Lejos de la desinflación que insiste en mostrar el oficialismo, el INDEC informó este miércoles que la inflación mayorista trepó en agosto al 3,1%, el registro más alto de los últimos meses.

El dato encendió alertas porque se ubicó muy por encima de la tendencia que buscaba consolidar el Gobierno. El aumento estuvo impulsado tanto por los productos nacionales, que en promedio subieron un 3,1%, como por los importados, que avanzaron un 2,9%.

En el desglose de los productos nacionales, los primarios registraron un alza del 4,4%, los manufacturados un 2,8% y la energía eléctrica apenas un 0,1%. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron los agropecuarios, los refinados del petróleo, vehículos y repuestos, sustancias químicas, textiles y alimentos y bebidas, que subieron hasta un 1,6%.

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Los precios mayoristas aumentaron 3,1% en agosto de 2025 respecto del mes previo y 22,1% interanual https://t.co/RcX4uh2FjI pic.twitter.com/QRwcpJUKbp

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2025

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un incremento del 3,3%, mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) escaló 3,5%, impulsado por un fuerte aumento de los productos primarios (5,9%).

La cifra genera inquietud dentro del propio Gobierno. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, han señalado que los precios mayoristas suelen anticipar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que se espera un impacto en la inflación minorista de septiembre.

En la comparación interanual, los precios mayoristas acumulan una suba del 22,1%, y en lo que va de 2025 ya se incrementaron un 15,7%.

Para Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, los datos confirman una aceleración: “Ya en septiembre nuestros relevamientos muestran que el IPC se ubicaría en torno al 2,5% o algo más. No vemos aún un salto cambiario como en otras etapas, pero sí una aceleración inflacionaria que refleja la pérdida de poder adquisitivo de la moneda”, advirtió.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan lanzó una grave denuncia: acusan al Gobierno de retener y colocar en fondos de inversión 40 mil millones de pesos pertenecientes al hospital pediátrico.

“Los funcionarios que dicen que no hay plata se guardaron 40 mil millones”, afirmó Norma Lezana, secretaria general del gremio, al revelar que una parte de la recaudación del hospital terminó en un “fondo de inversión de (Luis) Caputo”, en lugar de destinarse a salarios e infraestructura.

Según explicó, el dinero retenido corresponde a la facturación del llamado tercer pagador (obras sociales y prepagas), que representa el 35% de las prácticas médicas realizadas en el hospital. Esos fondos, que deberían reforzar salarios bajo el concepto de “recursos genuinos” y financiar obras, habrían sido desviados al Fondo de Inversión Carlos Pellegrini, administrado por el Banco Nación.

La dirigente gremial calificó el hecho como un “escándalo” y señaló que los trabajadores del Garrahan están “conmocionados”. Al mismo tiempo, denunció que desde la conducción del hospital respondieron de manera cínica que, si la acusación es cierta, “hagan un juicio”.

La diputada Victoria Tolosa Paz respaldó la denuncia y apuntó directamente al ministro de Economía: “El Gobierno de Javier Milei entregó ese dinero a Caputo para mantener el dólar barato, desviándolo de su función principal, que era reforzar el presupuesto del Garrahan y los sueldos de sus trabajadores”.

Lezana advirtió que la situación impacta de lleno en las condiciones laborales: “Ese dinero debe ir al bolsillo de los trabajadores y a las obras que necesita el hospital. Hoy los salarios arrastran una pérdida del 70% desde noviembre de 2023, y mientras tanto nos dicen que no hay plata”.

La APyT anunció que continuará con medidas de visibilización y movilización, junto a la comunidad hospitalaria, familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos, para exigir que se restituyan los fondos y se termine con lo que califican como una estafa contra los trabajadores y contra la salud pública pediátrica.

El presidente Javier Milei recibió este martes un revés parlamentario sin precedentes: la Cámara de Diputados derribó por amplísimas mayorías sus vetos al financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.

El golpe político se consumó gracias al frente común que articularon el peronismo, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, los distintos sectores del radicalismo y la izquierda, con el respaldo clave de legisladores que responden a gobernadores y ex aliados desencantados de la Casa Rosada.

