La escribana Adriana Nechevenko, quien quedó en el centro de la polémica por su intervención en operaciones inmobiliarias vinculadas a Manuel Adorni, también se incorporó al Régimen de Inocencia Fiscal.

La profesional inició el trámite en mayo y figura entre las personas alcanzadas por el esquema de regularización impulsado por el Gobierno.

Nechevenko es la misma escribana que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Su testimonio fue considerado relevante debido a su participación en distintas compraventas inmobiliarias relacionadas con el funcionario.

La adhesión fue presentada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de esta decisión, la escribana queda comprendida dentro del sistema de declaración jurada simplificada, que reduce los requerimientos de justificación patrimonial y limita la información a ingresos, gastos y deducciones. La incorporación de Nechevenko se produjo apenas un día después de que el propio Adorni se sumara al régimen, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, había realizado el trámite el 31 de mayo.

La normativa, aprobada por el Senado el 26 de diciembre, establece que los contribuyentes que regularicen su situación fiscal y cancelen las deudas correspondientes dejan de estar alcanzados por sanciones penales tributarias vinculadas a la evasión. Sin embargo, la adhesión no afecta el avance de investigaciones judiciales por otros posibles delitos.

Además, la ley elevó los montos mínimos para configurar evasión tributaria: la evasión simple pasó a $100 millones y la agravada a $1.000 millones, mientras que el plazo de prescripción de los delitos fiscales se redujo de cinco a tres años.

La declaración que la puso bajo la lupa

El nombre de Nechevenko cobró especial relevancia el pasado 8 de abril, cuando prestó declaración durante casi tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py. La escribana ingresó al despacho del fiscal Pollicita a las 10 de la mañana y se retiró cerca de las 13, luego de aportar documentación sobre las operaciones inmobiliarias investigadas.

Tras su comparecencia, sostuvo que la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito fue una operación “normal” y negó la existencia de préstamos personales a favor de Adorni. Según explicó, se trató de una compraventa instrumentada mediante una hipoteca por saldo de precio.

La investigación judicial se concentra en la adquisición de un departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, en Caballito, y de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con el expediente, el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires fue comprado en noviembre de 2025 por 230.000 dólares mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras.

Tras la difusión de una declaración jurada que despertó fuertes sospechas por el crecimiento de su patrimonio y por la admisión de haber mantenido durante años ahorros no declarados, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue al funcionario por un posible caso de lavado de activos.

La presentación, que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, coloca al jefe de Gabinete y principal vocero político del oficialismo en el centro de un escándalo que amenaza con impactar sobre la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y determinar la trazabilidad de los fondos utilizados en distintas operaciones económicas e inmobiliarias. En caso de detectarse irregularidades, el organismo podría impulsar una denuncia penal.

El CIPCE sostiene que existen elementos suficientes para justificar una investigación profunda. Entre ellos menciona la adquisición de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año después, cuando Adorni ya ejercía funciones públicas. También señala la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario con personas cuya capacidad económica genera interrogantes.

Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión provocó fue la propia explicación brindada por Adorni sobre sus finanzas personales. En una entrevista televisiva reconoció que había omitido consignar en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares se encontraban fuera del circuito formal. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó para justificar la existencia de unos 500.000 dólares, una declaración que multiplicó las dudas sobre el origen y la registración de esos fondos.

Para el CIPCE, esa admisión no sólo abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que pesan sobre cualquier funcionario público, sino que también obliga a verificar el origen de los recursos involucrados y su compatibilidad con los ingresos declarados.

La organización agregó además testimonios incorporados a expedientes judiciales que sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haber sido escriturada por su valor real. De confirmarse, advierte, podría configurarse una maniobra de simulación susceptible de ser analizada bajo la figura de lavado de activos.

El planteo también recuerda que la reciente adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de “Inocencia Fiscal” no limita las facultades de la UIF para investigar inconsistencias patrimoniales ni exime a los funcionarios de los controles reforzados que corresponden a las Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, el CIPCE contextualizó el caso en el marco de los compromisos asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene al país bajo seguimiento reforzado y exige resultados concretos en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero asociado a hechos de corrupción.

