La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió al líder del gremio transportista para dialogar sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias que beneficiará a más de 130 mil trabajadores.
El próximo martes 25, la Cámara baja buscará darle media sanción al Presupuesto 2023, al que recientemente -a partir de un acuerdo entre Camioneros y el Ministerio de Economía- se le incluyó una modificación sobre el Impuesto a las Ganancias que establece la exención de los adicionales al salario básico de los transportistas terrestres para el pago del tributo, en beneficio de más de 130 mil trabajadores.
De esta manera, Camioneros logró dar respuesta a un reclamo histórico, ya que era el único gremio de transporte hasta el momento que tributaba Ganancias sobre comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo.
También participaron del encuentro, del Ministerio de Economía: Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Nicolás Aliano, jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; los diputados nacionales Paula Penacca y Hugo Yasky; y de Camioneros: Oscar Pérez, Sergio Sánchez, Carlos Zolezzi, José Luis García y Oscar Borda.
En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a la senaduría nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA.
La ley que declara al exsenador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Bullrich como Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires fue promulgada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.
La iniciativa del senador provincial Juan Pablo Allan (Juntos) destaca la trayectoria política del también exministro de Educación de la Nación y su compromiso y esfuerzo para lograr avances en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece.
En ese sentido, la propuesta destaca que Bullrich “batalló por sus principios e ideales de forma contundente en todos los espacios donde se ha desempeñado; sin embargo, es probable que su mayor batalla sea la que comenzó a librar hace poco tiempo contra una enfermedad muy compleja llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”.
“Nuestro país no cuenta aún con una base abierta, oficial y sólida de pacientes que padecen esta enfermedad y, sin datos, la posibilidad de crear políticas públicas que garanticen el derecho de los pacientes y la posibilidad de que puedan acceder a tratamientos, resulta utópica”, agregó, y subrayó la importancia del trabajo iniciado desde la Fundación Esteban Bullrich.
El proyecto se aprobó en la Cámara de Senadores en mayo pasado y se convirtió en Ley el mes pasado en Diputados.
En aquel momento Allan consideró que “Esteban Bullrich tiene todos los merecimientos para ser declarado con el máximo reconocimiento de la provincia de Buenos Aires”.
Además, enumeró su trayectoria en la vida política y la decisión de crear una fundación para atender a quienes sufren la misma enfermedad.
En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a la senaduría nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA.
Ante un pedido del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de incluir al Poder Judicial dentro de Ganancias, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación salió al cruce.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, se declaró en estado de “alerta y movilización” en todo el país en rechazo a “la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que el salario no es ganancia”.
Piumato sostuvo que “el problema de la Argentina no son los trabajadores ni quienes abonan Ganancias sino la usura financiera que saquea la riqueza y el futuro”.
En tanto, Casaretto recordó en su argumentación que la discusión de este tema “surgió en la década del ’30, cuando la Corte Suprema de entonces, que había declarado constitucional el Golpe de Estado de 1930, había resuelto que tenía que pagarlo toda la sociedad, menos ellos”.
“Se siguió sucediendo con el tiempo, y cuando ese impuesto a los réditos cambia, en la década del ’70, se dispuso que estuvieran exentos tres ítems: jueces, legisladores y jueces y legisladores jubilados”, continuó.
Casaretto prosiguió: “En 1996 este Congreso derogó esos tres artículos, con promulgación el 26 de marzo de ese año; y muchas cosas demoran muchos años en la Justicia, pero está no, porque el 11 de abril, dos semanas después, firman una acordada por la cual declaran inaplicable esa ley”.
“Y lo hicieron en relación a los jueces y a los jueces jubilados, o sea que, todos los demás, de vuelta a tener que pagar, menos ellos. De hecho a partir de ese momento, los legisladores activos y jubilados comenzaron a pagar, y hoy pagamos”, precisó.
Para clarificar, añadió: “Hoy el Poder Ejecutivo, paga; los legisladores, pagamos; y los jueces no lo hacen. Porque ellos, con esa Corte presidida por Julio Nazareno (en los ’90, durante el Gobierno de Carlos Menem), dispusieron que no se hiciera”.
