María Eugenia Vidal, cruzó con todo a Javier Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente” pero reconoció que el PRO le votó todas las leyes y volvería a hacerlo.

En plena puja por el armado de listas y con el tablero político en plena ebullición, la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal reapareció en la escena con fuertes críticas al presidente Javier Milei. En una entrevista con La Voz del Interior, lanzó una de las frases más duras contra el discurso libertario: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente”.

Vidal advirtió sobre la política fiscal “eso no alcanza” y apuntó directamente al costo social del programa económico de Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo cargó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario”, disparó.

Vidal bancó el ajuste del gobierno: “lo volvería a hacer”

Su intervención no pasó desapercibida no sólo por el contenido, sino por el contexto: se produce mientras su partido, el PRO se debate por su existencia política y su relación con el oficialismo. Pese a sus críticas, Vidal ratificó el respaldo que su espacio le dio a La Libertad Avanza en 2023: “Acompañamos a LLA porque la Argentina estaba en una situación crítica. Lo volvería a hacer”.

Dice María Eugenia Vidal que la gente se está cagando de hambre gracias a que ella y sus compañeros del PRO le votaron todas las leyes a Milei. En serio lo dice, escuchen hasta el final porque no se puede creer.pic.twitter.com/tplZqch5bp

— PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) July 30, 2025

También dejó una frase que apunta al descrédito institucional: “Me da vergüenza el Congreso”, dijo, al tiempo que remarcó que en las elecciones de octubre “no sólo elegimos partidos, sino personas”.

La reaparición de Vidal, con un tono más confrontativo pero contradictorio y sin romper con el oficialismo, deja en evidencia las tensiones internas dentro del PRO y la compleja relación que muchos de sus dirigentes mantienen con el Gobierno libertario: cuestionan el rumbo, pero siguen acompañando las leyes clave.

El acuerdo de Milei con el gobierno de Donald Trump implicaría que agentes estadounidenses realicen los controles en Argentina.

Bajo el pretexto de facilitar los viajes de argentinos a Estados Unidos sin necesidad de visa, el gobierno de Javier Milei impulsa un acuerdo con la administración de Donald Trump que podría implicar una cesión sin precedentes de soberanía nacional: permitir que agentes migratorios y aduaneros estadounidenses operen directamente en territorio argentino.

El gobierno libertario anunció con entusiasmo el inicio del proceso para reingresar al Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), del cual Argentina formó parte brevemente en los años 90 en el marco de las relaciones carnales del menemismo. Sin embargo, lo que no se transparenta es que uno de los requisitos centrales para volver a integrar este programa es aceptar que personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se instale en el país para realizar controles migratorios previos a la salida de viajeros.

Esta medida ya ha sido rechazada por otros países de la región, como México, por considerarla una violación directa a su soberanía. En ese caso, el gobierno mexicano se negó a permitir la instalación de puestos del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.), justamente porque implicaba que funcionarios extranjeros actuaran con autoridad dentro de sus fronteras.

En cambio, la administración Milei parece dispuesta a ceder ante estas presiones, incluso cuando las implicancias de seguridad y autonomía son gravísimas. De concretarse, sería la primera vez que agentes migratorios de una potencia extranjera operen en suelo argentino con capacidad de control y decisión sobre ciudadanos locales y extranjeros.

Además de los aspectos simbólicos y políticos, existen también cuestionamientos técnicos y legales. El sistema argentino de documentación para inmigrantes ha sido señalado como “laxo” por funcionarios estadounidenses, lo que supone una presión adicional para endurecer normativas internas según estándares ajenos.

La foto de Milei montando a caballo junto a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., puede parecer pintoresca, pero detrás de esa imagen se esconde una negociación que podría colocar al país en una posición de subordinación inédita. Lo que se presenta como una “facilidad” migratoria, en realidad podría ser la puerta de entrada para la intervención directa de agencias estadounidenses en funciones que competen exclusivamente al Estado argentino.

El acuerdo, aún en etapa de evaluación, será revisado por Stephen Miller, figura clave en la política antiinmigratoria de Trump, y quien no ha ocultado su intención de endurecer al máximo las condiciones para países que busquen ingresar al VWP.