Por ello, reclamó una actuación inmediata de la UIF, el cruce de información con organismos como ARCA y el sistema financiero, y una auditoría integral sobre la consistencia patrimonial de Adorni y su entorno familiar. Mientras tanto, el funcionario libertario enfrenta una creciente presión política por un caso que ya dejó de ser un problema individual para convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Gobierno nacional.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto redobló este jueves sus críticas contra la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó que el Congreso de la Nación intervenga para declarar “nulo y viciado” el fallo ratificado por la Corte Suprema.

El jefe del bloque Encuentro Federal sostuvo que la sentencia contra la expresidenta representa un caso de “gravedad institucional” que amenaza el equilibrio de poderes y advirtió que coloca a la democracia argentina en una situación de “extrema fragilidad”. Según planteó, el Poder Legislativo cuenta con facultades para analizar y pronunciarse sobre una resolución judicial cuando existen irregularidades que comprometen su legitimidad.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Pichetto enumeró una serie de cuestionamientos al proceso judicial. Entre ellos, mencionó la incorporación de un juez proveniente de otro tribunal, el traslado de un fiscal que tenía como destino Rosario y las limitaciones que, según afirmó, tuvo la defensa para apelar. También cuestionó la participación de los jueces de la Corte Suprema al considerar que debieron excusarse debido a antecedentes de enfrentamiento político con el espacio de la exmandataria.

Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común.

Se alteraron las reglas…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) June 11, 2026

“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, sostuvo el legislador.

Durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pichetto profundizó su postura y defendió la idea de que la actuación de un presidente debe ser evaluada mediante mecanismos institucionales específicos y no por la vía ordinaria. En ese marco, argumentó que el Congreso posee atribuciones inherentes para revisar situaciones excepcionales que afecten el funcionamiento de las instituciones republicanas.

El dirigente reconoció que su planteo generará controversias por involucrar el principio de división de poderes, aunque insistió en que el Parlamento tiene herramientas para intervenir cuando considera que existe una alteración del orden institucional.

Las declaraciones de Pichetto también reflejan un nuevo acercamiento político al peronismo y, particularmente, a Cristina Kirchner. Tras años de distanciamiento e incluso de haber integrado la fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019, el diputado volvió a tender puentes con la exjefa de Estado y máxima referente del peronismo. Ese reencuentro tuvo un capítulo significativo en febrero pasado, cuando ambos mantuvieron una reunión privada en el departamento de la expresidenta en el barrio porteño de Constitución.

Con este planteo, Pichetto se convirtió en una de las voces más firmes dentro del ámbito político en defensa de la nulidad de la condena contra Cristina Kirchner, impulsando un debate institucional que promete generar fuertes repercusiones en el Congreso y en el escenario político nacional.

La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La profundización de la crisis industrial argentina volvió a quedar expuesta con la decisión de Acindar de paralizar durante una semana su planta de Villa Constitución debido al derrumbe de las ventas y la acumulación de stock. La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La siderúrgica, controlada por el grupo ArcelorMittal, interrumpirá sus actividades entre el 15 y el 19 de junio, en el marco de un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Parte del personal adelantará vacaciones y otros operarios tomarán francos compensatorios mientras la empresa intenta adecuar su producción a una demanda cada vez más reducida.

Desde el sindicato advirtieron que la situación no es coyuntural, sino la continuidad de un proceso de retracción que se arrastra desde 2023 y que se agravó durante los últimos meses. “El mercado local está cada vez más deprimido”, alertó el secretario general de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, al describir el escenario que enfrenta la actividad metalúrgica.

La caída de la producción refleja la magnitud de la crisis. Actualmente Acindar produce entre 75.000 y 80.000 toneladas mensuales, muy lejos de su capacidad instalada de 140.000 toneladas. Esto implica que la planta opera por debajo del 60% de su potencial, un indicador que revela el nivel de ociosidad que atraviesa uno de los principales complejos siderúrgicos del país.

