El dólar vuelve a ocupar el centro de la escena económica en un contexto de creciente incertidumbre. La presión sobre los tipos de cambio paralelos se intensificó en las últimas semanas, empujados por la falta de divisas en el Banco Central, el goteo de reservas y la persistente desconfianza de los mercados en torno al rumbo económico. Ahora se suma el rechazo electoral en provincia de Buenos Aires. ¿Y ahora?

Los analistas señalan que, de mantenerse el actual nivel de intervención, el Gobierno podría enfrentar un dilema: seguir gastando reservas para contener la cotización o habilitar una devaluación más pronunciada. Por su parte, Javier Milei y Luis Caputo aseguraron que el modelo, repudiado en las urnas, “no se toca”.

En el mercado financiero, la expectativa está puesta en la capacidad del Ejecutivo de sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en la posibilidad de obtener financiamiento externo. Sin señales claras, la dolarización de carteras vuelve a acelerarse, y tanto el blue como los financieros (MEP y CCL) se convirtieron en termómetros de la desconfianza. Cada salto en esas cotizaciones presiona sobre los precios y alimenta el fantasma de una nueva espiral inflacionaria.

Lo que ocurra con el dólar en las próximas semanas dependerá de un delicado equilibrio entre política y economía. El Gobierno busca transmitir que no habrá un salto brusco del tipo de cambio, pero los mercados descuentan que la presión es insostenible a mediano plazo. En ese marco, la moneda norteamericana se mantiene como el factor más sensible para medir la estabilidad del plan económico y como el gran condicionante de las expectativas sociales.

A pocos días de las elecciones legislativas, la provincia de Buenos Aires vuelve a convertirse en el epicentro de la disputa política. Los sondeos más recientes coinciden en señalar un escenario polarizado entre Fuerza Patria, el frente peronista, y La Libertad Avanza (LLA), aunque difieren en la magnitud de la ventaja.

Según la consultora Aresco, con más de 6.000 casos relevados, el peronismo lidera con un 41,7 %, mientras que la fuerza libertaria se ubica muy cerca con 39,5 %, una diferencia de apenas dos puntos. El estudio muestra al PJ fuerte en el conurbano sur —donde alcanza casi el 47 %— y a Milei más competitivo en el interior de la provincia.

Otros relevamientos trazan panoramas similares. CB Consultora le otorga al peronismo un 41,3 % frente a 39,1 % de LLA, mientras que Proyección Consultores achica aún más la brecha: 38,1 % contra 37,3 %. En cambio, Opinaia y Isasi-Burdman registran paridad en el global, con un Milei mejor posicionado en la Primera Sección y el PJ imponiéndose en la Tercera, territorio históricamente peronista.

En contraste, un sondeo de Nueva Comunicación (NC) plantea un escenario mucho más favorable al peronismo, con un 42,6 % frente a un debilitado 33,8 % de LLA, una diferencia cercana a los nueve puntos. También el consultor Roberto Corne, en una encuesta online posterior al caso Spagnuolo, ubica al PJ con un 44 % contra 35 % del oficialismo, reflejando el impacto político de ese escándalo.

La conclusión que se desprende de este mosaico es clara: más allá de las diferencias de metodología y momento de recolección de datos, todas las encuestas confirman la polarización absoluta entre el PJ y Milei en la provincia. La incógnita pasa por el margen: si la pelea se definirá voto a voto o si el peronismo logrará consolidar una ventaja más amplia sobre el oficialismo.

El PAMI atraviesa un nuevo escándalo tras la revelación de graves irregularidades en la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas. La investigación apunta a sobreprecios de hasta diez veces por encima del valor de mercado y a un entramado de negocios que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su operador de confianza, Eduardo “Lule” Menem.

Hasta mediados de este año, los médicos oftalmólogos adquirían los insumos directamente a proveedores a valores que rondaban los $35.000 por unidad. Pero desde agosto, el PAMI decidió centralizar las compras a través de la Licitación Pública 12/25, con un presupuesto de más de $80.000 millones anuales. Tras ese cambio, el organismo comenzó a pagar entre $150.000 y $300.000 por cada lente, es decir, de 5 a 10 veces más que el precio real. Ejemplos concretos confirman la maniobra: Implantec S.A. vendió a médicos un producto por $24.800, pero lo facturó al PAMI en $162.166; Visión Médica S.A. cotizó lentes a $28.249 y los colocó al instituto en $279.704; y otra firma, MSZ, presupuestó a $32.000 un lente que terminó cobrándose en $177.939.

