El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu está ultimando los detalles de su visita a nuestro pais para reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, seria hacia fines de agosto, según publicaron hoy distintos medios de Israel.

En un contexto de creciente indignación global frente a lo que múltiples organismos internacionales, gobiernos y organizaciones humanitarias —incluidas algunas israelíes— ya califican abiertamente como un genocidio en la Franja de Gaza, el presidente argentino Javier Milei se alista para recibir en Buenos Aires al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacia fines de agosto.

La visita, según confirmaron medios israelíes como Times of Israel y la emisora pública Kan, estaría en proceso de organización avanzada y se presenta como una “devolución de gentilezas” tras el reciente viaje de Milei a Israel, donde ratificó su alineamiento incondicional con el gobierno israelí y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El aliado de Milei con orden de arresto de la Corte Penal Internacional

Sin embargo, Netanyahu no llega como un líder cualquiera. Sobre él pesa una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la actual ofensiva en Gaza, en la que, según informes recientes, más de 58 mil personas han muerto y más de 139 mil han resultado heridas desde octubre de 2023.

A esta tragedia se suma el colapso total del sistema de salud, la destrucción de infraestructura civil y la imposición de un bloqueo alimentario que, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el Marco Integrado de Clasificación de Seguridad Alimentaria (IPC), ha colocado a Gaza en “el peor escenario de hambruna en este siglo”, comparable con los desastres humanitarios de Etiopía o Biafra.

Incluso dentro de Israel, organizaciones como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel acusan abiertamente a Netanyahu de liderar “acciones sistemáticas y deliberadas para destruir a la sociedad palestina” y califican la ofensiva como un acto de genocidio.

Pese a todo esto, y mientras 27 países —incluidos Francia, Italia y el Reino Unido— junto con Brasil y Sudáfrica exigen un alto al fuego y acusan formalmente a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno argentino ha optado por profundizar su alianza política con un mandatario señalado por la justicia internacional.

La visita de Netanyahu, de concretarse, lo convertiría en el primer jefe de Estado con orden de arresto por crímenes de guerra recibido oficialmente por la Casa Rosada en tiempos democráticos recientes.

En una región y un mundo cada vez más conmovidos por las imágenes de niños esqueléticos, periodistas muriendo de hambre y poblaciones enteras atrapadas bajo fuego, la recepción a Netanyahu por parte de Milei no sólo representa un alineamiento político: también implica una toma de posición frente a las normas del derecho internacional humanitario y los valores universales de los derechos humanos.

Mariano Cúneo Libarona presentó la declaración jurada del período fiscal 2024 ante la Oficina Anticorrupción. Los datos evidencian un incremento en su fortuna del 47,7%. 

El ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, declaró un aumento patrimonial explosivo del 47,7% en apenas un año, alcanzando una fortuna oficial de $18.089 millones según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Esto representa un incremento de casi $6 mil millones respecto a los $12.242 millones que había declarado en 2023.

El crecimiento es tan significativo como llamativo: $5.846 millones en doce meses, una cifra que no encuentra respaldo en sus ingresos laborales o rentas, que apenas alcanzaron los $975 millones. La evolución de su patrimonio se explica, en cambio, por la revaluación de inmuebles, la compra de nuevas propiedades en Buenos Aires, y un fuerte incremento de depósitos bancarios en el exterior, especialmente en Suiza y Estados Unidos.

Menos activos en el país, más dinero afuera

Mientras su riqueza global se disparó, sus activos en Argentina cayeron casi un 50%, marcando una clara tendencia a trasladar su capital fuera del país. También se redujeron notablemente sus tenencias en fondos comunes de inversión y fideicomisos. En contraste, sus depósitos en el extranjero crecieron en más de $1.000 millones, con una presencia destacada en bancos de Suiza, Puerto Rico, Estados Unidos y Uruguay.