Los resultados dejaron en evidencia la magnitud de la derrota oficialista:

• Garrahan: 181 votos contra el veto presidencial y apenas 60 a favor.
• Universidades: 174 votos contra el veto y 67 a favor.

Se trata de una de las votaciones más adversas que haya enfrentado un presidente en la historia reciente, y deja al gobierno libertario en una situación de extrema fragilidad parlamentaria y de desprestigio social.

El volantazo de bloques que hasta hace poco se mostraban cercanos al oficialismo fue decisivo: el MID, la bancada de Marcela Pagano, los misioneros de Carlos Rovira, las diputadas sanjuaninas de Marcelo Orrego y, en una sorpresa final, legisladores santafesinos cercanos a Patricia Bullrich.

Pese a los intentos de Balcarce 50 por instalar la idea de un trasfondo “golpista”, voces de peso como la de Pichetto desmontaron ese argumento y remarcaron que el objetivo era garantizar recursos razonables para las universidades y el Garrahan en 2025. “Si este Congreso no tenía sensibilidad, se entraba en una crisis terminal en la educación superior y en un estandarte de la salud pública”, advirtió el exsenador.

El oficialismo intentó negociar hasta último momento con los gobernadores, ofreciendo fondos a través de ATN, pero la jugada terminó en un fracaso rotundo y marcó la primera gran caída del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

La jornada legislativa quedó marcada como un hito: el Congreso, con apoyos transversales y mayorías abrumadoras, infligió a Javier Milei una paliza histórica y decisiva que desnuda la debilidad política del oficialismo y anticipa un escenario de fuerte aislamiento para el presidente.

El ex presidente Eduardo Duhalde lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro político de Javier Milei, al señalar que una derrota electoral en octubre podría poner en riesgo la continuidad de su mandato.

“Es muy posible que peligre la continuidad del Presidente si pierde en octubre”, afirmó en diálogo con El Destape 1070, al analizar la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Según sostuvo, un revés electoral dejaría a Milei en “una situación muy difícil”, agravada por los juicios por corrupción que lo rodean y por el enojo creciente de la ciudadanía.

Duhalde también apuntó contra la interpretación oficialista de los resultados: “Milei no hace una lectura correcta del resultado electoral, pero tampoco sé qué podría hacer cuando el gran problema que tienen ellos está vinculado con la corrupción y con el enojo de la gente”.

🗣️"Si el Gobierno pierde en octubre lo pondría en una situación muy difícil"

Eduardo Duhalde se refirió a la continuidad de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo en caso de perder en las elecciones legislativas nacionales#PaloyZanahoria 🥕 pic.twitter.com/8dsm2zZ6lb

— El Destape 1070 (@eldestape_radio) September 16, 2025

Si bien aclaró que no vislumbra un escenario de Asamblea Legislativa porque “tenemos vicepresidente”, insistió en que la gobernabilidad del oficialismo quedaría seriamente comprometida tras un eventual tropiezo en las urnas.

En cuanto a la política provincial, destacó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “acertó con el desdoblamiento electoral” y consideró que esta estrategia fue clave para la victoria en Buenos Aires: “Sin el desdoblamiento, este resultado no se hubiese dado. Gracias a esto y al triunfo bonaerense, ahora estamos más convencidos de que se puede ganar bien el mes que viene”.

Sobre el plano nacional, Duhalde cuestionó la reciente cadena nacional en la que Milei anunció el envío del Presupuesto 2026 al Congreso. Aunque reconoció que el mandatario “quiere cambiar su forma de ser” y lo notó “muy ordenadito hablando”, remarcó que “no entiende la importancia de la producción” y que el país “está muy quedado en el sector productivo”.

Finalmente, recordó que Milei llegó al poder “por los defectos de los gobiernos anteriores” y puso en duda su optimismo: “Lo veo absolutamente convencido cuando dice que lo peor ya pasó, pero es muy difícil convencer a quienes ya hemos gobernado”.

El presidente Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, lo que implica un cambio drástico para millones de usuarios de gas en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país.