A la retracción de la demanda interna se suma otro factor que preocupa al sector: el aumento de las importaciones. Desde la UOM señalaron que el ingreso de acero chino y de manufacturas elaboradas con ese insumo está desplazando a la producción nacional en un mercado ya reducido. “El acero chino está inundando el mercado entre lo poco que se vende”, sostuvo González.

Frente a este escenario, la empresa busca incrementar sus exportaciones y avanzar en procesos de modernización para reducir costos y mejorar su competitividad. Sin embargo, desde el gremio advierten que estas transformaciones también implican una menor necesidad de mano de obra y generan incertidumbre sobre el futuro del empleo industrial.

Actualmente la planta cuenta con unos 800 trabajadores propios y cerca de 900 contratistas, aunque años atrás ambas categorías superaban ampliamente el millar de empleados. Además, alrededor de 50 talleres y pequeñas empresas de Villa Constitución dependen de manera directa de la actividad de Acindar, por lo que cada reducción en la producción impacta sobre toda la economía regional.

La nueva paralización de la acería santafesina se suma a una serie de señales que muestran el deterioro del entramado productivo nacional. Con el consumo en retroceso, la construcción estancada y una creciente presión de las importaciones, la industria enfrenta un escenario cada vez más complejo, sin perspectivas claras de recuperación en el corto plazo.

La titular del Senado apuntó directamente contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, al calificar como una “vergüenza” las explicaciones que brindó sobre el crecimiento de su patrimonio.

A través de las redes sociales, Villarruel volvió a diferenciarse del círculo más cercano al Presidente y dejó una de sus críticas más contundentes contra un funcionario clave del Gobierno. Consultada por un usuario sobre una reciente entrevista de Adorni, la vicepresidenta fue tajante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

El cruce se produjo luego de que Adorni intentara justificar distintos aspectos de su declaración jurada, un tema que ya había despertado cuestionamientos públicos por parte de Villarruel semanas atrás. En aquella oportunidad, la vicepresidenta había señalado que esperaba que el funcionario presentara la documentación correspondiente para aclarar la situación.

Pero el enfrentamiento no terminó allí. En otra interacción con usuarios, Villarruel apeló a la ironía para redoblar sus críticas. Al responder el mensaje de un seguidor que le pidió una “cascada de éxitos” por su cumpleaños, la vicepresidenta aprovechó para lanzar una indirecta contra el funcionario libertario: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, escribió, en alusión a las versiones que circularon sobre el origen de parte del patrimonio declarado por Adorni.

Las declaraciones vuelven a poner en evidencia el creciente distanciamiento entre Villarruel y el Gobierno nacional. Lo que comenzó como diferencias puntuales se transformó en una disputa cada vez más visible, con cuestionamientos públicos y señales de ruptura política entre los principales socios de la fórmula presidencial.

Durante una reciente visita a Rosario, la vicepresidenta también se había referido a su relación con la Casa Rosada y marcó diferencias de estilo con el oficialismo. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no respondería con faltas de respeto”, afirmó.

Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia de Adorni, Villarruel volvió a despegarse de las decisiones del Ejecutivo. “Las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, sostuvo.

Con cada nuevo cruce, la relación entre Milei y Villarruel parece alejarse aún más de la convivencia institucional que exhibieron al inicio de la gestión, alimentando una interna que ya se desarrolla a cielo abierto dentro del oficialismo.

Tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el jefe de Gabinete presentó finalmente su declaración jurada rectificativa y ensayó una defensa basada en una combinación de herencias, ahorros no declarados durante décadas y ganancias extraordinarias obtenidas con bitcoin.

La principal novedad fue su relato sobre una supuesta inversión temprana en criptomonedas. Según explicó, entre 2013 y 2018 invirtió unos 200 mil dólares en bitcoin y obtuvo ganancias cercanas a los 300 mil dólares, una operación que le habría permitido justificar más de medio millón de dólares incorporados ahora a su patrimonio declarado. “Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo”, relató durante la entrevista televisiva. Para el jefe de Gabinete, el valor de haber apostado por el Bitcoin entre 2014 y 2018 transformó a ese dispositivo de almacenamiento en una pieza de colección invaluable en su hogar.