Dos nuevas propiedades y 28 inmuebles en Argentina

Cúneo Libarona declaró en total 28 inmuebles en Argentina y sumó dos nuevas propiedades en 2024: un departamento de 60 m² por $72 millones y otro de 187 m² por más de $309 millones, ambos en Capital Federal. El valor de su cartera inmobiliaria subió de manera notable, pasando de $600 millones a más de $2.587 millones, gracias a una revalorización de bienes que cuadruplicó su valor.

Su vivienda personal también experimentó una fuerte revaluación: de $74 millones en 2023 pasó a casi $297 millones en 2024.

En el extranjero, el ministro es dueño de un departamento de 70 m² en Miami Beach, valuado en $336 millones, y posee el 25% de una casa de veraneo en Punta del Este, valuada en más de $20 millones.

Bancos en el exterior

El titular de la cartera de Justicia informó tener $14.123 millones en depósitos bancarios en el exterior, un salto respecto a los $13.124 millones del año anterior. En Suiza, su principal plaza financiera, declaró $6.746 millones. También posee una cuenta en Puerto Rico con $2.422 millones, depósitos en EE.UU. por $4.688 millones (más de $1.200 millones adicionales respecto a 2023) y una sorprendente alza en su cuenta uruguaya, que pasó de apenas $3,8 millones a $265 millones, un incremento del 6.800%.

Otros bienes y deudas

En paralelo, el ministro declaró más de $151 millones en bonos y títulos, una reducción en sus fondos comunes (de $63 millones a solo $3 millones) y una baja drástica en créditos declarados. También desapareció de su patrimonio el fideicomiso Lacroze, uno de sus activos más relevantes en 2023.

Llamativamente, los bienes del hogar también se multiplicaron, pasando de $51 millones a casi $167 millones. Sus deudas, por otro lado, crecieron a $4,7 millones, una cifra marginal si se la compara con su patrimonio total.

El rubro acumula dos años de fuertes caídas. Aumentos en insumos, tarifas y alquileres superan a la inflación y no pueden trasladarse a los precios.

El sector gastronómico atraviesa su peor momento en años. En lo que va de 2025, bares y restaurantes registran una caída del 20% al 30% en el consumo, duplicando la baja de 2024. La crisis golpea tanto al turismo como al público local, que ajustó sus hábitos y prioriza salidas más económicas o esporádicas.

La caída de ingresos se combina con un aumento sostenido en los costos fijos. Tarifas de servicios que se duplicaron, alquileres en alza y un costo laboral creciente deterioran la rentabilidad. A pesar de un contexto de menor inflación, los precios de mercadería, energía y alquileres siguen subiendo por encima del promedio y no pueden trasladarse al menú sin perder clientela.

“El consumo gastronómico está completamente deprimido. No se pueden subir los precios porque la demanda no los convalida”, señaló Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes.

Daniel Prieto, titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), confirmó que la caída interanual ronda el 30% y remarcó que, a diferencia de otras crisis, el turismo tampoco actúa como amortiguador. “Antes bajaba el turismo, pero subía el consumo local. Hoy cayeron ambos”, advirtió.

Adaptación forzada y cambios en el consumo

Para sostenerse, los establecimientos ajustan sus estrategias: cartas reducidas, porciones para compartir, promociones con tarjetas y acuerdos con proveedores. Platos más accesibles reemplazan cortes premium y las propuestas tradicionales ganan terreno. Los bodegones, pizzerías y cafeterías también apuestan a combos promocionales y turnos rotativos para aumentar la rotación.

La pérdida de poder adquisitivo se refleja en cada decisión: el cliente que antes salía tres veces por semana, ahora lo hace una y con menor gasto. Incluso la merienda, opción antes considerada accesible, cayó en volumen.

Cierres, achique y empleo en riesgo

El sector acusa cierres de pequeños locales, sobre todo en barrios con baja circulación. Muchos debieron reducir personal o reemplazarlo por servicios tercerizados, afectando la calidad y estabilidad laboral. Otros consolidaron operaciones en una sola sede para evitar costos redundantes.

