Por Lois Pérez Leira

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Gladys Marín y la memoria —ese ejercicio rebelde contra el olvido— me devuelve de inmediato a una tarde en Buenos Aires. No recuerdo a la dirigente de acero que veía en las noticias desde la Argentina; recuerdo a la mujer de mirada atenta que se sentó a mi lado en la primera fila del Comité Central, unidos por el dolor y la rabia que convocaba el nombre de Inés Ollero.

El encuentro de dos orillas

Aquel día el aire estaba cargado de una mística especial. Compartíamos asiento con Patricio Echegaray, quien con su oratoria encendida nos recordaba por qué estábamos allí. Yo tenía la difícil tarea de ser uno de los oradores principales.

Hablar de Inés no era para mí un ejercicio político retórico: era hablar de mi novia de la juventud, de la militante de la Federación Juvenil Comunista secuestrada y asesinada por la Marina argentina. Era hablar de un vacío que la justicia todavía no terminaba de llenar.

Al terminar el acto, en la intimidad de un modesto lunch, me encontré frente a frente con quien había sido mi ídolo de juventud. En 1972, cuando lideraba la Juventud Comunista de Chile junto a Luis Corvalán, Gladys representaba la esperanza de un continente.

Con una copa de vino en la mano no dudé: le pedí una entrevista.

Al día siguiente, en un pequeño hotel de la calle Callao, la mítica dirigente se transformó en una interlocutora curiosa y rigurosa. Durante dos horas el centro de nuestra conversación fue la lucha jurídica internacional: las querellas por genocidio y terrorismo de Estado en el Cono Sur, el papel del juez Baltasar Garzón y las estrategias legales para acorralar a los dictadores.

Gladys no sólo escuchaba: preguntaba sin descanso. Su compromiso no era de pancarta; era de estrategia y convicción. Ella volvió a su Chile combativo y yo a mi Vigo natal, pero ese hilo de coordinación quedó tendido.

El adiós de una imprescindible

Años después llegó la noticia del tumor maligno que intentó apagar su vida. Pero Gladys, fiel a su historia, dio batalla hasta el final, sin abandonar nunca su condición de militante.

Murió el 6 de marzo de 2005 en Santiago. Dos días después, cerca de un millón de personas acompañaron su funeral en una de las despedidas más multitudinarias de la historia reciente de Chile.

La despedida coincidió simbólicamente con el Día Internacional de la Mujer y se transformó, más que en un funeral, en una enorme manifestación popular.

Una pregunta para el presente

Hoy, al observar el panorama político, surge una pregunta inevitable: ¿qué queda de su pensamiento?

Resulta doloroso ver cómo algunos dirigentes actuales —herederos de su sigla— parecen sucumbir a la música de la derecha, sumándose a críticas contra Cuba y Venezuela en busca de una validación que el sistema, tarde o temprano, les terminará negando.

Gladys Marín no era de las que buscaban la palmada en el hombro del adversario. Entendía que la solidaridad internacionalista y la resistencia frente al imperialismo no eran consignas circunstanciales, sino pilares de identidad.

Recordarla hoy no es un acto de nostalgia. Es reivindicar a la mujer que conocí en aquel hotel de Callao: una dirigente firme, convencida de que la justicia se conquista luchando, ya sea en los tribunales internacionales o en las calles.

Su legado no merece diluirse en el pragmatismo tibio de la política actual. Merece seguir siendo una brújula.

Hasta la victoria siempre, Gladys.

Por ​Lois Pérez Leira*

En un escenario marcado por la desconfianza hacia la política tradicional y el avance de expresiones de derecha, emergen dirigentes que desbordan los formatos convencionales. En Argentina, Myriam Bregman; en España, Gabriel Rufián. Ambos lograron reinstalar un discurso de izquierda con capacidad de interpelación, impacto mediático y coherencia política.

Más allá de sus bancas en el Congreso y sus trayectorias partidarias, comparten una estrategia: intervenir con claridad en debates atravesados por tecnicismos y ambigüedades. En contextos sociales tensionados por la crisis económica y la fragmentación política, apelan a un lenguaje directo, reconocible y con anclaje ideológico explícito.

Rufián se consolidó en la política española a partir de intervenciones irónicas y de fuerte síntesis, cuestionando a las élites políticas y económicas desde una narrativa disruptiva. Bregman, por su parte, combina su trayectoria como abogada en causas de derechos humanos con una presencia parlamentaria firme, centrada en la denuncia de políticas regresivas y en la defensa de garantías constitucionales.

