El jefe de Gabinete le envió una nota de confirmación de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. La oposición había presionado para su presentación

Luego de la presión de la oposición, aliados y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que el jefe de Gabinete presente el informe de gestión, Manuel Adorni confirmó que asistirá al Senado de la Nación el próximo 2 de julio.

El ministro coordinador envió anoche una nota de confirmación a la titular del Senado en el que señala: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 02 de julio”.

Adorni presentará el informe N° 146 para cumplir con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno. Tal como anticipó la semana pasada, la visita será concretada en julio y no en junio, como esperaban los bloques aliados y opositores.

La confirmación llegó en medio de las tensiones con diferentes bloques que buscan avanzar con una moción de censura contra el ministro. Sería el primer titular del Gabinete en ser sometido a este proceso. Esta tarde, en la reunión de Labor Parlamentaria, los bloques esperan definir si se incorporaría al temario tratar sobre tablas la interpelación del jefe de los ministros, en el caso de que se sesione mañana.

La noticia llegó pasadas las 20, a poco del debut del seleccionado argentino en el Mundial 2026 y cuando Patricia Bullrich ya había acordado con los sectores de la oposición aliada suspender la sesión.

La vicepresidenta había reiterado la solicitud a Adorni de que cumpla con su obligación constitucional y publicó en redes la carta enviada al funcionario. En su mensaje, Villarruel subrayó que Adorni no asistió al Senado desde que asumió en noviembre de 2025, por lo que exigió su presencia en junio.

“No habiéndose usted puesto a disposición de asistir a esta Cámara desde que ha asumido tan alta responsabilidad, le solicito tenga a bien dar cumplimiento a su obligación constitucional”, dijo la titular del Senado en la nota.

Los pedidos de presentación de informes se dá en un contexto de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete luego de que reconociera la existencia de 500.000 dólares sin declarar en su patrimonio. Desde distintos sectores opositores reclamaron la renuncia del funcionario.

Como su hermano podría terminar tras las rejas sin pena ni gloria, pero con una fortuna que cualquiera acumularía tras varias décadas de trabajo.

La situación judicial del diputado provincial de La Plata por La Libertad Avanza Francisco Adorni, sumó nuevos capítulos que complican su situación en los tribunales federales. En estos días, el fiscal Gerardo Pollicita avanza en la investigación por presuntas inconsistencias patrimoniales significativas entre sus ingresos previos a la función pública y sus activos declarados con posterioridad al 10 de diciembre de 2023.

La Justicia sanaliza las últimas declaraciones juradas presentadas por el legislador, un vecino de La Plata casi dessconocido, y que era afiliado al peronismo. Ingresó por un dedazo de Karina Milei, que lo puso en la nómina libertaria de la capital bonaerense de los últimos comicios. Todo aunque no se le conociera otra singularidad que la de ser hermano del vocero presidencial y cantar Naranjo en Flor junto al mencionado jefe de Gabinete, Manuel.

En ese contexto, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó formalmente el último documento de rectificación patrimonial del legislador de la Octava Sección Electoral, luego de que este corrigiera la valuación de una propiedad ubicada en City Bell y añadiera la titularidad de cinco cajas de ahorro que suman dos millones de pesos.

El origen del expediente radica en una denuncia penal impulsada por la legisladora Marcela Pagano, que sostiene que la remuneración percibida por Adorni resulta insuficiente para justificar maniobras financieras veloces.

Entre los movimientos principales que originaron la imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se encuentran la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación acelerada, en el plazo de apenas un año, de un crédito hipotecario con el Banco Provincia tasado en aproximadamente 60 millones de pesos.

Para profundizar en el entramado financiero, el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente libertario.

Tras esa medida, los investigadores analizan los registros salariales correspondientes a los dos cargos que Francisco Adorni ocupó previamente dentro del Ministerio de Defensa.

Su abogado, Marcelo Peña,  relativizó las acusaciones manifestando que las diferencias en los montos se debieron a un error circunstancial en las cargas formales. El letrado alegó que no existió ninguna comisión de delito y vaticinó que el expediente terminará siendo desestimado por los magistrados a cargo de la causa.

