El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, fue condenado a dos años por “daños y perjuicios” contra un fiscal.

Es uno de los únicos intendentes que quedan talibanes de Mauricio Macri. Fue el organizador de convocatorias en apoyo al ex presidente. Ahora, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, fue condenado por daños y perjuicios contra el fiscal Diego Escoda. Seis años tuvieron que pasar para que finalmente fuera encontrado culpable: con varios jueces excusándose durante el proceso y la falta de colaboración del dirigente de Juntos por el Cambio.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 1 de Dolores consideró que un funcionario público no puede “verter cualquier tipo de manifestaciones infundadas contra uno o varios sujetos, y eximirse luego de la pertinente responsabilidad sobre sus actos”. Otro macrista que se cree impune…

La causa judicial comienza con la denuncia del fiscal Escoda, presentada el 15 de junio de 2015 y acusando de haber sido objeto por varios años de “una campaña de desacreditación pública pergeñada” por Etchevarren. Según el demandante, las múltiples declaraciones realizadas por el intendente en su carácter de funcionario público, contenían una “serie de falsas y muy graves acusaciones, descalificaciones, difamaciones, injurias y todo otro tipo de agresiones absolutamente infundadas hacia su persona”.

Dichas difamaciones tuvieron lugar mayormente en medios de difusión masiva, tanto a nivel local como a provincial y nacional. Pero también incluyen una denuncia presentada por Etchevarren contra el fiscal ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses. Y, según acusó Escoda, comenzaron luego de una serie de allanamientos que le tocó realizar como fiscal en la comisaría de Dolores varios años atrás (frente a una denuncia sobre falsificación de órdenes de allanamiento e irregularidades).

“El señor Etchevarren ha sobrepasado holgadamente los límites que podría constituir una crítica funcional al desempeño de su cargo como Fiscal General del Departamento Judicial Dolores”, apunta el fallo emitido por el juez en lo Contencioso Administrativo Antonio Escobar, respecto del material proporcionado como evidencia en la causa. En la sentencia cita también fragmentos de las declaraciones mediáticas del intendente, como sustento a su decisión.

El procurador bonaerense formó parte de la estrategia macrista para perseguir ilegalmente a rivales políticos.

El bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires pidió este martes el juicio político del Procurador Julio Conte Grand por su presunta participación en la mesa judicial integrada por exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con el fin de espiar y armar causas judiciales contra sindicalistas. ¿Tendrá el número que se necesita para avanzar?

Por su parte, el legislador massista Rubén Eslaiman detalló que “probablemente el jueves 20 de enero, en sesión extraordinaria”, sea el día en que comience a tratarse dicha denuncia. Hay dos caminos: con mayoría simple se procederá a investigar o se rechaza la denuncia.

“Suponemos que será lo primero”, resaltó el legislador oriundo de San Martín al relatar que se creará una comisión de cinco miembros – tres oficialistas y dos opositores (los cuales para Eslaiman sería ideal que “haya uno del PRO y otro de la UCR”) – que edificarán la exactitud de los cargos dictaminados a los efectos de dictaminar la procedencia o no de la acusación.

“Dicha comisión tendrá hasta seis meses para realizar un informe que deberá establecer si están o no probados los delitos y las altas materias de la denuncia. En estos meses que vienen, nosotros vamos a solicitar informes y debidos de oficio a la AFI, no solo por las filmaciones de la mesa judicial sino también por los teléfonos encriptados”, sostuvo el legislador peronista al detallar que también van a “citar a cada una de las personas que nosotros entendamos que serán pertinentes para dichos informes”.

Además de su presencia en la “gestapo de Vidal”, Conte Grand es un funcionario judicial muy vinculado a Mauricio Macri. De hecho fue funcionario macrista antes de ser el jefe de los fiscales bonaerense. ¿Cuál sería su independencia de criterio para investigar a ex compañeros suyos?

Y enfatizó: “Estamos dando inicio a la máxima instancia institucional que nos brinda la Constitución que es pedir la destitución del procurador general de la Suprema Corte”.