De prosperar la iniciativa, quienes hoy reciben descuentos del 30% y 50% en sus facturas volverán a pagar tarifas plenas en un contexto económico marcado por el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo.

La medida figura en el artículo 72 del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, donde se derogan los artículos centrales de la Ley 27.637, sancionada en 2021. Esa norma extendió el beneficio original —vigente desde 2002 para zonas de climas extremos como la Patagonia, la Puna y Malargüe— hacia distritos templados y cálidos-templados. Gracias a esa ampliación, más de 3,1 millones de hogares accedieron a tarifas diferenciales en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y San Luis.

Con la derogación propuesta por Milei, solo quedarían dentro del esquema los 850.000 usuarios del régimen original de 2002. El resto perdería los descuentos: 30% para usuarios residenciales y de gas por redes, y 50% para beneficiarios de la Tarifa Social y hogares vulnerables registrados en ANSES.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que la medida responde a la necesidad de “racionalizar subsidios” y sostener el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Sin embargo, para los distritos afectados, el recorte se traducirá en un fuerte impacto en el bolsillo, especialmente en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo.

No es la primera vez que el Ejecutivo avanza sobre el tema. Durante el debate de la Ley Bases, Milei ya había intentado restringir el beneficio exclusivamente a las provincias del sur, aunque la propuesta fue rechazada en el Senado. En mayo, el Gobierno aplicó un ajuste parcial reduciendo los descuentos para usuarios con más de un medidor.

Con el Presupuesto 2026, la apuesta se redobla: municipios bonaerenses como Azul, Olavarría, Saladillo, Bolívar y Tandil, entre muchos otros, quedarían excluidos del beneficio, pese a su alto consumo de gas para calefacción durante gran parte del año.

Rechazo en el Congreso

El diputado bonaerense Gustavo Pulti (Unión por la Patria) cuestionó duramente la decisión de Milei y pidió al Congreso que restituya el beneficio. “Estos descuentos no solo aliviaron el bolsillo de los hogares; también sostuvieron el consumo, ayudaron a las pymes, dieron aire a los comercios y fueron un alivio fundamental para jubilados, pensionados y personas con discapacidad”, señaló.

Repudiamos la decisión de Milei de derogar los beneficios de la Zona Fría y reclamamos al Congreso Nacional que restituya el beneficio.

Una decisión que afecta al Partido de General Pueyrredón y al sur y sudeste de la Provincia de Buenos Aires

La Ley 27.637, sancionada en 2021,… pic.twitter.com/hK7gR91BpB

— Gustavo Pulti (@GustavoPulti) September 16, 2025

Según el legislador marplatense, “quitar los descuentos es encarecer la vida diaria y reducir aún más el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya deterioradas”. Además, advirtió que la medida “debilitará la actividad económica, profundizará la recesión y golpeará a los sectores más vulnerables”.

Más allá de los discursos oficiales, los números son claros: el Presupuesto 2026 proyecta un nuevo recorte en la inversión destinada a la educación universitaria.

En términos del Producto Bruto Interno (PBI), la partida para el sector pasó de representar el 0,718% en 2023 a 0,569% en 2024, descendió a 0,495% en 2025 y, de acuerdo al proyecto enviado por Javier Milei al Congreso, caerá todavía más en 2026, hasta el 0,462%.

Este retroceso se produce en vísperas de una masiva movilización universitaria convocada para este miércoles 17 en la Plaza de los Dos Congresos, donde se busca respaldar el rechazo parlamentario al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La comparación histórica tampoco deja lugar a dudas: el nivel de inversión proyectado para 2026 es equivalente al de 2003, cuando el país aún trataba de recuperarse de la crisis de 2001.

El deterioro se refleja también en los salarios docentes, que se redujeron un 29,1% entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Según datos del Consejo Universitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cátedras en los últimos años. El organismo calcula que se necesitarían 7,3 billones de pesos para sostener el sistema en condiciones mínimas, pero el proyecto oficial prevé solo 4,8 billones.

Para Claudio Martínez, periodista y divulgador científico, esta caída presupuestaria revela la raíz del conflicto: “Las universidades son fábricas de conocimiento. Su modelo económico no necesita un país de personas cultas y formadas”.

