continúa abierta.

Según explicó el titular de la AGN, uno de los principales obstáculos está dado por los extensos plazos que se tomó el Banco Central para entregar los expedientes solicitados por los auditores. La falta de documentación disponible y las restricciones para conservar evidencia dificultan, de esta manera, reconstruir con precisión la ruta seguida por las reservas.

¿Cuánto oro salió de la Argentina?

Entre junio y agosto de 2024, el Banco Central realizó cuatro operaciones de envío que, según la información consignada, involucraron un total de 1.000 lingotes de oro con destino al exterior.

Cuando los técnicos de la AGN solicitaron los dictámenes y las actas correspondientes para verificar las operaciones, el BCRA invocó el secreto financiero. El argumento utilizado por la entidad fue que la difusión de esa información podía favorecer maniobras especulativas en los mercados contra los activos del Estado.

Pero la respuesta del Banco Central generó nuevas controversias.

La alternativa ofrecida a los auditores consistió en permitirles leer la documentación de manera presencial en las pantallas de la entidad, pero sin posibilidad de retirar copias, sacar fotocopias o tomar imágenes de los documentos.

Para el equipo técnico de la AGN, esas condiciones no resultaban suficientes para reunir la evidencia necesaria y respaldar adecuadamente su trabajo de auditoría.

El problema, entonces, ya no pasa solamente por cuánto oro fue trasladado al exterior, sino también por una pregunta todavía más sensible: ¿dónde están exactamente esos activos y qué ocurrió con ellos una vez que salieron del país?

Las dudas sobre Suiza y el Reino Unido

A las críticas de Olmos se sumaron cuestionamientos desde el Congreso. La senadora nacional justicialista Juliana Di Tullio llegó a acusar a la conducción del Banco Central de brindar información falsa sobre la ubicación final de los activos.

Según la legisladora, la falta de documentación entregada por el organismo que conduce Bausili impide comprobar si los lingotes continúan depositados en Suiza o fueron trasladados al Reino Unido.

Así, el misterio sobre el oro argentino permanece abierto mientras crecen los reclamos para que el Banco Central explique de manera documentada qué cantidad de reservas salió del país, bajo qué condiciones, dónde fue depositada, quién tomó las decisiones y cuál es actualmente su situación.

La discusión adquiere una dimensión adicional por tratarse de reservas pertenecientes al patrimonio del Banco Central, en un contexto en el que la autoridad monetaria sostiene que sus decisiones sobre los activos buscan preservar la estabilidad financiera.

Por ahora, sin embargo, la falta de acceso pleno a la documentación mantiene abiertas las preguntas y alimenta un creciente cuestionamiento político e institucional: si el oro argentino fue trasladado al exterior, el Gobierno deberá explicar con precisión dónde está y qué se hizo con él.

La crisis industrial se profundiza y alcanza un nuevo nivel de alarma: en apenas siete meses de 2026, las empresas que recurrieron a Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) ya igualaron a todas las que lo hicieron durante 2025. En paralelo, se acelera la desaparición de compañías, aumenta la mora y se multiplican los cierres y despidos.

El Gobierno confirmó que hasta el 31 de julio se abrieron 163 expedientes, apenas uno menos que los 164 registrados durante todo 2025 y muy por encima de los 131 de 2024. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio PERFIL y expone la velocidad con la que se deteriora el entramado productivo.

Los números oficiales muestran una situación cada vez más difícil para las empresas. En poco más de un semestre se concentró prácticamente la misma cantidad de Procedimientos Preventivos de Crisis que durante los doce meses del año anterior. Se trata de un mecanismo utilizado por compañías que atraviesan situaciones de emergencia y buscan evitar despidos masivos, suspensiones o incluso un cierre.

El escenario adquiere mayor gravedad al observar qué ocurre con esos expedientes. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Trabajo, 24 procedimientos ya derivaron en acuerdos homologados, 42 continúan en trámite y otros 19 fueron cerrados o enviados a guarda temporal.