La explicación llamó la atención incluso dentro del propio Gobierno, donde algunos funcionarios admitieron en privado su preocupación por el impacto político de un argumento que inevitablemente remite al universo de las criptomonedas en momentos en que el presidente Javier Milei continúa bajo presión por el escándalo vinculado a la megaestafa internacional de Libra.

Pero el relato de Adorni no se limitó al bitcoin. Durante una entrevista televisiva reconoció que durante años mantuvo ahorros sin declarar junto a su esposa. “Ahorramos toda la vida en negro”, afirmó, admitiendo públicamente una conducta que implicó la evasión de obligaciones fiscales.

Lejos de intentar minimizar esa confesión, el funcionario sostuvo que durante años consideró que mantener ahorros fuera de los registros oficiales era una forma de protegerse de las políticas económicas de gobiernos anteriores. Según explicó, recién ahora decidió regularizar esa situación mediante declaraciones rectificativas y el pago de impuestos, multas e intereses correspondientes.

Adorni también apeló a otros argumentos para reconstruir el origen de sus bienes. Mencionó dinero recibido tras la muerte de su padre en 2002, una herencia inmobiliaria y bienes registrados a nombre de su esposa que, según aseguró, “no aparecían correctamente reflejados en sus declaraciones” patrimoniales.

Las explicaciones llegaron además acompañadas por un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación. “Pensé en renunciar”, admitió durante la entrevista, aunque sostuvo que decidió permanecer en el cargo porque se considera víctima de acusaciones infundadas. “Me dolió un montón que me traten de chorro”, afirmó.

La presentación de la nueva declaración jurada se incorpora ahora a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que analiza la evolución patrimonial del funcionario. Mientras tanto, las sucesivas justificaciones —primero las herencias, luego los ahorros no declarados y finalmente las ganancias extraordinarias con bitcoin— continúan alimentando interrogantes sobre el verdadero origen de una fortuna que el propio Adorni reconoció haber mantenido fuera de los registros oficiales durante años.

Un informe forense elaborado por una división especializada en ciberdelito de la Policía Federal Argentina (PFA) incorporó nuevos elementos a la causa judicial por el caso $LIBRA y puso en cuestión uno de los principales argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei para desvincularse del proyecto.

El documento concluye que el 14 de febrero de 2025, a las 18:38, fueron creados mil millones de tokens $LIBRA y que, en ese momento, una única billetera concentraba el “control primario absoluto” del activo. Según el análisis, esa cuenta correspondía a la billetera fundacional del proyecto y estaba bajo control del equipo del empresario estadounidense Hayden Davis.

La conclusión adquiere relevancia porque contradice la versión sostenida por Milei, quien aseguró que al momento de promocionar la criptomoneda en redes sociales el activo ya era “público”. De acuerdo con el informe policial, cuando el Presidente publicó su mensaje, a las 19:01, $LIBRA todavía no estaba listada en ningún exchange centralizado y el contrato necesario para adquirir el token no se encontraba disponible públicamente en internet.

Los investigadores determinaron que durante las primeras horas la única manera de acceder al activo era contar con información provista directamente por el proyecto o recibir transferencias desde la billetera fundacional. La primera plataforma local en listar la criptomoneda fue Ripio, recién a las 21:40, más de dos horas después de la publicación presidencial.

La secuencia temporal reconstruida por la PFA resulta uno de los puntos más sensibles de la investigación: a las 18:38 se creó el token, a las 19:01 Milei difundió el contrato en sus redes sociales y recién a las 21:40 la moneda quedó disponible en una plataforma de intercambio reconocida. Horas después, el valor del activo se desplomó tras una extracción masiva de fondos desde la billetera inicial.

El expediente también incorporó información obtenida del teléfono de Mauricio Novelli, señalado como uno de los nexos entre el proyecto y el Presidente. Los peritajes revelaron comunicaciones entre ambos antes y después de la publicación del tuit. Ese mismo día, Novelli se encontraba en Texas junto a Hayden Davis, quien posteriormente reconoció haber estado reunido con personas vinculadas al entorno presidencial durante el lanzamiento.

