El gobernador Axel Kicillof se reunió con pymes elaboradoras de biocombustibles y el sector farmacéutico para analizar la Ley Ómnibus y el DNU.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con miembros de la comisión directiva e integrantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), y con representantes del sector farmacéutico para abordar el impacto que tendría la aprobación de la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno nacional.

Es preciso señalar que, Kicillof debe aunar los reclamos de la provincia de Buenos Aires para considerar qué medidas podría tratar a largo plazo para evitar que el impacto negativo tanto de la Ley Ómnibus como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), 70/2023 sean del menor nivel posible en el territorio bonaerense.

En rigor, en torno al sector de las pymes, la Ley Ómnibus, que impulsa el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, en caso de ser aprobada podría impactar sobre 11 plantas bonaerenses productoras de biodiesel que están distribuidas en ciudades como Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar. 

“Las consecuencias serían absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”, sostuvo Kicillof tras la reunión con las pymes.

En concreto, CEPREB un entramado pyme que surgió a partir de la sanción en 2006 de la Ley 26.093 de biocombustibles, la cual estableció cupos, precios y cantidad de cortes con el objetivo de promover la actividad y la industrialización en el interior del país.

Además, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, anticipó que “este proyecto del Gobierno Nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.

Por su parte, el representante de las cámaras de biocombustibles, Juan Manuel Ritacco, subrayó que “la aprobación de la Ley Ómnibus significaría el cierre de las pymes del sector y la pérdida del trabajo de muchos bonaerenses”. 

“Mientras que la legislación actual promueve el desarrollo en el interior del país, esta iniciativa busca quitarle volumen de producción a las pymes para entregárselo a los grandes productores”, señaló Ritacco y concluyó: “La sanción de esta nueva ley nos pondría en situación de alerta y ante un riesgo muy elevado”.

Kicillof recibió también a representantes nacionales y provinciales del sector farmacéutico

Tras la reunión con el sector de las pymes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se reunió con su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y con representantes nacionales y provinciales del sector farmacéutico para evaluar el impacto del DNU 70/2023 y las consecuencias que tendría.

“Su aprobación pondría en riesgo el trabajo de mucha gente y atacaría un modelo que se construyó con mucho esfuerzo, que además es un sistema que en la provincia de Buenos Aires es muy exitoso”, denunció el ministro de Salud.

En efecto, el DNU establece la desregulación de la comercialización de medicamentos de venta libre y admite la constitución de farmacias mediante cualquier figura jurídica, entre otras medidas que apuntan contra los profesionales farmacéuticos.

Fuente: Diputados Bonaerenses

El prestigioso cineasta manifestó que “se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología”. Y pronosticó: “Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país.

El cineasta argentino con gran prestigio internacional, Adolfo Aristarain, que dirigió y escribió películas como Martín H, Tiempo de Revancha o Roma, firmó un comunicado donde manifiesta que “se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología”.

En referencia al gobierno de Milei, pronosticó y describió: “Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios. Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los Imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, sólo dueños”.

En un pasaje previo cargó duro contra parte del electorado: “Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite. No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, sólo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá”.

Y concluyó con un pedido al movimiento obrero organizado: “No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno”.

Fuente: Data Gremial

Furioso por los contactos de Mondino con Taiwán, el gobierno de Xi Jinping activó el mecanismo para el cobro del swap y aumenta las importaciones de soja y maíz de Brasil. Preferencia a Australia y Uruguay por las carnes.

El grave incidente diplomático que provocó la reunión secreta de la canciller Diana Mondino con la representante de Taiwan en el país podría costarle carísimo a la Argentina. El gobierno de China evalúa por estas horas implementar represalias drásticas como exigir el pago del swap de miles de millones de dólares y dejar de comprarle al país soja y carnes, según informa el medio LPO.

LPO informa que según fuentes consultadas, el gigante asiático ya dio los primeros pasos para que se ejecute el pago del tramo del swap que gastó el gobierno de Alberto Fernández, por unos 5000 millones de dólares más intereses que rondan el 6 por ciento. La tensión llegó a tal extremo que las fuentes no descartaron que para cobrarse China incluso avance con el embargo de exportaciones.

La activación de ese proceso de cobro puede durar meses y hasta años en los tiempos especiales de la burocracia china, que acaso ofrece así al gobierno de Milei una ventana para rectificar drásticamente su postura anti China.

La tensión escaló luego que LPO revelara en exclusiva el encuentro de Mondino con la representante comercial de Taiwán, Miao-hung Hsie. Una reunión que no sólo indignó a la diplomacia de carrera del Palacio San Martín, que la consideró una torpeza mayúscula, sino también al ministro de Economía, Luis Caputo, que urgido de fondos busca reactivar el swap.