“La estructura anterior es inviable. Hay que achicar”, sentenció Yanelli.

Desde la Cámara advierten que se trata de uno de los rubros más vulnerables: de los primeros en sentir el impacto de la crisis y de los últimos en recuperarse. La pérdida de empleos ya es visible.

El turismo no alcanza y el gasto cae

Zonas como San Telmo, Recoleta o el Centro porteño se ven particularmente afectadas por la caída del turismo. “En La Boca o San Telmo no hay casi nada de turistas”, sostuvo Prieto. El déficit turístico alcanzó un récord en el primer cuatrimestre, con un saldo negativo de 5,1 millones de personas.

¿Qué se necesita para recuperarse?

Los referentes del sector coinciden en que es clave sostener la demanda —aunque sea a menor escala— y aliviar la presión sobre los costos. Proponen una desregulación impositiva que incluya la revisión de tasas locales, cargas laborales y habilitaciones, para permitir márgenes más sostenibles sin trasladar aumentos al consumidor.

Las expectativas están puestas en el repunte del turismo hacia la primavera, aunque sin una mejora en el ingreso real, la situación seguirá siendo crítica.

A pesar del panorama adverso, algunos locales exploran nuevas vías: venta de platos listos para terminar en casa, delivery reforzado o acciones conjuntas con marcas barriales. La visibilidad en redes también se volvió esencial para fidelizar al público.

“No se sale solo. El rubro no es una isla. Tiene que haber una reactivación general”, concluyó Yanelli.

Detrás de este fenómeno, empresarios, economistas y gremialistas advierten lo mismo: si no se revierte esta tendencia, se avecina una bomba de tiempo en el empleo.

La industria argentina atraviesa una ola de desindustrialización sin precedentes. Fábricas que cierran, líneas de producción que se mudan a Brasil y un creciente aluvión de productos importados desde China marcan el nuevo paisaje productivo del país. Detrás de este fenómeno, empresarios, economistas y gremialistas advierten lo mismo: si no se revierte esta tendencia, se avecina una bomba de tiempo en el empleo.

En el primer semestre de 2025, las importaciones crecieron un 34,6% en dólares, y solo en junio aumentaron un 53,2% en volumen. Esta avalancha responde a un patrón claro: empresas que abandonan la producción local y se transforman en simples importadoras, alimentadas por un escenario de apertura comercial extrema promovido por el gobierno de Javier Milei.

La apertura incluye la eliminación de controles a las importaciones, la baja de aranceles, la autorización de ingreso de productos sin cumplir normativas técnicas, y la posibilidad de importar maquinaria usada o mediante courier, entre otras medidas que, según expertos, desarman el entramado industrial nacional sin ofrecer alternativas de transición para los trabajadores.

Según el informe Abrir sin Paracaídas del Centro de Estudios Fundar, más de 430.000 puestos de trabajo están en riesgo por la sustitución de producción local con bienes importados. “La apertura fue brutal”, reconocen incluso industriales que aún siguen en pie, aunque cada vez más dependientes de insumos y productos fabricados en el exterior.

China y Brasil, los nuevos centros de producción

El sector autopartista es uno de los más golpeados. Firmas como SKF están trasladando producción a Brasil, mientras otras, como las integradas al grupo Mirgor, importan casi todo desde China y ensamblan localmente. El Proyecto Patagonia de Volkswagen, en alianza con Saic-Maxus, directamente importa vehículos en sistema CKD (completamente desarmados), para apenas armarlos en General Pacheco sin utilizar partes nacionales.

El empresario Aldo Lo Russo, del sector metalúrgico, lo resume así: “Pasé del 5% al 20% de producto importado en mi oferta. Hoy, muchos industriales viajan directamente a China para buscar precio”. De hecho, se duplicó la cantidad de empresarios argentinos que asistieron este año a la Feria de Cantón, reflejando el viraje estructural hacia el abastecimiento asiático.