EL ROL DE LA OPOSICIÓN

Consultado sobre el papel de los diputados de Juntos, señaló: “Nosotros sabemos que vamos a tener mayoría para crear la Comisión”. “Estamos conversando con integrantes del bloque opositor y ellos también están indignados. Ellos también han sido espiados, y hay escuchas y filmaciones que los atañen”, aseguró.

Y cuestionó: “Mauricio Macri no solo espiaba a sus familiares, sino que también lo hizo con dirigentes políticos, oficialistas en ese momento”.

Un acuerdo por 45 mil millones de dólares al margen de cualquier consenso.

El gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, sorprendió con otro arranque de honestidad intelectual. Contó que Mauricio Macri les informó a sus aliados “minutos antes” del acuerdo con el FMI, por el cual el país tomó una deuda de 45 mil millones de dólares. Por supuesto, ese acuerdo tampoco pasó el Congreso.

Los “halcones” del PRO habían salido a atacar a Morales por decir otra obviedad: que los gobernadores macristas tenían que participar de la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque fue la administración de de Juntos por el Cambio la que contrajo la deuda.

“No sé por qué se agravian algunos colegas de Juntos por el Cambio sobre lo que es una realidad que además conoce todo el país. Que yo recuerde, el ex presidente Macri nos notificó minutos antes que hacía la conferencia para anunciar que iniciaban o tenían casi un acuerdo con el FMI, al radicalismo y a las otras fuerzas políticas”, disparó Morales.

En diálogo con radio Continental, el mandatario provincial planteó que “no le parece” que Juntos por el Cambio “tenga que encarar un proceso de cara a 2023 intentando ser alternativa de gobierno metiendo la basura abajo de la alfombra, escondiendo o negando realidades”.

El gobernador de San Luis respaldó al gobierno nacional en las negociaciones aunque pidió un plebiscito para conocer la opinión del pueblo sobre el acuerdo con el organismo internacional.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, compartieron con los gobernadores cómo se desarrollan las negociaciones con el FMI por el préstamo que tomó Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares. Según informaron, hay diferencias importantes aún, ya que el FMI pide un ajuste en las cuentas públicas que el gobierno no está dispuesto a cumplir, porque atentaría contra el crecimiento de la actividad.

Luego de la presentación, todos los gobernadores peronistas mostraron su apoyo al gobierno nacional en las negociaciones. Sin embargo, la diferencia la marcó Alberto Rodríguez Saá, mandatario de San Luis, quien planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para saber si la gente está a favor o no de un acuerdo.

“La deuda no se uso para construir una calle, un camino. Se usó la apariencia legal del acuerdo con el FMI para una fuga de capitales. Fue una estafa”, insistió el gobernador puntano. Además, planteó como opción la de llevar una queja ante el Tribunal Internacional de La Haya, ya que el organismo internacional violó sus propios estatutos porque buena parte del préstamo se usó para la salida de capitales, algo que el propio FMI reconoció. 

Hsata el momento, la posibilidad de un plebiscito era algo propuesto por organizaciones políticas sin responsabilidad ejecutiva. Es la primera vez que un gobernador habla de una opción así, que por el momento no está dentro del menú de posibilidades del gobierno nacional.

Así lo harán representantes de CGT y CTA de los Trabajadores.

El caso de una declamada “Gestapo” para perseguir al sindicalismo durante el gobierno de Mauricio Macri ya trepó a escala internacional mediante sendas presentaciones de la CGT y la CTA de los Trabajadores. Nunca antes en la historia democrática del país, se había visto un esquema de persecución a opositores como el que se conoce del macrismo.

Según contó Ámbito Financiero, las centrales obreras se dirigieron al área de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar las maniobras evidenciadas en un video que mostró a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, en una reunión en 2017 donde organizaba junto a empresarios de la construcción, funcionarios de AFI y otros dirigentes de Cambiemos, el armado de causas para perjudicar a gremialistas. El sindicalismo argentino solo vivió una situación peor con la última dictadura militar, donde se detuvieron dirigentes y se asesinaron a otros.