La exposición constante también los convirtió en blancos habituales de sectores conservadores y mediáticos. Sin embargo, su proyección pública no se apoya exclusivamente en estructuras partidarias tradicionales, sino en una construcción de identidad política que conecta con segmentos militantes y votantes desencantados.

El desafío, no obstante, excede la retórica. En España, Rufián ha planteado la necesidad de articular mayorías amplias frente al crecimiento de fuerzas reaccionarias. En Argentina, el debate en torno a la unidad y la construcción de una alternativa con capacidad competitiva atraviesa a todo el espectro progresista.

En ambos casos, la discusión de fondo es estratégica: si esa capacidad de interpelación logra traducirse en construcción política sostenida y en opción real de gobierno. La eficacia del discurso, en definitiva, se medirá en su posibilidad de convertirse en poder.

*Periodista, escritor y dirigente político gallego-argentino.

*Por Christian Duarte

En las últimas semanas ha trascendido un borrador de decreto legislativo promovido por el oficialista Partido Nacional, cuyo propósito es decretar una supuesta emergencia fiscal y crear las condiciones para la reactivación económica. Si bien el ministro de finanzas ha tenido que recular y aclarar que no hay una emergencia fiscal, no parecen haber indicios de que el Partido Nacional vaya a retroceder en sus objetivos políticos. Acá explico el por qué dicho decreto no tiene cabida y es realmente una pantalla para un propósito distinto.

La debacle económica y social heredada por 12 años de gobiernos del Partido Nacional entre 2010 y 2021

En 2021, Honduras alcanzó sus niveles más altos de pobreza de las últimas décadas, con 73.6% y millones de personas huyendo del país, desplazadas por la falta de oportunidades y la violencia. El mismo año, el déficit fiscal fue de 3.7% y la deuda pública alcanzó su valor relativo más alto en el presente siglo con 55.8% del PIB. El fracaso del modelo económico de país y de la gestión fiscal del gobierno fueron más que evidentes.

¿Cómo se explica que la pobreza creciera de forma casi exponencial si al mismo tiempo el Gobierno contó sistemáticamente con más recursos? Ya que, por un lado, se aplicaron paquetazo tras paquetazo para incrementar la recaudación fiscal, mientras que, por el otro lado crecía año con año la deuda pública.

Entre 2010 y 2021 se aprobaron 40 decretos de reforma fiscal, conteniendo 14 nuevos impuestos, cargando mayoritariamente a los más pobres. Al mismo tiempo, la deuda pública creció de 25.2% del PIB al citado 55.8%, se duplicó respecto del PIB; pero en términos absolutos creció de $3,677 millones a cerca de $17,000 millones, un 363%. Ya que evidentemente no fue a parar a programar para reducir la pobreza y la violencia, cabe la pregunta ¿a dónde habrá ido a parar todo ese dinero? Sara Chayes podría tener la respuesta que todos conocemos.

Finalmente, a este escenario financiero debe sumarse el hecho de que el bipartidismo nacional-liberal había construido una infraestructura para legalizar el secuestro de los impuestos públicos mediante la banca privada, a través de 83 fideicomisos que administraron L145,702 millones por fuera de las leyes de compras y contrataciones.

Cuando en enero de 2022 asumió la Presidenta Xiomara Castro y su Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, encontraron, no solo una debacle socio económica en el país, sino un presupuesto público que no reflejaba la verdadera situación fiscal de las instituciones públicas y una Caja Única del Tesoro agujereada por fideicomisos y amarrada por los pagos de vencimientos de deuda pública a corto plazo, lo que ocasionaba problemas de liquidez para saldar inclusivo los sueldos y salarios del sector público.

Así se declaró mediante un Decreto Ejecutivo una emergencia fiscal para solventar los problemas de liquidez del corto plazo mediante un préstamo a condiciones preferenciales con el Banco Central de Honduras (BCH) y para presentar un presupuesto verdadero con un agresivo programa de inversión pública.

La herencia de Xiomara Castro y el Gobierno de LIBRE

Cuatro años después, la Presidenta Xiomara Castro se retira dejando un país en plena recuperación económica y unas finanzas públicas mucho más sólidas que antes.