Además, el análisis del dispositivo recuperó una imagen que haría referencia a un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares destinado a condicionar la actividad de Milei en redes sociales en los días previos al lanzamiento del token.

Si bien el informe es preliminar, sus conclusiones se suman a otras evidencias ya incorporadas a la causa y fortalecen las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía el Presidente acerca del origen, la administración y la distribución inicial de $LIBRA cuando decidió promocionar el proyecto. La investigación judicial busca determinar precisamente qué sabía Milei sobre el activo digital y quiénes controlaban efectivamente la operación en sus primeras horas de existencia.

Una nueva encuesta nacional de la consultora Giacobbe & Asociados expone un fuerte deterioro en la imagen pública de las principales figuras del gobierno libertario y refleja un creciente malestar social frente a la situación económica.

El relevamiento, realizado entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2026 sobre 2.500 casos en todo el país, muestra una marcada caída en la valoración del presidente Javier Milei y un rechazo masivo hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El dato más contundente del estudio es la situación de Adorni, quien aparece como el dirigente oficialista con peor desempeño. El 64,5% de los encuestados tiene una imagen negativa del funcionario, mientras que apenas un 16% expresa una valoración positiva y un 13,6% lo califica de manera regular. Se trata del nivel de rechazo más alto entre todos los integrantes del Poder Ejecutivo incluidos en la medición.

La encuesta también confirma el desgaste de la figura presidencial. Javier Milei registra un 55% de imagen negativa frente a un 34,2% de positiva, consolidando una tendencia descendente que contrasta con los niveles de apoyo que exhibía durante su primer año de gestión. El retroceso resulta significativo si se considera que en agosto de 2024 había alcanzado un pico de 58,7% de imagen positiva. Los números actuales reflejan una pérdida sostenida de respaldo y alimentan las señales de una creciente crisis de credibilidad para el proyecto libertario.

El escenario tampoco es favorable para la vicepresidenta Victoria Villarruel, que acumula un 57,9% de imagen negativa y apenas un 11% de valoración positiva, aunque mantiene un elevado 25,1% de opiniones regulares.

Mauricio Macri con la peor imagen

Más allá de las figuras del oficialismo, el estudio revela un panorama de desconfianza generalizada hacia la dirigencia política. Entre los referentes opositores, Patricia Bullrich obtiene 38,8% de imagen positiva y 49,5% negativa; Axel Kicillof alcanza 34,8% positiva y 53,6% negativa; Cristina Kirchner registra 29,2% positiva y 55,8% negativa; mientras que Mauricio Macri aparece entre los dirigentes con mayor nivel de rechazo, con 62,5% de imagen negativa y apenas 13,9% positiva. Myriam Bregman cierra la lista con 32,3% de valoración positiva y 44,9% negativa.

Percepciones negativas sobre el rumbo económico del país

Los datos económicos ayudan a explicar el deterioro de las percepciones sobre el gobierno. El 57,8% de los consultados considera que lo peor de la crisis aún no llegó, frente al 40,3% que cree que ya pasó. Además, una mayoría percibe que la situación económica continúa agravándose: el 39,8% afirma que empeora rápidamente y otro 14,6% sostiene que lo hace de manera lenta. En contraste, apenas el 12,7% considera que la economía mejora rápidamente y un 23,3% observa una mejora gradual.

La desconfianza también se refleja en las preocupaciones ciudadanas. Ante la consulta abierta sobre los principales problemas del país, la corrupción ocupó el primer lugar entre las respuestas, seguida por la economía, la pobreza, el desempleo y la inseguridad. El predominio de estas preocupaciones, combinado con la caída de las principales figuras oficiales, configura un escenario complejo para el gobierno de Milei, que enfrenta crecientes dificultades para sostener la confianza pública en medio de un contexto económico y social adverso.

En una medida que expone la profunda crisis que atraviesan las Fuerzas Armadas argentinas, el Gobierno autorizó al personal militar a desempeñarse en actividades privadas fuera de su horario de servicio, incluyendo trabajos como conductores de aplicaciones de transporte, repartidores y agentes de seguridad privada.