Los efectos de este esquema no solo golpean las arcas públicas: también repercuten en miles de jubilados que vieron postergadas sus cirugías por las demoras en las entregas, generando malestar y denuncias en distintas sedes del país. Sindicatos como ATE señalaron que la maniobra implica un sobreprecio del 600 %, mientras que profesionales de la salud alertan por la caída en la calidad del servicio.

El caso tomó un cariz político cuando trascendieron audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se menciona que Karina Milei y Lule Menem habrían recibido coimas de entre 500 y 800 mil dólares mensuales, canalizadas a través de la Droguería Suizo Argentina. La Justicia ya dispuso 14 allanamientos en distintas delegaciones del PAMI y amplió la investigación a maniobras que incluyen afiliaciones truchas y retornos de salarios. Todo configura un escándalo que, además de poner en jaque a la gestión del organismo, deja en el centro de la tormenta a la mesa chica del Gobierno libertario.

Una investigación publicada por El Disenso reveló que el intendente de Tres de Febrero y candidato de los libertarios en la primera sección electoral, Diego Valenzuela, realizó millonarios contratos con la droguería Suizo Argentina SA en fechas que coinciden con reuniones en Casa Rosada con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

La farmacéutica quedó en el centro de la polémica luego de que se filtraran audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDis, en los que la vinculaba a un presunto esquema de recaudación política organizado por la “mafia de los Menem”. Valenzuela le dio millonarios contratos para…

De acuerdo al relevamiento, Valenzuela visitó Casa Rosada en tres ocasiones y, en cada caso, poco después se oficializó una adjudicación a Suizo Argentina. El primer episodio ocurrió el 1 de octubre de 2024, cuando se reunió con la Secretaría General de Presidencia. Veinticuatro días más tarde, mediante el Decreto 253, se adjudicó a la empresa la provisión de pañales por $19,7 millones.

El segundo encuentro fue el 7 de noviembre de 2024, cuando Valenzuela pasó más de seis horas en la oficina de Lule Menem. El 25 de ese mismo mes, el intendente firmó el Decreto 385, con el que otorgó a Suizo Argentina un contrato de medicamentos por $16,4 millones. El tercer caso se registró el 28 de mayo de 2025, cuando Valenzuela volvió a Casa Rosada, esta vez para reunirse con Karina Milei. En este caso, la adjudicación fue previa: el 19 de mayo, a través del Decreto 920, el municipio le otorgó a la droguería una compra de leche y suplementos nutricionales por $8 millones.

Lo llamativo es que Suizo Argentina no figura como un proveedor habitual del municipio. Según El Disenso, en diez años de boletines oficiales sólo aparecen tres contrataciones: justamente las vinculadas a las fechas de las reuniones en Casa Rosada. En total, las operaciones suman $44,2 millones. Estos datos alimentan la sospecha de que Lule Menem utiliza a la droguería como vehículo de recaudación política, convirtiendo contratos por leche, pañales y medicamentos en un mecanismo de desvío de fondos que perjudica a los sectores más vulnerables.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, vuelve a quedar en el centro de las especulaciones políticas. En medio de una gestión marcada por la recesión, la disparada inflacionaria y las crecientes tensiones con el mercado, en los pasillos del poder ya se habla de la posibilidad de que presente su renuncia después de las elecciones. La versión, alimentada por funcionarios y operadores financieros, refleja el desgaste de una figura que llegó con el aval presidencial, pero que cada vez enfrenta mayores cuestionamientos.

El factor electoral aparece como determinante. La Casa Rosada necesita mantener cierta calma cambiaria hasta los comicios, y Caputo ha sido el encargado de sostener esa estrategia a fuerza de endeudamiento y uso de reservas. Sin embargo, puertas adentro reconocen que el margen de maniobra se achica día a día y que, tras la contienda, podría abrirse un reacomodamiento en el gabinete económico.