Honduras cerró 2025 con una reducción de 13.5% de pobreza y 15.4% de pobreza extrema respecto de 2021, es decir, cifras del 60.1% y 38.3% respectivamente. Junto a esto, se crearon cerca de 350,000 empleos y la tasa de desocupación (desempleo) bajó de 8.6% a 4.9%. El crecimiento económico fue sostenido, cercano al 4% los 4 años, en momentos en que el promedio de crecimiento de América Latina osciló el 2%, y se espera que, en 2026, Honduras, sea junto a Costa Rica, la segunda economía de mayor crecimiento en Centro América. La inflación tuvo su nivel más bajo en los últimos 8 años y los niveles de reservas internacionales en dólares superaron por primera vez en la historia los $10,000 millones.

Y al contrario de lo ocurrido con los gobiernos del Partido Nacional, para obtener estos resultados no fue necesario colocar un solo impuesto más ni aumentar la deuda pública. La única reforma fiscal propuesta en los 4 años fue la Ley de Justicia Tributaria para disminuir los excesivos privilegios fiscales de los más ricos, que no logró los votos suficientes ante el boicot de los grupos económicos. Y por el lado de la deuda pública, esta disminuyó cerca de 10 % del PIB, de 55.8% en 2021 a cerca del 46% en 2026, una disminución inédita.

La verdadera clave fue formular un presupuesto transparente, fortalecer los mecanismos de transparencia y veeduría social e invertir los impuestos del pueblo de forma honesta. El programa de inversión pública se duplicó, al pasar de un promedio del 4% del PIB al 9%, sumando en 4 años L267,743 millones.

Conclusión: una cortina de humo para el achicamiento del Estado

Frente a este escenario inobjetable, el nuevo ministro de finanzas tuvo que salir a aclarar que Honduras no se encuentra en una emergencia fiscal. Pero no parece que el Partido Nacional vaya a recurar en sus intenciones de fondo.

Ya que, lo que realmente se propone el Gobierno de Nasry Asfuera Zablah es: (i) reinstalar el marco legal e institucional que les permita de nuevo el saqueo de los recursos públicos, (ii) realizar recortes masivos de programas e instituciones públicas, (iii) despedir a miles de trabajadores vulnerando sus derechos laborales e (iv) instalar su agenda de privatizaciones a ultranza.

Solo la acción conjunta y coordinada del pueblo, gremios, sindicados, sociedad civil, pobladores, colectivos y fuerzas vivas nos garantizará la defensa efectiva de nuestros derechos conquistados.

* Ex Ministro de Finanzas de Honduras

Por Yahya Salah al-Din*

La gran revolución del 21 de septiembre se distinguió de otras revoluciones por muchas cosas. En primer lugar, se administró bajo el liderazgo de un líder sabio y patriótico conocido por su honestidad, sinceridad y humildad. Conocía los planes y conspiraciones de los enemigos, y al mismo tiempo conocía las capacidades de su pueblo y creía en el apoyo y la victoria de Dios.
El líder de la revolución, el Sr. Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, pudo, gracias a Dios y al apoyo del pueblo, lograr una revolución que cambió muchas cosas y condiciones muy difíciles que los yemeníes experimentaron durante décadas

Tutela del país
Antes de la revolución del 21 de septiembre, Yemen estaba sujeto a la tutela extranjera y el régimen anterior dilapidó la soberanía, la riqueza y la independencia del país. Sin la revolución, el Yemen se habría encaminado hacia una desintegración y un colapso completos, y las bases estadounidenses y su hegemonía se habrían expandido.

El embajador de EE.UU. y su adjunto, Nabil Khoury, desempeñaron el papel principal en la aplicación de lo que la Casa Blanca quería en Yemen.

Actuaron como el gobernante de facto del país e hicieron numerosas visitas a campos, cuarteles de inteligencia militar y seguridad política. De hecho, el embajador adjunto no invitaría a una persona despedida o a una boda en Saná sin ir allí para visitar a la persona despedida.

El periódico libanés (As-Safir) informó en 2010 que el embajador estadounidense, Friedman, estableció en la capital, Sana’a, la sala de inteligencia estadounidense más importante en Oriente Medio, y que la mayoría de los planes y proyectos estadounidenses en la región árabe fueron administrados por esta sala. El ex embajador estadounidense, Gerald Feierstein, tomó las riendas de los asuntos en Yemen y se convirtió en el principal actor en la política del país

El patio trasero de Arabia Saudita
Antes de la revolución del 21 de septiembre, Yemen era sólo un patio trasero perteneciente al Reino de Arabia Saudita, que interfería y controlaba cualquier asunto, pequeño o grande, e incluso en el nombramiento de ministros del gobierno, ya que se oponía al nombramiento de fulano de tal para tal o cual cargo. De hecho, sucedió en una ocasión que el embajador saudita se enojó con uno de los líderes vecinales (Jeque de Harah), que había hablado de Arabia Saudita, ¡por lo que el embajador enojado pidió cambiar a este líder vecinal!