La decisión llega en medio de un escenario marcado por salarios que han perdido gran parte de su poder adquisitivo, crecientes dificultades para retener personal calificado y un éxodo constante de oficiales, suboficiales y profesionales especializados que abandonan la carrera militar en busca de mejores oportunidades en el sector privado.

Lejos de representar una ampliación de derechos laborales, la medida constituye para muchos un reconocimiento implícito de que los ingresos percibidos por quienes integran las Fuerzas Armadas resultan insuficientes para sostener un nivel de vida digno. La posibilidad de recurrir a un segundo empleo aparece así como una necesidad económica más que como una opción voluntaria.

La crisis afecta especialmente a cuadros técnicos y profesionales cuya formación demanda años de inversión estatal. Pilotos, ingenieros, especialistas en comunicaciones, médicos y otros perfiles estratégicos abandonan cada vez con mayor frecuencia las filas militares atraídos por remuneraciones significativamente superiores fuera de la institución.

Diversas fuentes vinculadas al ámbito castrense advierten que la combinación de bajos salarios, escasas perspectivas de carrera y deterioro presupuestario ha generado una situación inédita en las últimas décadas agravada en materia salarial durante la gestión libertaria. La pérdida de recursos humanos capacitados impacta directamente sobre la operatividad, el adiestramiento y la capacidad de respuesta de las tres fuerzas.

En este contexto, la autorización para que los militares trabajen como choferes de aplicaciones, repartidores o custodios privados se convierte en un símbolo de una realidad más profunda: unas Fuerzas Armadas que enfrentan una crisis estructural de personal y financiamiento, mientras miles de uniformados buscan fuera de los cuarteles los ingresos que el Estado ya no les garantiza dentro de ellos.

La sorpresiva muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, gerente general y directivo de GenTech Argentina S.A., la empresa fundada por Martín Menem, quedó envuelta en interrogantes y es investigada por la Justicia como una “muerte dudosa”.

El contador venezolano de 46 años fue encontrado sin vida este domingo en su departamento del barrio porteño de Almagro, luego de que familiares y allegados alertaran sobre la falta de respuestas a llamados y mensajes durante varios días. Según estiman los investigadores, el fallecimiento podría haberse producido tiempo antes del hallazgo.

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Díaz Vélez. Si bien los primeros informes señalaron que no presentaba signos visibles de violencia, las circunstancias de la muerte aún no fueron debidamente esclarecidas y se ordenaron múltiples pericias para determinar qué ocurrió.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la rápida presencia en el lugar de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y fundador de la empresa donde Osorio ocupaba un rol clave. Ambos mantenían una estrecha relación laboral dentro de GenTech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios.

Gentech es además una de las proveedoras de la droguería Suizo Argentina, que comercializa sus productos y recibió un contrato de 27 mil millones de pesos de la Angencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuando estaba a cargo el procesado Diego Spagnuolo. De hecho, en tribunales se comenta que aparecería mencionada en uno de los audios del ex funcionario.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, a cargo de Eduardo Cubría, que en una primera instancia decidió caratular el expediente como “muerte dudosa”, una figura utilizada cuando existen aspectos del fallecimiento que requieren ser esclarecidos mediante la investigación judicial.

Mientras avanzan las pericias forenses y los análisis sobre la escena, los investigadores buscan establecer la fecha exacta de la muerte y determinar si existen elementos de interés que permitan reconstruir las horas previas al fallecimiento del empresario.

Osorio Peñaloza no era un empleado más dentro de la compañía: figuraba como director suplente y se desempeñaba como gerente general de una firma estrechamente vinculada al actual titular de la Cámara baja. Su muerte repentina abre una serie de interrogantes que, por ahora, permanecen sin respuesta.

Tras conocerse la noticia, GenTech difundió un comunicado expresando su pesar por el fallecimiento y destacó el “profesionalismo, compromiso y calidad humana” de Osorio. Sin embargo, más allá de las condolencias oficiales, la atención está puesta en los resultados de las pericias que podrían arrojar luz sobre un caso que la propia Justicia considera todavía rodeado de dudas.