Mientras la investigación suma requerimientos informativos dirigidos a más de 30 organismos, incluyendo la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la política local es sumamente complaciente con el legislador, y su derrrotero cada vez más grave ante la justicia está siendo muy silencioso. 

La vicepresidenta lanzó un duro descargo luego del anuncio del jefe de Gabinete, y volvió a encender la interna oficialista.

La tregua interna en el oficialismo quedó definitivamente pulverizada. Horas después de que Manuel Adorni intentara calmar las aguas al anunciar que se presentaría ante el Congreso recién en el mes de julio, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, pateó el tablero político.

En medio del escándalo por las polémicas declaraciones juradas patrimoniales del Jefe de Gabinete, la titular del Senado encendió la interna al exigirle de forma legal que comparezca ante la Cámara Alta de manera inmediata durante este mes de junio.

A través de sus redes sociales oficiales, Villarruel expuso con llamativa dureza la irregularidad en la que se encuentra el funcionario, quien no rinde cuentas ante el Poder Legislativo desde que asumió su cargo ministerial a fines del año pasado.

El duro descargo de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni

Lejos de resguardar las formas partidarias, la vicepresidenta emitió un comunicado tajante en sus perfiles digitales donde recordó las obligaciones constitucionales que el ministro coordinador viene esquivando de forma sistemática.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25“, apuntó con precisión quirúrgica.

Acto seguido, la titular del Senado confirmó que ya inició los trámites institucionales para forzar la presencia del vocero-ministro en el recinto en el corto plazo. “Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, sentenció de forma categórica.

Para blindar su avanzada contra la mesa chica de la Casa Rosada —con quien mantiene una relación rota y un aislamiento político total—, Villarruel citó textualmente el texto de la Carta Magna que rige la actividad de los ministros: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”.

Para demostrar que la presión va en serio, la vicepresidenta concluyó su mensaje con una convocatoria que promete reactivar la parálisis de la Cámara Alta en una jornada de alta tensión: “Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”.

Con esta jugada, Villarruel capitaliza el desgaste público que sufre Adorni por sus explicaciones sobre su patrimonio en Bitcoin y sus ahorros en la informalidad fiscal. Al obligarlo a desfilar por el Senado en junio, la vicepresidenta no solo desafía la agenda que pretendía imponer el Poder Ejecutivo, sino que expone la fractura expuesta dentro de La Libertad Avanza ante toda la oposición.

El diputado nacional aseguró que la ex presidenta enfrenta condiciones de detención “arbitrarias” y advirtió sobre el deterioro social y económico del país. También reclamó que Cristina Kirchner pueda volver a competir electoralmente.

Al cumplirse un año de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el diputado nacional Máximo Kirchner volvió a denunciar una maniobra de proscripción política contra la ex presidenta y cuestionó con dureza al Gobierno de Javier Milei, a la Corte Suprema y al poder económico.

Durante una entrevista televisiva, el líder de La Cámpora sostuvo que la situación judicial de Cristina no puede analizarse por separado del escenario político y social que atraviesa la Argentina. “Cuando anunció que iba a ser candidata por la Tercera Sección Electoral avanzaron de una manera descarada”, afirmó, en referencia a la condena y posterior prisión domiciliaria de la ex mandataria.

Máximo aseguró que Cristina enfrenta condiciones de detención más severas que las de otros condenados y apuntó especialmente contra las restricciones impuestas a sus visitas y el uso de tobillera electrónica. “Hay una situación de abuso de poder. Cristina hizo de la discusión pública, el debate y la política una forma de vida y hoy está sometida a condiciones que buscan humillarla”, sostuvo.

“La gente vive peor”

El diputado también vinculó la situación judicial de Cristina con el contexto económico actual y cargó contra la gestión de Javier Milei.

Según señaló, durante el último año empeoraron las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. “El transporte cuesta más caro y funciona peor, los servicios aumentaron, hay familias que necesitan dos, tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes y eso destruye la calidad de vida”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre el crecimiento de problemas sociales vinculados a la crisis económica. “La salud pública está en una situación crítica, se recortan medicamentos para jubilados, cayó la vacunación y cada vez más personas que tenían cobertura privada terminan recurriendo a hospitales públicos”, indicó.