Casos concretos: fábricas que bajan sus persianas

Empresas tradicionales como Lumilagro dejaron de fabricar en el país el 60% de su línea de termos, que ahora se producirán en China. La planta de Tortuguitas quedó reducida a unos pocos modelos y a solo 65 empleados, frente a un mercado saturado por termos importados, muchos de ellos de contrabando.

Kenvue, fabricante de toallitas femeninas, cerró su planta en Pilar y mudó la producción a Brasil y Colombia. Lo mismo hizo Clariant, que deja de operar en el Parque Industrial de Zárate para concentrar su producción en territorio brasileño, desde donde abastecerá al mercado argentino.

“El caso de Lumilagro no es aislado”, advierte la economista Agostina Monti Farías. “Muchos empresarios importan para sobrevivir, no porque lo prefieran, sino porque ya no pueden sostener los costos de producir en Argentina”.

Textiles: otra víctima del modelo

El sector textil, que emplea decenas de miles de trabajadores, también está en fuerte retroceso. Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, estima que ya se perdieron 13.000 empleos y que otros 15.000 trabajadores están con vacaciones forzadas o turnos reducidos. “Los que antes fabricaban todo acá, ahora compran 60% importado”, explicó.

En las grandes marcas, los productos nacionales desaparecen: en los shoppings, apenas el 15% de las prendas conserva contenido local.

La Argentina asiste a un éxodo empresarial que vacía fábricas, destruye empleos y transforma al país en un simple mercado consumidor de bienes extranjeros. Con una apertura comercial sin red de contención, miles de trabajadores enfrentan un futuro incierto. Las advertencias están sobre la mesa. La pregunta es si el gobierno decidirá actuar antes de que el daño sea irreversible.

El premio Nobel de Economía señaló la dependencia que el gobierno libertario tiene del FMI para sostener el tipo de cambio. Además destaco que Milei bajó la inflación quemando los miles de millones que le presta el organismo.

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz lanzó duras críticas contra la política económica del presidente Javier Milei, a quien acusó de sostener artificialmente la estabilidad con fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Argentina está en la puerta de otra crisis”, advirtió durante su participación en el Festival Gabo de Periodismo, en Colombia.

En una entrevista con la periodista Juanita León, Stiglitz cuestionó el rumbo económico actual, al señalar que el gobierno libertario depende del permanente financiamiento externo para controlar variables clave como el tipo de cambio. “Bajaron la inflación, es cierto, pero porque han usado ese dinero para mantener el tipo de cambio”, dijo, en referencia al préstamo de 44.000 millones de dólares tomado en el gobierno macrista y al nuevo crédito de 20.000 millones que, según él, “tampoco podrán pagar”.

Críticas a Caputo y la continuidad del modelo de endeudamiento

El economista fue especialmente crítico con el rol de Luis Caputo, actual ministro de Economía, a quien responsabilizó por el endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. “No solo pidieron más y más préstamos, sino que luego permitieron que los más ricos sacaran ese dinero del país”, sostuvo. Stiglitz subrayó la paradoja de que Caputo, clave en aquel acuerdo, ahora sea el encargado de implementar una política similar bajo la presidencia de Milei.

Un ajuste sin sustentabilidad

Stiglitz también cuestionó la narrativa libertaria del gobierno. Durante la presentación de su libro Camino de Libertad, afirmó que “el concepto de libertad ha sido cooptado por la derecha” y que, en la práctica, muchas de sus políticas restringen derechos en lugar de ampliarlos.

Si bien reconoció que el FMI es una institución necesaria para el orden financiero global, advirtió sobre su rol en las crisis económicas recurrentes, como la que, según él, se avecina nuevamente en Argentina.