Pero las represalias por lo que consideran una violación de su soberanía, como dejó en claro la propia embajada china en Buenos Aires, podría ser incluso más gravosa: el régimen comunista ya había decidido empezar a priorizar a Brasil en sus compras de soja y maíz. 

La geopolítica juega una partida no menor en estas decisiones. El presidente Lula mantiene una fuerte alianza con China, mientras que el gobierno de Milei no dejó ni pasar un mes para anunciar que se retiraba de los Brics, el bloque que integran ambas potencias.

La decisión del gobierno de Xi Jinping de orientar sus compras de soja y maíz a Brasil ya empezó a notarse. Los embarques de granos brasileños alcanzaron a 8.79 millones de toneladas, lo que implica más del 40% de las importaciones de esos granos de la República Popular China.  

Las fuentes consultadas revelaron que China también analiza dejar de comprar carne a la Argentina y reemplazar esos embarques por carne australiana y ganado en pie de Uruguay. Además, suspendería el procedimiento para levantar las barreras sanitarias para productos avícolas y la compra de menudencias de carne, que durante la visita de Sergio Massa a Beijing se había empezado a negociar.

El cierre del mercado chino sería un golpe demoledor para la industria cárnica argentina, que destina casi la totalidad de sus exportaciones al gigante asiático.

“Romper relaciones con nuestros principales socios comerciales nos puede llevar a una triple implosión productiva, social y financiera”, afirmó a LPO Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. 

“China explica más del 90% de las exportaciones de soja, ocho de cada diez kilos de carne exportadas en agosto de este año y aproximadamente el 60% de mariscos, cebada, sorgo y carne de ave”, agregó. 

Fuente: LPO

“Las torres paralelas al río en Rosario las hizo Elsztain y están todas desocupadas, les dicen las torres blancas”, aseguró el exsecretario de Comercio.

El ex secretario de comercio Guillermo Moreno vinculó al empresario Eduardo Elsztain con el narcotráfico al participar del programa Duro de Domar, que se emite por el canal C5N.

El político y economista mencionó que hay tres capos narcos en el país y nombró al presidente de IRSA como uno de ellos.

“Las torres paralelas al río en Rosario las hizo Elsztain y están todas desocupadas” declaró el exsecretario de Comercio. “Esto es de plata brava te dicen los muchachos, les dicen las torres blancas“, agregó.

🇦🇷 BOMBAZO: Guillermo Moreno vinculó a Eduardo Elsztain con el narcotráfico.

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— Córdoba Post (@postcordoba) January 11, 2024

Elsztain integra el Círculo Rojo en su calidad de dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, del Banco Hipotecario y de las agropecuarias Cresud y BrasilAgro.

También es presidente de la compañía Austral Gold y de la Fundación IRSA; además de cofundador de Endeavor Argentina.

El medio Letra P asegura que en su hoja de ruta empresarial tiene una marca vinculada al escándalo de filtración de documentos conocido como Panamá Papers.

Elsztain mantiene un fuerte vínculo con el presidente Javier Milei, desde que se encontraron por primera vez en abril del año pasado en el marco del Foro Llao Llao de Bariloche.

Esa cercanía quedó plasmada en la decisión de Milei de instalar su búnker de campaña electoral en el Hotel Libertador, también propiedad de Elzstain.

Fuente: La Nueva

El ministro de Economía afirmo “medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrir más”.

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el Fondo Monetario Internacional está “abierto” a la negociación de un nuevo programa financiero, distinto al actual y con financiamiento extra, pero que el Gobierno eligió no tomar esa vía por el momento. Esa alternativa implicaría, por caso, que el Poder Ejecutivo consiga el visto bueno del Congreso.

El jefe del Palacio de Hacienda comenzó su conferencia de prensa de este miércoles por la noche con la aclaración de que el anuncio estaba relacionado a un reajuste del programa Extended Fund Facility (EFF) que sigue vigente aunque sus supuestos y metas quedaron vetustas ante los incumplimientos durante 2023.

Así, descartó que haya en el horizonte próximo un programa financiero nuevo, con nuevos plazos y condiciones, y con fondeo extra. “Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas. Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior, que estaba caído por el incumplimiento de las metas”, comentó Luis Caputo, ministro de Economía en conferencia de prensa.

“Honestamente creemos que el país debe resolver sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es la adicción al déficit fiscal, que es lo que termina generando los problemas que después la sociedad después sufre. Tenemos confianza de que vamos por el camino correcto”, comentó. “Si eventualmente se necesitara esa posibilidad, la posibilidad está y el Fondo está abierta a explorarla”, subrayó el funcionario.

