Ante la fuerte suba del dólar y la urgencia de conseguir divisas, el Gobierno eliminó en forma transitoria las retenciones a todos los granos y a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar un ingreso de 7.000 millones de dólares. La medida, de claro sesgo electoral, tendrá un costo fiscal estimado entre 1.000 y 1.800 millones de dólares y, según los gobernadores de las principales provincias agropecuarias, es oportunista, transitoria y dañina para las cuentas públicas: equivale a resignar el 0,25% del PBI.

Los decretos firmados por Javier Milei fijaron en cero los derechos de exportación de cereales, oleaginosas y carnes, con el objetivo de forzar una rápida liquidación de divisas. El trasfondo es evidente: la derrota en Buenos Aires y la escalada cambiaria profundizaron un cuadro de recesión, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo. El propio Gobierno admite que, como efecto inmediato, los precios de alimentos básicos —leche, harina, carnes y aceites— sufrirán nuevas remarcaciones.

El beneficio alcanza sobre todo a grandes productores y exportadoras que todavía conservaban stock a la espera de una devaluación mayor, mientras que los pequeños agricultores ya liquidaron sus granos en junio. Desde la Federación Agraria advirtieron que la decisión “favorece a las multinacionales y no al productor chico”. Tras el anuncio, el Ejecutivo reunió a la Mesa de Enlace, que celebró a medias y pidió la eliminación definitiva de las retenciones.

La maniobra apunta a sostener artificialmente el tipo de cambio hasta las elecciones del 26 de octubre. Según cálculos del Iaraf, el costo fiscal directo será de unos 1.000 millones de dólares, equivalente a casi la mitad del superávit proyectado para 2026. La oposición recuerda que ese monto es similar al presupuesto que Milei vetó para universidades y el Hospital Garrahan con el argumento de la falta de recursos.

Los gobernadores provinciales salieron al cruce. Axel Kicillof cuestionó el “cambio de discurso” del oficialismo, que hasta hace semanas defendía las retenciones como garantía del superávit. Maximiliano Pullaro advirtió que “no se pueden usar con fines electorales” y Martín Llaryora pidió un plan productivo estable: “Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por especulación financiera o electoral”.

Diputados opositores presentaron un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de avanzar luego en una moción de censura. El mecanismo, previsto en la Constitución de 1994, permitiría remover al funcionario con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara baja. En la Casa Rosada la iniciativa cayó como un baldazo de agua fría. “Esto es golpismo”, advirtieron desde el entorno presidencial, reconociendo la preocupación que despierta la jugada parlamentaria.

Desde que se creó la figura del jefe de Gabinete en la reforma constitucional, nunca prosperó una censura de este tipo. El oficialismo sabe que alcanzar la mayoría absoluta —más de la mitad de los diputados— no es sencillo, pero admite que la posibilidad, por primera vez en décadas, es real.

El proyecto fue presentado por legisladores de Encuentro Federal, entre ellos Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot. La propuesta cita a Francos a una interpelación “con el objeto de iniciar una moción de censura”, y enumera como causales la ilegalidad del decreto 685/2025, el incumplimiento de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y “cualquier otra cuestión que decida incluir el pleno al momento de la comparecencia”.

En Balcarce 50 admiten que la ofensiva los tomó por sorpresa. “No veo a los gobernadores dando el visto bueno para votar esto, no debería pasar”, se esperanzó un funcionario, aunque reconoció que el escenario los inquieta. “No vemos la hora de que llegue octubre”, deslizó, en alusión a las próximas elecciones legislativas.

La movida opositora se vincula directamente con la ley de emergencia nacional en discapacidad. El Congreso sancionó la norma pese al veto del presidente Javier Milei, e incluyó la obligación de incorporar partidas presupuestarias específicas para su implementación. Desde el Gobierno argumentan que el texto no precisa de dónde saldrán los fondos, lo que viola el artículo 5° de la Ley 24.629. Esa controversia se convirtió en el eje del enfrentamiento que hoy tiene en la mira a Guillermo Francos.

Desde comienzos de mes, la inestabilidad cambiaria se trasladó a surtidores con subas de entre 4% y 5% no anunciadas al público, mientras los alimentos aceleran. De acuerdo con Analytica, el rubro registra un alza del 0,2%, con picos en verduras (6,1%) y frutas (5,1%); en consumo masivo se observan incrementos más moderados en lácteos (0,5%) y café, té, yerba y cacao (0,8%). A esto se suma la presión de los servicios, con la medicina prepaga que ajusta entre 1,6% y 1,99%.

