La crisis económica afectó profundamente al consumo. Sin ventas, las fábricas empezaron a recortar personal y actualmente no tienen fondos ni para los despidos.

Después de décadas de ser una de las marcas líderes en el mercado de insumos para limpieza e higiene -desde bolsas de residuos hasta las expendedoras de toallas de papel- la compañía Valot entró en una crisis económica por la caída del consumo y despidió a una veintena de empleados en las últimas dos semanas.

“Hubo un recorte brutal en la empresa. Echaron a más de 20 operarios en dos semanas, yo entre ellos”, confirmó Nicolás, exempleado de Valot S. A., al sitio Data Gremial. El personal trabajaba en la planta de Valot en Quilmes, provincia de Buenos Aires, territorio que vio cerrar decenas de empresas en lo que va del año, mientras que otras pidieron concurso preventivo de quiebra tras desprenderse de gran parte de su personal.

En el caso de Valot, la compañía invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para poder abonar el 50% de las indemnizaciones debidas a sus empleados despedidos ante la falta o disminución de trabajo por causas no imputables al empleador.

Los encargados de la firma explicaron que se tomaron medidas previas para evitar la crisis económica, pero ni la optimización de procesos ni la revisión de compras o la búsqueda de nuevos canales comerciales lograron el efecto deseado.

El consumo no repuntó, el costo financiero y operativo no hizo más que elevarse. A Nicolás, el empleado recientemente despedido, le consta que hubo desvinculaciones en varios sectores de la fábrica ante la merma sostenida en la producción.

“No los culpo porque con ellos estoy muy agradecido. Mi bronca es con el proyecto de país que destruye a la industria. Hoy no queda otra que aceptar rápido lo que pasó y tratar de salir a buscar algo lo más pronto posible en una realidad cada vez más difícil”, convino.

Justamente esta semana el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de “tarados” a quienes reclaman medidas para proteger la industria que viene padeciendo las políticas económicas implementadas desde la Casa Rosada.

“No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía”, afirmó Rappallini en declaraciones radiales.

La empresaria y esposa de Lionel Messi tuvo un gesto virtual que no pasó desapercibido ante el debate del proyecto oficial en el Senado.

La empresaria y esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, se manifestó en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras impulsadas por el Gobierno al darle un “Me gusta” en Instagram a un video del periodista Diego Leuco en el que explica el impacto del proyecto oficial.

El gesto virtual de Roccuzzo se dio en el marco del inminente debate en el Senado, con el que el Poder Ejecutivo buscaba flexibilizar las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros.

El “Like” de Antonela llamó la atención de miles de usuarios de redes sociales, ya que la empresaria suele evitar manifestarse sobre cuestiones de la política nacional.

De aquella manera, Roccuzzo se alineó con una gran cantidad de artistas que expresaron su descontento con la iniciativa oficial bajo la consigna “La patria no se vende”.

Entre los famosos que se expresaron contra la Ley de Tierras se encuentran Tini Stoessel, Emilia Mernes, Dillom y Ca7riel, entre otros.

Ante la falta de votos y la fuerte presión social y gremial, el oficialismo se vio forzado a eliminar el polémico capítulo de extranjerización de tierras del texto definitivo.

Javier Milei resignó la extranjerización de tierras pero avanza con el resto del proyecto: qué se debate hoy

El fuerte rechazo popular a la extranjerización de tierras que impulsaba el gobierno de Javier Milei obligó a la Casa Rosada a resignar su anhelada avanzada entreguista pero sostiene el resto de los capitulos que forman parte del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que el Senado comenzará a debtir esta tarde a partir de las 16.

La polémica iniciativa libertaria incluye reformas al régimen de expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. A pesar del rotundo fracaso en su intento por avanzar en la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo asegura que, tras el acuerdo alcanzado con sus aliados parlamentarios, cuentan con las mayorías necesarias para avanzar hoy con la media sanción del resto proyecto.

Tras el receso invernal, los tribunales federales retomaron la investigación contra el ex jefe de Gabinete por inconsistencias en su patrimonio detectadas por la DAFI.

Con el reinicio de la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py tras la feria judicial de invierno, volvió a tomar impulso la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una de las causas de mayor relevancia que tramitan en la Justicia Federal.

El fiscal Gerardo Pollicita retomó este lunes el análisis de un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que habría detectado inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y los gastos registrados a lo largo de distintos años.

A partir de ese documento, la Fiscalía prepara un requerimiento de justificación patrimonial que será presentado ante el juez federal Ariel Lijo. El objetivo es que el exfuncionario brinde explicaciones formales sobre las diferencias señaladas en el informe contable.