En relación al proyecto de Ley ómnibus, el ministro señalo: “Si la ley no pasara sería una muy mala noticia no solo para mí sino para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”. Y anticipó que si no hubiese aprobación de la norma, para cumplir con el ajuste fiscal debería tomar otras medidas más drásticas: “Si la ley no pasará extremaríamos los recursos para cumplirlo”, adelantó. ”Es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. A medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrir más”, completó Caputo.

Fuente: Infobae

El plan del Gobierno nacional establece un fuerte incremento para la clase media. Todavía se espera la resolución de la audiencia pública.

La clase media será una de las más perjudicadas con el aumento de tarifas de gas que propone el Gobierno nacional. En la audiencia pública, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que se retirarán los subsidios a las mayoristas en tres tramos: febrero, marzo y abril.

Las dudas se dispararon, pero ya se hacen proyecciones. Si el plan de la gestión de Javier Milei se lleva a cabo tal cual se estipula, un hogar de clase media pasaría de pagar 4 mil pesos a 25 mil pesos en su tarifa de gas.

Para entender cómo se llega a esa proyección hay que tener en cuenta una serie de disposiciones del Ejecutivo y conceptos de las boletas de servicios públicos.

La boleta de luz y gas tiene 8 componentes: dos de ellos son impuestos (nacionales, provinciales y municipales); otro componente que es el precio mayorista, es decir cuánto sale producir el gas natural o los megavatios eléctricos; y dos componentes en luz y dos componentes en gas están regulados, que son transporte y distribución. Esto implica que las prestadoras de servicio no pueden poner el precio que ellas quieran, sino que tienen que esperar que el ente regulador sea Enargas o el ENRE definan esos cuadros tarifarios.

Cuando las autoridades deciden aumentar los servicios públicos o bajar los subsidios, se debe saber cuál de todos estos componentes se tocan.

En este sentido, el Gobierno nacional emitió dos decretos de necesidad y urgencia (DNU). Uno de ellos establece una revisión tarifaria integral para transporte y distribución tanto de electricidad como en gas. El estudio implicará saber cuáles son los ingresos, la inflación, las inversiones y la rentabilidad de las prestadoras de servicio. El trabajo del ENRE y el Enargas se extenderá por un año.

El segundo DNU implicó que Nación le exija a la Secretaría de Energía llevar a cabo una revisión tarifaria donde solamente se va a subsidiar un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente en un hogar tanto para energía eléctrica como para el gas.

La novedad fue que los subsidios serán retirados en tres tramos de un 33%. Esto despertó las alarmas y comenzó a generar incertidumbre entre los usuarios de ingresos medios. “Ya no estamos hablando de transporte y distribución, sino que va más allá. El secretario de Energía tiene facultades para eliminar los subsidios a la energía eléctrica mayorista o al precio del gas mayorista y lo que dice es que voy a sacar todo el subsidio mayorista y lo voy a hacer en tres meses. Esa fue la gran definición de la audiencia”, consideró Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú.

“La clase media puede estar pagando un consumo medio de 4 mil pesos. Obviamente hay que ver qué pasa con transporte y distribución porque no sabemos el resultado de la audiencia. Sin embargo, hablando solamente del componente mayorista, la clase media podría llegar a pagar 25 mil pesos”, explicó Carbajales en diálogo con Radio Con Vos.

El otro anuncio que realizó Rodríguez Chirillo fue la implementación de una canasta básica energética, que implicará un bloque de energía tanto en gas natural como en energía eléctrica que será subsidiado por el Gobierno. “Uno tendrá una cantidad de energía disponible con subsidio y si se pasa se pasará a pagar la tarifa plena. Esto también puede ser para la clase baja (nivel 2), pero no sabemos ese nivel dónde va a quedar. No lo explicaron”, destacó el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación.

Para Carbajales, el incremento de las tarifas tiene lógica y se repite lo que se vivió en 2015-2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó sincerar el precio de los servicios. El problema es que este tarifazo se da en un contexto de alta inflación y donde la clase media no para de recibir golpes al bolsillo.

Asimismo, no hay que pasar por alto el fallo CEPIS de la Corte, que establece que el ajuste debe hacerse de manera proporcional y gradual. “El secretario de Energía dijo que cómo lo va a dividir en tres meses, va a cumplir con el fallo. Yo la verdad que tengo dudas si realmente es gradual y si es razonable quitar así en tres meses todos los subsidios al precio mayorista”, advirtió.