También alertó sobre el impacto que la situación económica genera entre los jóvenes y sostuvo que el Estado no puede retirarse de áreas sensibles. “Si el Estado desinvierte en su sociedad, no nos va a ir para nada bien”, remarcó.

Críticas al FMI y al endeudamiento

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en la deuda externa. Máximo Kirchner aseguró que la Argentina deberá reestructurar nuevamente sus compromisos financieros si pretende recuperar márgenes de crecimiento.

“Los recursos son finitos. Lo que se destina a pagar deuda es dinero que no va a hospitales, escuelas, universidades, jubilaciones o políticas de desarrollo productivo”, sostuvo.

En ese marco reivindicó decisiones tomadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como la reestructuración de la deuda y el aporte extraordinario a las grandes fortunas que financió parte de la infraestructura energética vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

Soberanía, industria y elecciones

Kirchner también cuestionó la dependencia económica de la Argentina respecto de los organismos internacionales y del escenario político estadounidense.

“Es increíble que estemos pendientes de quién gana una elección en Estados Unidos para saber qué va a pasar con nuestro país cuando tenemos recursos naturales extraordinarios”, afirmó.

Además criticó aspectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), advirtió sobre la falta de agregado de valor en sectores estratégicos y reclamó políticas para proteger la industria nacional y el empleo argentino.

Finalmente, reiteró que el objetivo político del kirchnerismo sigue siendo lograr que Cristina Kirchner recupere plenamente sus derechos políticos y pueda competir en futuras elecciones.

“Queremos una democracia plena y con Cristina en libertad. Si la sociedad quiere votarla, que la vote; y si no quiere hacerlo, que elija otra opción. Lo que no puede pasar es que millones de argentinos no puedan elegirla”, afirmó.

Y concluyó con una definición que sintetizó el posicionamiento de su espacio frente a la situación judicial de la ex presidenta: “Vamos a hacer todo lo posible para que Cristina pueda ser candidata. Nos vamos a dejar la piel y la vida para lograrlo. Vamos a pelear todo lo que tengamos que pelear”.

Legisladores del kirchnerismo presentaron un informe que sostiene que la ex presidenta cumple una prisión domiciliaria con restricciones excepcionales. Cuestionan a la Corte Suprema y denuncian una persecución política y judicial.

A un año de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, legisladores nacionales del kirchnerismo denunciaron que la ex presidenta cumple una prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y asociación ilícita.

La presentación se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA y estuvo encabezada por los consejeros de la Magistratura Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y César Grau. Allí difundieron un informe elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública que, según afirmaron, demuestra un tratamiento judicial excepcional hacia la principal dirigente de la oposición.

Según el documento, más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones. El relevamiento también señala que personas condenadas por asociación ilícita en la Ciudad de Buenos Aires no enfrentan limitaciones similares.

“Entre quienes cumplen condenas vinculadas al ejercicio de la función pública, Cristina es la única que mantiene este nivel de restricciones”, sostuvieron los dirigentes durante la exposición.

Denuncian persecución y proscripción política

El próximo 10 de junio se cumplirá un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Una semana después, el 17 de junio, se hará efectivo el aniversario de su arresto domiciliario.

En ese contexto, los bloques de Unión por la Patria y el Justicialismo preparan una serie de actividades para denunciar lo que consideran un proceso de persecución política y judicial contra la ex mandataria.

Los legisladores anunciaron que presentarán una nota ante la Corte Suprema cuestionando las condiciones de detención y reclamando el cese de lo que calificaron como una situación “irregular, arbitraria y desproporcionada”.

Además, convocaron a una concentración frente al domicilio donde cumple prisión domiciliaria y a un banderazo en Parque Lezama para expresar respaldo a la ex presidenta.

Críticas a la Corte Suprema

Durante la presentación, los dirigentes apuntaron directamente contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner y dejaron firme la condena dictada por la Justicia federal.