Arabia Saudita estaba desgarrando el tejido social en Yemen al difundir la ideología takfiri wahabí y estaba comprando lealtades de las tribus distribuyendo dinero a los jeques de estas tribus.
Ninguna empresa internacional puede invertir en petróleo y gas sin su aprobación, y la mayoría de las empresas abandonaron Yemen rindiéndose al deseo de Arabia Saudita, que tomaba como objetivo la política de empobrecer y debilitar a Yemen.

Por lo tanto, Yemen siguió sufriendo pobreza, conflictos tribales y luchas entre su pueblo como resultado de la política agresiva de Arabia Saudita hacia Yemen.

El ejército antes de la revolución
Al ejército yemení no se le permitió poseer armas poderosas que le permitieran defender la riqueza y los recursos del país e imponer una ecuación de disuasión, especialmente con la vecina Arabia Saudita.
Sus formaciones fueron de carácter familiar. La Guardia Republicana estaba dirigida por el hijo del expresidente, y la Seguridad Central y la Seguridad Nacional también estaban en manos de la familia Saleh. En cuanto al campo de división, que incluía decenas de brigadas y miles de soldados, estaba dirigido por el criminal Ali Mohsen, leal a Arabia Saudita y conocido por sus tendencias takfiri wahabíes hostiles a Ahl al-Bayt.

Colapso y caos de seguridad
Después de 2011, la situación de seguridad empeoró, se extendieron los ataques terroristas y los asesinatos, y el embajador estadounidense puso en marcha un plan para desmantelar el ejército y destruirlo permanentemente. Se tomó la decisión de desmantelarlo con el pretexto de reestructurar el ejército. El proyecto de liquidación también comenzó en Yemen, donde el número de oficiales liquidados llegó a cientos de oficiales.Hasta que el comando llegó al punto de que los oficiales, por miedo a ser asesinados, metían sus uniformes militares en bolsas para que al llegar a sus lugares de trabajo y campamentos se los pusieran.

El control del pensamiento wahabí takfiri
El Reino de Arabia Saudita difundió el pensamiento wahabí en Yemen, y el régimen de Saleh facilitó su control sobre la educación como un intento de controlar la cultura y cambiar la identidad del pueblo yemení, conocido por su amor y lealtad a Ahl al-Bayt.

También, a través del Partido Islah, controlaron las mezquitas y lucharon contra todo lo que era herencia cultural zaidi y el pensamiento de Ahl al-Bayt representado por la doctrina zaidi. Construyeron los llamados institutos de memorización del Corán que transmitían y enseñaban ideas takfiri hostiles a todos los que no estaban de acuerdo con sus ideas wahabíes, lo que hizo que los jóvenes que estudiaban allí estuvieran dispuestos a hacerse estallar entre sus hermanos que no estaban de acuerdo con ellos en la doctrina debido a la cantidad de acusaciones sectarias que habían estado recibiendo durante años.

Saqueo de los recursos naturales antes de la revolución
La empresa francesa Total, una de las mayores empresas de inversión en el sector del petróleo y el gas en Yemen, fue vendida por el régimen de Ali Abdullah Saleh, gas de Yemen a precio de tierra, porque él y los miembros de su familia estaban recibiendo obsequios y obsequios de la empresa, que absorbió la riqueza del país y dejó al pueblo yemení mendigando y buscando algo de qué alimentarse.Si bien tiene la riqueza suficiente para garantizar una vida feliz sin el favor de nadie.

Uno de los objetivos de la gran revolución del 21 de septiembre es hacer frente a los opresores y clamar ante los arrogantes, y su causa principal es Palestina y la liberación de su tierra de los usurpadores.
El pueblo yemení consideró la cuestión palestina como la primera cuestión central. El Líder de la Revolución pidió a los países árabes e islámicos que destinen una determinada parte de su riqueza soberana de petróleo y gas a apoyar la causa palestina. Destacó más de una vez que el pueblo yemení está presente y dispuesto a participar y luchar contra el enemigo israelí codo a codo con nuestros hermanos palestinos y junto a Hezbolá y la resistencia en el Líbano.