Capital Humano, además, advirtió que se trata de expedientes dinámicos, cuyos estados pueden modificarse con el paso del tiempo, al igual que la cantidad de trabajadores involucrados y las medidas propuestas.

Una señal de alarma para la industria

En los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza, los PPC ya alcanzan los 458 expedientes. El volumen resulta significativo incluso frente a otros períodos de crisis: 2025 y 2026 ya superan los pedidos registrados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando hubo 158, y se encaminan a igualar los 183 de 2018.

La comparación resulta particularmente significativa porque aquellos años estuvieron acompañados por fuertes contracciones de la actividad económica, mientras que el actual deterioro del entramado empresario se produce incluso después del rebote estadístico de 2025, cuando el PBI creció 4,4%.

El antecedente más extremo sigue siendo 2020, cuando los PPC llegaron a 498 en medio del impacto de la pandemia. Sin embargo, la velocidad que muestran los expedientes durante 2026 vuelve a encender las alarmas sobre la capacidad de las empresas para atravesar el actual escenario.

Menos empresas y una economía cada vez más frágil

El aumento de los PPC no aparece aislado. Desde noviembre de 2023, la Argentina perdió 30.633 empresas, equivalentes al 6% del total de empleadores formales, según el relevamiento mensual de Fundar.

La magnitud de la destrucción del tejido productivo convierte al período en uno de los más negativos de las últimas décadas: durante los primeros 30 meses de la actual gestión se registra, según ese relevamiento, la peor caída de la cantidad de empleadores formales para ese tramo de un gobierno.

Sólo en mayo de 2026 dejaron de existir 2.371 compañías. El retroceso acumula además 16 meses consecutivos de caída intermensual y 27 bajas interanuales seguidas.

Mientras tanto, los indicadores de actividad muestran que el crecimiento de la economía es profundamente desigual. El EMAE registró en junio una expansión interanual del 2,7%, pero buena parte del impulso provino de sectores como minería, pesca, agricultura y energía. La industria, el comercio y la construcción, actividades de mayor peso en el empleo y el mercado interno, exhiben un desempeño considerablemente más débil.

Las distintas proyecciones también anticipan una segunda mitad del año complicada. Estimaciones privadas apuntan a un crecimiento inferior al esperado inicialmente y advierten sobre el deterioro registrado durante el segundo trimestre y, particularmente, durante julio.

La otra alarma: empresas cada vez más endeudadas

A la pérdida de compañías se suma una creciente tensión financiera. El 47% de las empresas industriales tuvo dificultades para afrontar alguna de sus obligaciones financieras y un 9,2% no pudo cumplir con la totalidad de sus pagos, de acuerdo con la UIA.

La mora empresarial también se disparó. Según Equilibra, pasó del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de 2026, multiplicándose por cinco en menos de dos años.

En términos absolutos, las personas jurídicas en cesación de pagos aumentaron de 16.212 a casi 37.500, mientras que entre las empresas con préstamos menores a $5 millones —segmento que comprende a una amplia mayoría de las Pymes— la irregularidad llega al 9,3%.

Construcción y comercio aparecen entre los sectores con mayores niveles de mora, precisamente dos actividades que también sufren el enfriamiento de la economía.

La situación revela además un cambio en las estrategias de supervivencia empresarial. Las compañías no sólo recurren al crédito bancario: muchas están acumulando deuda impositiva y demorando pagos a proveedores para sostenerse. Dentro de la industria manufacturera, textiles y cuero presentan uno de los cuadros más delicados, con una morosidad cercana al 14,6%.

De los expedientes a los cierres: la crisis ya tiene consecuencias concretas

Los números comienzan a traducirse en decisiones empresariales concretas. En las últimas semanas se multiplicaron los anuncios de cierres de plantas, reducción de personal y abandono de la producción local.

