Las políticas de ajuste del gobierno de ese país, coordinadas con el FMI, de incrementar un 33% el precio del diésel, como parte de una estrategia para reducir la presión de los subsidios sobre las finanzas públicas, derivaron en un violento estallido social.

Las trágicas consecuencias de las políticas de ajuste promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a golpear a África. En Angola, al menos 22 personas murieron y más de 1.200 fueron detenidas en solo tres días de protestas contra el aumento del precio del combustible. La medida fue adoptada por el gobierno angoleño como parte de un plan de reformas exigido por el FMI, orientado a reducir los subsidios estatales y “corregir” los desequilibrios fiscales del país.

El incremento del 33% en el precio del diésel, implementado con el aval del organismo financiero internacional, desató una grave crisis social. El sector del transporte, directamente afectado por la medida, fue el primero en reaccionar: la Asociación Nacional de Taxistas de Angola (ANATA) inició una huelga que rápidamente ganó apoyo popular. El aumento de las tarifas de los taxis tipo candongueiros duplicó los costos de traslado, disparando los precios de alimentos y bienes básicos, y afectando aún más el ya precario poder adquisitivo de la población.

Lo que comenzó como una protesta pacífica se transformó en una ola de disturbios tras la represión policial. La respuesta del gobierno fue violenta y masiva: además de los muertos y detenidos, se registraron al menos 197 heridos, mientras las movilizaciones se extendían desde Luanda a otras seis provincias. En un comunicado oficial, la administración de João Lourenço intentó justificar la represión acusando a los manifestantes de intentar desestabilizar el país.

Pero lo cierto es que la situación económica de Angola es crítica. Aunque el país es el tercer productor de petróleo de África y este recurso representa cerca del 90% de sus ingresos externos, la riqueza está concentrada en manos de elites político-empresariales. Más del 40% de la población vive en la pobreza, el desempleo supera el 30%, y el salario mínimo —de apenas 75 dólares mensuales— no alcanza para cubrir los costos básicos en las principales ciudades.

La supervisión del FMI en Angola ha implicado un paquete de reformas neoliberales que, como en tantas otras naciones del Sur Global, han significado recortes a subsidios esenciales, aumento de precios, privatizaciones y desprotección social. En este caso, las medidas pactadas entre el gobierno y el Fondo han intensificado la inflación, el desempleo juvenil (que supera el 50%) y el descontento generalizado.

Lejos de resolver los problemas estructurales de Angola, la intervención del FMI ha profundizado las desigualdades, generado violencia y socavado aún más la ya frágil estabilidad del país. Lo ocurrido es una nueva advertencia sobre los costos humanos de las políticas de austeridad impuestas desde fuera, sin considerar las realidades sociales de quienes más las sufren.

“Por favor, presidente Milei, transfiera la finalización de esta obra en Autopista RN19 y mantenga las rutas. Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti en una carta abierta dirigida al jefe del Estado difundida hoy.

Luego de un devastador accidente en la Ruta Nacional 19, en el que murieron cuatro personas —entre ellas tres menores—, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, lanzó un desesperado reclamo al presidente Javier Milei, exigiendo la reactivación de las obras paralizadas en esa carretera nacional.

A través de una carta pública, Benedetti apuntó directamente al Gobierno nacional:
“¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan y del egoísmo político de algunos funcionarios?”, escribió con indignación, denunciando el abandono del tramo que une Córdoba con Santa Fe.

El jefe comunal describió como “deplorable” el estado de un tramo de 63 kilómetros de la Ruta Nacional 19, paralizado desde que el Gobierno libertario suspendió toda obra pública. Por esa ruta transitan 15 mil vehículos diarios y, según Benedetti, los accidentes no dejan de aumentar. Solo en los últimos meses, el hospital municipal tuvo que atender a 63 personas heridas en choques ocurridos en los sectores inconclusos.
“El promedio es un accidente cada tres días”, alertó el intendente, y recordó que entre enero y julio ya se registraron cinco muertes.