Los textos se dirigieron a la responsable del servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales de la OIT, Karen Curtis. Ambos llevaron las firmas de los responsables de la secretaría internacional de las respectivas centrales, a su vez protagonistas de los casos denunciados aunque en roles diferentes: por la CTA de los Trabajadores lo hizo el docente bonaerense Roberto Baradel (Suteba), quien se declaró víctima de las maniobras persecutorias del gobierno de Vidal, mientras que por la CGT la presentación la hizo Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). En este último caso, el armado de causas que organizaba Villegas tenía como víctima al platense Juan Pablo “Pata” Medina, rival histórico y opositor interno de Martínez.

Las presentaciones tienen un propósito eminentemente testimonial. Buscan dejar asentado ante un foro internacional en el que la Argentina es partícipe histórico (y que tiene en Martínez y en el actual presidente de la Unión Industrial, UIA, Daniel Funes de Rioja, dos animadores con peso propio) los presuntos ataques contra la libertad sindical llevados a cabo de manera al parecer sistemática por la administración de Macri.

Señalan, también, una supuesta complicidad con un sector de la Justicia (en particular, el fuero federal) y de los medios de comunicación afines a Cambiemos.

Las centrales coinciden en advertir en aquellas maniobras eventuales violaciones a dos de los convenios fundamentales de la OIT: el 87, que versa sobre “libertad sindical y protección al derecho de sindicalización”, y el 98, que avanza sobre el “derecho a sindicación y la negociación colectiva”.

El ministro de Economía se refirió a las diferencias con el FMI.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente, Alberto Fernández, explicaron por qué no cerraron aún las negociaciones con el FMI por los US$ 45.000 millones que le dieron a Mauricio Macri y que Argentina no se encuentra en condiciones de pagar. Ante gobernadores, reconocieron que “en términos absolutos no existe un buen acuerdo” pero remarcaron que las negociaciones están estancadas porque el FMI pide un fuerte ajuste fiscal.

Así las cosas, Guzmán aseguró cuáles son las diferencias con el FMI: “Es esencialmente un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía”, planteó el ministro. “La diferencia consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad sostendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo”, afirmó en su presentación. El gobierno está decidido a sostener una política económica que este año le permitió crecer 10%.

Para Guzmán, la baja del déficit en 2020 y 2021 fue “virtuosa”. El ministro defiende un ordenamiento gradual de las cuentas fiscales. En criollo: reducir déficit de a poco, para llegar al equilibro en 5/10 años. Por lo visto, el FMI no acepta esa propuesta y quiere un ajuste mucho más rápido.

“Hacia adelante se plantea ir ordenando esto, pero de una forma gradual; que el Estado pueda llevar a cabo un programa de políticas públicas que le dé a la Argentina más riqueza y más dinamismo productivo”, prometió Guzmán. La receta del Gobierno es la siguiente: lograr un crecimiento rápido que impacte favorablemente sobre la recaudación y de ese modo ir equilibrando las cuentas fiscales (sin necesidad de ajustar fuerte el gasto).

A pesar de la imagen negativa, Bullrich insiste con ser presidenta.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no pierde las esperanzas. Empezará a hacer campaña para intentar ser presidenta en 2023. Es una de las dirigentes con peor imagen de todo el país. ¿Tiene alguna chance? ¿Qué busca?

Según reseñaron medios cercanos a Bullrich (que reciben jugosas pautas del macrismo porteño), la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri recorrerá la Costa Atlántica y las zonas turísticas de Córdoba. “Apunta a ser una Menem sin patillas”, aseguraron desde La Política Online, portal que muchas veces funciona como vocero del macrismo duro.

Según destacaron, la presidenta del PRO visitará las playas “comunes”, los teatros y las peatonales para mostrarse directamente con “la gente”. Por eso evitará los actos políticos y las recorridas con intendentes y dirigentes locales. “Vamos a estar en la feria del chivo, de la empanada, de lo que sea”, dijeron a LPO en su entorno, en donde buscan que la campaña tenga un formato “no convencional”.

Vale recordar que la carrera de Bullrich incluye tantos saltos de partidos que no puede obviarse su simpatía con Carlos Menem en la década de los 90. Después, Pato fue ministra de Fernando De la Rúa, donde debió renunciar en medio de la peor crisis del país. En 2000, fue funcionaria porteña de Macri y luego saltó a Casa Rosada.