Aceptar este tipo de condiciones no sólo compromete la autonomía nacional, sino que sienta un precedente alarmante sobre el alcance que podrían tener agentes extranjeros en asuntos internos. Lo que está en juego va mucho más allá de la eliminación de una visa: es la capacidad de un país de decidir soberanamente sobre quién actúa dentro de sus fronteras.

La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

Una profunda crisis se desató en el Hospital Naval Buenos Aires tras el anuncio de la disolución del convenio que lo sostiene desde hace más de tres décadas. La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

El conflicto estalló luego de que se confirmara que el convenio entre la Armada y la Fundación de Sanidad de la Armada (FUSANA), vigente desde 1991, se dará por terminado el próximo 31 de diciembre. Esta medida, que afecta a médicos, enfermeros y personal administrativo, generó una inmediata respuesta sindical: la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) convocó a un paro general en defensa del hospital y los puestos de trabajo.

Desde la conducción gremial advierten que la intención detrás del vaciamiento es clara: “Sin trabajadores no hay Hospital Naval. No hay reestructuración legítima con los trabajadores afuera”, sostuvo Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad y miembro del triunvirato de la CGT. La preocupación crece ante la posibilidad de que el Estado no garantice la continuidad laboral, ni respete la antigüedad ni el convenio colectivo vigente.

Aunque voceros de la Armada niegan que se trate de un cierre o una privatización, diversas fuentes internas señalan que ya se baraja la posibilidad de ceder la gestión del hospital a una empresa privada, y que si no se consigue ese gerenciamiento, el hospital directamente cerraría sus puertas a fin de año. “Si no lo gerencian, se cierra”, fue la frase tajante de un funcionario naval.

El Hospital Naval alberga una infraestructura crítica: 350 camas de internación, 10 quirófanos, laboratorios y consultorios de 39 especialidades. Su cierre implicaría una grave pérdida para el sistema de salud no solo militar, sino también civil, ya que brinda servicios a otras obras sociales además de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería.

Este nuevo conflicto se suma al complejo escenario que atraviesa IOSFA, que acumula una deuda superior a los $160.000 millones y una sucesión de renuncias en su dirección. La obra social, tercera más grande del país, se encuentra envuelta en una crisis de cobertura que ya afecta a cientos de miles de afiliados con recortes en medicamentos, tratamientos y estudios.

Referentes gremiales y del sector salud denuncian que se está llevando adelante un proceso de vaciamiento deliberado, con fines privatizadores. De concretarse, se perdería una institución histórica fundada en 1946, dejando a miles de pacientes sin atención y a cientos de familias sin sustento.

En la ampliación de la denuncia realizada en los Estados Unidos, los abogados que impulsan la demanda colectiva, destacan que Karina Milei, en su rol de Secretaria General de la Presidencia, fue quien autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa de Gobierno.

El caso del megafraude vinculado al token cripto $LIBRA dio un giro clave esta semana en la justicia estadounidense. Los abogados que impulsan la demanda colectiva contra el empresario Hayden Davis y otros implicados presentaron una ampliación del expediente que introduce, por primera vez, a figuras del círculo presidencial argentino: Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, aparece mencionada en el nuevo documento judicial.

Aunque Karina Milei de momento no está formalmente imputada, los abogados sostienen que fue quien facilitó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada en su rol como secretaria general de la Presidencia. La presentación, firmada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, representa una ampliación de la demanda colectiva (“class action”) en el fuero federal de Estados Unidos, y apunta a que los acusados enfrenten un juicio oral y público por crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito.

El apellido Milei —en alusión al presidente argentino— aparece más de 50 veces en el texto judicial, principalmente en relación con la promoción pública que hizo del token $LIBRA desde sus redes sociales oficiales, lo cual, según los denunciantes, tuvo un impacto directo en el volumen de operaciones y en la cotización del criptoactivo.

“El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”, señala la demanda en referencia a un posteo realizado por el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), donde respaldaba el proyecto.

