El vocero del gobierno de Javier Milei, Adrián Ravier, se refirió a las pruebas educativas PISA que mostraron muy malos resultados para la Argentina en el período que va de 2022 a 2025. El funcionrio debió reconocer que la gestión libertaria ajustó sobre la educación pública.

“La educación es fundamental, pero sí, hemos tenido que hacer una reducción del gasto para lograr superávit fiscal”, aseguró Ravier.

Desde diciembre de 2023, cuando empezó la “motosierra” de Milei, el presupuesto en educación se redujo casi 50 por ciento, según un informe de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, que reveló además que el financiamiento para educación y cultura sufrió un ajuste mayor al del gasto nacional general y perdió participación en el PBI dentro del presupuesto total.

Según el estudio, tras una caída real de 43,2% en 2024 y 7,9% en 2025 (contracción real acumulada de 47,7% en el bienio 2024-2025), el presupuesto vigente proyecta una potencial nueva disminución de 12,7% para 2026, acumulando tres años consecutivos de retroceso.

El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en su propia narración por Malvinas. Mientras el Presidente anuncia que va a endurecer las sanciones contra las compañías que participan de la explotación británica de petróleo en las islas, su administración le concedió los beneficios extraordinarios del RIGI a un proyecto integrado por una petrolera… que opera en Malvinas. Así se hace difícil.

Se trata de Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, la sociedad que desarrolla uno de los principales proyectos de exportación de GNL del país.  El gobierno decidió darle beneficios impositivos extraordinarios.

Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional. El caso excede una contradicción política y abre un interrogante de naturaleza penal. La Ley 26.659 establece prohibiciones y sanciones para quienes participen de la explotación hidrocarburífera británica en la plataforma continental argentina. Por eso deberá determinarse si el Gobierno violó esa legislación al permitir la participación de Harbour en un proyecto estratégico y, sobre todo, al concederle indirectamente beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios mediante el RIGI. 

Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal. De funcionar con superávit en la gestión de Alberto Fernández a esta situación rodeado de escándalos y vaciamiento.

La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. Gallé es un dirigente libertario de mucha cercanía a los hermanos Milei.

La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

El canciller Pablo Quirno salió a defender al empresario ultramileista Eduardo Elsztain y aseguró que no es “un traidor” por tener acciones en la empresa más importante de las Islas Malvinas. ¿No habrá sanciones?

La polémica se armó cuando trascendió que el dueño de IRSA tiene parte del paquete accionario de Falkland Islands Company, una empresa estratégica en el manejo económico y político de las islas. Elsztain es el empresario que financió buena parte de la campaña del propio Milei y logró grandes negocios desde la llegada del libertario a Casa Rosada.

En las redes hubo muchos usuarios que salieron a pedirle al gobierno nacional que le aplique las sanciones anunciadas el jueves pasado por Javier Milei, que tiene una relación muy cercana con Elsztain. 

Quien salió a defender al dueño de IRSA fue el canciller Pablo Quirno. “Todo lo contrario a traidor…”, escribió el canciller, haciéndose eco de una polémica que no tenía nada que ver con el gobierno lo que hizo sospechar que quizás quiso amplificar el tema.

El presidente Javier Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego pero se olvidó de mencionar que el proyecto de base ya fue presentado por la administración de Alberto Fernández y dejó presupuesto para financiarlo. Fue Milei el que nunca ejecutó ese presupuesto.

Lo que no mencionó Milei en la cadena nacional donde cambió su postura sobre Malvinas es que la piedra inicial de la base en Tierra del Fuego fue en 2022 y parte de ese proyecto original iba a estar financiado por el FONDEF. Todo eso fue gestión de Alberto Fernández.

Cuando Milei asumió decidió no ejecutar el presupuesto asignao que hubiera hecho que la base estuviera en otro nivel de construcción en la actualidad. Por suerte, su posición cambió luego de la bandera de la selección argentina durante el mundial.

El presidente: Javier Milei dijo que él tiene su futuro asegurado dando conferencias y que si los argentinos no lo votan el año que viene se estarán “suicidando” como sociedad. Un mensaje con un sub texto derrotista que coincide con los problemas en el modelo económico y su caída en las encuestas, En 2019, cuando Mauricio Macri perdió por escándalo en las PASO presidenciales también se enojó con la gente que votó en contra y no reconoció sus “reformas”.

El presidente lanzó esa mirada apocalíptica en el cierre del evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro, evento al que eligió ir en lugar de participar de la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), con la que el Gobierno tuvo un choque frontal este miércoles. Hizo bien: en la UIA trataron al gobierno de “endeudador” y al ministro de Economía, Luis Caputo, de “trader”. Mejor no ir.

