El ministro Juan Bautista Mahiques consiguió que Javier Milei autorice el envío de cerca de 60 pliegos de jueces al Senado para su tratamiento en la comisión de Acuerdos. Entre ellos figura el de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. Se trata de una postulación que, como muchas otras, había permanecido sin avances durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La promoción de la esposa de Martínez de Giorgi se conoció este lunes, en simultáneo con la presentación que realizaron en el Palacio Talcahuano los ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— de un proyecto para modificar el reglamento de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. Una coincidencia llamativa, que podría interpretarse como un intento de tomar distancia de un escándalo que ya consideraban inevitable.

Entre los pliegos también se incluyó el del padre del propio Mahiques, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques, quien había accedido a ese tribunal durante el macrismo y ahora obtuvo de Milei una prórroga excepcional para continuar cinco años más en el cargo, incluso después de cumplir los 75 años, edad en la que corresponde la jubilación obligatoria.

A esto se suma la aparición del nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, en la lista de postulaciones enviadas al Senado, aunque al cierre de esta nota su pliego aún no había ingresado formalmente. “Llega el martes”, señalaron desde el oficialismo. Rosatti hijo fue propuesto para un tribunal oral federal en la ciudad de Santa Fe, provincia de origen del titular del máximo tribunal. En tanto, Ana Juan fue postulada para el juzgado federal de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.

Karina Milei borró a Manuel Adorni del festejo con rasgos monárquicos de su cumple en Casa Rosada luego de la aparición de nuevas revelaciones escandalosas sobre el patrimonio del jefe de gabinete. Ahora se descubrió que tiene a su nombre un departamente en Caballito que misteriosamente compraron dos jubiladas y luego se lo vendieron con un préstamo.

Capítulo aparte para la hermana del presidente hizo que la orquesta de Granaderos le tocara tres temas de ABBA en el Patio de la Palmeras, siemplemente porque era su cumpleaños. Se la vio rodeada de los funcionarios de mayor confianza y no apareció Adorni. “Fin”, diría un funcionario enriquecido gracias a la administración pública.

Del encuentro también participaron del cumple Diego Santilli y Patricia Bullrich, que le regaló un amplio bolso de cuero a Karina de la marca Ginger, cuyos precios rondan los 400 mil pesos. La casta no tiene miedo.  

Las cinco fuerzas federales protagonizarán el próximo 2 de abril una protesta inédita en reclamo por los bajos salarios. Será la primera vez que efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal se movilicen de manera conjunta. La convocatoria contempla un “abrazo solidario” en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

El malestar expone una fuerte contradicción con el discurso oficial: mientras el gobierno asegura “cuidar a quienes nos cuidan”, en los hechos los ingresos de muchos efectivos quedan por debajo de la línea de pobreza. Esa situación obliga a numerosos uniformados a buscar ingresos extra —como manejar Uber— para poder sostenerse a fin de mes.

A este escenario se suma la crisis de la obra social IOSFA, que agrava aún más el cuadro. Los efectivos habían sido incorporados al sistema de los militares, que quedó profundamente deteriorado durante la gestión del ex ministro Luis Petri, hasta un punto crítico que derivó en su virtual desmantelamiento. Posteriormente, el gobierno dispuso su división en dos nuevas entidades: OSFFESEG, destinada a las fuerzas de seguridad, y OSFA, para los militares. También se anunció la implementación de un plan básico de OSDE para gendarmes y prefectos, aunque su aplicación sigue siendo incierta.

En la práctica, muchos uniformados denuncian que hoy cuentan con una cobertura médica muy limitada o directamente inexistente. “Los grupos de WhatsApp están en llamas”, resumió un integrante de las fuerzas.

La política anti-inflacionaria del gobierno de Javier Milei parece haber encontrado un límite claro: hace meses que está en torno al 2/3% y no baja de ahí más allá del discurso libertario. Hoy, se confirmó que la nafta cuesta por encima de los 2000 pesos, lo que encarece todos los costos de la economía.

Según el gobierno, los incrementos se deben a la guerra en Medio Oriente, que disparó el precio internacional del petróleo. Ahora, el impacto puede estar claro para países que no producen petróleo. ¿Por qué Argentina tiene precios internacionales en su mercado interno si tiene yacimientos muy importantes?

El gobierno nacional tiene una política que va a contramano del mundo, donde se implementan políticas que protegen los mercados locales. Desde China hasta Rusia y Estados Unidos, más allá de diferencias geopolíticas. Solo Argentina mantiene una política que se desentiende de la actividad doméstica.

La más reciente medición de Atlas Intel refleja un marcado deterioro en la percepción del gobierno nacional. De acuerdo con el relevamiento, la desaprobación de la gestión de Javier Milei trepó por tercer mes consecutivo y alcanzó el 61,6%, el registro más alto desde el inicio de su mandato.

En paralelo, el nivel de aprobación descendió hasta el 36,4%, configurando su piso histórico, mientras que la evaluación negativa sobre el desempeño general del Ejecutivo también se profundizó por segundo mes consecutivo y ya supera a más de la mitad de la población (57,4%). Estos indicadores consolidan una tendencia de desgaste que se viene acentuando en los últimos meses.