Para el kirchnerismo, la decisión judicial no solo afectó los derechos de la ex presidenta, sino que tuvo consecuencias sobre el sistema democrático. En el documento presentado sostienen que la condena y la inhabilitación perpetua constituyen una forma de proscripción política que limita el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

“La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político”, remarcaron los consejeros, quienes insistieron en que las restricciones impuestas a Cristina Kirchner no tienen antecedentes comparables en otros casos de condenados con prisión domiciliaria.

A un año de la resolución judicial que modificó el escenario político argentino, el kirchnerismo volvió a denunciar que existe un tratamiento excepcional contra la ex mandataria y redobló sus cuestionamientos contra un Poder Judicial al que acusa de intervenir en la disputa política mediante decisiones que, aseguran, exceden el plano estrictamente jurídico.

La protesta dio por finalizado una huelga de hambre de una semana de dirigentes de diversas organizaciones sociales y religiosas. “Ayunamos no para sufrir sino como testimonio para despertar conciencias”, planteó el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, nucleadas en las dos CTA, se movilizaron este martes a Plaza de Mayo para protestar contra el modelo de ajuste del gobierno de Javier Milei. La convocatoria dio por finalizado un ayuno de una semana realizado por integrantes la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

“La libertad con hambre es una flor encima de un cadáver”, decía la bandera que los organizadores colgaron en lo alto del escenario, frente a la Casa Rosada. Cientos de personas se congregaron en Piedras y Avenida de Mayo y marcharon hacia el Ministerio de Economía, a metros de la histórica plaza. “No al FMI, no al ajuste y salarios dignos”, fue uno de los reclamos de la movilización.

La convocatoria cerró siete días de ayuno convocado por la Mesa Ecuménica, que nuclea referentes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), los Curas en la Opción por las y los Pobres, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires, entre otras organizaciones sociales y religiosas.

“Ayunamos no para sufrir sino como testimonio para despertar conciencias. La solidaridad es necesaria para poder convivir entre los pueblos”, dijo Pérez Esquivel desde el escenario. Y luego afirmó: “Milei no está solo, está acompañado por el Imperio. Hizo 17 viajes a Estados Unidos y ninguno a las provincias. ¡No se sentó con el pueblo! Entregó los glaciares, los puertos, la minería. Hay un saqueo sin piedad de los recursos de nuestro pueblo”.

Los motivos de la protesta

De la protesta también participaron el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy; su secretario gremial, Oscar “Colo” de Isasi; y el líder de la Asociación del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano. “El destino de nuestra patria se define en las calles de Argentina, y en esas calles hoy nos volvemos a encontrar. Seguimos con el espíritu de las Madres de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona, con el espíritu de rebelión de conciencias a la que nos convoca esta mesa“, indicó Godoy.

La iniciativa de ayuno y movilización tuvo la consigna de “despertar las conciencias” para denunciar las “políticas de hambre” y la “entrega de la soberanía” de la gestión libertaria. “Seguimos firmes en la calle expresando el rechazo a la reforma laboral, exigiendo salarios y jubilaciones dignas. ¡Basta de ajuste en salud y educación! ¡Basta de hambre! ¡La Patria no se vende!”, comunicó la CTA-A luego de terminar la protesta.

La multitudinaria despedida del músico más convocante del rock argentino fue posible gracias a las gestiones del peronismo bonaerense. Tras la negativa del Congreso Nacional, la Provincia y el municipio de Avellaneda facilitaron el operativo que permitió el último adiós de cientos de miles de personas.

La despedida de Carlos “Indio” Solari dejó una de las imágenes más impactantes de la historia reciente de la cultura argentina. Cientos de miles de personas llegaron desde distintos puntos del país para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico.

Detrás de la organización del masivo homenaje hubo también una trama política que expuso dos formas muy diferentes de entender el rol del Estado frente a un acontecimiento popular de semejante magnitud.

Según trascendió en las últimas horas, las gestiones para encontrar un espacio capaz de albergar la despedida comenzaron luego de que la familia del artista tomara conocimiento de que el Congreso Nacional no sería habilitado para realizar el velatorio. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados argumentaron que no estaban dadas las condiciones operativas y de seguridad para un evento de esas características.

