La ex funcionaria del PAMI en La Plata y actual diputada nacional suplente de La Libertad Avanza, Viviana Aguirre, lanzó una serie de acusaciones de extrema gravedad contra dirigentes del oficialismo y contra el propio presidente Javier Milei.

Aguirre recordó que hace más de un año impulsó una denuncia vinculada a manejos irregulares en el PAMI, aunque cuestionó que la causa judicial nunca avanzó. Según afirmó, junto a Raúl Simonetto detectaron hechos de corrupción en la contratación de geriátricos, donde se habrían intentado imponer prestadores sin licitación, vinculando esas maniobras a referentes del espacio oficialista.

En ese marco, señaló a Sebastián Pareja y a Juan Esteban Osaba, a quienes acusó de haberle exigido sumas millonarias, y describió la existencia de un circuito de pagos ilegales que, lejos de haber sido desarticulado, se habría potenciado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Aguirre sostuvo que cuenta con pruebas de las malas condiciones en las que se encuentran adultos mayores internados, a pesar de que el Estado paga cifras que van de uno a tres millones de pesos por cada afiliado. Apuntó directamente a la conducción del organismo, encabezado por Esteban Leguizamo, a quien vinculó con la Casa Rosada y con el ministro Guillermo Francos.

En el plano político, aseguró que, aunque no pagó por su candidatura, aportó más de 15 millones de pesos a la campaña presidencial. A partir de allí, dijo sentirse estafada al comprobar que la promesa de cambio se transformó en lo que calificó como un escenario aún más corrupto.

Las críticas más duras las dirigió contra Javier y Karina Milei, a quienes acusó de ser “estafadores internacionales” y hasta los responsabilizó de habilitar maniobras con fentanilo contaminado para perjudicar políticamente a Axel Kicillof. También relató que durante la campaña mantuvo contacto directo con el presidente, a quien le transmitió información sobre las irregularidades, pero que el mandatario dejó de responderle.

Finalmente, Aguirre consideró que La Libertad Avanza encarna “el gobierno más corrupto de la historia” y pidió que el peronismo se unifique para desplazar al oficialismo, al que definió como una amenaza social de magnitud.

El dólar oficial volvió a subir este jueves en el segmento mayorista, en una jornada marcada por la persistente volatilidad del mercado y las tasas récord de las cauciones bursátiles.

La divisa de referencia para las operaciones mayoristas trepó 4 pesos y cerró en $1.305, acumulando así su segunda rueda consecutiva en alza. En tanto, el dólar minorista avanzó hasta los $1.322,03 para la venta, según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA).

El movimiento se da en paralelo a la brusca disparada de las cauciones bursátiles, que el miércoles llegaron a tocar un pico de 150% antes de retroceder al 70% al cierre, reflejando el nerviosismo de los operadores y la dificultad de estabilizar las expectativas en el mercado cambiario.

La combinación de presión sobre el tipo de cambio y tasas en niveles extraordinarios vuelve a exponer la fragilidad del esquema financiero, mientras el Gobierno intenta contener las tensiones sin perder control sobre la dinámica inflacionaria.

En una nota publicada el miércoles 19 de agosto en La Nación, el gobierno nacional dejó trascender que invertirá cerca de 266 millones de dólares en la construcción del satélite ARSAT SG1 (también denominado ARSAT 3), un proyecto que permanece congelado desde la gestión de Mauricio Macri.

El artículo, firmado por el periodista Pablo Fernández Blanco, asegura que la Casa Rosada “tomó en los últimos meses una decisión trascendente” al ordenar la reactivación del plan, pese al ajuste presupuestario generalizado. Según la publicación, el satélite —que tendría como objetivo brindar internet en zonas rurales— costará 265,8 millones de dólares, de los cuales 243,8 millones provendrían de un crédito de la CAF, mientras que el resto quedaría a cargo del Estado argentino.

Además, el artículo afirma que la fabricación estará a cargo de INVAP, la empresa estatal con sede en Río Negro que cuenta con la capacidad tecnológica para llevar adelante el desarrollo, y que “el proyecto está en marcha” tras haberse normalizado pagos atrasados con proveedores internacionales.

Sin embargo, desde INVAP niegan categóricamente haber tenido contacto con el gobierno nacional sobre este tema. En diálogo con Periferia, voceros de la compañía señalaron que no existe gestión oficial ni directiva alguna vinculada al ARSAT SG1. Lo mismo ocurre con ARSAT, que no confirmó avances en la iniciativa.

El contraste entre la versión oficial publicada en La Nación y las declaraciones de INVAP genera más dudas que certezas. Mientras el medio habla de una reactivación firme, de contratos ya regularizados y de un lanzamiento previsto en tres años, en la empresa adjudicataria aseguran desconocer cualquier decisión gubernamental en ese sentido.

El propio artículo de La Nación presenta la apuesta como una “hendija desarrollista” dentro del gobierno de Javier Milei, un enfoque difícil de sostener en un contexto en el que la administración libertaria desfinancia áreas estratégicas como ciencia, tecnología y energía, al mismo tiempo que lanza anuncios rimbombantes, como el ya cuestionado “plan nuclear”.