El último siniestro, ocurrido en la madrugada del domingo entre El Tío y El Fuertecito, fue el detonante de su reclamo: un Volkswagen Bora embistió a un Fiat 147 donde viajaban seis personas. Cuatro de ellas murieron —tres eran niños— y otras dos resultaron gravemente heridas.
“Es muy doloroso despertarnos con noticias como las de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto? Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti conmovido.

El intendente radical, que días atrás ya había criticado abiertamente el ajuste libertario en una reunión con otros jefes comunales, volvió a poner sobre la mesa las consecuencias del recorte nacional.
“Votaron a Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, había dicho en ese encuentro, reflejando la tensión de gobernar en municipios donde el apoyo a Milei fue contundente —en Arroyito, por ejemplo, La Libertad Avanza obtuvo el 75% en el balotaje.

La situación no es aislada. Otros intendentes cordobeses también comenzaron a colocar carteles denunciando el abandono de las rutas nacionales, y la misma estrategia fue adoptada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A nivel nacional, los gobernadores comenzaron a presionar para modificar el reparto de fondos federales, con el cordobés Martín Llaryora participando activamente en alianzas regionales con sus pares de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Mientras el país discute el rol del Estado en la infraestructura vial, el drama se cobra nuevas víctimas. El conductor del Bora, un joven de 19 años, fue detenido por la Justicia. Pero para Benedetti y su comunidad, la verdadera responsabilidad recae en un Estado ausente que, por decisión política, condena a miles de argentinos a transitar rutas que matan.

Compañías líderes del sector alimenticio, bebidas, limpieza y artículos de tocador comenzaron a notificar a supermercados y comercios minoristas una nueva lista de precios con aumentos que oscilan entre el 3% y el 9%.

La reciente escalada del dólar en Argentina ya comenzó a impactar directamente en los precios de productos esenciales. Las principales empresas alimenticias del país decidieron aplicar aumentos de hasta el 9% en sus listas, medida que comenzará a sentirse en góndolas desde este martes. La suba del tipo de cambio —que en julio acumuló más del 13% y marcó nuevos récords— desencadenó una ola de actualizaciones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal.

El traslado a precios no se hizo esperar: compañías líderes del sector como Arcor, Mondelez y Unilever ya notificaron a supermercados y comercios minoristas los nuevos valores. En promedio, los incrementos van del 3% al 9%, dependiendo de la marca y el rubro. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que agrupa a los principales fabricantes del sector, oficializó los ajustes a través de nuevas listas enviadas a las grandes cadenas.

Subas diferenciadas según empresa y producto

Entre los aumentos más altos se encuentran los aplicados por Mondelez —que comercializa marcas como Milka y Oreo— con subas de entre el 7% y el 9%. Le siguen Unilever, con un incremento promedio del 8% en productos de limpieza y cuidado personal, y Softys, que trasladará un 7% en papel higiénico, pañales y toallas femeninas.

En el sector alimenticio, Arcor ajustará entre un 3% y un 5%, mientras que Mastellone (La Serenísima) lo hará en un 4% y Danone en 3,5%. Aceitera General Deheza y Cañuelas aplicarán subas del orden del 5%, y SC Johnson, dedicada a productos de limpieza del hogar, anunció aumentos del 7%.

Impacto directo en comercios de cercanía

Los comercios barriales también comenzaron a actualizar precios, con incrementos que ya alcanzan hasta el 8% en productos como cigarrillos, harinas, panificados y galletitas. Desde el sector supermercadista aseguran estar negociando con los proveedores para moderar los ajustes. “Se busca que los aumentos se acerquen al 5% y no al 10%”, reveló una fuente del sector.

En este contexto, una de las principales empresas alimenticias ya presentó listas con aumentos que van del 4% al 8%, confirmando que la tendencia alcista comienza a consolidarse en todos los canales de venta.

Para mantener el equilibrio fiscal y como condición para futuros desembolsos, le exigió al gobierno un súper ajuste extra sobre las jubilaciones, los subsidios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el rumbo del programa económico del Gobierno argentino y, a cambio de flexibilizar la exigencia de acumulación de reservas para todo 2025, reclamó un ajuste aún más severo en áreas sensibles del gasto público. En el reciente Staff Level Agreement (SLA) que acompañó el desembolso de USD 2.000 millones, el organismo endureció sus condiciones y pidió un recorte adicional en jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y subsidios energéticos, lo que implicará una poda aún más profunda en sectores vulnerables de la sociedad.