Casi ningún evento religioso o social pasa por delante de los yemeníes sin que levanten y griten este lema: Dios es grande, muerte a América, muerte a “Israel”, maldición a los judíos, victoria al Islam…
Por lo tanto, esta revolución se logró por voluntad 100% pura yemení, sin interferencias ni apoyo externo, y esto es lo que la distingue del resto de las revoluciones que tuvieron lugar en el mundo árabe y en el mundo entero.

Uno de los objetivos más importantes de la revolución y lo que la distinguió de otras fue que no estaba dirigida únicamente al régimen títere y corrupto de la época. Más bien, pretendía cortar la mano de la hegemonía externa representada por Estados Unidos y el régimen saudita, cuyos puños controlaban el destino, la independencia y la soberanía del país.

Todos estos rasgos que caracterizaron la Revolución del 21 de Septiembre la hicieron digna de la descripción de una revolución grande y bendita cuyo impacto y bendiciones se extenderán no sólo a Yemen sino a todas partes del mundo árabe e islámico y al mundo entero, si Dios quiere, y quienquiera que haya vivido la noticia…
Dios es el Ayudador, el Ayudador y el Concededor del éxito.

*Escritor y analista político

Por Bautista Rolón y Santiago Masetti

El director de la agencia oficial de comunicación de Yemen, Abdullah Ahmed Hazam Al-Atwani, afirmó que su país está “firme y preparado para cualquier enfrentamiento”, en el marco de un encuentro virtual que reunió a referentes políticos y comunicadores de América Latina con autoridades de Saná.

El intercambio, titulado “Enfrentando la hegemonía sionista estadounidense y el saqueo de los recursos de las naciones: América Latina y la República de Yemen como ejemplo”, contó con la participación del canciller yemení Abdulwahid Abu Ras y del Equipo Nacional de Relaciones Internacionales del país asiático.

Durante la conferencia, transmitida vía streaming desde la capital yemení, Al-Atwani sostuvo que Yemen atraviesa una etapa de movilización integral frente a lo que definió como preparativos militares impulsados por Estados Unidos e Israel en la región. “El pueblo está firme junto al gobierno y estamos preparando y movilizando todos los recursos. A pesar de las dificultades económicas, estamos listos para cualquier agresión”, aseguró.

El funcionario subrayó que, tras años de conflicto armado, Yemen ha fortalecido su capacidad de resistencia. Recordó que en el pasado el país enfrentó la ofensiva de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y señaló que el escenario regional ha cambiado. “Ellos no han aprendido de la experiencia de la guerra”, afirmó, al tiempo que destacó que Yemen avanza también en la reconstrucción y en el desarrollo de sectores estratégicos como la agricultura y la defensa.

En relación con las tensiones en torno a Irán, Al-Atwani consideró que la República Islámica “es fuerte” y expresó confianza en la capacidad del llamado “eje de resistencia” para afrontar eventuales escaladas militares.

Desde América Latina, los participantes trazaron paralelismos entre la situación de Medio Oriente y los procesos políticos del continente. Comunicadores argentinos denunciaron presiones y persecuciones contra medios críticos de la política internacional de Washington y reivindicaron la necesidad de articular “trincheras de comunicación independientes”.

El encuentro cerró con el compromiso de profundizar los vínculos entre Yemen y actores sociales y políticos latinoamericanos, en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones y reconfiguraciones de alianzas.

La suba escalonada en colectivos nacionales impactará de lleno en el bolsillo en febrero y marzo. La actualización del índice de inflación, que otorgaba mayor peso al transporte, fue postergada tras la salida de Marco Lavagna del INDEC.

El Gobierno dispuso un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que implicará una suba acumulada superior al 40% en el lapso de un mes, en el marco de la reducción de subsidios al transporte y de una política de ajuste que vuelve a trasladar el costo a los usuarios.

El boleto mínimo pasará de $494,83 a $650 a mediados de febrero, lo que representa un alza cercana al 31%, y volverá a incrementarse en marzo hasta alcanzar los $700, completando un ajuste total del 41,4% en pocas semanas. El impacto será directo sobre trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público a diario.

La decisión oficial coincide con una controversia técnica que atravesó al INDEC y que culminó con la salida de su titular, Marco Lavagna. En paralelo al aumento tarifario, el organismo tenía previsto actualizar la canasta con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incorporando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018.