Será la primera vez que Adorni deba responder ante la Justicia por el origen y la evolución de su patrimonio. Si las explicaciones no logran despejar las sospechas, el fiscal podría solicitar que sea citado a declaración indagatoria, un paso previo a una eventual definición sobre su situación procesal.

Uno de los aspectos bajo análisis es la declaración realizada por Adorni sobre una inversión en Bitcoin efectuada en 2014, que, según explicó públicamente antes de dejar el cargo, le habría generado una ganancia cercana al medio millón de dólares. La Justicia intenta determinar si esos fondos guardan relación con la “venta de activos” por 565.000 dólares que figura en su última declaración jurada correspondiente a 2025.

La causa también incorporó nuevas denuncias por presunta falsedad ideológica, presentadas por dirigentes de la Coalición Cívica y representantes de organizaciones civiles. Los denunciantes sostienen que el exfuncionario habría ocultado parte de su patrimonio en declaraciones oficiales, lo que podría haber afectado tanto el control patrimonial como sus obligaciones tributarias.

Los expedientes, que inicialmente fueron distribuidos en distintos juzgados federales, fueron unificados con la causa principal que investigan el juez Lijo y el fiscal Pollicita, al considerar que los hechos denunciados forman parte del mismo objeto de investigación.

De esta manera, la Justicia continuará analizando en un único expediente tanto las sospechas de enriquecimiento ilícito como las presuntas irregularidades en las declaraciones patrimoniales presentadas por el ex jefe de Gabinete.

El Presidente volvió a apuntar contra periodistas, docentes, estudiantes e investigadores y utilizó una expresión que generó fuertes cuestionamientos por su similitud con conceptos utilizados por el exdictador Jorge Rafael Videla durante uno de sus últimos alegatos judiciales.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras calificar como “terroristas disfrazados” a estudiantes, periodistas, docentes e investigadores durante una entrevista televisiva. Sus declaraciones provocaron un inmediato rechazo de distintos sectores políticos, académicos y de derechos humanos, que advirtieron sobre la gravedad institucional del mensaje y su semejanza con discursos pronunciados durante la última dictadura militar.

En una entrevista con LN+, Milei sostuvo que el pensamiento del intelectual italiano Antonio Gramsci fue utilizado para avanzar sobre la cultura, los medios de comunicación y las instituciones del Estado. En ese marco, afirmó que en la Argentina existen “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores y terroristas disfrazados de investigadores”.

Las expresiones del mandatario fueron cuestionadas porque utilizan la palabra “terrorista” para referirse a sectores de la sociedad que ejercen actividades vinculadas a la educación, la investigación, el periodismo y la vida democrática. Para distintos referentes políticos y organismos de derechos humanos, ese tipo de descalificaciones profundiza un clima de confrontación y estigmatización.

Además, las declaraciones reavivaron el debate por su similitud con conceptos utilizados por el exdictador Jorge Rafael Videla durante uno de sus alegatos judiciales en 2010. En aquella oportunidad, el responsable del terrorismo de Estado también apeló a la figura de Antonio Gramsci para denunciar una supuesta estrategia destinada a controlar las instituciones de la República y cuestionó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La comparación generó nuevas críticas hacia el Presidente, ya que para diversos sectores el uso de categorías asociadas al terrorismo para describir a periodistas, docentes o estudiantes reproduce una lógica de persecución incompatible con la convivencia democrática.

Las declaraciones de Milei se suman a una serie de enfrentamientos que el Gobierno mantiene desde el inicio de su gestión con universidades públicas, científicos, medios de comunicación y organizaciones sociales, en un contexto de creciente tensión política y fuertes cuestionamientos por el tono utilizado desde la Casa Rosada.

Francisco Oneto, abogado identificado con el oficialismo y cercano a Javier Milei, afirmó que un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU habilitaría la revisión de la condena contra Cristina Kirchner. La postura contradice a quienes sostienen que la sentencia quedó definitivamente cerrada y reavivó el debate sobre la causa Vialidad.

La discusión sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner sumó un dato inesperado. Francisco Oneto, abogado vinculado al espacio de Javier Milei y una de las voces jurídicas más cercanas al oficialismo, sostuvo públicamente que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría abrir la puerta a revisar la sentencia firme dictada en la causa Vialidad.

A través de sus redes sociales, Oneto cuestionó a quienes aseguran que la intervención del organismo internacional no tendría efectos sobre la condena. “Es falso”, afirmó, y explicó que el artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal contempla expresamente la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado internacional se pronuncia en una comunicación individual.