La continuidad de Caputo dependerá, en gran medida, de la lectura política que haga Javier Milei del resultado electoral. Si el oficialismo logra un triunfo que refuerce su poder, la permanencia del ministro será vista como un gesto de estabilidad. En cambio, si el escenario se complica, la renuncia podría convertirse en una válvula de escape para contener críticas internas y enviar una señal de cambio hacia afuera.

Por ahora, el ministro guarda silencio y mantiene su rutina de reuniones con banqueros y fondos de inversión. Pero la incertidumbre crece: la posible salida de Caputo no sólo pondría en jaque la política económica, sino que abriría un nuevo capítulo en la relación del Gobierno con el establishment financiero, un vínculo que ha sido clave para la gobernabilidad en estos meses iniciales de gestión.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a quedar en el centro de la polémica por las demoras en modificar la metodología con la que mide la inflación. Pese a los anuncios oficiales sobre la necesidad de “modernizar” el índice, la actualización quedó postergada sin plazos claros, lo que genera dudas sobre la transparencia de los datos y sobre la verdadera dimensión de la suba de precios que sufren los argentinos.

El retraso no es menor: economistas advierten que la canasta de referencia con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está desfasada respecto del consumo real de los hogares. Con tecnologías, servicios y patrones de gasto que cambiaron radicalmente en los últimos años, seguir usando parámetros viejos implica maquillar la inflación y ofrecer una radiografía incompleta de la economía.

Desde el Gobierno intentan justificar la demora con argumentos técnicos y presupuestarios, pero lo cierto es que detrás subyace un problema político. El Ejecutivo teme que un cambio metodológico exponga una inflación mayor a la que hoy reporta el INDEC y que eso dinamite el relato de que el plan de ajuste está funcionando. Así, la postergación se convierte en una decisión funcional al oficialismo, aunque implique un retroceso en términos de calidad estadística.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue atada a cifras oficiales que no reflejan con precisión el impacto de la inflación en la vida cotidiana. La demora en la actualización del IPC erosiona la credibilidad del INDEC y alimenta las sospechas de manipulación. En un país marcado por la desconfianza hacia las estadísticas públicas, la falta de transparencia no hace más que profundizar la distancia entre lo que dice el Gobierno y lo que sienten los consumidores cada vez que van al supermercado.

La inflación de agosto se perfila como una señal preocupante para la administración de Javier Milei. Diversas consultoras privadas prevén un índice cercano al 2 %, incluso con estimaciones que lo ubican en 2,2 %. Aunque pueda parecer un número bajo en comparación con la inflación de años anteriores, lo cierto es que la tendencia muestra un freno en la desaceleración, justo cuando el Gobierno necesita consolidar resultados para mostrar cierta estabilidad macroeconómica.

El Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), intenta mostrar un escenario más optimista con una proyección de apenas 1,7 %. Sin embargo, los analistas privados no solo son más cautelosos, sino que advierten que los aumentos de alimentos y servicios están presionando de manera sostenida. Esta diferencia entre el discurso oficial y la realidad de los bolsillos refleja la dificultad del Ejecutivo para sostener un relato económico creíble.

El malestar social se potencia porque el Gobierno prometió un derrumbe rápido de la inflación como prueba de su “plan motosierra” y su ajuste draconiano. No obstante, la aparente estabilidad se apoya en una fuerte recesión y en salarios que no logran recomponerse. La suba de precios en la canasta básica golpea de lleno a los sectores populares y pone en evidencia que el plan económico se sostiene más en recortes que en una estrategia de desarrollo sostenible.

En este contexto, el oficialismo corre el riesgo de que el leve repunte inflacionario erosione aún más su legitimidad política. La falta de resultados palpables en materia de crecimiento y poder adquisitivo deja a la gestión Milei con pocas cartas para mostrar. El discurso de que “la inflación está controlada” empieza a desdibujarse frente a la realidad de los aumentos cotidianos, y amenaza con convertirse en otro flanco de desgaste para un gobierno que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto.