Hasta el momento, ni el presidente Javier Milei ni sus funcionarios han respondido a las declaraciones del economista, aunque es habitual que el mandatario califique de “econochantas” a sus críticos. Las advertencias de Stiglitz se suman a una creciente preocupación internacional sobre la viabilidad del ajuste, el aumento del endeudamiento y la estabilidad macroeconómica del país.

“Lo más importante de esa reunioncita en La Rural es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, ni para los discapacitados, ni para el Garrahan, ni para las universidades, le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una crítica frontal al presidente Javier Milei, a pocas horas del anuncio de la baja de retenciones al agro, al denunciar que mientras se aplica un brutal ajuste sobre jubilaciones, educación y salud, el Gobierno beneficia a “uno de los sectores que más plata tiene en este país”.

Desde San José 1111, en un mensaje enviado a la multitudinaria marcha de antorchas en homenaje a Eva Perón en Moreno, CFK desarmó uno de los principales dogmas del oficialismo: “Lo más importante de esa reunioncita en La Rural es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, ni para los discapacitados, ni para el Garrahan, ni para las universidades, ahí no le importa el superávit fiscal. En La Rural no le importa. Y le regala plata a uno de los sectores más ricos de la Argentina”.

El mensaje llegó el mismo día en que Milei, desde el palco de la Sociedad Rural Argentina, atacó uno de los pilares históricos del peronismo: la justicia social, a la que calificó como un “parásito mental”. La respuesta de la exmandataria no se hizo esperar. “Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia y de la vida es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la Sociedad Rural como el embajador propuesto por Trump”, afirmó Cristina, en alusión al diplomático Peter Lamelas.

La líder del peronismo denunció también el “desgobierno para los ricos” y cuestionó duramente al Poder Judicial por la entrega de terrenos a la Sociedad Rural: “La frutilla del postre de este desgobierno para los ricos la tuvimos hoy a la mañana, en el predio que la Sociedad Rural le robó a los argentinos en una maniobra en serio de defraudación al Estado. Por eso el presidente de La Rural dice que en Argentina hay justicia independiente: se robaron un terreno impresionante y el Poder Judicial no hizo nada”.

En medio del plan de ajuste que Milei califica como “el más grande de la historia de la humanidad”, el Gobierno decidió beneficiar al sector agroexportador mientras bloquea en el Congreso cualquier intento de recomposición para los jubilados. Cristina volvió a poner el foco en la incoherencia del discurso libertario: “No hay plata para nadie porque hay que cuidar el superávit fiscal… Sin embargo, en La Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores más poderosos”.

“Patria o Lamelas”

Otro de los tramos más filosos de su intervención fue su denuncia sobre la subordinación de la política exterior argentina. Cristina advirtió que Peter Lamelas, el embajador estadounidense propuesto por Donald Trump, actúa como “interventor” en el país. “Su misión explícita es vigilar a los gobernadores, frenar acuerdos con China y asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece”, ironizó.

“Hoy estamos transitando un intento de destrucción. Es un nuevo intento de destrucción de lo argentino y de subordinación total de nuestros intereses nacionales”, denunció la exmandataria, y remató: “Hace exactamente 80 años era Braden o Perón. Ahora es Patria o Lamelas. Lamelas. Casi, casi pornográfico”.

Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, acompañó el mensaje desde Hurlingham, donde encabezó un plenario de Fuerza Patria. En un tono igualmente combativo, señaló: “La Argentina es un territorio en disputa. ¿Quién carajo se cree que es ese señor? Acá el pueblo argentino vota. Acá, el pueblo argentino elige”.

Dólares al colchón y catástrofe económica

Finalmente, Cristina apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el fracaso de sus políticas: “Al Toto Caputo no le sale una. Nada de lo que dice se cumple. Iban a hacer que los argentinos sacaran los dólares del colchón. Sin embargo, los datos del BCRA muestran lo contrario: cada vez más argentinos compran dólares para guardarlos, no para invertir”.