Esa modificación implicaba elevar el peso del rubro Transporte dentro del índice general del 11% al 14,3%, lo que hubiera amplificado el efecto estadístico del tarifazo en el dato mensual de inflación. Al mantener la metodología anterior, donde el transporte tiene menor incidencia, el salto en los boletos impactará menos en el número final que informa el organismo.

Fuentes del sector señalaron que la postergación del nuevo esquema de medición se resolvió en medio de tensiones con el equipo económico, que enfrenta el dilema de avanzar con la quita de subsidios sin disparar los indicadores inflacionarios en los meses en que se concentran aumentos sensibles.

El reemplazo de Lavagna por Pedro Lines se produjo en ese contexto. Si bien no hubo explicaciones oficiales detalladas, la demora en la actualización metodológica quedó en el centro de la escena, ya que un cambio en la ponderación habría reflejado con mayor crudeza el traslado de los incrementos tarifarios al índice de precios.

Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar nuevas subas en un escenario de ingresos deteriorados y caída del consumo. El ajuste en el transporte se suma a otros incrementos en servicios públicos, configurando un cuadro en el que la reducción del gasto estatal se sostiene, en buena medida, con mayores costos para la población.

El dirigente de la CGT advirtió que la central obrera perdió cohesión interna y cuestionó la estrategia dialoguista frente a un proyecto oficial que, según afirmó, apunta a debilitar derechos históricos y desarticular la representación gremial.

En declaraciones radiales, y en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, dejó al descubierto la crisis interna de la central sindical y lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, a la que calificó como un intento de desmantelar conquistas históricas.

El dirigente sostuvo que el Ejecutivo no abrió una instancia real de negociación y que las conversaciones promovidas por algunos sectores sindicales fueron, en los hechos, una formalidad sin resultados. “Nunca hubo margen auténtico para discutir. La decisión estaba tomada y lo que se ofrecía era aceptar condiciones ya definidas”, afirmó.

En ese marco, defendió la convocatoria a movilizaciones y a un paro con concentración frente al Congreso, tras acciones previas en Córdoba y Rosario. Según precisó, el cese de actividades comenzará a las 10 y contará con la presencia de delegaciones de distintas regionales del país.

Lobato expuso además las diferencias dentro de la CGT y planteó que no todos los gremios enfrentan el mismo impacto. “No vive la misma realidad un sindicato de servicios sin despidos que uno industrial donde cierran fábricas todas las semanas”, señaló, al marcar distancia con la postura más moderada de la conducción.

El sindicalista también apuntó contra gobernadores que respaldan la iniciativa oficial pese a la caída del empleo en sus provincias. A su juicio, el apoyo político a la reforma desconoce las consecuencias sociales que puede acarrear en distritos golpeados por la recesión y la paralización industrial.

En relación con el rol histórico de la central obrera, reconoció un deterioro progresivo de su vínculo con las bases y admitió que la pérdida de representatividad no es un fenómeno reciente. Sin embargo, remarcó que el actual contexto expone una fragmentación más profunda. “La cohesión que caracterizaba a la CGT en otras etapas hoy está debilitada”, deslizó.

Para Lobato, el proyecto oficial no se limita a modificar normas laborales sino que forma parte de una estrategia económica más amplia que busca reducir la capacidad de presión del sindicalismo organizado. “Cuando el objetivo es disciplinar al movimiento obrero, el diálogo se convierte en una excusa”, sostuvo.

Finalmente, convocó a los trabajadores a participar de la protesta y advirtió que las consecuencias de la reforma recaerán principalmente sobre las bases. “Los dirigentes no somos quienes más vamos a padecer esto. Los que arriesgan su estabilidad son los trabajadores”, concluyó.

La interrupción del servicio alcanza a 26 líneas del AMBA y podría ampliarse si no se acreditan los haberes adeudados. La medida es por tiempo indeterminado y no fue alcanzada por ninguna conciliación obligatoria.

Un cese de actividades dispuesto por choferes de al menos 26 líneas de colectivos dejó este jueves sin servicio a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de un reclamo por salarios impagos.

La medida comenzó a la medianoche y fue adoptada por trabajadores que denunciaron la falta de acreditación de los sueldos correspondientes al mes vencido. Según delegados gremiales, el servicio no se restablecerá hasta que los haberes estén depositados en las cuentas, independientemente de anuncios oficiales o compromisos empresariales.