El macrismo tomó la deuda con el FMI pero ahora obstaculiza cualquier negociación para resolver ese acuerdo.

El CEO de una de las multinacionales más importantes del país, como Syngenta, criticó a Juntos por el Cambio y sus goberandores por no asistir a la reunión prevista para mañana en la Casa de Gobierno para dialogar con el ministro Martín Guzmán sobre las negociaciones con el FMI. Y puso especial énfasis en cuestionar los argumentos que expuso Horacio Rodríguez Larreta.

Es una crítica muy fuerte teniendo en cuenta que viene de uno de los empresarios top del país. Seguramente, al macrismo no le cayó simpática una crítica así del establishment económico.

La crítica de Antonio Arce tiene que ver con el faltazo que la oposición a una reunión con Guzmán para tratar de avanzar en un acuerdo con el FMI. Vale recordar que la deuda con ese organismo fue tomada por… ¡el macrismo! Es decir, el macrismo se endeudó y ahora obstaculiza cualquier posibilidad de avance. Insólito.

“No entiendo a qué se dedican”, disparó Antonio Aracre, titular de la firma proveedora global líder de ciencia y tecnología agrícolas, y completó: “Me hizo ruido que la oposición diga que no va a ir a una reunión con los gobernadores, con los sindicatos, con los empresarios, porque sería una reunión política. Y entonces no entiendo a qué se dedican, porque la política es básicamente su función, su rol, me descolocó esa frase”.

Lo que hizo el empresario es objetar la posición de Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que había dicho que no asistirá a la reunión para conocer la negociación para resolver la deuda que dejó JXC debido a que está “planteada cómo una reunión política”.

Aracre había tuiteado ese concepto, el de la contraposición de que políticos no quieran asistir a reuniones institucionales sobre temas fundamentales para el país con la excusa de que serían encuentros “políticos”.

Así lo aseguraron diferentes periodistas que siguen la causa judicial de cerca.

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sigue sin hablar sobre el video donde se ve a ex funcionarios suyos hablar de una “gestapo” para perseguir a rivales. La gestapo fue una organización criminal nazi. ¿No tiene nada para explicar?

Para muchos periodistas que siguen la causa desde cerca, aseguran que en el material grabado – son muchas horas y se conocieron algunos minutos – aparecería la propia Vidal. De confirmarse ese dato sería una bomba absoluta.

“Abogados de víctimas de la persecución a sindicalistas afirman que en uno de los videos aparece Vidal”, aseguró, por ejemplo, el periodista Martín Peiretti en Twitter.

Ahora, se conoció otro dato escandaloso sobre Vidal. Tenía un celular encriptado con el que se comunicaba con agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. En la reunión donde se habla de la Gestapo, de hecho, había dos espías de primer nivel en la organización que conducía Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri. ¿La oposición seguirá insistiendo con la teoría de los “cuentapropistas” para referirse a los agentes que espiaron a opositores durante el macrismo? Nunca antes en democracia se espió forma sistemática a centenares de personas. Macri lo hizo.

Se trata de Juan Pablo Allan, senador bonaerense.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso este martes el allanamiento del despacho del senador provincial Juan Pablo Allan (JxC), en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal diseñan una estrategia para encausar a dirigentes sindicales. En la famosa reunión se habló de crear una “GESTAPO”, en referencia a una organización criminal nazi.

Fuentes judiciales indicaron que la medida fue ordenada luego de que el senador de Juntos por el Cambio (JxC) consintiera esa disposición.

El juez también ordenó la obtención del teléfono celular y el IPad de Darío Biorci, exjefe de Gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y cuñado de la exsubdirectora del organismo Silvia Majdalani, luego de que el propio exdirectivo de la central de espías lo pusiera a disposición de la justicia.

Biorci fue uno de los tres directivos de la AFI que participó de la reunión de junio de 2017 en la sede porteña del Banco provincia, donde también estuvieron el exministro de Trabajo del gobierno bonaerense, Marcelo Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador Allan. También estuvieron los espías -además de Biorci- Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).