Y advirtió sobre las consecuencias del modelo libertario: “Argentina cada vez debe más dólares y al mismo tiempo se fugan más dólares al colchón, a la caja de seguridad, al exterior. Dólares que se sustraen del crecimiento y desarrollo de la economía argentina. Una verdadera y auténtica catástrofe. Esto no termina bien”.

La postal que dejó la Exposición Rural de Palermo fue tan simbólica como brutal: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones a productos del agro, estalló en aplausos cuando el presidente Javier Milei confirmó que vetará el aumento de $22.000 para jubilados.

El discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo dejó una imagen que sintetiza con crudeza el rumbo económico y político del actual gobierno: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones para el sector agroexportador, celebró con igual entusiasmo que el Gobierno vete una ley que otorgaba un incremento de $22.000 a los jubilados y jubiladas del país.

Este doble aplauso —por el alivio fiscal al campo y por el ajuste a los sectores más vulnerables— es mucho más que una postal. Es una demostración contundente de hacia dónde se está reorientando el flujo de los recursos del Estado: desde los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trabajadores informales, hacia los sectores concentrados de la economía, particularmente los grandes productores del agro y los exportadores.

La ovación que delata prioridades

Durante su intervención en la Exposición Rural, Milei anunció la baja “permanente” de retenciones a productos clave del complejo agroexportador: soja, carne, maíz, sorgo y girasol. La medida fue recibida con una ovación por parte de los asistentes, representantes de uno de los sectores más privilegiados de la economía argentina.

Pero el segundo gran aplauso de la jornada fue aún más revelador: se produjo cuando el Presidente confirmó que vetará la ley sancionada por el Congreso que aumentaba el bono previsional de $70.000 a $110.000 y establecía un incremento del 7,2% en las jubilaciones mínimas, llevándolas de $309.000 a $331.000. Medidas urgentes en un contexto donde más del 70% de los jubilados no alcanza la canasta básica.

“El superávit fiscal es el ancla que nos lleva al futuro”, dijo Milei, y calificó la ley como un “tribuneo sensiblero financiado con el bolsillo ajeno”. Tildó a los legisladores que la impulsaron de “genocidas del futuro”, y nuevamente fue aplaudido de pie.

La números reales detrás del discurso oficial

La defensa del superávit fiscal como bandera del ajuste tiene, sin embargo, una lógica selectiva. El costo de la ley vetada, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representaba un 0,2% del PBI para lo que queda del año y un 0,41% anualizado. El bono previsional, por su parte, implicaba un costo de 0,12% del PBI. En total, el paquete significaba menos del 0,5% del producto anual.

Por otro lado, la baja de retenciones al agro representa un sacrificio fiscal de entre 0,1% y 0,3% del PBI, de acuerdo a distintos analistas económicos. En otras palabras, lo que el Estado deja de recaudar para beneficiar al sector más rentable del país, es casi idéntico a lo que se niega a invertir para mejorar los ingresos de quienes viven con lo mínimo en condiciones de supervivencia.

Lo mismo ocurre con otras políticas vetadas o eliminadas: la moratoria previsional (0,2% del PBI), las iniciativas vinculadas a personas con discapacidad (entre 0,22% y 0,42% del PBI) y programas sociales ajustados en nombre de la “racionalidad fiscal”.

Una transferencia de abajo hacia arriba

Lo que se está ejecutando no es solo un ajuste fiscal, sino una transferencia directa de recursos desde los sectores más pobres y dependientes del Estado hacia los más poderosos y concentrados de la economía. No se trata de una cuestión técnica, sino profundamente política y moral.

Mientras se niega una suma de $22.000 a jubilados que cobran menos que la canasta de pobreza, se otorga un alivio millonario a productores agropecuarios que exportan con ganancias en dólares. Según cálculos de economistas del propio sector, la baja de retenciones implica un alivio de US$ 40 por hectárea para los productores de soja que alquilan campo (dos tercios del total), lo que multiplicado por las 17 millones de hectáreas sembradas equivale a unos US$ 700 millones de transferencia fiscal. Ese monto es comparable, por ejemplo, al reclamo que la provincia de Buenos Aires mantiene ante Nación por la deuda de coparticipación.