La mención directa a Karina Milei marca un punto de inflexión en el caso: hasta ahora, ninguna figura del entorno presidencial había sido vinculada en los documentos judiciales presentados ante la justicia norteamericana. Si bien no se trata aún de una imputación formal, su inclusión en el expediente suma tensión política al escándalo.

Desde el Gobierno argentino no se emitieron declaraciones oficiales sobre esta nueva etapa del proceso. No obstante, tanto en el ámbito político como en el financiero se sigue de cerca la evolución del caso, que podría escalar aún más si la justicia estadounidense decide avanzar hacia un juicio con jurado.

El caso $LIBRA ya es considerado uno de los mayores escándalos financieros recientes vinculados al mundo cripto, y la causa continúa expandiéndose con nuevas revelaciones y protagonistas.

Gobernadores de cinco provincias lanzaron un frente electoral para impulsar una agenda federal, en medio de las tensiones con Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra publica.

En medio de las crecientes tensiones con el presidente Javier Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra pública, cinco gobernadores provinciales oficializaron la creación de “Grito Federal”, un nuevo frente político que buscará llevar al Congreso la voz del interior productivo y avanzar con una agenda federal.

La alianza fue sellada este miércoles en la Casa de Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El espacio, que se proyecta hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, se presenta como una tercera vía frente a la polarización política actual y apunta a defender los intereses de las provincias frente al centralismo de la administración nacional.

El acta fundacional del nuevo frente, titulada justamente “Un grito federal”, marca el tono de la iniciativa: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso”. En el documento, los mandatarios destacaron su compromiso con el equilibrio fiscal, pero advirtieron que ese esfuerzo no puede sostenerse sin inversión pública ni obras de infraestructura que permitan desarrollar el potencial productivo del interior del país.

𝐔𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐋

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.

Todos, el gobierno… pic.twitter.com/GEwKKzAign

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 30, 2025

“No estamos pidiendo plata, estamos exigiendo un reparto justo y previsible de los recursos que corresponden a cada provincia”, subrayaron.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el recorte de fondos y la parálisis de la obra pública. En particular, los gobernadores denunciaron la interrupción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su uso discrecional como mecanismo de premio y castigo político por parte del Gobierno nacional. Ignacio Torres, vocero del nuevo frente, cuestionó con dureza esa práctica, al calificarla de “látigo y chequera”, y propuso además una reforma para que recursos clave —como los derivados del impuesto al combustible— se distribuyan según índices de coparticipación, garantizando mayor equidad.

La coalición “Grito Federal” reúne a referentes del peronismo, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales, en un intento por superar las divisiones ideológicas y centrarse en una agenda común basada en el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y una distribución más justa de los fondos públicos.

Aunque el armado aún se encuentra en una etapa inicial, sus impulsores anticiparon que la reunión en la Casa de Chubut fue apenas la primera de muchas. El objetivo: construir una alternativa nacional que represente al interior, con una mirada puesta en el futuro y una decisión firme de dejar atrás “el pasado que dividió y frenó el desarrollo del país”.

“Llegó la hora de que te vayas”. Así arranca una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en estos días a menores migrantes que entraron en EEUU no acompañados.

La administración de Donald Trump ha mostrado, una vez más, su insensible y despiadada postura hacia los migrantes, especialmente contra los menores no acompañados. En una reciente muestra de autoritarismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a enviar cartas a estos niños, exigiéndoles que “se vayan inmediatamente” del país. El tono de estas misivas es claro y aterrador: “Llegó la hora de que te vayas”. Con esta amenaza, el gobierno busca presionar a los menores para que abandonen los Estados Unidos, cancelando el permiso condicional humanitario que muchos de ellos habían recibido al llegar como menores no acompañados.

Activistas y defensores de los derechos humanos, como Julie Contreras de la organización United Giving Hope, alertan sobre el aumento de estos casos, señalando que cientos de menores que llegaron legalmente bajo condiciones humanitarias ahora están siendo despojados de sus protecciones y se enfrentan a un futuro incierto y lleno de miedo. Contreras afirma que estos menores no son criminales, sino víctimas de violaciones de derechos humanos. La amenaza de deportación no solo representa una acción administrativa, sino un profundo daño psicológico a niños que ya han sufrido suficientes traumas en sus países de origen.