Ante ese escenario, el diputado nacional Máximo Kirchner intervino personalmente para colaborar con la familia del músico y comenzó una serie de gestiones destinadas a garantizar un espacio acorde a la magnitud de la convocatoria.

Tras una primera consulta a Racing Club, que finalmente no prosperó, el líder de La Cámpora se comunicó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien puso a disposición de manera inmediata el Polideportivo José María Gatica para la realización del homenaje popular.

La articulación incluyó además al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que acompañó las gestiones para garantizar la logística y el desarrollo de un operativo que terminó desarrollándose sin incidentes de gravedad pese a la enorme cantidad de personas que participaron.

El episodio tuvo además una lectura política adicional. El contacto entre Máximo Kirchner y Ferraresi permitió tender puentes entre dos dirigentes que venían atravesando diferencias dentro del peronismo bonaerense. Frente a una situación excepcional, ambos sectores dejaron de lado las disputas internas para dar respuesta a una demanda social y cultural que excedía cualquier diferencia partidaria.

La despedida concluyó durante la madrugada del lunes, cuando las redes oficiales vinculadas al artista difundieron un mensaje que emocionó a miles de seguidores: “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”.

Mientras el Gobierno nacional optó por mantenerse al margen de la organización del último adiós al artista más convocante de las últimas décadas, fueron la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Avellaneda y dirigentes del peronismo quienes terminaron garantizando que cientos de miles de argentinos pudieran despedir al Indio como su historia y su dimensión popular lo merecían.

El músico tenía 77 años y falleció en su casa de Parque Leloir. Estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017, aunque se mantuvo activo hasta sus últimos días. Conmoción en el rock argentino

La noticia del fallecimiento de Indio Solari este 5 de junio sacudió a la escena musical y cultural argentina. Figura central del rock nacional, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un legado que trasciende generaciones y estilos. Su partida marca el cierre de una etapa para miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un refugio de resistencia cultural.

El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.

En 1975, en la ciudad de La Plata, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron Los Redondos. Desde sus primeros pasos, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público. La independencia artística y la distancia respecto de los grandes medios marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado y Luzbelito forman parte del repertorio esencial del rock argentino.

La separación de Los Redondos supuso un hiato en la carrera de Solari. No fue hasta 2004 que presentó el primer álbum de su nueva etapa, bajo el nombre de LFDAA: El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Siguieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. El último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, vio la luz en 2018. Durante esta etapa, Solari mantuvo una relación intensa con su público, que lo acompañó fielmente en cada presentación.

El último recital en vivo de Indio Solari tuvo lugar en Olavarría, en 2017. Fue un evento masivo, en el que nuevamente se puso de manifiesto la dimensión popular de su convocatoria. Desde entonces, se volcó al trabajo en estudio y a la publicación de libros, mientras su salud comenzó a ocupar un lugar central en su vida pública. En 2020, recurrió a las técnicas holográficas para ofrecer un concierto virtual, anticipando el final de su ciclo sobre los escenarios.

En marzo de 2016, Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, en un gesto que sorprendió y conmovió a sus seguidores. El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante la multitud: “el Parkinson me anda pisando los talones”. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y Solari no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.

El avance del Parkinson no solo modificó su rutina, sino que también lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales gracias a la tecnología.

Mientras el Gobierno nacional sostiene el ajuste sobre jubilaciones, universidades, hospitales y programas sociales, el Senado aprobó el acuerdo para cancelar una deuda con fondos buitre por 171 millones de dólares.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un nuevo avance parlamentario para concretar el pago de U$S171 millones a fondos buitre que mantienen litigios con la Argentina desde hace más de dos décadas. El Senado aprobó el proyecto de ley que autoriza la cancelación de bonos soberanos en default adquiridos por los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, en una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio para evitar que pierda vigencia el acuerdo homologado por la jueza estadounidense Loretta Preska en marzo pasado.