Sostenibilidad de la deuda

Para el año próximo, el FMI elevó la meta de superávit primario al 1,6 % del PBI (frente al 1,3 % previsto en abril), y planteó que, a partir de 2027, Argentina deberá alcanzar un superávit del 2,5 % del PBI para absorber el creciente pago de intereses y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Aunque el organismo reconoce avances en materia fiscal, advirtió que el riesgo soberano sigue siendo “alto” debido a la frágil posición de reservas, la elevada necesidad de financiamiento bruto y el acceso limitado a los mercados internacionales.

Ajuste previsional

En el terreno previsional, el FMI apuntó que, tras una caída del 28 % en 2024, el gasto en jubilaciones volvería a crecer alrededor del 6 % interanual bajo la fórmula actual. Por eso, reclamó una reforma estructural antes de diciembre de 2026 que simplifique el sistema previsional y alinee mejor los aportes con los beneficios. En el corto plazo, exigió que el Ejecutivo evite cualquier aumento no financiado y mencionó explícitamente el proyecto del Congreso para aumentar un 7 % los haberes y elevar el bono mínimo de $70.000 a $110.000, que el presidente ya anunció que vetará.

Motosierra a la AUH

Respecto a la AUH y las pensiones por discapacidad, el Fondo acordó con el Gobierno la implementación de controles más estrictos de elegibilidad. Para ello, se desarrollará un Registro Social Único que integrará distintas bases de datos sociales antes de diciembre de 2025. Esta medida apunta a reducir el universo de beneficiarios mediante la “mejora en la eficiencia” del gasto social, es decir, una depuración del padrón.

Tarifas y subsidios energéticos

En cuanto a los subsidios energéticos, el FMI exigió un ajuste adicional. A partir de junio de 2025, las tarifas de electricidad deberán aumentar mensualmente durante los siguientes 30 meses, con el objetivo de que se acerquen al “costo real“. Si bien el organismo reconoce que esta medida generará presión inflacionaria, la considera esencial para reducir los subsidios y aliviar la cadena de pagos del sector energético. Además, se impulsarán reformas para aumentar la competencia en el mercado mayorista y evitar atrasos entre las distribuidoras y CAMMESA, la empresa estatal encargada de la administración del sistema eléctrico.

En el plano financiero, el FMI indicó que el Tesoro deberá seguir convalidando tasas de interés “lo suficientemente altas” como para asegurar el rollover de la deuda en pesos. Aunque el Gobierno mantiene un buen nivel de depósitos en efectivo y ha logrado cierto orden en la curva de pesos, el Fondo advierte que la situación sigue siendo frágil. La deuda pública, según sus proyecciones, bajaría del 85 % del PBI en 2024 al 55 % en 2030, pero solo si se cumple estrictamente la consolidación fiscal requerida. Por eso, el informe concluye que la deuda argentina es “sostenible, pero no con alta probabilidad”.

Con estas nuevas exigencias, el FMI redobla la presión sobre el Gobierno en un contexto políticamente sensible. El alivio en materia de reservas viene acompañado de un pedido explícito de profundizar el ajuste sobre jubilaciones, AUH y subsidios, lo que tensiona aún más el delicado equilibrio entre la disciplina fiscal y la tolerancia social en un año electoral.

El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y reveló un patrimonio de $11.851 millones al cierre de 2024. El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Según la información oficial, Caputo duplicó su patrimonio en tan solo un año: a fines de 2023 había declarado $4.996 millones. Así, durante 2024 su riqueza creció un 137% en pesos y entre un 88% y 102% en dólares, dependiendo del tipo de cambio utilizado para el cálculo.

El ministro se posiciona entre los tres funcionarios más ricos del gabinete, solo por detrás del canciller Gerardo Werthein y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Bienes en el exterior

La mayor parte de la fortuna de Caputo se encuentra fuera de Argentina:

• $5.937 millones están depositados en cuentas bancarias en el exterior.
• $1.870 millones corresponden a su participación en la compañía Ancora Investments, también radicada fuera del país.