En una nota detallada de DataClave se dice que el antecedente inmediato también enciende alertas: los precios mayoristas de agosto subieron 3,1% y acumulan 15,7% en lo que va del año, por encima del 1,9% de la inflación minorista del mismo mes. El movimiento en mayoristas anticipa tensiones hacia adelante, sobre todo cuando la cadena de costos incorpora dólar y combustibles.

El propio Javier Milei reconoció en una entrevista con el Grupo Clarín que “habrá salto de precios” pero aclaró que “eso no es inflación, no hay que confundir”. El presidente parece cada vez más desconectado con la realidad que afecta a millones de argentinos que ven pulverizados sus salarios cada mes. ¿Está bien el presidente?

Totalmente desesperado por una posible catástrofe electoral, el gobierno de Javier Milei anunció que quitará todas las retenciones hasta el 31 de octubre, una semana después de las elecciones. Luego volverá a ponerlas. Plan platita para el campo.

En las recientes elecciones en provincia de Buenos Aires, el gobierno perdió por casi 15 puntos en una paliza fenomenal. Antes, había sacado solo 15% en Corrientes, donde salió cuarto. De repetirse ese escenario, el oficialismo quedaría en una posición todavía más debil de la que se encuentra hoy.

En las redes y con la soberbia habitual, el anuncio fue compartido por Manuel Adorni. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, aseguró el vocero.

En el marco de una semana adversa para el Gobierno, tanto en lo político como en lo económico, el dólar volvió a dispararse y obligó al Banco Central a una fuerte intervención. El tipo de cambio mayorista cerró este jueves en $1.474,5, en el techo de la banda superior, lo que obligó a la autoridad monetaria a vender u$s379 millones en un solo día para frenar la escalada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó despejar dudas y defendió el esquema: “Confiamos plenamente en el programa. No nos vamos a mover, no va a haber cambios. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos”, aseguró. El mensaje buscó dar tranquilidad, aunque dejó en claro que la estrategia oficial se apoya en la utilización intensiva de reservas para contener la presión cambiaria.

El contraste con otras áreas del Estado es inevitable. El monto vendido por el Central en apenas una jornada equivale a más de dos tercios del presupuesto anual de la Universidad de Buenos Aires en 2024, que fue de unos u$s490 millones al tipo de cambio oficial. Mientras la principal casa de estudios del país afronta un ajuste severo y denuncia falta de recursos para sostener la calidad académica, el Gobierno destina en un solo día casi lo mismo que cuesta financiar todo un año de funcionamiento de la UBA, únicamente para intentar frenar al dólar. Algo no cierra.

La comparación alimenta críticas sobre la sostenibilidad del plan económico y la asignación de prioridades en un contexto de alta inflación, recesión y deterioro social. Con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos y la desconfianza de los mercados en aumento, la apuesta de Caputo de sostener el techo de la banda a fuerza de reservas abre un debate cada vez más fuerte: hasta dónde puede llegar el Gobierno en su intento de defender la estabilidad cambiaria mientras otras áreas estratégicas del Estado padecen recortes.

La tensión en los mercados volvió a sentirse con fuerza este jueves, con una nueva disparada del dólar en sus distintas cotizaciones y un salto del riesgo país, que reflejó el creciente nerviosismo de los inversores frente al panorama político y económico. En un escenario de alta volatilidad, el billete paralelo alcanzó nuevos máximos nominales, mientras que los bonos argentinos se desplomaron. El Banco Central vendió casi 400 millones de dólares y no logró que el dólar llegara a casi los 1500 pesos. Crisis total.

La escalada cambiaria impactó de lleno en las expectativas. Operadores financieros advierten que la presión sobre el dólar se sostiene por la dolarización de carteras en la antesala de las elecciones de octubre y la ausencia de señales de estabilización por parte del Gobierno. La falta de confianza en la capacidad oficial de contener la corrida profundiza la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.

En paralelo, el riesgo país —que mide la sobretasa que paga Argentina respecto de los bonos del Tesoro estadounidense— superó otra vez la barrera de los 2.000 puntos básicos, confirmando el deterioro de la deuda local. Esta suba estuvo directamente relacionada con la caída de los títulos soberanos en dólares, que arrastraron pérdidas en torno al 3% en la jornada.

Economistas advierten que la combinación de un dólar en alza y un riesgo país disparado deja a la economía en una posición extremadamente frágil, con riesgo de que se acelere la salida de capitales y se agrave la recesión. En este contexto, la política monetaria y la estrategia del Banco Central vuelven a quedar bajo la lupa, mientras crece la presión social por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Nicolás Malinowski, especialista en Energía y autor de “Crítica de la energía política”, se refirió a la privatización del ecosistema nuclear argentino por parte del gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Bonavitta en 530, Malinowski explicó: “Desde el inicio del gobierno libertario era esperable esto. La energía nuclear es el 7% de la energía que consumimos”, dijo.

