El Ejecutivo empezÃģ a reclamar el dinero pagado por proyectos que recibieron de NaciÃģn.
uego de la parÃĄlisis, el capÃtulo de la obra pÚblica abre una nueva historia de tensiÃģn entre el Gobierno, los gobernadores y los intendentes. El conflicto lleva forma de billetera, porque el Ejecutivo empezÃģ a reclamar el dinero pagado por proyectos que recibieron plata de NaciÃģn, pero cuyos plazos originales no se cumplieron.
En el BoletÃn Oficial, el Ministerio de EconomÃa publicÃģ la ResoluciÃģn 452/2024, que estipula tres caminos posibles para las provincias o municipios en cuestiÃģn: la devoluciÃģn del dinero, finalizar las obras en 120 dÃas con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios.
âSe considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la Ãģrbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector pÚblico que este contexto requiereâ, firmÃģ en dicha normativa el ministro de EconomÃa, Luis Caputo, a quien responde la SecretarÃa de Obras PÚblicas.
El programa al que la resoluciÃģn alude es âArgentina Haceâ, una iniciativa lanzada por la gestiÃģn de Alberto FernÃĄndez el 9 de marzo de 2020 para ejecutar trabajos âde infraestructuraâ en 2300 municipios de todo el paÃs. SegÚn un relevamiento realizado por la actual administraciÃģn, cuando llegaron al poder habÃa 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendÃan a $598.522 millones.
Arreglos de veredas y cunetas son obras que el Gobierno considerÃģ de “baja envergadura” y la gestiÃģn anterior, dentro del Argentina Hace, las catalogÃģ como de “infraestructura”. En esta historia hay distintos actores, porque a travÃĐs del plan âArgentina Haceâ se firmaban convenios entre el Gobierno, las provincias y los municipios que estipulaban diferentes roles: el Ejecutivo financiaba las obras y los gobernadores o intendentes se encargaban de las licitaciones y de todo el trabajo que los proyectos demandasen en territorio.
Fuentes oficiales describieron que, en su mayorÃa, se trata de obras menores que no justificaban la intervenciÃģn del Estado Nacional. Un ejemplo de esto es la construcciÃģn de techos para piletas municipales, vestuarios para un club, baÃąos en cementerios, arreglos de cunetas, veredas o pistas de skate.
La distribuciÃģn geogrÃĄfica de este tipo de trabajos, que antes se catalogaban como âde infraestructuraâ y ahora se los denomina de âbaja envergaduraâ, muestra una gran concentraciÃģn en el Ãrea Metropolitana de Buenos Aires, CÃģrdoba y sur de Santa Fe.
La ubicaciÃģn de estas obras inconclusas muestra un dato: con quÃĐ gobernadores o intendentes el Gobierno deberÃĄ negociar la devoluciÃģn del dinero, el traspaso de la obra o la continuidad sin ningÚn tipo de cambio dentro del funcionamiento del convenio.
âDe mediar incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor a las obligaciones asumidas en el convenio respectivo, deberÃĄ corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes a los fines de procurar la correcciÃģn de dicha irregularidad y, en su caso, adoptarlas y eventualmente proceder a recuperar los fondos correspondientesâ, indica el textual de la resoluciÃģn oficial. En palabras mÃĄs sencillas, esto significa que el Gobierno nacional abriÃģ la posibilidad de que le devuelvan el dinero girado a las jurisdicciones por obras que registraran incumplimientos o irregularidades. En la misma normativa se explicÃģ que los fondos reembolsados serÃĄn actualizados segÚn la Tasa Activa del Banco NaciÃģn para evitar la licuaciÃģn inflacionaria de los recursos.
Dentro de los tÃĐrminos y condiciones de la continuidad de las obras, el Gobierno tambiÃĐn incluyÃģ un apartado de âmotosierraâ en el segundo artÃculo de la resoluciÃģn. AllÃ, aclarÃģ en quÃĐ instancia el Gobierno puede retirarse de su rol como financista de la obra: âUna vez transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo, quedarÃĄ sin efecto el plan âArgentina Haceâ.
A propÃģsito de plazos, las obras cuya asistencia financiera se decidiera continuar tendrÃĄn un perÃodo mÃĄximo de 120 dÃas para finalizarse. A su vez, en la resoluciÃģn tambiÃĐn se contemplÃģ que la provincia, municipio o cualquiera fuera el ente ejecutor evalÚe âla pertinencia de adoptar las medidas que correspondan a los fines de asumir la ejecuciÃģn de la obra sin asistencia financieraâ del Gobierno nacional.
En caso de no detectar incumplimientos o irregularidades, el Ministerio de EconomÃa estipulÃģ que âdeberÃĄ analizarse la viabilidad de que la provincia, el municipio y/u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financieraâ.
Esto Último implicarÃa el traspaso del proyecto y, en consecuencia, la desafectaciÃģn de responsabilidades del Estado Nacional. Esos acuerdos comenzaron a ser firmados con algunas obras. De hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lleva firmadas actas de estas caracterÃsticas con Jujuy, NeuquÃĐn, Chubut, Entre RÃos, Mendoza, CÃģrdoba, Salta, Catamarca y TucumÃĄn.