El gobierno de Trump, lejos de garantizar la seguridad de estos menores, ha intensificado la persecución. Aunque las cartas no significan necesariamente que el ICE se presente en la puerta de los hogares, la constante amenaza ha creado un clima de terror. Y en muchos casos, como el de Xally Pastor, una niña de 13 años, los menores se ven obligados a luchar solos por su futuro legal, sin el respaldo de sus padres, quienes no pueden representarlos en las vistas de inmigración debido a su estatus.

El número de deportaciones de menores es alarmante. En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8,300 niños de 11 años o menos. Desde que Trump asumió la presidencia, más de 53,000 niños han sido objeto de órdenes de deportación. Aunque muchos de estos menores tienen solicitudes de asilo pendientes, el gobierno ha decidido acelerar sus procesos de expulsión, sin tener en cuenta su vulnerabilidad.

Además de las cartas, la administración ha implementado una política aún más cruel: los adolescentes mayores de 14 años tienen ahora la opción de autodeportarse. A los menores se les ofrece la posibilidad de regresar rápidamente a sus países de origen, a pesar de las graves amenazas que enfrentan en muchos de ellos. Este cambio de política refleja un profundo desprecio por la seguridad y los derechos de los niños, priorizando la expulsión masiva por encima de su bienestar.

La situación es aún más grave cuando se considera que muchos de estos niños llegaron a Estados Unidos huyendo de contextos de violencia extrema en sus países de origen donde el propio Estados Unidos tiene su cuota de responsabilidad con el trafico incesante de armas, y se enfrentan ahora a una nueva pesadilla: ser obligados a regresar a esas mismas circunstancias sin ninguna protección.

Esta política es parte de la estrategia general de Trump para controlar la inmigración, que se ha intensificado en los últimos años. La administración ha mostrado un total desprecio por los derechos de los migrantes, y su actuar frente a los menores migrantes es una de las evidencias más claras de su crueldad. ¿Qué futuro les espera a estos niños? Uno de terror, huida y desamparo, sin garantías de seguridad ni apoyo legal.

Agosto arranca con aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

El inicio de agosto trae consigo una serie de aumentos en diversos rubros que afectarán la economía familiar y contribuirán a la inflación en las próximas semanas.

A días de conocerse los datos del IPC de julio, que se espera reflejen nuevamente un aumento significativo, los nuevos ajustes en tarifas y precios ya comienzan a sentirse, impactando en los gastos diarios de las familias argentinas.

Transporte público: Los boletos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentarán a $506,29, mientras que en las líneas provinciales del conurbano alcanzarán los $509,19. Por su parte, las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para las líneas nacionales permanecerán en $451. En el subte, el pasaje con tarjeta SUBE llegará a $1.032, incrementando notablemente el costo para los usuarios.

Servicios públicos: Las facturas de electricidad, gas y agua también verán sus precios elevarse. Las tarifas eléctricas en el AMBA aumentarán en promedio un 2%, mientras que el gas tendrá un incremento entre 2,6% y 2,8%. El agua, en tanto, subirá un 1%, impactando en los gastos mensuales de las familias.

Prepagas: Los planes de salud en las prepagas subirán entre 1,3% y 1,95%, en línea con la inflación, lo que representará un gasto adicional para las familias que dependen de estos servicios.

Alquileres: Quienes tienen contratos regidos por la ley anterior afrontarán una actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual del 121,6% para agosto, duplicando los costos en comparación con años anteriores.

Combustibles: Durante julio, YPF aplicó dos aumentos acumulados del 6% en nafta y gasoil, tras la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono. Para agosto, se espera que vuelvan a subir, completando la suba correspondiente al primer trimestre de 2024, en un contexto de aumentos constantes que presionan los bolsillos de los consumidores.

Estos nuevos aumentos en tarifas y precios son una muestra clara de cómo la inflación y las decisiones económicas continuarán afectando el poder adquisitivo en el mes de agosto y, probablemente, en meses próximos.