“Ya vimos lo que pasó en la década de los 90 con muchas privatizaciones. Ahora hay interesadas empresas norteamericanas. El sector nuclear no necesita de empresas privadas para fortalecer el sector. El gobierno paralizó inversiones que se venían realizando”, explicó.

“Hay un desmantelamiento del sector nuclear argentino, a partir de un lineamiento con Estados Unidos, que en su momento vinieron para objetar la construcción de dos centrales con financ

El Banco Central se vio obligado en las últimas jornadas a desprenderse de parte de sus reservas para contener la presión cambiaria y evitar un salto mayor en el precio del dólar. La tensión en el mercado se hizo evidente en medio de la incertidumbre política y económica, lo que llevó a la autoridad monetaria a intervenir para frenar una escalada que podría haber tenido un fuerte impacto en la plaza financiera. Ayer el dólar superó la banda de 1470 pesos.

Según operadores, la demanda privada se intensificó mientras se acortaba la oferta de divisas, forzando al Central a vender dólares en un contexto de reservas ya debilitadas. Esta dinámica reavivó el debate sobre la sustentabilidad de la estrategia oficial y el margen real de maniobra de la entidad en el corto plazo.

En los últimos meses, el gobierno había intentado sostener un discurso de estabilidad en torno al tipo de cambio, aunque la realidad mostró que la presión del mercado terminó imponiéndose. Los analistas advierten que, con una economía en recesión y con escasos ingresos de divisas genuinas, cada movimiento del Central no solo refleja debilidad sino que además compromete su capacidad futura de intervención.

La venta de reservas, coinciden los especialistas, puede otorgar una calma transitoria pero no resuelve los desequilibrios de fondo. En ese sentido, remarcan que la falta de confianza en el rumbo económico y la ausencia de señales claras de reactivación mantienen encendido el foco cambiario, que se perfila como uno de los principales desafíos de cara a las próximas semanas.

El presidente Javier Milei anunció la reactivación de la obra pública y aseguró que el superávit fiscal permitirá al Estado “financiar al sector privado” para llevar adelante proyectos de infraestructura y logística.

Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) señalaron que las definiciones del mandatario “son muy confusas” y generan más dudas que certezas. La mayoría de los empresarios perdieron la confianza en el gobierno nacional.

“El texto del presupuesto destina apenas el 0,4% del PBI a obra pública, cuando lo que se necesita es alrededor del 5% solo para mantener en pie la infraestructura existente”, advirtió Ricardo Griot, vicepresidente de Camarco, en declaraciones a FM La Patriada.

El dirigente empresario remarcó que la ambigüedad oficial se arrastra desde hace meses: “La lectura ha sido muy confusa desde hace bastante tiempo. No tenemos claro si realmente va a haber un cambio en este esquema”.

Griot también describió el deterioro acumulado en el sector: “Para volver al nivel de diciembre de 2023 necesitaríamos entre 10.000 y 20.000 millones de dólares”.

El mercado cambiario cerró la jornada de ayer con nuevas tensiones. A pesar de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei intentó transmitir calma y reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal, el dólar retomó la senda alcista y el riesgo país se disparó, alcanzando su mayor nivel en los últimos doce meses.

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró a $1.480 para la venta, mientras que el promedio de las entidades financieras lo ubicó en torno a $1.482. En el segmento mayorista, la divisa terminó en $1.469, con un incremento leve respecto del día anterior. El paralelo, en tanto, volvió a presionar al alza y se vendió a $1.465, unos diez pesos más que en la rueda previa. El presupuesto que presentó Milei, de esta manera, nace muero: dice que el dólar estará al 1350 para fin de año. Imposible.

La suba se produjo en un contexto de incertidumbre política y financiera. Lejos de disipar las dudas, la cadena presidencial no logró frenar la demanda de dólares ni la inquietud de los inversores, que siguieron buscando cobertura frente a un escenario volátil.

El otro dato negativo de la jornada fue el salto del riesgo país, que trepó hasta los 1.225 puntos básicos, el valor más elevado en casi un año. La combinación de presión cambiaria, caída de reservas y desconfianza en la capacidad del Gobierno para sostener sus compromisos de deuda alimentó la escalada del indicador, que refleja el costo adicional que paga Argentina para financiarse en los mercados internacionales.