En total, $7.807 millones —más del 65% de su patrimonio— están fuera de la Argentina. En contraste, sus cuentas bancarias en el país suman solo $2,1 millones y poco menos de un millón de pesos en dólares.

Propiedades, vehículos y sociedades locales

Caputo también declaró múltiples propiedades:

• Dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires.
• Un extenso campo en Santiago del Estero.
• Lotes en Benavídez y Pilar (provincia de Buenos Aires).
• Una casa en Villa La Angostura (Neuquén) y tres cocheras.

En cuanto a vehículos, informó la posesión de tres camionetas, un yate, un gomón y un cuatriciclo Yamaha.

En el plano societario local, declaró participaciones en las firmas Sacha Rupaska SA, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico SA, así como inversiones en fondos comunes.

Declaración fiscal vs. valor real

Es importante aclarar que estos montos no reflejan necesariamente el valor de mercado de los bienes, ya que por ley deben declararse a su valor fiscal, lo que muchas veces representa cifras considerablemente menores. Por ejemplo, el cuatriciclo Yamaha está valuado oficialmente en apenas $24.600.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, producto de la contracción sostenida, el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

La Unión Industrial Argentina (UIA) lanzó una grave advertencia sobre el deterioro acelerado del aparato productivo nacional. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, en un contexto de contracción sostenida, marcado por el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

“La importación impacta, pero lo que más nos preocupa es la baja de la actividad”, subrayó Rappallini, al señalar que el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, está generando un deterioro estructural del sector manufacturero. Según la UIA, la combinación de ajuste fiscal, apertura comercial y caída del mercado interno está empujando a cientos de empresas a una situación límite.

Las cifras son elocuentes: las ventas en sectores como la construcción, el textil, el calzado y los cueros han caído entre un 15% y un 30%, mientras que algunos rubros como alimentos y farmacéutica apenas muestran repuntes marginales, insuficientes para revertir la tendencia general.

Ante este panorama, las empresas apelan a medidas de emergencia: reducción de jornadas laborales, suspensiones, pagos parciales de salarios y postergación de aportes patronales se vuelven prácticas extendidas para evitar cierres definitivos.

Rappallini también reclamó reformas laborales e impositivas urgentes para corregir distorsiones acumuladas durante décadas y permitir que las empresas puedan sostenerse en un entorno competitivo. “Desde abril los números están amesetados, pero eso no significa que estemos mejor”, remarcó.

Con una industria paralizada, pérdida de empleos y sin señales claras de reactivación, la UIA endurece su postura frente a un modelo económico que, advierte, pone en riesgo el futuro del trabajo y la producción nacional.

El sector gastronómico argentino atraviesa una fuerte crisis equivalentes a las del 2001 y la pandemia en plena cuarentena. Crecen los cierres de restaurantes en todo el país y la caída del consumo y la falta de turismo golpea fuerte a zonas.

El sector gastronómico argentino atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La recesión económica, la abrupta caída del consumo y la ausencia de turismo —tanto nacional como extranjero— han provocado el cierre de al menos 100 restaurantes en los últimos meses en todo el país, una cifra que ya supera el peor momento de la pandemia y deja atrás incluso la crisis del 2001.

Los barrios más afectados son aquellos históricamente asociados al turismo y la gastronomía de alto nivel: Palermo, San Telmo, Puerto Madero y Recoleta. Allí, las ventas se desplomaron hasta un 30%, según datos de la Cámara de Restaurantes. El golpe es tal que incluso locales con estrellas Michelin han tenido que bajar la persiana.

“El sector acumula una baja del 55% en su facturación en el último año y medio. Esta crisis es más profunda y más prolongada que la del 2001. En aquel momento, la reactivación llegó rápidamente con el turismo. Hoy no tenemos turistas ni nacionales ni internacionales. Desde marzo, la caída se acentuó drásticamente”, explicó Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes, en diálogo con el portal BAE Negocios.

Entre los establecimientos cerrados se cuentan lugares emblemáticos como The Coffee Town del Mercado de San Telmo, Franca y Sal (ambos con estrella Michelin), La Locanda de Recoleta, Ya Cabrón de Palermo, Citadino de Parque Patricios, Amador, Green Bamboo, Sede, Manhattan Club Grand Café y el tenedor libre Gourmet Porteño, entre muchos otros.