En una decisión que desata una nueva ola de indignación, el gobierno de Javier Milei formalizó la entrega de la represa hidroeléctrica de Lago Escondido a Hidden Lake SA, la firma que encubre los intereses del billonario británico Joe Lewis —socio de Mauricio Macri y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude.

Esta polémica adjudicación no solo legaliza el control de una fuente estratégica de energía por parte de un extranjero, sino que lo hace en favor de un empresario ampliamente cuestionado por la justicia argentina y condenado por fraude financiero en el exterior. La represa, ubicada dentro de las 12 mil hectáreas que Lewis se apropió de manera ilegal en la Patagonia, ahora queda bajo su control absoluto, consolidando un enclave privado en una zona estratégica y en abierta violación a la Ley de Seguridad de Fronteras.

Según el acta firmada por el Ejecutivo nacional, el contrato otorga a Hidden Lake —una sociedad denunciada por la IGJ como “ficticia” y usada para encubrir los negocios de Lewis— la operación y explotación de la represa. Dicha empresa lleva años resistiendo fallos judiciales que exigen la apertura del acceso público al Lago Escondido, en tierras adquiridas de forma irregular a través de una maniobra de triangulación societaria.

La IGJ había solicitado su intervención judicial en 2022, señalando que Hidden Lake es una pantalla para ocultar la verdadera titularidad del magnate. No obstante, el gobierno de Milei ignoró todas esas advertencias y avanzó con una adjudicación directa a una empresa que ni siquiera cumple con su objeto social declarado.

La central hidroeléctrica —que empezó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el Programa RenovAr, recibiendo tarifas preferenciales— produce 7,2 MW y le permite a Lewis facturar el megavatio a diez veces el valor que se paga a Salto Grande, una de las represas más grandes del país. Mientras tanto, el acceso al Lago Escondido sigue siendo bloqueado por su seguridad privada, con complicidad del poder político.

El prontuario de Lewis suma capítulos escandalosos: usurpación de tierras, cercamiento de bienes públicos, represión a manifestantes y hasta la financiación de un viaje secreto de jueces, fiscales y empresarios de medios que visitaron su mansión patagónica. El mismo Nicolás Van Ditmar, gerente de Hidden Lake y organizador de ese encuentro con magistrados cercanos a Macri, fue denunciado por piratería y privación de libertad.

Condenado en los Estados Unidos

En abril de 2024, la justicia de Manhattan condenó a Lewis a tres años de prisión en suspenso por fraude bursátil. El multimillonario admitió haber usado información confidencial para beneficiar a sus choferes, amantes y empleados, provocando un beneficio económico ilícito de millones de dólares.

A pesar de este prontuario, Javier Milei —que prometió combatir la “casta”— decide ahora entregar uno de los recursos estratégicos del país a este empresario extranjero, en un acto que muchos dirigentes políticos ya califican como una forma de financiar las campañas del oficialismo libertario.

“La están juntando para la campaña”, graficó un dirigente político al tanto de los movimientos del oficialismo. Lo que está en juego no es solo una represa, sino la soberanía, el acceso público a recursos naturales, y el control del territorio argentino por parte de intereses privados y extranjeros.

Con esta decisión, el gobierno de Milei consagra uno de los capítulos más oscuros de la entrega del patrimonio nacional, beneficiando a un empresario condenado y abiertamente vinculado al entramado judicial y mediático que protege sus intereses desde hace más de dos décadas.

Carlos Raimundi acusó al futuro embajador norteamericano Peter Lamelas de querer hacer negocios con los recursos naturales. “Vienen por el agua para el fracking y las cripto”, alerta, porque su verdadero objetivo es quedarse con ese recurso clave de la Argentina.

El exembajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, lanzó una fuerte advertencia sobre la llegada de Peter Lamelas, el futuro embajador estadounidense en Argentina. Según Raimundi, Lamelas no llega con fines diplomáticos sino con intereses económicos concretos: apropiarse de los recursos naturales clave del país, en especial el agua.

“Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios. Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, la inteligencia artificial y las criptomonedas”, denunció Raimundi en declaraciones a Splendid AM 990.

El excanciller criticó duramente el discurso de Lamelas ante el Senado de EE.UU., donde el designado embajador aseguró que planea “viajar por las provincias, apoyar a Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia”.

Para Raimundi, esas declaraciones son “coloniales e inaceptables”:

“Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso a intervenir en nuestra soberanía”.

Un plan para balcanizar al Estado nacional

Raimundi también alertó sobre el riesgo de una “balcanización” del país, al promover relaciones directas entre Estados Unidos y las provincias, salteando al gobierno federal:

“Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación. Es un intento de desmembrar al Estado”.

El agua en la mira: la privatización de AySA y la llegada de empresas extranjeras

La advertencia cobra especial gravedad en el marco del posible avance en la privatización de AySA, la empresa estatal que administra el agua potable en el AMBA. Raimundi vinculó esta maniobra con los intereses de Lamelas y apuntó directamente a Mekorot, la empresa estatal israelí que controla el suministro de agua en los territorios ocupados de Palestina:

“Imaginen si eso pasa acá. Mekorot hoy le corta el agua al pueblo palestino. No es una fantasía, es un riesgo real para la soberanía argentina”.

El exembajador subrayó que hay herramientas legales para frenar este intento de privatización:

“Existe un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza la mayoría estatal en AySA. Además, podría requerirse mayoría especial en el Congreso”.

Raimundi también responsabilizó al Congreso por su pasividad ante estos avances:

“Muchos legisladores aceptan estas cosas por miedo o conveniencia. Es consecuencia de una derrota cultural. Pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que reconstruir sentido y explicarle a cada argentino lo que está en juego”.

Finalmente, exigió una respuesta institucional clara y contundente ante las declaraciones del futuro embajador:

“Es inadmisible que un representante extranjero nos diga con quién comerciar o qué hacer con nuestra vicepresidenta. El Parlamento debe pronunciarse en bloque. Si no reaccionamos, la entrega será total”.

Y concluyó con un mensaje de esperanza:

“Esto va a cambiar cuando cambie el clima político. La gente va a volver a ver con claridad el desquicio que están haciendo con la Argentina. No tengo dudas de que va a reaccionar”.

Un informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

Un nuevo informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar dirigida por el analista Daniel Schteingart, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

La situación es especialmente grave entre los asalariados: el 36% trabaja sin estar registrado, es decir, sin aportes a la seguridad social ni acceso a derechos laborales básicos como cobertura médica, jubilación o licencias. Si se suman los trabajadores independientes en situación informal (como feriantes, vendedores ambulantes o albañiles no inscriptos en el monotributo), el panorama es aún más preocupante.

Desigualdad regional: el Norte Grande, más afectado

La informalidad no impacta de forma homogénea en todo el país. Las provincias del Norte Grande, como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, registran los peores indicadores, con más del 50% de los asalariados sin registrar. Estas regiones, con baja industrialización y economías centradas en el agro o el trabajo informal, enfrentan mayores obstáculos para la creación de empleo formal.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires se ubica en un punto intermedio dentro del ranking nacional.

El empleo formal, estancado; crecen las “changas” y el cuentapropismo informal

A pesar de ciertos indicadores positivos en materia salarial, el empleo formal en Argentina se encuentra estancado, según el especialista en mercado laboral Luis Campos, quien advirtió que “no se pierden puestos, pero tampoco se crean”.

Tras un 2024 marcado por la destrucción de miles de empleos, el mercado laboral muestra señales de precarización: aumentan las changas, los empleos informales y el cuentapropismo sin aportes previsionales, incluso entre personas que mantienen un empleo formal pero necesitan ingresos extra. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera logran cubrir el costo del monotributo.

Expertos coinciden en que sin crecimiento sostenido no habrá mejoras reales en la calidad del empleo, pero también subrayan que el crecimiento por sí solo no alcanza. Se requiere una reforma integral del sistema tributario, políticas activas que incentiven la registración laboral y fortalecimiento institucional para garantizar derechos y ampliar la cobertura de la seguridad social.