El abogado recordó que el Comité de Derechos Humanos tiene competencia para recibir denuncias individuales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. En ese marco, sostuvo que un dictamen favorable a Cristina Kirchner “habilitaría la acción de revisión” y remarcó que “la cosa juzgada no es el muro que dicen”.

Las declaraciones cobran relevancia porque provienen de un abogado identificado con el oficialismo nacional y contrastan con el discurso de quienes aseguran que la condena ya no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

La defensa de Cristina Kirchner ya anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en junio de 2025, agotando las instancias judiciales argentinas. El planteo buscará demostrar que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales del debido proceso.

Si bien el Comité no tiene facultades para anular directamente una sentencia judicial argentina ni ordenar la libertad de una persona condenada, un dictamen favorable podría convertirse en un elemento jurídico de peso para impulsar una revisión del fallo dentro del sistema judicial argentino, tal como planteó Oneto.

La postura del abogado volvió a instalar el debate sobre la solidez jurídica de la condena contra la expresidenta y alimentó las críticas del kirchnerismo, que sostiene desde hace años que Cristina Kirchner es víctima de una persecución judicial con fines de proscripción política.

La expareja de Javier Milei también participó de la asunción de Keiko Fujimori. Dice que la conoció en Marbella el año pasado. El antecedente del exvocero.

“La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial”. La desmentida del Gobierno llegó tres horas después de que la expareja de Javier Milei subiera una foto a su cuenta de Instagram con la leyenda “Hola Perú”.

La coincidencia alimentó más que rumores de reconciliación entre Milei y la vedette, quienes mantuvieron un noviazgo en la campaña presidencial de 2023 y en los primeros meses de mandato del libertario. Con el antecedente de la Caja de Pandora que destapó la presencia de la esposa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, como parte de la comitiva presidencial en Nueva York, la Casa Rosada salió a negar que Florez se haya subido al avión Embraer de la Fuerza Aérea en el que viajó el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

¿Por qué Fátima Florez fue a Perú?

Según contó la propia actriz, fue invitada por la flamante presidenta de Perú. “Con Keiko nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales”, dijo. Según pudo corroborar este medio, efectivamente se siguen en Instagram.

Por otra parte, el periodista cubano contó que conoció a Fujimori, a quien entrevistó hace un mes, en Marbella.

Al cierre de esta nota, Florez no había subido ninguna foto que la mostrara con el Presidente, que se encontraba recibiendo el doctorado honoris causa en la Universidad San Martín de Porres. Tampoco la Casa Rosada difundió imágenes de Milei junto a la actriz.

El diputado habló de la disputa interna con el gobernador y reveló que existe discusión político. El gobernador de La Rioja busca que se encuentren en un homenaje el fin de semana próximo.

En medio de los preparativos para la cumbre peronista que organiza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para el próximo sábado en homenaje al obispo Enrique Angelelli, Máximo Kirchner relativizó anoche la pelea con Axel Kicillof. El diputado nacional aseguró que “no estamos en veredas opuestas” con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y calificó como ajena a su comprensión la disputa que, según dijo, “adelantó” un sector de la política.

“Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas con Kicillof. Nosotros compartimos el peronismo en la provincia de Buenos Aires; él es presidente del PJ y gobernador, después hay debates y discusiones lógicas de adentro de la política, que no interesan”, planteó Kirchner en C5N. Y agregó, en un tono que combinó extrañeza y cierta autocrítica sobre la escalada de los últimos meses: “No sabría explicarte, me gustaría saber. No hay una pelea en el conurbano, puede haber cruce de declaraciones, pero después todos los intendentes trabajan para mejorarle la calidad de vida a la gente. Pero hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí mucho. Es algo que me vengo preguntando con mucho tiempo”. Más adelante en la nota, sumó otra frase en la misma línea: “Salimos en conjunto de la defensa de los bonaerenses”.

Aunque no lo dijo de manera explícita, la referencia de Kirchner a “la gente que adelantó una pelea” remite al desdoblamiento de las elecciones legislativas bonaerenses que Kicillof anunció el 7 de abril de 2025, cuando fijó los comicios provinciales para el 7 de septiembre, por afuera de las elecciones nacionales de octubre. Esa decisión, tomada tras semanas de negociaciones fallidas con Cristina y Máximo Kirchner, fue leída en ese momento como el quiebre definitivo entre el gobernador y el cristinismo, y La Cámpora había advertido antes del anuncio que desdoblar implicaba “romper” con la unidad. Tras la derrota del peronismo en octubre, la propia Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por esa estrategia, a la que calificó de “error político”.