El satélite ARSAT SG1 está diseñado para ser compatible con lanzadores como el Ariane VI, el Falcon 9 de SpaceX o el Glenn, lo que permitiría reducir costos y ampliar las alternativas de proveedores. Pero, por ahora, más que un programa en marcha, parece ser —según Periferia— una promesa electoral sin sustento real.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta a fines de agosto vencimientos de deuda en pesos que lo colocan ante uno de los mayores desafíos financieros de su gestión y que ponen en tensión al mercado cambiario. Se estima que solo en este mes los compromisos superan los 30 billones de pesos, convirtiéndose en el calendario más cargado de toda la administración actual. En algunos días puntuales, la concentración es tan alta que llega a superar los 20 billones de pesos en una sola jornada, lo que incrementa la presión sobre el Tesoro para lograr la renovación de los títulos.

La estrategia oficial ha sido mantener un torniquete monetario con tasas de interés muy elevadas, encajes bancarios reforzados y licitaciones segmentadas, buscando absorber la mayor cantidad de pesos posible y evitar que esos fondos liberados se vuelquen de manera directa al dólar. El resultado inmediato: la economía real está paralizada mientras el sector financiero disfruta de la bicicleta financiera. Prioridades…

Sin embargo, las últimas operaciones no lograron resultados plenos: en una licitación se renovó poco más del 60 por ciento de los vencimientos, lo que dejó en circulación varios billones de pesos que representan una amenaza latente para la estabilidad cambiaria.

Frente a ese riesgo, el Gobierno recurrió también a canjes con el Banco Central para diferir pagos, pero aún resta afrontar un volumen muy significativo que difícilmente pueda renovarse en su totalidad. En este contexto, los analistas advierten que si no se logra contener los pesos que quedan en la plaza, la presión sobre el dólar podría intensificarse, acelerando la depreciación del peso y poniendo en jaque la política cambiaria.

Agosto, de este modo, se convierte en un mes clave: con vencimientos récord y un mercado atento a cada movimiento del Tesoro, la capacidad del Gobierno para administrar la deuda en pesos será determinante no solo para su programa económico inmediato, sino también para la estabilidad del dólar en los próximos meses.

La candidatura de José Luis Espert aparece rodeada de interrogantes por sus vínculos con Fred Machado, un abogado detenido desde 2020 y con pedido de extradición a Estados Unidos, acusado de participar en un millonario contrabando de cocaína junto al Cartel de Sinaloa.

La relación entre ambos quedó expuesta en 2019, cuando Espert era candidato presidencial y agradeció públicamente a Machado por facilitarle un vuelo a Neuquén. Según trascendió, el empresario habría financiado parte de aquella campaña electoral.

Las conexiones no terminaron allí. El vehículo en el que se trasladaba Espert y que fue atacado a piedrazos el pasado 6 de agosto estaba registrado a nombre de Claudio Zicarelli, primo hermano de Machado. Ese detalle reavivó las sospechas en torno al entramado que une al dirigente liberal con el detenido.

Lo que aún no está claro es qué buscaba obtener Machado al sostener la campaña de Espert, ni tampoco qué tipo de contraprestación pudo haber mediado en esa relación. El economista, por su parte, no se pronunció sobre los hechos ni sobre los antecedentes de su antiguo benefactor.

El caso se inscribe en un clima político en el que los vínculos oscuros y las operaciones cruzadas entre sectores parecen ser la regla. Muchas de estas conexiones no surgen de investigaciones judiciales o periodísticas, sino de las delaciones propias de una interna feroz que enfrenta a diferentes espacios de poder.

En ese contexto, el proceso electoral adquiere un matiz particular, marcado por la presencia de figuras excéntricas y listas cargadas de personajes que bordean lo circense, un escenario que deja en evidencia la fragilidad del sistema político actual.

La corrida del dólar dejó su huella en las góndolas. Pese al ajuste monetario que aplicó el Gobierno para intentar contener la escalada cambiaria, los precios de los alimentos volvieron a moverse fuerte y en algunas mediciones privadas ya superaron el 3% en lo que va de agosto. Se espera que la inflación supere el 2% otra vez. La desinflación no llega.

El dato no es menor: se trata del rubro que más pesa en la canasta del INDEC y, por lo tanto, el que termina marcando el pulso de la inflación. En otras palabras, cada salto en los alimentos se traduce en un golpe directo al índice y, sobre todo, al bolsillo de los sectores más vulnerables.

La corrida del 11% no se trasladó completa a precios porque la caída de la actividad es tan grande que los comercios no tienen margen para cambiar los valores ante la falta de consumo.

El déficit volvió a asomar y le aguó la fiesta a Javier Milei. El Presidente insiste en celebrar el superávit primario como si fuera la gran bandera de su gestión, pero los intereses de la deuda –que su propio gobierno no deja de acumular– terminaron borrando la sonrisa: el resultado financiero volvió al rojo.