El conflicto se produce en paralelo a tensiones en el sistema de transporte público. Mientras el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el ámbito ferroviario —lo que dejó sin efecto un paro de trenes previsto para esta semana—, la disposición no alcanza al sector de colectivos involucrado en esta protesta.

Entre las empresas afectadas se encuentran MOQSA (líneas 159, 219, 300, 382, 584, 603 y 619), San Juan Bautista (383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513), MOGSM (333, 407, 437 y 707) y la línea 22. También se encuentran paralizadas las líneas 236, 504 y 634.

En el caso de la línea 216, el servicio funciona de manera parcial: el ramal 166 (Gaona–Aeroparque) opera con normalidad, mientras que los trayectos hacia Palermo permanecen suspendidos.

Desde el sector advirtieron que, de persistir la falta de pago, la protesta podría extenderse a otras líneas en las próximas horas, lo que profundizaría el impacto sobre millones de pasajeros que dependen del transporte público para trasladarse hacia sus lugares de trabajo y estudio.

El conflicto vuelve a exponer la fragilidad del esquema de subsidios y financiamiento del sistema de transporte urbano, en un contexto de ajuste presupuestario y demoras en la transferencia de fondos a las empresas prestatarias.

El entendimiento bilateral prioriza exportaciones primarias y amplía el acceso estadounidense a sectores industriales, energéticos y normativos. Deberá pasar por el Congreso y comenzará a regir 60 días después de completados los trámites legales.

El acuerdo comercial suscripto por los presidentes Javier Milei y Donald Trump configura un esquema de intercambio que, según surge del texto oficial, otorga ventajas concentradas en productos primarios argentinos mientras habilita una apertura más profunda en áreas industriales, mineras y regulatorias en favor de Estados Unidos.

El tratado contempla reducciones o eliminación de aranceles para 1.675 posiciones arancelarias argentinas, principalmente vinculadas a alimentos y bienes primarios. Entre ellas figuran frutas, infusiones, especias, ceras y productos panificados, además de carnes, pescados, lácteos y otros derivados de origen animal. En el caso del sector cárnico, el cupo de exportación al mercado estadounidense se ampliará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, con una proyección oficial de ingresos adicionales cercana a los 800 millones de dólares.

No obstante, el propio documento aclara que, fuera de esos beneficios específicos, las exportaciones argentinas seguirán sujetas al arancel general del 10% dispuesto por Washington en 2025. En los hechos, parte de las concesiones implica restituir condiciones previas al endurecimiento comercial adoptado por la administración Trump, más que establecer ventajas nuevas y permanentes.

El acuerdo entrará en vigencia 60 días después de que ambas partes notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos legales internos. En el caso argentino, requerirá aprobación parlamentaria.

En paralelo a las mejoras para el complejo agroexportador, el tratado incorpora compromisos que impactan directamente sobre el mercado interno. Argentina habilitará la importación de 80.000 toneladas de carne bovina estadounidense en 2026, además de cuotas para lácteos, frutos secos, azúcar, chocolates, papas y vino, entre otros productos, lo que podría intensificar la competencia sobre economías regionales.

En materia industrial, el país se compromete a no prohibir el ingreso de bienes de capital usados provenientes de Estados Unidos, incluidos equipos agrícolas, maquinaria de construcción y tecnología para minería. Asimismo, aceptará certificaciones técnicas estadounidenses para vehículos y autopartes, eliminando instancias de homologación local.

Un punto de especial sensibilidad es el reconocimiento de estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el ingreso de productos farmacéuticos, lo que supone un alineamiento regulatorio con la normativa estadounidense.

El capítulo minero y energético profundiza ese sesgo. El texto establece que Argentina “permitirá y facilitará” la inversión estadounidense en exploración, extracción y exportación de minerales críticos y recursos energéticos, y que priorizará a Estados Unidos como socio en cobre, litio y otros minerales estratégicos. También prevé agilizar proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y promover infraestructura que facilite la participación de empresas norteamericanas. No se consignan cláusulas de reciprocidad equivalentes para firmas argentinas.

El acuerdo suma además compromisos en propiedad intelectual, con refuerzo de acciones contra mercadería que infrinja marcas o patentes, y la implementación de controles para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, considerando en ese punto las determinaciones del gobierno estadounidense.