La textil Will Der cerró su planta productiva en Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en Pacheco. Unilever, por su parte, avanzó con el cierre de su fábrica de vegetales deshidratados en Mendoza y desvinculó a 60 trabajadores.

La cadena supermercadista marplatense Toledo también atraviesa una fuerte crisis laboral, mientras que Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 operarios de una de sus plantas avícolas.

En San Juan, la fabricante de galletitas Tía Maruca cerró definitivamente después de operar con apenas el 52% de su capacidad instalada. En Catamarca, Indumentaria Catamarca prepara el cierre de su planta tras reducir su plantilla de 150 trabajadores a apenas 20.

A este panorama se suma Peabody, que anunció su salida de la producción local después de 16 años y comenzó a desmantelar maquinaria para trasladar la fabricación a Paraguay, en medio de un concurso preventivo y pasivos que rondan los $40.000 millones.

Los 163 Procedimientos Preventivos de Crisis registrados en apenas siete meses son, en este contexto, mucho más que una cifra administrativa. Son una señal temprana de empresas que buscan ganar tiempo antes de aplicar suspensiones, reducir personal o abandonar definitivamente la actividad.

La combinación de PPC en ascenso, pérdida sostenida de empresas, aumento de la mora, caída de sectores clave y cierres de plantas configura un cuadro cada vez más preocupante para el entramado industrial argentino. Y el dato más inquietante es la velocidad: 2026 todavía no llegó a su último cuatrimestre y ya igualó, en sólo siete meses, todos los pedidos de crisis registrados durante 2025.

Una demanda colectiva cuestiona los costos de determinados préstamos de la plataforma y reclama revisar los intereses cobrados durante los últimos tres años. La presentación advierte sobre CFTEA que pueden superar el 1.300%, mientras crece el endeudamiento y la morosidad de los hogares.

En un escenario de creciente endeudamiento de las familias y dificultades cada vez mayores para llegar a fin de mes, Mercado Pago vuelve a quedar bajo la lupa. Una demanda colectiva cuestiona ante la Justicia los costos aplicados a determinados créditos de la plataforma y advierte que, en algunos casos, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) puede alcanzar el 1.375,94%.

La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo apunta contra Mercado Libre S.R.L., titular de Mercado Pago, y surgió a partir de los casos de dos consumidoras.

El planteo busca que se revisen los costos financieros aplicados durante los últimos tres años y que, si la Justicia determina que existieron cobros indebidos, se ordene su devolución. ACFRA pretende además que una eventual sentencia favorable tenga alcance colectivo y pueda beneficiar a otros usuarios que hayan atravesado situaciones similares.

Créditos al alcance de un clic, pero con costos millonarios

La controversia adquiere especial relevancia en un contexto en el que el crédito dejó de ser para muchas familias una herramienta para financiar consumos extraordinarios y pasó a convertirse en un recurso para cubrir gastos cotidianos y llegar a fin de mes.

Las plataformas digitales facilitaron el acceso al financiamiento: en pocos pasos y sin concurrir a un banco, un usuario puede obtener dinero de manera inmediata. Pero esa misma facilidad puede convertirse en un problema cuando quien solicita el préstamo ya tiene sus ingresos comprometidos y debe afrontar costos financieros elevados.

Según ACFRA, determinados préstamos ofrecidos por Mercado Pago presentan condiciones que podrían resultar desproporcionadas y configurar una práctica abusiva. En las líneas de consumo y préstamos personales cuestionadas, las tasas nominales anuales (TNA) informadas van desde el 48% hasta el 249%.

En el extremo superior, una TNA del 249% se traduce en una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 863,48% y un CFTEA máximo del 1.375,94%. Este último indicador incorpora, además de los intereses, impuestos y otros costos asociados al financiamiento, por lo que permite dimensionar el costo total de una operación en términos anualizados.

El dato requiere una aclaración: el 1.375,94% no significa que ese porcentaje se cobre directamente sobre cada cuota o sobre el capital prestado, sino que expresa de manera anualizada el costo financiero total de determinadas operaciones.