Tras un repunte en febrero, impulsado por avances legislativos en el Congreso, la imagen presidencial volvió a retroceder en marzo, con una caída de dos puntos que interrumpe esa recuperación parcial. El cambio de tendencia sugiere que el impacto político de aquellas victorias parlamentarias fue transitorio frente a un contexto económico y social cada vez más exigente.

El estudio, además, se inscribe en un escenario donde las políticas de ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo comienzan a tener un correlato más nítido en la opinión pública. En ese marco, la caída en los niveles de aprobación y el aumento del rechazo aparecen como señales de alerta para un gobierno que, hasta hace pocos meses, lograba sostener mejores expectativas en amplios sectores de la sociedad.

Abril llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que volverán a golpear los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros rubros sensibles que inciden de manera directa en el costo de vida cotidiano.

Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, podría ubicarse a partir del 3% en marzo, luego del 2,9% de febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que el dato daría 2,5%, lo que marcaría una desaceleración leve pero aún insuficiente para recomponer el poder adquisitivo, especialmente en sectores que vienen acumulando fuertes pérdidas en los últimos meses.

En este escenario, comienzan a evidenciarse con mayor claridad las tensiones del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia de ajuste basada en la liberalización de precios, la quita de subsidios y la contracción del gasto público tiende a trasladar el peso de la estabilización a los ingresos de la población, sin mecanismos de contención que amortigüen el impacto social. Mientras, la inflación mensual sigue altísima, en torno del 3%.

A esto se suma que la dinámica de aumentos en servicios esenciales no parece acompañada por una mejora equivalente en salarios o ingresos, lo que profundiza la pérdida de poder de compra y enfría la actividad económica. Distintos analistas advierten que el esquema actual corre el riesgo de consolidar una estabilización “recesiva”, donde la baja de la inflación se logra a costa de una caída en el nivel de actividad, el empleo y el bienestar general. En ese marco, abril no solo llega con aumentos, sino también con interrogantes sobre la sostenibilidad social del rumbo económico.

La inflación esperada a nivel nacional para los próximos 30 días se ubica en torno al 4% según el promedio y en el 3% según la mediana, de acuerdo con el último relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella. En tanto, para los próximos doce meses, las proyecciones marcan un 33,5% en promedio y un 30% en términos de mediana.

Desde la institución señalaron que, a partir de mayo de 2023, incorporaron una medición específica sobre la inflación mensual esperada en el corto plazo.

“Esta pregunta registra una mayor tasa de respuesta que la inflación anual”, explicaron, y lo atribuyeron a que, en un contexto de alta incertidumbre, a los encuestados les resulta más accesible proyectar lo que ocurrirá en el corto plazo que anticipar escenarios a un año.

El escándalo patrimonial que envuelve a Manuel Adorni impactó de lleno en el núcleo del discurso oficial y dejó al descubierto una de sus principales debilidades: la inconsistencia entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre en la gestión.

Según un informe de la consultora Innova, el 70% de los encuestados considera que el jefe de Gabinete libertario es corrupto, un dato que refleja el nivel de desgaste que generó el caso. Por ahora Javier Milei está abrazo a su funcionario. Por ahora…

Pero Milei tiene un problema: el episodio repercute directamente sobre la imagen del mandatario, que ya venía golpeada por el escándalo del caso Libra, en el que quedaron salpicados el propio presidente y su hermana. En ese contexto, el 60% de los consultados cree que el gobierno es corrupto, frente a apenas un 30% que lo percibe como honesto.

El dato es especialmente grave porque erosiona uno de los pilares discursivos de La Libertad Avanza: la supuesta superioridad moral frente a la “casta”, y en particular frente al kirchnerismo. Lo que se presentaba como una marca distintiva empieza a desdibujarse, dejando al oficialismo expuesto a la misma crítica que construyó para atacar a sus adversarios.

Un informe del Grupo Atenas advierte que la caída de la actividad industrial ya provocó la pérdida de más de 100.000 empleos. A los 73.000 puestos formales directos, el estudio agrega unos 30.000 indirectos vinculados a insumos, servicios, logística, comercio y construcción.

El retroceso del sector manufacturero, además, no encuentra compensación en otras áreas, mientras que las encuestas empiezan a reflejar un cambio de clima social, con mayor demanda de políticas activas para apuntalar a la industria.

“El impacto excede el empleo directo: la industria dinamiza una extensa red de actividades. Cada nuevo puesto industrial pone en marcha una cadena productiva completa. Es un nodo clave dentro de la estructura económica”, señala el informe elaborado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli.

La pésima empresa de vuelos Flybondi abrió un plan de retiro voluntario para sus 1500 empleados. El empresario ultralibertario Leonardo Scatturice había prometido una inversión de 1700 millones de dólares para ampliar la flota hace tres meses. No solo no lo hizo en ese período sino que no lo hará nunca.

Scatturice había comprado Flybondi en junio de 2025, cuando los récords de impuntualidad y cancelaciones ya habían catapultado a la compañía entre las peores aerolíneas del mundo. Bajo su gestión la empresa siguió empeorando entrando en la crisis actual, que se agrava por la caída en los vuelos.

En diciembre, Flybondi había anunciado una inversión de 1700 millones de dólares para comprar 35 aviones a Boeing y Airbus. Buscaban consolidar “la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay, y una de las más relevantes en América Latina”.