El nuevo marco redefine la relación económica bilateral con una apertura que excede lo arancelario e incluye alineamientos normativos y estratégicos. Mientras el Ejecutivo destaca la ampliación de exportaciones alimenticias hacia un mercado de alto poder adquisitivo, distintos sectores productivos anticipan un debate sobre el impacto del tratado en la industria, la regulación interna y el control de recursos naturales

Relevamientos privados ubican el nivel de actividad cerca de un 10% por debajo de 2022 y advierten por la pérdida de empleo, el cierre de empresas y el impacto de la apertura importadora en un contexto de consumo deprimido.

La industria argentina volvió a cerrar un año con más sombras que luces. A la espera de los datos oficiales de diciembre, distintos informes sectoriales coinciden en que 2025 concluyó sin recuperación sostenida y con un nivel de producción que permanece claramente por debajo del registrado antes del ajuste económico.

Si bien la comparación interanual frente a 2024 mostraría una leve mejora estadística, el contraste con 2023 y, sobre todo, con 2022 deja en evidencia un retroceso estructural. Las estimaciones privadas ubican la actividad manufacturera alrededor de un 9% por debajo de 2023 y cerca de un 10% inferior a la de hace tres años.

El freno principal continúa siendo la debilidad de la demanda interna. Con salarios que no logran recomponer poder adquisitivo y un esquema económico que concentra el crecimiento en sectores de baja generación de empleo, la industria carece de un mercado dinámico que traccione producción y nuevas inversiones.

En noviembre, el Índice de Producción Industrial Manufacturero ya había marcado una caída interanual del 8,7% y una baja mensual del 0,6% en términos desestacionalizados. Para diciembre, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) proyectó un retroceso adicional del 3,5%, apoyado en datos de consumo eléctrico y demanda de insumos.

Desde la entidad empresaria señalaron que cualquier mejora frente al año previo responde, en gran medida, a un efecto comparación tras el derrumbe de 2024. Al medir contra 2023 y 2022, el panorama cambia: la actividad sigue lejos de los niveles previos y solo algunos rubros ligados a la cosecha muestran una recuperación puntual.

El deterioro se verifica con mayor crudeza en sectores intensivos en empleo. La construcción continúa entre los más castigados, con desplomes superiores al 20% en despachos de cemento e insumos respecto de 2022. La industria automotriz también exhibe retrocesos tanto frente a 2024 como en la comparación de mediano plazo, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial y el consumo eléctrico de grandes usuarios fabriles registran bajas de dos dígitos frente a los niveles de hace tres años.

La metalmecánica, otro termómetro de la inversión productiva, acumula caídas que superan el 13% en relación con el período previo al cambio de gestión. A esto se suma la retracción de exportaciones industriales hacia Brasil, lo que agrava la falta de dinamismo.

El mapa sectorial muestra pocos ganadores. Las actividades vinculadas al complejo agroexportador y a la refinación de petróleo, impulsadas por Vaca Muerta, lograron cierta expansión. Sin embargo, textiles, calzado, indumentaria, plásticos, caucho y materiales para la construcción continúan en terreno contractivo.

La propia Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC refleja el clima de preocupación: más de la mitad de los empresarios industriales identifica a la insuficiencia de la demanda interna como el principal límite para crecer. En la misma línea, la consultora Orlando J. Ferreres estimó que en diciembre la industria retrocedió 5,7% interanual y describió el desempeño anual como un proceso que fue “de mayor a menor”.

El impacto no se limita a los volúmenes de producción. Según CIFRA-CTA, la industria y la construcción concentran cerca del 70% de los puestos de trabajo perdidos en el período reciente, con más de 120 mil empleos destruidos en conjunto. Paralelamente, informes privados registran miles de cierres de unidades productivas en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, así como caídas relativas aún más pronunciadas en provincias con menor densidad industrial.

Especialistas advierten que la dependencia del mercado interno vuelve especialmente vulnerable al sector ante políticas de ajuste recesivo. Sin un consumo fortalecido y con un esquema de apertura comercial que expone a las empresas locales a una competencia externa creciente, el horizonte para 2026 aparece cargado de incertidumbre.

El balance de 2025 deja, así, una industria que no logró despegar, con una recuperación acotada a nichos específicos y un entramado productivo que continúa debilitándose. Sin señales claras de recomposición del mercado interno ni de una estrategia integral para el desarrollo manufacturero, el sector enfrenta el nuevo año con más interrogantes que certezas.