Qué responde Mercado Pago

Desde la compañía explicaron que las condiciones de cada préstamo se determinan mediante un sistema propio de evaluación de riesgo. Según esa explicación, los costos más elevados corresponden principalmente a créditos de bajo monto otorgados a personas sobre las que existe poca información respecto de sus antecedentes crediticios.

La empresa también señaló que aproximadamente el 2% de los préstamos corresponde al segmento de mayor costo. De esta manera, Mercado Pago sostiene que las diferencias entre las tasas responden al perfil de riesgo de cada cliente.

Sin embargo, la magnitud de los costos cuestionados vuelve a abrir el debate sobre qué precio pagan los consumidores con menor acceso al sistema financiero tradicional. La comparación con los préstamos bancarios tampoco es estrictamente equivalente, ya que las condiciones dependen del monto, el plazo y el perfil de cada usuario, aunque los CFTEA denunciados aparecen por encima de los registrados en numerosas líneas de préstamos personales de bancos tradicionales.

Un reclamo que podría alcanzar a millones de usuarios

Espasandín sostuvo en el streaming Contra Ataque que muchos consumidores recurren a estos préstamos para afrontar necesidades económicas concretas y terminan asumiendo costos que la asociación considera excesivos.

Sobre esa base, ACFRA busca que el reclamo iniciado a partir de dos casos particulares pueda extenderse a otros usuarios que se encuentren en una situación equivalente. La organización estima que el universo potencial podría alcanzar a unos siete millones de personas en todo el país, aunque se trata de una proyección de la entidad demandante y no de una cantidad de consumidores damnificados reconocida por la Justicia.

Ahora será el tribunal el que deberá determinar si los costos financieros cuestionados se ajustaron a la normativa vigente y si existieron cobros que correspondan ser restituidos. También deberá definir, en caso de una eventual sentencia favorable, el alcance que podría tener el reclamo colectivo.

El caso vuelve a poner el foco sobre una de las caras más problemáticas del boom del crédito digital: la posibilidad de conseguir dinero en cuestión de minutos reduce las barreras de acceso al financiamiento, pero también puede facilitar el ingreso a un circuito de deuda difícil de abandonar.

En momentos en que la morosidad y el endeudamiento de los hogares alcanzan niveles preocupantes, la discusión ya no pasa solamente por la facilidad para obtener un préstamo, sino por cuánto termina pagando una familia por acceder a esos pocos clics que le permiten resolver una urgencia económica.

Nicolás Morzone protagonizó un escandaloso episodio en el Concejo Deliberante de La Plata. Acusó al CECIM de ser una “agrupación kirchnerista”, cuestionó a los excombatientes por criticar a Javier Milei y reivindicó una eventual escalada militar contra el Reino Unido.

La renovada centralidad que el gobierno de Javier Milei decidió darle a la cuestión Malvinas ya comenzó a dejar algo más que declaraciones presidenciales. En La Plata, el concejal del PRO Nicolás Morzone, aliado del oficialismo libertario, protagonizó un fuerte episodio político al convertir el debate sobre la soberanía argentina en una suerte de arenga belicista, mientras atacaba a los propios excombatientes que cuestionaron al Presidente.

Durante el tratamiento de un proyecto de adhesión al último mensaje de Milei sobre Malvinas, Morzone cargó contra el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que había calificado el discurso presidencial como un acto de “hipocresía extrema”.

La respuesta del concejal fue particularmente llamativa. En lugar de discutir los argumentos planteados por los veteranos, decidió descalificarlos políticamente y llegó a definir al CECIM como una “agrupación kirchnerista”.

Pero el momento más polémico de su intervención llegó cuando reivindicó abiertamente la posibilidad de una salida bélica.

“Los derechos se conquistan y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”, sostuvo Morzone desde su banca.