“Volvió a discutirse en 2016, alguno de los acá presentes votó una ley, que dispuso que comenzaran a pagar los designados de 2017 en adelante; pero sobre eso la política aplicó cautelares y no pagó ninguno”, advirtió.
En la cronología mencionó que “el tema volvió a aparecer en octubre de 2018 durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019; y allí el diputado (Nicolás) Massot (entonces presidente del bloque PRO) pidió junto a otros colegas que se tratara este tema”.
“Se obtuvieron tres cuartos de los votos para tratar el tema (mayoría especial requerida) pero cuando se llegó al momento de considerarlo, Massot dijo ‘estamos todos de acuerdo’ en tratarlo; y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (también del PRO), le respondió: ‘Estamos todos de acuerdo en tratarlo, pero no en esta sesión, en la sesión siguiente'”, relató.
“Todavía estamos esperando”, remató Casaretto ante ese análisis que finalmente nunca llegó.
“Dos semanas después la Corte falló, rechazó las cautelares y mandó a pagar a los jueces que no lo habían hecho, por lo que, durante casi dos años no habían cumplido la ley, y allí lo empezaron a hacer”, añadió.
En pleno debate del Presupuesto 2023 el oficialismo decidió incorporar un artículo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias.
El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió el jueves incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se estima que se podrán sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), quien señaló que “hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”.
“Cuando uno mira en detalle el presupuesto se encuentra con un rubro, que es importante, controvertido, a lo largo de los años, y que creo que hay que modificar en esta oportunidad”, lanzó el entrerriano como introducción.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año pagaran Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta ese impuesto de sus haberes.
El artículo incorporado ahora fija que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
El diputado oficialista dijo que en 2022 el Estado no recaudará “129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”.
En relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos.
“Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan”, agregó.
Casaretto señaló que quienes “tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial”, en referencia al argumento de los magistrados para que sus ingresos no se vean depreciados, dado que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada.
“Claramente yo no coincido con esta exención; de hecho el año pasado presenté un proyecto de ley en el cual me acompañaron unos cuarenta colegas, esencialmente de mi bloque, y que diputados aquí presentes han sido parte de la discusión”, remarcó.
El lanzamiento del bono fue confirmado este jueves por la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el próximo lunes comenzará la inscripción del Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos de 45 mil pesos , que se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre.
El lanzamiento del bono fue confirmado este jueves por la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa, que se reunieron para coordinar la implementación del refuerzo.
Inscripción
La inscripción es personal.
La inscripción podrá realizarse sin turno a partir del próximo lunes 24 de octubre en todas las oficinas de la Anses.
La inscripción también podrá hacerse en forma online a través de www.anses.gob.ar.
El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.
Requisitos
Para acceder al Refuerzo Alimentario se debe tener entre 18 y 64 años
No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo
No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra)
No contar con Obra Social o Prepaga.
Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.
“Con la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre”, detalló Massa en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Y añadió: “Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de Anses, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI”.
La comisión de Presupuesto y Hacienda incorporó algunas modificaciones solicitadas por legisladores de distintos bloques parlamentarios, sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2023. El proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto.
Luego de un cuarto intermedio, se reanudó el debate del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración nacional para el Ejercicio Fiscal 2023, y al respecto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Carlos Heller (FdT), señaló: “Vamos a proponer una serie de modificaciones a determinados artículos que componen el proyecto de ley”.
“Articulo 11, modificaciones sobre adquisición/realización/asignación de obras; Art. 13, sobre los recursos al Ministerio de Educación; Art. 17 sobre conservación y protección de los bosques nativos; Art. 61, donde se agrega el fideicomiso de fortalecimiento del sistema nacional de aeropuertos; Art. 81 Referido al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, estableciendo la suma de 85 mil millones de pesos como piso; Art. 83 sobre asignaciones para la provincia de Rioja; eliminación del texto original enviado por el Poder Ejecutivo el Art. 88 referido a Aerolíneas Argentinas; Art. 90 respecto a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima); y Art. 96, sobre regularización de deudas del Estado”, detalló .
Además, el diputado oficialista explicó que, con estas consideraciones detalladas, se “busca interpretar principios de acuerdo de texto para buscar el apoyo mayoritario”.