Fuente: Mas Energía

“Como en los tiempos más oscuros de nuestra historia, la policía de Macri viene a “pedir explicaciones y responsables” a una asamblea de vecinos”, denunciaron varias personas que estaban debatiendo en una plaza de Floresta.

En el día de ayer, varios vecinos de Floresta se reunieron en la Plaza Banderín para realizar una asamblea. Sin embargo, la Policía de la Ciudad irrumpió en la misma y los dos oficiales informaron que los habían mandado “para que les pidamos los datos”. Si bien se generó una interrupción, la gente defendió su derecho, la policía se retiró y la asamblea pudo realizarse.
 
Las y los vecinos presentes difundieron un video en las redes sociales donde denuncian: “Como en los tiempos más oscuros de nuestra historia, la policía de Macri viene a ´pedir explicaciones y responsables´ a una asamblea de vecinos. ¿A esto también nos tenemos que acostumbrar? Contra esto también marchamos el 24”.
 
En el video en cuestión se ve a dos oficiales que se acercan a pedir los datos de las personas. Una vecina les responde: Díganle a su superior que somos un grupo de vecinos y estamos reuniéndonos y que tenemos derecho a estar acá.
 
Otro vecino sentenció: “Infórmenle al comisario que el artículo que no permitía reuniones de más de tres personas fue derogado con lo cual si la intención es controlar eso que no se haga problema. Estamos conversando los vecinos, ustedes se podrían incorporar porque son parte del pueblo, estaría bueno porque son ciudadanos del pueblo”.

Martes 20hs, Plaza Banderín, Floresta, CABA.

Como en los tiempos más oscuros de nuestra historia, la policia de Macri viene a "pedir explicaciones y responsables" a una asamblea de vecinos.

A esto tambien nos tenemos que acostumbrar?

Contra esto tambien marchamos el 24. pic.twitter.com/zT24QCcqB3

— Mateo Turne Camacho (@MateoTurne) January 10, 2024

Fuente: Nueva Ciudad

La medida propia de una dictadura militar fue criticada ampliamente por distintos sectores

“Denlo por retirado”. Apenas sentada frente al plenario de comisiones que discute la ley ómnibus del Gobierno, Patricia Bullrich anunció que se quitará del texto el polémico y absurdo artículo que exigía una autorización especial del Ministerio de Seguridad para reuniones de más de tres personas en la vía pública.

La funcionaria intentó así abrir el paraguas y bloquear rápidamente la cataratas de críticas que se esperaba habrá durante la tarde de este miércoles desde la oposición durante su exposición en el marco del tratamiento de la iniciativa parlamentaria clave para Javier Milei.

Bullrich trató de remendar la bochornosa situación y argumentó que hubo una “mala interpretación del artículo”, en efecto el 331 dentro de ley ómnibus, y que quedaba circunscripta a regular la ley de Tránsito para impedir que haya cortes en el marco de su férrea estrategia antipiquete. “Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear eso en la ley de Tránsito”, explicó la ministra en sus primeras palabras.

Luego Bullrich desplegó durante su presentación, y antes de las consultas de los diputados, toda su estrategia de mano dura contra la protesta social y una férrea defensa de los agentes de seguridad, sobre todo en aquellos casos en los que policías son acusados de gatillo fácil. La ministra resumió su exposición en tres ítems: “Uno: orden económico, social, en las calles; fuerzas de seguridad que puedan trabajar sin sentir que pueda ser víctima, y que al policía no se lo puede agredir”.

La ministra adelantó que la ley ómnibus aumenta las penas para quienes realizan piquetes y, sobre todo, agrava a los que apuntó como “organizadores”. “Hay personas que tienen un sentido de organizar estos cortes y lo hace con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes: pérdida de un beneficio social. Esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas. Las somete. El organizador es quien extorsiona o genera la quita de estos subsidios”, sostuvo la ministra. La norma estipula “para los organizadores” de 3 a 6 años de prisión y ser “solidariamente responsables” del costo del operativo de Seguridad.

Bullrich incluso ratificó la plena vigencia de su protocolo antipiquete, incluso en aquellos cortes por reclamos, por ejemplo, cuando se cortan las vías del tren por personas que sufren cortes de luz. “Es verdad que es muy malo no tener luz, pero también es pésimo que haya personas que no puedan volver a sus casas y deban quedarse horas y horas en la estación del tren. Esa decisión de sacar a las personas va a ser lo más rápido posible”, dijo la ministra.