¿Estímulo productivo o gesto electoral?

Desde el oficialismo se argumenta que esta baja impositiva busca incentivar la liquidación de divisas del campo para asegurar la estabilidad cambiaria de cara a los próximos meses, especialmente en el período electoral. Sin embargo, productores como Néstor Roulet admiten que, aun con la baja, muchos seguirán perdiendo dinero. Y algunos referentes del agro ya advierten que prefieren “cautela” antes que entusiasmo frente al anuncio.

En la práctica, la medida funciona más como un gesto político hacia el electorado rural y empresarial, que como una solución estructural para el sector. Al mismo tiempo, sirve como mensaje de disciplina fiscal hacia los organismos internacionales y el establishment financiero, en detrimento del 70% de jubilados que cobra por debajo de la línea de pobreza.

La escena en Palermo no fue solo una foto: fue un símbolo. El Presidente defendiendo el ajuste, atacando a los más débiles y premiando a los más poderosos. Y un auditorio celebrándolo.

Mientras los sectores concentrados del agro se benefician con la baja de impuestos, los jubilados —quienes trabajaron toda su vida y hoy apenas sobreviven— reciben un veto como respuesta. La dirección es clara: se está consolidando un modelo de país que invierte menos en derechos sociales y más en ganancias privadas. Que aplaude el ajuste abajo y premia el privilegio arriba.

Una redistribución al revés. Y lo más preocupante: con aplausos.

Un colapso inédito del sistema eléctrico dejó sin luz a cerca de 500 mil usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante la madrugada de este sábado. No hay explicaciones oficiales hasta el momento.

El apagón, que sorprendió a miles de personas en plena ola de frío invernal, se extendió por varias horas y afectó tanto a hogares como a servicios esenciales.

Lo más preocupante es que, hasta el momento, ni el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ni las empresas distribuidoras brindaron explicaciones oficiales sobre las causas del corte. La falta de información generó malestar e incertidumbre entre los usuarios afectados que deben afrontar tarifas cada vez mas onerosas y recibir un servicio ineficiente.

El episodio representa una falla sin precedentes en el suministro eléctrico durante el invierno, cuando la demanda energética aumenta significativamente por las bajas temperaturas. A pesar de la magnitud del corte, no se anunciaron medidas concretas ni planes de contingencia.

Este nuevo apagón vuelve a poner en foco la fragilidad del sistema eléctrico que comienza a sentir los efectos de la motosierra libertaria y la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades responsables.

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, fundada por Marcos Galperin, enfrenta un creciente malestar entre vendedores y usuarios por las elevadas comisiones que aplica en cada transacción.

Las quejas, que se repiten cada vez con más fuerza en redes sociales, denuncian que los cargos pueden superar fácilmente el 20% del valor de los productos, afectando seriamente la rentabilidad de quienes intentan comercializar a través del sitio.

El descontento volvió a cobrar fuerza luego de que la empresa anunciara una nueva medida que, a partir del 8 de julio, diferenciará los cargos por provincia según la alícuota de Ingresos Brutos de cada jurisdicción. Esta decisión implica aumentos de comisiones para vendedores de Córdoba, Santa Fe y Jujuy, y reducciones para otras cinco provincias. Lejos de calmar los ánimos, el anuncio profundizó la sensación de injusticia entre los comerciantes afectados.

“Te sacan todo”: el reclamo sostenido de los vendedores

Las críticas son cada vez más frecuentes y directas. En la red social X (ex Twitter), muchos vendedores relatan su experiencia. “¿Cómo no van a tener ganancias si se llevan como el 20% de comisión (o más) por cada venta?”, escribió el usuario @TheBairesMarket.