El debate parlamentario y la movilización social de esta semana marcan un punto de inflexión: no se trata únicamente de un presupuesto, sino de la definición del rumbo que tomará el país en relación con el conocimiento, la innovación y el futuro de la educación pública.

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, Javier González Fraga, y a su entonces vice, Lucas Llach, junto a otros 24 exdirectores del Banco Nación y de la agroexportadora Vicentin, en el marco de la causa que investiga un presunto fraude contra el Estado por más de US$260 millones.

La decisión judicial, tomada tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita luego de cinco años de pesquisa, incluyó también la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, con el objetivo de evitar maniobras de ocultamiento patrimonial.

Los implicados

Entre los convocados figuran, además de González Fraga y Llach, el exdirector del Nación Carlos Castellani. Por parte de Vicentin fueron citados Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, integrantes de la cúpula que llevó a la empresa a la cesación de pagos en 2019.

La acusación

De acuerdo con la fiscalía, entre agosto y diciembre de ese año, las autoridades del Banco Nación concedieron créditos irregulares a Vicentin aun cuando la compañía ya acumulaba deudas impagas, había perdido su calificación crediticia y se encontraba en riesgo de default.

La operatoria incluyó la liberación de garantías, la otorgación de nuevos préstamos por más de US$105 millones y la simulación de un plan de cobro que en los hechos favoreció la falta de pago. Parte de esos fondos —alrededor de US$16 millones— habrían sido derivados a cuentas en paraísos fiscales, mientras que otra porción se encubrió mediante facturación apócrifa por casi $223 millones.

El fiscal Pollicita señaló que los funcionarios macristas del Nación “se apartaron deliberadamente de la conducta debida para beneficiar a los empresarios, en claro perjuicio del Estado”.

Lo que viene

Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Están citados exdirectores, gerentes y síndicos del banco, así como los principales responsables de la agroexportadora.

El tribunal destacó la “gran complejidad” de los hechos, que involucran a una de las compañías más influyentes del sector agroindustrial y al mayor banco público del país.

Lo que en su momento se presentó bajo el lema “Somos todos Vicentin”, hoy aparece resignificado: cuando se defrauda al Estado, los estafados “somos todos”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó distancia tanto del presidente Javier Milei como del expresidente Mauricio Macri al rechazar la frase “lo peor ya pasó”, utilizada por ambos mandatarios en distintos momentos de crisis.

En cadena nacional, Milei lanzó la expresión que recordó inevitablemente al 2018, cuando Macri la utilizó poco antes de que Argentina se hundiera en la deuda con el FMI y en una de sus peores crisis económicas. Sin embargo, Bullrich —que fue funcionaria de ambos gobiernos— se desmarcó rápidamente.

En una entrevista con TN, negó haber recurrido a ese tipo de diagnóstico:
“Yo no dije ‘lo peor ya pasó’”, aclaró con firmeza, marcando distancia tanto del discurso actual de Milei como del fallido pronóstico macrista de cuyo gobierno fue parte.

Cuando el periodista le recordó que la frase la había pronunciado el Presidente, la ministra insistió en diferenciarse: “Bien, pero en marzo [de 2018] estábamos mejor que ahora. Ahí empezó la guerra política”.

El gesto de Bullrich no pasó desapercibido: buscó lavarse las manos del fracaso económico del macrismo y, al mismo tiempo, mostrarse cautelosa frente a un Milei que apuesta a instalar optimismo en medio de un panorama angustiante e incierto.

El ministro de Defensa, Luis Petri, vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por un intento de desprenderse de 13.000 hectáreas estratégicas del Ejército en La Calera, Córdoba, un área de altísimo valor inmobiliario rodeada de barrios privados y proyectos de lujo.

La maniobra, que nunca fue formalizada, ya generó un fuerte pedido de explicaciones en el Congreso y reavivó las sospechas sobre el rumbo de su gestión.