“No puede ser que nos traguemos todas las mentiras de este conjunto de delincuentes”, dijo en otro ataque a los periodistas. “Si la sociedad no nos vota, se está suicidando”, afirmó. Milei está enojado porque la gente no acepta su política económica que cada día genera cierra de empresas, despidos e ingresos que no sirven para cubrir los gastos de un mes.

Sacado, el presidente Javier Milei ordenó vaciar el acto por el Día de la Industria furioso porque el vicepresidente de la UIA dijo que el libertario no conoce el país y que Toto Caputo es un trader y un endeudador. Los industriales están furiosos con Casa Rosada porque su política económica puso al sector en crisis. Nunca antes, desde la salida de la convertivilidad, la industria estuvo tan mal, con porcentajes de capacidad ocupada tan bajos. Milei lo hizo.

El presidente ya había decidido no ir al acto de la Unión Industrial Argentina y también se había bajado el ministro de Economía, que está en Estados Unidos. Ambos venían con declaraciones picantes contra el sector y la recepción no iba a ser la más cálida.

Milei dispuso que el enviado del gobierno sea el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero a último momento le ordenó que no vaya. También bajaron al ministro de Salud, Mario Lugones, que asistiría con la excusa de que el acto se realizó en el laboratorio Elea de Sigman y Sielecki.

El único representante oficial en el acto de la UIA fue el secretario de Industria, Pablo Lavigne, un funcionario de tercer orden y sin peso propio en el gabinete, lo que expone el desprecio de Milei por el acto.

La gestión libertaria fijó un nuevo incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil tras el fracaso del Consejo del Salario. La peculiaridad es que en esta oportunidad los incrementos quedaron por debajo, incluso, de lo que habían ofrecido los empresarios. El aumento será de los actuales 378 mil a 383, es decir, 5000 pesos. Miserable.

En una determinación sin precedentes, la gestión libertaria de Javier Milei fijó nuevos miniaumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil que están pode debajo de lo que los propios representantes empresarios le habían ofertado a las centrales sindicales el pasado viernes en la reunión preparatoria del plenario, que nunca se concretó.

La nueva escala fue oficializada este miércoles 2 de septiembre mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de que los representantes sindicales abandonaran la reunión del organismo por la “oferta irrisoria” que recibieron. Los empresarios argentinos propusieron 6 mil pesos, el gobierno impuso 5 mil.

Ahora Milei va más allá. El Gobierno fijó miniaumentos que llevan el haber legal a 383.800 pesos desde el 1° de septiembre y terminan en 437 mil pesos en abril del año próximo.

La determinación queda por debajo de lo que estaban dispuesto a pagar los empresarios. «Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quorum«, le había dicho Cristian Jerónimo a InfoGremiales a minutos de haber terminado el primer encuentro del viernes pasado.

La CGT como las CTA habían reclamado elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil a 993.000 pesos a diciembre de este año. Implicaba casi triplicar el monto que se percibe actualmente por la prestación mínima legal en el país.

Un nuevo escándalo se cierne sobre los Neuss, empresarios cercanos al gobierno de Javier Milei. Recientemente se conoció que el grupo ejecutó una vieja artimaña de las privatizaciones argentinas al pagar más de dos tercios de la compra de Transener con fondos que la propia transportadora de energía eléctrica tenía en su haber. En la década de 1990 pasó con muchas empresas públicas que pasaron al sector privado. Lindo negocio…

El pase desde manos del Estado al conglomerado privado se llevó a cabo en mayo cuando Economía se desprendió de la participación que Energía Argentina S.A. (ENARSA) poseía en Citelec, controlante de Transener, a cambio de u$s356,1 millones aportados por Edison Transmisión, del Grupo Edison que conforman Juan y Patricio Neuss, y Genneia.

¿De donde salió esa plata? En principio, de los nuevos empresarios. Pero recuperaron ese pago con fondos que salieron de la propia Transener, que los había acumulado durante su etapa estatal. Es decir, la empresa pública pagó su propia privatización. Para los empresarios cercanos a Milei, un negocio redondo.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó algún tipo de intervención frente a los 6 millones de argentinos que están morosos porque no pueden pagar sus deudas con bancos y billeteras virtuales, como Mercado Pago. Habló de “deudas leoninas” y le pidió “soluciones” al gobierno de Javier Milei.

“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo Colombo.

“Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen'”, agregó el titular de la CEA en una referencia directa a las declaraciones del propio Milei, que dijo que es un problema entre privados.