Otros van más allá, como @CosmelRA, quien afirma haber dejado la plataforma: “MercadoLibre va en declive. Alta comisión, casi el 20%, el envío demora cuatro días, y el valor de la venta se paga recién a los 25 días. Fatal”.

El problema no se reduce solo al porcentaje de comisión. Según explicó el usuario @GustriGol, la estructura de costos incluye además un cargo fijo por unidad, que agrava la situación especialmente para productos de bajo precio: “La comisión es de 15.5% y, si el producto cuesta menos de $33.000, se le suma un costo fijo de $2400 por unidad. Eso termina licuando cualquier margen de ganancia”.

Frente a este panorama, no son pocos los comerciantes que optan por migrar hacia otras plataformas de venta. “ML ya no sirve, se paga demasiado en comisiones. Por eso muchos están pasándose a marketplace, donde no se cobra comisión y se puede ofrecer mejor precio”, señaló el usuario @moriluir.

Una plataforma dominante que enfrenta críticas crecientes

Aunque Mercado Libre sigue siendo líder en el comercio electrónico regional, la acumulación de quejas por parte de sus propios vendedores plantea un desafío creciente. Las altas comisiones, la falta de alternativas y el poder de negociación asimétrico entre la empresa y los comerciantes están generando un clima de descontento que podría terminar empujando a muchos fuera del sistema.

Kristi Noem, llegará este domingo a la Argentina. tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con la ministra de seguridad Patricia Bullrich.

Este domingo aterriza en Argentina una figura central del ala más dura del trumpismo: Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) de Estados Unidos y una de las ejecutoras más férreas de la política antiinmigrante impulsada por Donald Trump. Noem, ampliamente conocida por su retórica xenófoba y su trato inhumano hacia los inmigrantes —especialmente los latinoamericanos—, mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Noem ha construido su perfil político en torno a una narrativa de criminalización de los migrantes, promoviendo una política de deportaciones masivas, detenciones arbitrarias y vigilancia fronteriza extrema. Como jefa del Homeland Security, lidera las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dos organismos acusados por múltiples organizaciones de derechos humanos de violaciones sistemáticas contra personas migrantes.

En su cuenta de X (ex Twitter), Noem mantiene fijada una publicación de febrero en la que presume el lanzamiento de una multimillonaria campaña internacional que advierte a los migrantes indocumentados que serán expulsados de inmediato y se les prohibirá reingresar a Estados Unidos. “Esto sirve como una fuerte advertencia a los inmigrantes indocumentados criminales para que no vengan a Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y deportados”, afirma el mensaje, que finaliza con un agradecimiento explícito a Donald Trump.

Su visita a la Argentina no es casual: Noem estrechó lazos con Milei durante el encuentro que ambos mantuvieron en Mar-a-Lago, la residencia del magnate republicano. Ahora, el gobierno libertario busca reforzar vínculos con el ala dura del trumpismo, en línea con su agenda de seguridad y control migratorio. Bullrich, por su parte, intentará obtener detalles de las prácticas de vigilancia fronteriza estadounidenses, en momentos en que impulsa una política de “fronteras seguras” y militarización interna.

Kristi Noem tiene un largo recorrido en la política republicana: fue congresista, lideró la legislatura de Dakota del Sur, y gobernó ese estado antes de asumir en enero de este año como máxima autoridad del Departamento de Seguridad Interior. Desde entonces, su gestión ha estado marcada por medidas punitivas contra migrantes, redadas masivas y una retórica racista que estigmatiza a comunidades enteras.

Su visita se suma a una serie de desembarcos de figuras clave del entorno de Trump en Argentina. En abril llegaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Comando Sur estadounidense, Alvin Holsey. En mayo fue el turno del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Ahora, con Noem, se refuerza la sintonía entre el gobierno de Javier Milei y el trumpismo más radical, en una agenda que pone en riesgo los derechos humanos y refuerza políticas de exclusión.