Por su parte, el diputado del Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori, se refirió a las obras de la provincia Misiones y, en ese sentido, pidió “la incorporación de la Zona Aduanera Especial para Misiones”.
Respecto a la educación, la diputada Susana Landriscini (FdT) propuso “aumentar los montos para las becas Progresar”; mientras que su par oficialista José Luis Gioja pidió “incrementar el Fondo nacional de incentivos docentes para las provincias”.
Desde Evolución Radical, la diputada Danya Tavela mencionó algunas consideraciones propuestas por su bloque: “Agregar en el Art. 6 sobre congelamiento del empleo público, un ítem que indique que esos informes se remitan al Congreso; la ampliación de las becas Progresar; y la reformulación del Art. 96 vinculado a las retenciones, entre otras”.
En otro orden, el diputado Marcelo Casaretto (FdT) explicó: “Hice un pedido de incorporación, dentro el proyecto de Presupuesto, de un artículo referido a la eliminación de la exención del pago de impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial”. “Creo que hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”, consideró.
A su turno, el diputado del Pro Luciano Laspina, se refirió a la postura de su bloque e interbloque, y en ese sentido, detalló algunas consideraciones: “Pedimos la incorporación de una cláusula gatillo respecto a la inflación del próximo año; queremos garantizar que las retenciones no van a subir; y pedimos el congelamiento de la planta de personal del Estado”.
Luego, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López consultó por una propuesta de los legisladores de Tierra del Fuego, respecto a “un aumento a los impuestos internos a bienes electrónicos”, y ratificó: “Nosotros estamos en contra de subir impuestos”.
En otro sentido, el diputado de la UCR Lisandro Nieri apoyó la propuesta del diputado Casaretto (FdT) para que el Poder Judicial pague Ganancias: “Habría que instrumentarlo con todos los resguardos para que, efectivamente se pueda hacer, ya que han existido muchos intentos de avance y, lamentablemente, después se retrocede”.
Además, la diputada Paula Penacca (FdT) pidió incorporar en el dictamen “la creación de la tasa de seguridad de aviación”.
A modo de cierre, el presidente del bloque del Frente de Todos, diputado Germán Martínez, se refirió a “los atributos que tiene este proyecto”, y ponderó: “Hoy tenemos un dictamen que es mejor al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo; es superador”. “Los pedidos de incorporaciones le dan al Presupuesto una diversidad de miradas”, subrayó.
Finalmente, el diputado Carlos Heller (FdT) detalló algunas de las incorporaciones que surgieron del debate: “Se enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo para el cuarto trimestre, si llega a surgir alguna modificación respecto a la meta anual planteada por el Presupuesto; se agregan ampliaciones de partidas en distintos rubros; se incrementa el Fondo para la provincia de Rioja; se modifica la exención del pago del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial; y se crea la tasa de seguridad de aviación; entre otros”.
La causa que investiga transferencias por cerca de 8 millones de pesos de parte de dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos a la agrupación vinculada al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó este jueves las oficinas de los fideicomisos de Caputo Hermanos, de la familia del ex ministro de Finanzas del macrismo Luis “Toto” Caputo, en el marco de la causa que investiga las amenazas y los mensajes violentos contra Cristina Kirchner difundidos en redes sociales por la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.
Según la investigación judicial, el líder de Revolución Federal Jonathan Morel, su expareja y su socia en la carpintería que tiene en Boulogne, recibieron entre diciembre de 2021 y agosto de este año transferencias por cerca de 8 millones de pesos de parte de dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos.
Actualmente, los abogados de CFK analizan la hipótesis de un posible vínculo entre Revolución Federal y el atentado contra la vicepresidenta, dados los contactos entre ambos grupos y la confluencia de sus objetivos y amenazas.
Por eso, esta semana CFK se presentó como querellante en la causa que investiga las amenazas proferidas por la organización de ultraderecha, pedido que fue aceptado este miércoles por el juez que instruye la causa, Marcelo Martínez de Giorgi.
Según Claudio Ubeira, abogado de Cristina, es necesario que se investigue el financiamiento de Revolución Federal dado que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo “no son una casualidad”.
“Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den”, opinó Ubeira en declaraciones radiales.