Costos desbordados y consumo en caída libre

A los alquileres impagables y el derrumbe de la demanda, se suman los aumentos exponenciales en servicios: “Pasamos de pagar $600.000 a más de $5 millones en luz. La actividad ya no da para sostener esos costos”, afirmó Yanelli.

Según un estudio de la consultora Kantar, el 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer afuera, y en los sectores socioeconómicos más bajos (D1-D2) la caída llega al 85%.

La recesión no solo golpea a los empresarios: los mozos ven desplomarse sus ingresos por propinas, que en muchos casos pasaron del tradicional 10% a apenas un 3% o 5% del valor del ticket. “Cuando cae la facturación, las propinas caen en la misma proporción”, señaló el gerente de un restaurante tradicional.

Estrategias de supervivencia

En este contexto crítico, algunos locales intentan resistir con promociones agresivas y estrategias de ajuste. Desde menús ejecutivos tanto al mediodía como por la noche, hasta platos grandes para compartir o combos semanales con precios populares, la prioridad es mantener el flujo mínimo de comensales. Los bodegones y pizzerías de precios accesibles, por ahora, son los únicos con algo de oxígeno gracias a su propuesta más económica y popular.

Aún así, la incertidumbre domina el panorama. “No vemos señales de mejora a corto plazo. Hay mucha expectativa puesta en las elecciones, pero necesitamos un cambio estructural urgente. Esta situación es insostenible”, concluyó Yanelli.

La transmisión en vivo de la expedición científica del CONICET superó los 52 mil espectadores en simultáneo, mientras que la charla del Presidente con Fantino en Neura apenas llegó a 20 mil.

Mientras el gobierno nacional impulsa el desmantelamiento del CONICET, el organismo científico público logró un hecho contundente: su transmisión en vivo desde el fondo del mar fue lo más visto del país en plataformas digitales, superando no solo a todos los canales de noticias tradicionales —TN, C5N, A24 y La Nación+— sino también a la entrevista del presidente Javier Milei en Neura Media.

Según datos del ranking de audiencias de YouTube obtenidos por Noticias Argentinas, el streaming de la expedición “Talud Continental IV”, organizada por el Schmidt Ocean Institute con participación del CONICET, alcanzó un pico de 51.821 espectadores en vivo, ubicándose en el primer lugar de visualizaciones simultáneas en el país.

Muy por detrás, TN quedó segundo con 51.251 espectadores, seguido por C5N con 36.157. Más abajo, la entrevista de Milei con Alejandro Fantino en Neura Media apenas alcanzó los 25.391, mientras que La Nación+ sumaba 20.211.

La expedición, que explora la biodiversidad del cañón submarino frente a Mar del Plata, no solo generó un interés masivo por su contenido científico, sino que provocó un debate en redes sobre las prioridades del público frente a la constante cobertura política de los grandes medios y la narrativa oficialista.

En plena ofensiva contra la ciencia y los organismos públicos de investigación, la sociedad eligió mirar hacia otro lado: hacia las profundidades del océano, donde un grupo de científicos argentinos investiga y divulga conocimiento desde lo público. Una clara señal de que la ciencia, lejos de estar en retirada, sigue despertando vocaciones, admiración y, ahora también, récords de audiencia.

El Presidente aseguró que detrás de la suba del dólar hay una confabulación liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y secundada por el kirchnerismo y el sistema bancario.

La disparada del dólar de las ultimas jornadas volvió a poner en evidencia la inestabilidad económica que atraviesa el país, pero también provocó un estallido de furia por parte del presidente Javier Milei, quien responsabilizó a aliados, opositores y referentes internacionales en un discurso cargado de acusaciones, desconfianza y enojo.

Durante una entrevista radial y en una exposición en el canal Neura, el mandatario buscó minimizar la corrida cambiaria con gráficos y explicaciones técnicas en un estado de notable nerviosismo, pero terminó perdiendo los estribos. Su blanco principal fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de ser la responsable directa de la escalada del dólar por haber habilitado la sesión del Senado en la que la oposición logró revertir vetos clave y avanzar en iniciativas contra el ajuste oficial.