Karina Milei es considerada “el jefe” de La Libertad Avanza pero por estas horas no le salen las cosas muy bien. Está atravesando la peor semana desde que asumió el rol de operadora política de su hermano. El estallido de un escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad la dejó en el ojo de la tormenta, con audios que la vinculan directamente a un circuito de retornos millonarios en contratos de medicamentos. Se habla de 800 mil dólares por mes solo en ANDIS. La Justicia ya inició allanamientos y secuestros de documentación, mientras se multiplican las denuncias de abogados y referentes opositores que califican la trama como uno de los episodios de corrupción más graves desde el regreso de la democracia.

El costo político no tardó en aparecer. En Corrientes, donde viajó a reforzar la campaña libertaria, Karina Milei y Martín Menem fueron recibidos con abucheos, pancartas acusatorias y empujones que forzaron la suspensión de un acto. El fracaso electoral se coronó con la magra performance del candidato de La Libertad Avanza en la provincia, que quedó lejos de los primeros lugares, consolidando la imagen de un armado debilitado y sin inserción real en el interior. Salió cuarto y sacó un poco más de lo que se le atribuye por retornos a Karina: 9%.

En paralelo, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su hermana, a quien definió como “el jefe en su prime”, en un intento de cerrar filas frente a la ofensiva judicial y mediática. Otros referentes libertarios, como Martín Menem, también pusieron “las manos en el fuego” por Karina, aunque el blindaje no alcanzó para frenar el impacto de las revelaciones ni el desgaste interno que ya se percibe en el oficialismo.

El escándalo estalla en la antesala de elecciones clave, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. La combinación de sospechas de corrupción, actos fallidos y candidatos sin peso territorial abre un escenario complejo para el Gobierno, que había hecho de la lucha contra “la casta” su principal bandera. La semana negra de Karina Milei expuso, con crudeza, las fragilidades de un proyecto político que enfrenta cada vez más dudas de cara al futuro.

Las elecciones provinciales en Corrientes marcaron un fuerte traspié para La Libertad Avanza. El espacio decidió jugar con candidatos propios: el diputado nacional Lisandro Almirón encabezó la fórmula para gobernador acompañado por Evelyn Karsten como vice, en un armado que buscaba consolidar la presencia libertaria en la provincia. Fue una decisión de Karina Milei y Lule Menem que terminó en fracaso rotundo. Ironía del destino: sacaron casi el mismo porcentaje que se vincula a los supuestos retornos que el gobierno le pide a muchos empresarios.

Finalmente, Almirón quedó cuarto, con menos del 10% de los votos —en torno al 8 o 9%—, muy lejos del oficialismo de Juan Pablo Valdés, que se impuso con comodidad con más del 50%. El peronismo, pese a sus divisiones, también logró superar a los libertarios y mantener representación.

La responsable política del armado fue Karina, presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia. Ella impulsó la estrategia de competir con candidatos propios y rechazó de plano cualquier acuerdo con el oficialismo correntino, convencida de que la marca Milei alcanzaba para posicionar al espacio en el electorado.

El saldo fue negativo: el aislamiento estratégico dejó al libertarismo sin volumen electoral y sin incidencia en la política local. La derrota expuso las limitaciones de un proyecto que, sin estructura ni alianzas, depende en exceso de la figura presidencial y muestra enormes dificultades para proyectarse en el interior del país.

Este viernes comenzará el juicio oral por falso testimonio contra el perito David Cohen, cuyo informe —plagiado de internet, del sitio Rincón del Vago— fue la base de la causa GNL y el punto de partida del andamiaje judicial que derivó en el caso “Cuadernos”.

En paralelo, el juicio por el propio GNL entró en la etapa final de alegatos y dejó una revelación explosiva: Federico Mansbach, perito oficial de la Corte Suprema, declaró que el juez Claudio Bonadio lo presionó para que su informe señalara sobreprecios en la importación de gas. Fue una de las tantas causas usadas por los medios y un sector de la justicia para detener a dirigentes kirchnerista. Fue todo armado.

“El juez pretendía una conclusión en el dictamen y presionó para que las cosas ocurran como él pensaba”, afirmó. Mansbach sostuvo que se negó a falsear resultados, que sufrió destrato del magistrado y que Bonadio incluso habilitó como “consultores” a empleados de ENARSA sin requisitos legales.

A diferencia de él, Cohen sí avaló las exigencias del juez. Ahora enfrentará a la Justicia acusado de haber falseado su peritaje.