La aprobación se produce en medio de un escenario marcado por los recortes impulsados por la administración libertaria sobre áreas sensibles del Estado. Mientras el Gobierno argumenta que no hay recursos para recomponer jubilaciones, financiar universidades, garantizar medicamentos o sostener programas sanitarios, sí avanza con un desembolso millonario destinado a cancelar compromisos con acreedores financieros internacionales.

Los fondos beneficiados forman parte del grupo de acreedores que rechazaron los canjes de deuda impulsados por Argentina tras la crisis de 2001 y continuaron litigando en tribunales extranjeros. Bainbridge Fund mantiene reclamos contra el país desde 2016, mientras que Attestor Master Value inició sus demandas en 2014.

La noticia reavivó las críticas de sectores opositores que consideran contradictorio que el Ejecutivo aplique una política de fuerte ajuste sobre trabajadores, jubilados y estudiantes mientras destina cientos de millones de dólares al pago de acreedores especulativos.

La decisión también vuelve a poner en discusión el rumbo económico del Gobierno. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el discurso oficial se apoyó en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal mediante recortes del gasto público. Sin embargo, la autorización de este pago multimillonario alimenta las críticas de quienes sostienen que el ajuste recae sobre los sectores más vulnerables mientras se priorizan los compromisos con el sistema financiero internacional.

El acuerdo aprobado por el Senado contempla el pago de U$S171 millones y lleva las firmas de funcionarios de la Secretaría de Finanzas junto a representantes de los fondos involucrados. Si Diputados lo convierte en ley antes de fin de mes, el Estado argentino quedará habilitado para concretar la transferencia de los fondos.

La discusión promete instalar nuevamente una pregunta que atraviesa gran parte del debate político actual: si hay recursos para pagarles a los fondos buitre, ¿por qué no aparecen cuando se trata de jubilaciones, educación pública, salud o asistencia social?

La senadora se presentó en una conferencia sobre ciberseguridad en medio de la tensión que se disparó en el oficialismo por el retiro del pliego de Michelli; sin embargo, dijo que trabajará “por la reelección” del Presidente

Patricia Bullrich siempre encuentra el modo de hacerse notar, si no es con operaciones mediáticas entonces con manejos políticos como el más reciente, en el que se le plantó al Gobierno diciendo que no quería aprobar en el Senado los pliegos de jueces federales porque Javier Milei decidió retirar una de las listas.

De esta manera, la interna dentro de La Libertad Avanza sumó un capítulo de máxima tensión. Este martes se conoció que la senadora puso su renuncia a disposición como líder de la bancada oficialista en el Senado —la cual no fue aceptada por el Presidente—, dejando en evidencia el profundo desgaste político y las diferencias de criterio que mantiene con los hermanos Milei respecto al armado del poder.

El quiebre de la relación se profundizó luego de que la legisladora se plantara ante la Casa Rosada por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a una postulante de la lista de pliegos para los juzgados federales que debía tratarse en la Cámara Alta.

A través de un comunicado emitido a principios de esta semana, Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto oficialista, pero marcó una distancia insalvable con la conducción de los hermanos Milei.

Según trascendió, la líder del bloque oficialista interpretó que la exclusión de una de las listas respondió estrictamente a una decisión personal y no técnica por parte del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, lo que terminó por detonar el conflicto y motivó el ofrecimiento de su dimisión al cargo en el Congreso, informó el canal C5N.

Exclusión de Patricia Bullrich de las decisiones clave

Esa decisión impulsó a Bullrich a presentar su renuncia como líder de la bancada oficialista en el Senado -cosa que el mandatario no aceptó- y puso un nuevo punto de tensión en la relación entre ella y la Casa Rosada.

Lo que es más, la senadora ya no formaría parte de las renuniones de la mesa chica en Casa Rosada, a la que sí seguirá asistiendo Martín Menem, por citar un caso de un miembro del Congreso que tiene un rol político más allá de lo institucional.

Este desplazamiento del núcleo de decisiones marca un fuerte contraste con la situación de otros referentes legislativos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mantiene intacto su rol de consulta y su presencia en el círculo de confianza del esquema presidencial.