Los dólares financieros dieron un fuerte salto durante la jornada de hoy y continuaron con su tendencia alcista de las últimas ruedas, el dólar blue trepó $70 y cerró a $1120.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que las subas en las cotizaciones de “los dólares financieros” de los últimos días son “una muestra gratis” de lo que puede pasar en el mercado de cambios y la economía en general, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

“Hacemos nuestra parte y necesitamos que la política haga su parte; sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba y hacia dónde vamos si la ley no se aprueba“, sostuvo en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada. Asimismo, consideró que el Gobierno del expresidente Alberto Fernández “defaulteó la deuda con los importadores”, a quienes “les prometió los dólares y nunca se los dio”.

“Para nosotros, tanto el DNU como la ley son piezas fundamentales” para que el Gobierno pueda llevar adelante sus políticas, aseguró y planteó que “el contenido de la ley no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo y que no aceptemos sugerencias”.

El portavoz se refirió en su introducción a “alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio” y remarcó que “no es un tema menor cuando las cosas se hacen bien y tampoco cuando se hacen mal”.

En ese sentido, citó “las famosas medidas de urgencia del ministro (de Economía, Luis) Caputo”, con las que se logró “estabilizar algunas variables de la economía”.

El 12 de diciembre último Caputo anunció varias medidas, entre las que se destacó la fijación de una cotización del dólar oficial en 800 pesos, además de la aplicación de pequeños ajustes periódicos (conocidos en la jerga financiera como “crawling peg”) del 2% mensual.

Luego de que en las primeras semanas de vigencia de esa medida el mercado financiero se desenvolviera con relativa tranquilidad, Adorni mencionó que en los últimos días hubo una serie de “rumores que generaron que los dólares financieros salten, en números redondos, de los 900 a los 1.200 pesos”, en una dinámica que atribuyó a lo que puede ocurrir si “la política no acompaña” los cambios planteados por el Gobierno.

Al requerírsele mayores precisiones sobre qué podría ocurrir en caso de que el Congreso no apruebe la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, Adorni prefirió no especular sobre un “caso hipotético”, aunque alertó que “las consecuencias son impredecibles” y reiteró que ellas “están a la vista de todos con el salto del tipo de cambio de los últimos días”. Asimismo, cuestionó tanto los “rumores” como “los amparos en materia laboral”, aunque puntualizó que, fuera de ese capítulo, “el decreto (en alusión al DNU 70/2023) está en vigencia”.

Para el vocero presidencial, el mercado “pasó factura de determinadas desprolijidades“, aunque aclaró que éstas no eran responsabilidad del gobierno sino de “diferentes actores”.

Fuente: Télam

Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro y principal referencia judicial del Gobierno, sugirió la posibilidad de suspender la carta magna en caso de profundizarse la crisis económica.

En el marco del debate de la ley ómnibus en las comisiones de la Cámara de Diputados, una serie de funcionarios del Gobierno se hicieron presentes para explicar y defender los lineamientos de las reformas del oficialismo. Uno de ellos fue el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien se refirió a los fundamentos legales del paquete de medidas.

Luego de dar cuenta de la etimología de la definición de Estado y el proceso histórico de su concepción, Barra manifestó que “las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también” y señaló “para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente, si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer”. “Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento”, remató.

El funcionario, quien representa el principal respaldo legal del Gobierno, analizó en la misma jornada que “el derecho, como la economía, es un sistema” y “si se quiere hacer un cambio integral hay que tocar todos los aspectos“. “Hay que actuar ahora cuando es más posible realizarlo”, reconoció.

🗣️ “Si hay crisis económica, no hay constitución vigente”. El procurador Rodolfo Barra sostuvo que “las situaciones de crisis exigen soluciones de crisis también”. Más información en https://t.co/NvreT2ZDAE pic.twitter.com/Tb8OWbG8Cc

— Ámbito Financiero (@Ambitocom) January 9, 2024

Horas después, una intervención del diputado Juan Marino (Unión por la Patria) se refirió a sus palabras: “No podemos dejar pasar esa afirmación en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo le reclamó al señor Barra en esta reunión que pida disculpas, que rectifique y retroceda en sus palabras porque no es compatible con ser funcionario de un gobierno democrático afirmar que no va haber Constitución vigente“.

Ya confirmado en su cargo de Procurador General del Tesoro de la gestión de Javier Milei, Rodolfo Barra avanzó con la apelación del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio marcha atrás con los aspectos de reforma laboral presentes en el DNU. El jurista pidió que la causa pase a la Cámara en Lo Contencioso Administrativo Federal, expresando que ese recinto acumula los distintos expedientes contra el DNU.

Fuente: con información de Ámbito.