La frase no fue una metáfora aislada. El concejal avanzó en una defensa explícita de una política exterior de mayor alineamiento con Estados Unidos y Occidente y planteó que la cuestión Malvinas debe ser abordada con una lógica de confrontación y preparación militar.

“Cuando hay que discutir realmente el dominio, es con el cuchillo entre los dientes, preparándose para todo, para la máxima instancia”, afirmó, apelando incluso a una referencia a Henry Kissinger, una figura fuertemente cuestionada por su papel en la política exterior estadounidense y su respaldo a dictaduras latinoamericanas.

Morzone fue todavía más lejos al celebrar la posibilidad de profundizar la cooperación militar con Washington.

“Celebro que el presidente de la Nación quiera llevar adelante un acuerdo con Estados Unidos para generar una gran militarización y un fortalecimiento de nuestra defensa nacional”, sostuvo.

El planteo expone una definición política que va mucho más allá de la reivindicación histórica de la soberanía sobre las islas: la defensa de Malvinas aparece asociada a una mayor subordinación estratégica a Estados Unidos y a una eventual escalada militar con el Reino Unido.

Ataques contra los excombatientes

El concejal también dirigió buena parte de su discurso contra los integrantes del CECIM, que habían cuestionado el giro discursivo de Milei sobre Malvinas y advertido que podía estar siendo utilizado como recurso político frente al deterioro de la gestión y de la imagen presidencial.

“¿En qué se han transformado? ¿Quién les pide tanto? ¿La Cámpora?”, disparó Morzone contra los veteranos.

También cuestionó que hubieran calificado de “sinvergüenza” e “hipócrita” al Presidente por su anuncio sobre Malvinas y sostuvo que esas críticas suponían renunciar a los valores por los cuales los propios excombatientes habían combatido.

El argumento provocó una fuerte reacción de los concejales peronistas, que acusaron a Morzone de “cobarde”, “sinvergüenza” y “maleducado” por atacar a los veteranos desde su banca.

Lejos de retroceder, el concejal redobló sus cuestionamientos y afirmó que el CECIM había sido “desnaturalizado” hasta convertirse en una “agrupación kirchnerista”, una acusación que profundizó la tensión dentro del recinto.

De Malvinas a la militarización

La discusión terminó derivando en un verdadero escándalo dentro del Concejo Deliberante platense. Ante los gritos cruzados, debió intervenir el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, aunque la tensión no disminuyó.

Morzone incluso cuestionó a una concejal peronista en términos despectivos y reclamó que fuera retirada del recinto. Finalmente, la situación obligó a pasar a un cuarto intermedio y los enfrentamientos continuaron en los pasillos del Palacio Municipal.

El episodio deja expuesta una particular deriva del nuevo discurso oficialista sobre Malvinas. Una cuestión histórica que durante décadas fue sostenida como una política de Estado y cuya recuperación se plantea constitucionalmente por medios pacíficos aparece ahora acompañada, desde sectores aliados al Gobierno, por discursos que relativizan el costo de una eventual guerra y reivindican una creciente militarización.

Y el dato político no es menor: Morzone no sólo es un dirigente del PRO alineado con Milei. También cuestionó la política exterior del propio Mauricio Macri por considerar insuficiente su alineamiento con Estados Unidos, y reivindicó una mayor “verticalidad” respecto de Washington y Occidente.

Así, mientras el Gobierno busca presentarse como un nuevo abanderado de la causa Malvinas, uno de sus aliados políticos en La Plata ofrece una versión particularmente preocupante de ese giro: veteranos cuestionados por sus críticas, diplomacia subordinada a alianzas militares y una frase que debería encender todas las alarmas: “Si hay que ir a la guerra, se irá”.

A 44 años de la guerra, la discusión sobre Malvinas vuelve a ocupar el centro de la escena. Pero esta vez, al menos en el discurso de algunos aliados del oficialismo, la reivindicación de soberanía parece venir acompañada de una peligrosa fascinación por la confrontación militar.