En julio, el superávit primario alcanzó $1,7 billones. Sin embargo, cuando se observa la película completa aparece el dato incómodo: el resultado financiero arrojó un déficit de $168.515 millones, lo que marca un salto del rojo del 41% en términos reales frente al mismo mes de 2024. En julio el déficit fiscal fue del 1,6% y se espera un número todavía peor en agosto.

La explicación está en los intereses de la deuda, un gasto que no entra en la cuenta “primaria” y que en la jerga de la City se conoce como “emisión silenciosa”. Milei habla de “emisión cero”, pero la realidad lo desmiente: la base monetaria trepó 97% en un año y la deuda flotante –pagos postergados por el Estado– se disparó a $3,8 billones en junio, más del triple que en mayo. Un bache que no desaparece, solo se patea para adelante.

“Los vencimientos de intereses de los Bonares y Globales son muy altos en enero y julio. En julio se sumó además el pago del medio aguinaldo al sector público”, se justificó en X el ministro Luis “Toto” Caputo, señalando que solo en ese mes los intereses netos abonados alcanzaron $1,9 billones, 247% más que el promedio mensual entre febrero y junio.

El argumento oficial no es casual: el superávit es la única carta fuerte que Milei puede mostrar como resultado económico y el pilar de todo su programa. Pero los números de julio dejaron claro que, detrás del festejo, el déficit sigue vivo.

En junio, los salarios registrados crecieron 1,6% y apenas lograron empatar la inflación del mes, según datos del INDEC. En el acumulado de 2025, las remuneraciones avanzaron 14,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 15,1%. El resultado: una pérdida de poder adquisitivo del 0,4%.

El retroceso es aún más marcado si se toma como referencia el inicio del gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, los salarios reales cayeron un 5,5%.

Dentro del universo de trabajadores registrados, el mayor golpe volvió a darse en el sector público: las remuneraciones subieron solo 1,3% en junio, por debajo de la inflación. En cambio, los salarios del sector privado registrado aumentaron 1,7%, apenas por encima del IPC.

La foto confirma una tendencia de ajuste sostenido sobre el empleo estatal y una lenta recomposición del ingreso privado, insuficiente para revertir el deterioro acumulado.

Las muertes por fentanilo ya ascienden a 97 en todo el país, con víctimas en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca. Sin embargo, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, sigue evitando asumir responsabilidades directas en una crisis sanitaria que crece mientras la respuesta oficial se limita a medidas tardías.

El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, confirmó que todas las víctimas recibieron medicación provista por HLB Pharma, elaborada por Laboratorios Ramallo. Pese a que hay 24 sospechosos con prohibición de salida del país y bienes embargados, todavía no hay detenidos. Y Kreplak advirtió que podrían aparecer más víctimas, porque no todos los casos fueron reportados.

Los últimos fallecimientos se registraron en hospitales de cuatro provincias: tres en Formosa, uno en Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. El lote letal, el 31.202, fue producido el 18 de diciembre de 2024 y prohibido recién el 11 de mayo de 2025. Para entonces, el fentanilo ya había circulado por al menos 14 provincias.

El Ministerio de Salud insiste en remarcar que “no hay riesgo” y que el producto fue retirado, pero omite explicar por qué no hubo controles previos que evitaran la distribución y aplicación de un medicamento contaminado. Tampoco reconoce las fallas en el seguimiento de las alertas iniciales ni en la articulación con los hospitales.

La tragedia expone un Estado que reaccionó tarde, que permitió que el fentanilo letal se aplicara a decenas de pacientes y que, incluso después de casi cien muertes, todavía no tiene un protocolo público claro para prevenir que algo así vuelva a repetirse.

La recesión, las tasas usurarias y la caída del consumo dejaron al borde del colapso a la histórica Forestadora Tapebicuá, que paraliza su actividad y deja a 520 familias en la incertidumbre, en otro golpe directo del ajuste libertario al trabajo y la producción.

La política económica de Javier Milei empieza a dejar un tendal de víctimas, y una de las más golpeadas es la Forestadora Tapebicuá SA, con sede en Virasoro, Corrientes. La histórica maderera anunció que desde este viernes paraliza toda su producción por un mes, empujando a 520 trabajadores a la cesantía temporal y a un clima de angustia e incertidumbre.

El parate no es un hecho aislado: llega después de meses de asfixia financiera agravada por la recesión brutal y la caída del mercado interno provocadas por el ajuste libertario. La planta ya estaba al borde del colapso y, ahora, con una deuda que incluye sueldos de julio y el medio aguinaldo, la tensión laboral se volvió explosiva.

El Sindicato de Trabajadores de la Madera reclama 170 millones de pesos impagos y llevó el caso a la Justicia, que terminó ordenando el embargo de una cuenta bancaria. La empresa sostiene que esa medida empeora el ahogo económico y dificulta cualquier pago, pero la raíz del problema es el mismo cóctel de recesión, tasas usurarias y falta de crédito que el Gobierno fomenta.

La paralización golpea de lleno no solo al aserradero, sino a toda la comunidad de Virasoro, que ve cómo la política económica de Milei, lejos de “liberar” al sector productivo, lo hunde en una crisis sin horizonte.