Se trata de uno de los hombres cercanos a Alberto Fernández, era presidente del Banco Nación, pero fue reemplazado por Silvina Batakis.
Eduardo Hecker fue designado director del Banco Central en reemplazo de Claudia Berger, quien no fue ratificada en el cargo. De esta forma, pasa a integrar parte del directorio luego de que lo hayan removido de forma sorpresiva de su puesto como presidente del Banco Nación en julio, para ser sucedido por Silvina Batakis.
Hecker fue nombrado a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial esta madrugada. El cargo, que será “por un período de ley que vencerá el 23 de septiembre de 2028”, pertenece a un nombramiento “en comisión” hasta que el Senado preste acuerdo para la misma.
En el decreto, el Poder Ejecutivo recordó que en diciembre de 2019 se designaron en comisión directores del Banco Central al licenciado en Administración Alberto Biagosh, al licenciado en Economía Claudio Golonbek y a las abogadas Claudia Berger y Betina Stein.
El mes pasado, se ratificó en el cargo como presidente de BCRA a Miguel Ángel Pesce hasta el 23 de septiembre de 2028.
La AFIP recibió la información en el marco del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes que se aplica en más de 100 países.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir de la utilización de herramientas de intercambio automático de información financiera, detectó a un contribuyente que ocultó 3.500.000 de euros en 3 cuentas abiertas en un banco con sede en Países Bajos, en las que depositó los ingresos obtenidos por su actividad en el exterior desde 2015 a la fecha.
La AFIP recibió la información en el marco del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes que se aplica en más de 100 países.
El mecanismo dispuesto por el Estándar Común de Reporte (CRS) fue elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El monto evadido en el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales es de casi $30 millones, a los que deberán adicionarse los intereses y multas correspondientes.
En 2016 el contribuyente había declarado solo una cuenta en el exterior pero luego la AFIP detectó tres cuentas más sin declarar, por lo que perdió todos los beneficios del Sinceramiento Fiscal.
Además, la AFIP constató que tampoco abonó el Aporte Solidario y Extraordinario y por ello le corresponde un ajuste de otros $10 millones.
Cabe destacar que durante 2022 la AFIP envió notificaciones a unos 2.500 contribuyentes con presuntas cuentas en el exterior sin declarar, en la búsqueda de incrementar la percepción de riesgo en los segmentos de la población con mayor poder adquisitivo para que estos ingresen los tributos correspondientes.
El principal detenido por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner nombró a un militante vinculado a Milei para que le designe un nuevo abogado.
“Dejo librado a Hernán Carrol la posibilidad de que elija al nuevo defensor”, escribió Sabag Montiel en una carta destinada a la jueza María Eugenia Capuchetti. Se trata del precandidato a concejal distrital por La Matanza en 2021 en la boleta de Avanza Libertad, que encabezó el economista y hoy diputado José Luis Espert, junto con Carolina Píparo.
De esta manera, se prendieron todas las alarmas en torno al militante libertario vinculado con José Luis Espert y Javier Milei.
A través de una carta escrita de puño y letra, con su firma y hasta una huella digital, el detenido por el atentado a Cristina Kirchner pidió que se aparte al abogado oficial Juan Martin Hermida para que el referente del espacio Nueva Centroderecha, sea la persona que le elija y le designe un nuevo abogado.
El imputado por el intento de magnicidio, se negó a declarar en dos ocasiones y, en una tercera ocasión, habló ante la jueza y el fiscal. En ese momento, se mostró desconectado con la realidad y solicitó que identifiquen al hombre que lo golpeó cuando lo detuvieron tras los disparos fallidos.
Luego, se negó a hablar sobre la noche del 1 de septiembre e indicó él era “el hombre gris”, en referencia a unos escritos de Benjamín Solari Parravicini, según informó La Nación.
Durante ese intercambio con la jueza federal María Eugenia Capuchetti, Sabag Montiel dejó claro que Hermida no era quien él quería como abogado. “Yo no quiero a este defensor. Yo quiero a Luciani”, le dijo a la magistrada.
Ante eso, le explicaron que Diego Luciani no se ocupa de defender, sino de acusar, pero insistió: “Quiero a Luciani”.