Las declaraciones llegan apenas días después de que este diario revelara los detalles de la cumbre que impulsa Quintela para el sábado en La Rioja, en el marco del 50° aniversario del asesinato de Angelelli. El gobernador riojano viene trabajando desde hace semanas para lograr la foto que, hasta ahora, parecía imposible: Kirchner y Kicillof compartiendo el mismo escenario, después de un año de silencio entre el cristinismo y el kicillofismo. El líder de La Cámpora ya confirmó su presencia, mientras que el mandatario bonaerense le prometió a Quintela que viajará, aunque en el entorno de Kicillof todavía relativizan esa posibilidad y desconfían de cualquier gesto de acercamiento con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner.

El clima entre ambos espacios había llegado a un punto de máxima tensión hace poco más de dos semanas, cuando el diputado provincial Facundo Tignanelli, mano derecha de Kirchner en la Legislatura bonaerense, comparó a Kicillof con el dirigente sindical Augusto Vandor, asesinado en 1969 tras proponer un peronismo sin Perón. Esa comparación fue leída puertas adentro del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación de Kicillof, como una amenaza directa, y profundizó la convicción de que cualquier instancia de diálogo con La Cámpora es, en rigor, una trampa para desgastar al gobernador y forzarlo a resignar su candidatura a la reelección en la provincia.

En el marco de la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la militancia realizó una intervención sobre la fachada de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad, denunciada por el kirchnerismo como parte de una persecución judicial y política.

Durante la noche, la militancia proyectó sobre la fachada de San José 1111 la consigna: “Fuera ingleses de Malvinas. Fuera FMI de Argentina”.

El lugar elegido tiene un fuerte contenido político. Allí cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, luego de la condena en la causa Vialidad. Desde el peronismo y el kirchnerismo sostienen que el proceso judicial formó parte de una persecución política y que la sentencia derivó en la proscripción de la exmandataria.

La intervención se realizó en el marco de la visita al país de Kristalina Georgieva y de una delegación del Fondo Monetario Internacional. La presencia de la titular del organismo fue interpretada por los manifestantes como una señal de respaldo político al Gobierno de Javier Milei y a las políticas económicas vinculadas con las exigencias del FMI.

La consigna proyectada vinculó dos reclamos de soberanía. Por un lado, la exigencia histórica de recuperar las Islas Malvinas, bajo ocupación británica. Por el otro, el rechazo a la injerencia del Fondo Monetario Internacional en las decisiones económicas de la Argentina.

Así, la fachada de la casa donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria volvió a convertirse en un punto de expresión política, esta vez con un mensaje que vinculó la cuestión Malvinas, el rechazo al FMI y la situación judicial de la expresidenta.

El titular de la Cámara de Diputados puso como ejemplo a su padre para defender el ajuste y dijo que el jubilado “dejó de tomar su café caro”. El problema es que el exsenador Eduardo Menem percibe un haber que equivale a más de 100 jubilaciones mínimas, mientras los adultos mayores deben elegir qué medicamento comprar y qué comida dejar de consumir.

Martín Menem volvió a defender el ajuste del Gobierno y generó una fuerte polémica al utilizar a su propio padre como ejemplo de cómo los jubilados deberían adaptarse a la crisis económica.

Durante una entrevista radial, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que Eduardo Menem, exsenador y jubilado, “no se queja” y que decidió dejar de tomar café caro para comprar uno más económico.

“Mi papá es jubilado y no se queja. Dejó de tomar su café caro y ahora se compra uno más económico”, sostuvo.

La frase generó críticas por la distancia entre el ejemplo utilizado por el dirigente oficialista y la realidad de millones de jubilados que cobran haberes mínimos y enfrentan aumentos en alimentos, medicamentos, servicios y alquileres.

El argumento de Menem fue presentado como una defensa del equilibrio fiscal. Según su mirada, los adultos mayores deben resignar consumos y “pensar en el futuro del país”.

Pero el ejemplo elegido expuso una diferencia que resulta difícil de ignorar.

Una jubilación de privilegio de $41 millones

El padre de Martín Menem es el exsenador Eduardo Menem, quien percibe una jubilación de privilegio que ronda los 41 millones de pesos mensuales.

El haber fue obtenido luego de una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La resolución dejó firme un fallo que elevó sus ingresos a una suma equivalente a más de 100 jubilaciones mínimas. Además, recibió un pago retroactivo de alrededor de 1.500 millones de pesos.

Por eso, la comparación con los jubilados que deben resignar consumos básicos para llegar a fin de mes generó un fuerte rechazo.

Mientras el presidente de la Cámara de Diputados les pide a los adultos mayores que cambien el café caro por uno más económico, la mayoría de los jubilados debe hacer cuentas para comprar medicamentos, pagar los servicios y garantizar la comida del mes.