Además de culpar a Victoria Villarruel por la suba del dólar, Milei también responsabilizó al premio nobel de economía, Joseph Stiglitz pic.twitter.com/GmPKlin0dn

— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 1, 2025

“La traidora generó ruido y habilitó una corrida”, lanzó Milei, visiblemente alterado, al referirse a Villarruel. Consideró que su accionar fue “un ataque” al Gobierno y lo vinculó directamente con la caída en la demanda de dinero: “Lo hace justo cuando estamos mudando el balance del Banco Central”.

Milei fue más allá: calificó la sesión legislativa como “una estafa” y acusó a Villarruel de haber sido “cómplice” de una maniobra que puso en riesgo el equilibrio fiscal. “En ese mes se armó un bolsón de liquidez. Y en ese mes, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso habilitó una corrida. Un ataque especulativo”, insistió.

Javier Milei ahora culpó a "la traidora" Victoria Villarruel por el aumento del dólar: "Habilitó una corrida" pic.twitter.com/gRlgjakSUn

— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 1, 2025

Continuando con la búsqueda de chivos expiatorios, el Presidente también dirigió sus ataques al kirchnerismo, al que acusó —sin ofrecer pruebas— de “jugar sucio” y promover un colapso económico. Y sumó a la lista de enemigos al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, luego de que este advirtiera que el acuerdo con el FMI dejaría a la Argentina “a las puertas de otra crisis”.

“Mandaron a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis”, dijo Milei, en una declaración que expone el tono virulento con el que enfrentó las críticas y el contexto adverso.

Pero la catarata de acusaciones no terminó allí. También apuntó contra el sistema financiero, y en particular, contra “dos bancos” que —según él— están involucrados en una operación para desestabilizar su plan económico. Afirmó que tras la eliminación de las LEFI, algunos sectores “dinamizaron una corrida” y denunció una presunta alianza entre entidades bancarias y dirigentes opositores.

“Están armando una operación para hacernos fracasar”, aseguró en diálogo con Radio Mitre, y calificó la nueva ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso como “golpista” y “desestabilizadora”.

El estallido emocional de Milei refleja la tensión extrema dentro del propio oficialismo y pone en evidencia la creciente fragilidad política de su gestión, justo cuando la economía muestra signos crecientes de desconfianza.

En medio de una nueva disparada del dólar que puso al Gobierno contra las cuerdas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a intervenir: aprobó la primera revisión del acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina y autorizó el giro inmediato de USD 2.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

El Directorio del organismo se reunió este jueves para debatir el desempeño del programa, y aunque marcó el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas (RIN), consideró que la implementación del plan económico fue “sólida”. Según el comunicado oficial, se valoraron las políticas “adecuadamente restrictivas” aplicadas por el Gobierno de Javier Milei, que facilitaron —según el Fondo— una transición hacia un régimen cambiario más flexible.

El desembolso aprobado equivale a 1.529 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), elevando el total transferido bajo el acuerdo a unos USD 14.000 millones. El programa, de 48 meses de duración, contempla un acceso total de USD 20.000 millones.

Incumplimientos y advertencias

Si bien se incumplió la meta de acumulación de divisas a mediados de junio, el FMI destacó que se cumplieron otros criterios clave y que se adoptaron medidas correctivas. Aún resta confirmar si el organismo otorgó un “waiver” (exención) por esa falta, algo que se sabrá una vez se publique el informe técnico (“staff report”), previsto para este viernes, también alertó por la persistencia de tasas de interés elevadas.

Dólar, reservas y reformas

Georgieva también advirtió sobre la necesidad de preservar la flexibilidad cambiaria y continuar reconstruyendo reservas internacionales. En un llamado a la prudencia, señaló que se requiere una mayor claridad sobre el régimen monetario a mediano plazo y pidió continuar optimizando la gestión de liquidez para mitigar la volatilidad financiera.

Finalmente, la titular del FMI instó a avanzar en una reforma laboral, atraer inversiones extranjeras y profundizar la desregulación económica. En un contexto de alta fragilidad, destacó que será clave sostener el consenso político y social alrededor del programa económico con medidas focalizadas de contención social