El diputado del PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un pedido formal para que Petri dé cuenta de la operación. Según advirtió, el plan despierta serias dudas por tratarse de un posible negocio privado a costa del patrimonio estatal. El interrogante es inevitable: ¿qué gana el Estado desprendiéndose de tierras militares estratégicas en una zona tan codiciada? Para muchos, la respuesta es clara: se trataría de una nueva privatización encubierta, bajo el eufemismo de “optimización de recursos”.

EXPLICACIONES YA‼️

Desde ámbitos militares nos llegó una alerta grave sobre la posible venta o cesión de 13.000 hectáreas en el camino a La Calera. Se habla de negociaciones bajo la mesa, como canjes impositivos o de deuda, sin definición clara de Defensa ni del Ministerio… pic.twitter.com/Te1KGyVMrZ

— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 12, 2025

El caso de La Calera encaja a la perfección con el manual del gobierno de Javier Milei, dispuesto a rematar activos estatales sin medir costos políticos ni patrimoniales. Pero la polémica llega en el peor momento para Petri, quien ya enfrenta un escenario crítico dentro y fuera de su ministerio.

La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se encuentra al borde del colapso financiero, con denuncias internas que responsabilizan directamente a su conducción. A esto se suma una investigación judicial sobre contrataciones con la droguería Suizo-Argentina, que pone bajo sospecha a la cartera de Defensa por posibles hechos de corrupción. Y como si fuera poco, Petri sostiene una doble agenda: la de ministro y la de candidato a diputado por Mendoza, un cruce de intereses que mina su credibilidad.

La venta de las 13.000 hectáreas promete convertirse en un nuevo campo de batalla político. Varios bloques legislativos ya advirtieron sobre el riesgo de desprenderse de bienes estratégicos de las Fuerzas Armadas para favorecer negocios privados. Lo que está en juego no es solo el patrimonio militar, sino también la transparencia de un ministerio que acumula denuncias y parece más enfocado en maniobras políticas que en defender los recursos del Estado.

En este escenario, la figura de Luis Petri se tambalea entre sospechas de corrupción, mala gestión y oportunismo electoral. Lo que debería ser una conducción firme al servicio del interés nacional se convierte, cada vez más, en un símbolo de crisis y desconfianza en el gobierno de Javier Milei.

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en el segundo trimestre a 132.000 personas, lo que representa al 7,7% de la población económicamente activa (PEA). Este nivel marca un aumento interanual, ya que en el mismo período de 2024 la tasa se ubicaba en 7,3%.

Este nivel marca un aumento interanual, ya que en el mismo período de 2024 la tasa se ubicaba en 7,3%, según el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

El reporte detalla que el desempleo sumó 7.500 personas más que el año pasado, cuando el total de desocupados era de 124.500. En relación con el primer trimestre de 2025, la tasa se mantuvo estable, con un comportamiento similar en los sectores de construcción e industria, que habían registrado una caída interanual.

Subocupación y brechas territoriales

La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— se ubicó en 10,3%, sin variaciones significativas.
Al combinar desocupación y subempleo por insuficiencia de horas, el indicador asciende al 18,1%, con fuertes diferencias territoriales: en la Zona Sur llega al 23,4%, mientras que en la Zona Norte baja al 12,2%.

Mujeres y jóvenes, los más afectados

La desocupación afecta más a las mujeres (8,8%) que a los varones (6,7%). También se observan disparidades por barrio: en la Zona Sur, la tasa se eleva al 10,5%, superando con amplitud al promedio de la Ciudad.
Por edades, los extremos muestran menor participación laboral: 27,8% en los jóvenes de hasta 24 años y 26,8% en los mayores de 65, frente al 92,1% en la franja de 25 a 49 años.

Radiografía del empleo en la Ciudad

• Distribución por sectores: el 73,5% del empleo se concentra en Servicios, 14,6% en Comercio y 10,9% en Industria y construcción.
• Condición laboral: el 72,6% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia; sin embargo, el 28,4% no recibe aportes jubilatorios de sus empleadores, lo que representa una caída de 2,3 puntos en la cobertura interanual.
• Origen del desempleo: entre quienes perdieron su empleo, el 89,6% de asalariados y el 81% de cuentapropistas lo atribuyó a causas laborales.