Los senadores volverán a cobrar casi $12 millones

La polémica se da, además, en un contexto en el que los senadores nacionales volverán a recibir un aumento en sus dietas.

Desde agosto, los legisladores de la Cámara Alta pasarán a cobrar casi 12 millones de pesos brutos por mes. El incremento acumulado será del 6,7%, luego de una suba del 12,5% otorgada durante el primer cuatrimestre.

Con la actualización, la dieta llegará a unos 11.877.000 pesos brutos mensuales, sin contar los descuentos correspondientes.

La diferencia con los jubilados es evidente. Para los adultos mayores, la receta oficial es resignar. Para quienes ocupan cargos legislativos, los ingresos continúan actualizándose.

El mensaje de Martín Menem volvió a poner sobre la mesa una de las principales críticas al Gobierno de Javier Milei: mientras se les exige esfuerzo y sacrificio a los sectores que menos tienen, los funcionarios y legisladores mantienen ingresos que están muy lejos de la realidad de la mayoría de los argentinos.

Y en ese contexto, pedirle a un jubilado que deje de tomar un café caro no parece una solución económica. Parece, más bien, una muestra de la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes deben pagar el costo del ajuste.

Un reciente informe reveló un contundente rechazo a la postura oficial sobre la prohibición de banderas en la semifinal del Mundial 2026.

El impacto del reciente Mundial 2026 trascendió lo estrictamente deportivo para reactivar una fibra íntima de la identidad nacional, en especial luego de la semifinal contra Inglaterra y el enorme gesto de los jugadores de la Selección Argentina pidiendo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora CEOP Latam para C5N y minutouno.com, titulado “El Mundial y Malvinas”, expuso con números contundentes la centralidad del reclamo soberano y la brecha existente entre la percepción ciudadana y el accionar del Poder Ejecutivo.

En torno al inolvidable cruce de semifinales ante Inglaterra, el 72% de los encuestados afirmó que el enfrentamiento “fue algo más que un partido”, ratificando la carga simbólica e histórica que rodea cada duelo ante el conjunto británico.

Rechazo a la restricción del Gobierno y respaldo absoluto al plantel

Uno de los puntos centrales del relevamiento abordó la polémica previa al encuentro, cuando se restringió la portación de insignias relativas al archipiélago con el aval de las autoridades nacionales. Ante la consulta sobre la postura del Ejecutivo al acompañar dicha prohibición, el 65% sostuvo que “el Gobierno debería haber defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas”.

En contrapartida, la reacción del equipo dentro del campo tuvo un aval masivo: el 83% se mostró de acuerdo con la actitud de los futbolistas de exhibir la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el silbatazo final (un 66% se declaró “muy de acuerdo” y un 17% “bastante de acuerdo”), mientras que apenas un 6% manifestó estar “nada de acuerdo”.

Causa Malvinas y la mirada sobre el Presidente Javier Milei

Más allá de la pelota, el estudio ratificó el consenso irrestricto que genera el reclamo territorial: un 93% catalogó a la Causa Malvinas como “importante” fuera del ámbito deportivo, alcanzando un 76% que la definió categóricamente como “muy importante”.

Sin embargo, al ser evaluado el rol institucional, la figura del presidente Javier Milei quedó comprometida en la consideración social: el 66% de los entrevistados opinó que al mandatario no le importa la recuperación de las islas, elevándose la cifra al 54% bajo la premisa de que “no le importa nada”.

El análisis del especialista

Al sintetizar las conclusiones del trabajo, el titular de la consultora, Tito Backman, analizó el impacto simbólico de los datos. “El episodio Malvinas condensa un problema que excede el fútbol. La sociedad reveló un sentimiento potente y transversal (93,3% valora la causa), el Gobierno se ubicó a contramano de ese sentimiento (65,4% desaprobó su postura sobre la bandera) y, como saldo, quedó expuesta una percepción corrosiva: para dos tercios, a Milei las Islas Malvinas no le importan”, explicó el sociólogo.

Finalmente, Backman enfatizó la dimensión de este desgaste en la coyuntura actual. “En un contexto donde el Gobierno ya venía golpeado en el terreno económico, este informe agrega una vulnerabilidad de otra naturaleza. No se trata de bolsillo ni de expectativas, sino de identidad y símbolos: el territorio donde las naciones se reconocen a sí mismas”.

“Milei podía discutirle a la sociedad el rumbo económico y defender su modelo; en Malvinas, en cambio, no hay modelo que defender, solo un consenso al que se lo ve ajeno. Y cuando un gobierno debilitado también pierde pie en lo simbólico, el desgaste deja de ser solo material para volverse, además, emocional”, concluyó el analista político.