Los sindicatos docentes mostraron una recepción favorable hacia la propuesta, llevándola al debate con sus bases.

Cumpliendo con lo acordado, la Provincia de Buenos Aires retomó este miércoles las negociaciones paritarias y acordó con las autoridades de los gremios que representan a los trabajadores de la ley 10430 y de los regímenes especiales un nuevo tramo de aumento salarial en abril de 9,5 puntos porcentuales. El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en mayo.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, afirmó: “Estamos en un contexto en el que la situación económica se ha ido deteriorando notoriamente producto de las políticas del Gobierno Nacional. Cada nuevo indicador confirma una recesión profunda, que avanza con una rapidez pocas veces vista, y eso afecta los recursos tributarios provinciales; lo que se agrava ante la no transferencia de recursos obligatorios no automáticos por parte de Nación”. Y agregó: “Esta oferta implica un enorme esfuerzo desde el Estado Provincial, pero se corresponde con nuestro compromiso con el poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores provinciales”.

Por su parte, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini, puso en valor el encuentro paritario como espacio de acuerdos entre “este Estado provincial, que tiene la voluntad política, y los gremios, que entienden y valoran el esfuerzo que hace la Provincia” y agregó que: “En el caso de los docentes, valoramos también la homologación de dos acuerdos vinculados a la estabilidad de docentes”.

El acuerdo contempla también un incremento en los tramos de Ingreso Familiar que dan derecho a la percepción de asignaciones familiares, de acuerdo con este nuevo aumento porcentual. El mismo incremento se aplicará al tope de ingresos que excluye del cobro de asignaciones al grupo familiar, quedando determinado en $1.766.240.

Además del Ministro López, estuvieron presentes, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; y Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

Desde el 15 de abril se implementa la reducción del uso de ascensores, aires acondicionados e iluminación eléctrica en las aulas debido a restricciones presupuestarias en esa casa de altos estudios.

El rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que a partir de esta semana la casa de estudios funcionará con restricciones en el uso de la luz, el gas y los ascensores debido al recorte de $7.000.000 en los fondos que son aportados por el Gobierno de Javier Milei.

Según informó el Consejo Superior de la UBA en su resolución 322/2024, que fue publicada en los sitios de cada Facultad, desde el 15 de abril comenzó la reducción del uso de ascensores, aires acondicionados y hasta de la iluminación eléctrica en el caso de las aulas que funcionan durante el turno mañana.

La Resolución N° 322/2024 ejecutada el 10 de abril, se originó luego de una reducción del 26% en términos nominales y del 80% en términos reales del presupuesto asignado para la Universidad en este 2024.

Debido a esta situación, se decidió que tampoco habrá nuevas becas y ni actividades de extensión y se convocó a una marcha que se realizará en la Plaza de Mayo, el próximo martes 23 de abril, en contra del ajuste y de los recortes que permanentemente surgen por parte del gobierno nacional.

Ese sindicato estatal busca poner un freno a las cesantías con un recurso de amparo.

Ante la ola de despidos en la administración nacional, el gremio de trabajadores estatales Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, presentará un amparo ante la justicia con el objetivo de poner un freno a las desvinculaciones definidas por los funcionarios del Gabinete del presidente de la Nación, Javier Milei.

De esta manera, el gremio de estatales se separó del método de reclamo contra los despidos encabezado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que, el miércoles, llevó adelante una jornada nacional de lucha con asambleas e ingresos masivos a las dependencias públicas, a la vez que anunció un paro nacional para el próximo viernes.

En ese marco, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, realizará una presentación de amparo colectiva ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que la Justicia le “ordene al Estado empleador el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales”.

Además, en el recurso de amparo, el gremio de estatales fundamentó que “mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagran al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo”.

A su vez, desde UPCN indicaron que el Gobierno nacional, “bajo la excusa de supuestas auditorías” sumó a la lista de despidos a trabajadores estatales “contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente” sin criterio alguno.

“Esas desvinculaciones no responden a lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado”, afirmaron desde el sindicato de estatales, a la vez que indicaron que la medida se tomó “sin atender ninguna dotación necesaria con respecto a la política pública que se brinda en cada sector”.

Por este motivo, desde UPCN consideraron que se trata de un “atropello injusto y desmedido” por parte del Gobierno de La Libertad Avanza, por lo que se declaró en “estado de alerta y movilización permanente”, con el objetivo de acompañar la presentación judicial y poner un freno a los despidos.

Cabe mencionar que, en el marco de la medida de lucha de ATE del miércoles, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno tomó la iniciativa de “achicar gastos”, de manera que se desvincularon 15.000 contratos con el argumento de que se trata de “personal que no es necesario”.

El sindicato transportista define la medida de fuerza para la semana que viene.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró este miércoles en “estado de alerta” y anunció que llevará adelante un paro del servicio en el AMBA, para el próximo lunes 8 de abril, si se “verifica” el incumplimiento del acuerdo salarial firmado con las empresas de transporte en febrero pasado.

La medida se anunció anoche a través de la cuenta oficial de la UTA en la red social X (ex Twitter), en la que compartió el comunicado y expresaron que mantendrán el “estado de alerta por incumplimiento del acuerdo salarial”.

“Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/24 y que fuera homologada con fecha 19/2/24, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte, la UTA se declara en estado de alerta, advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 del corriente, se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA”, aseguró el gremio que conduce Roberto Fernández en un comunicado.

Las cámaras de transporte le enviaron una carta documento al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, e intimaron al gobierno a cancelar “urgentemente” la deuda de compensaciones (subsidios) impagas a la fecha, que según denuncian asciende a 50.278 millones de pesos.

Dicho pago, aseguran, es condición para que puedan abonar una suma no remunerativa a los choferes, pactada en paritarias.

La UTA advirtió este jueves que “se corre el riesgo (de) que en los próximos días no haya transporte público” en el AMBA. El aviso se da en paralelo al paro de colectivos de 48 horas que afecta desde el miércoles al interior del país.

Roberto Carlos Fernández, secretario General e integrante del Consejo Directivo Nacional de la UTA, aseguró la semana pasada en declaraciones a Radio 10 que “el transporte público corre riesgo en el AMBA”.

En este marco, la UTA publicó un comunicado en el cual advierten “a la población” que, “ante el incumplimiento al acta acuerdo firmada por las partes de fecha 02/02/2024 y homologada por la autoridad de aplicación, con fecha 19/02/2024, referente a la recomposición salarial, de los trabajadores nucleados en la UTA, se corre riesgo que en los próximos días no haya Transporte Público de Pasajeros en el AMBA”.

Luego, el texto -que lleva la firma de Fernández y una mención a las Juntas Ejecutivas de la UTA- concluye que la posible medida se encuentra “motivada por el reclamo que públicamente está haciendo el sector empresario ante el Ministerio de Economía por la falta de compromiso acordado en dicha acta, a través de la Secretaría de Transporte, para que este pueda seguir operando regularmente”.

Se trata de Mariana Hortal Sueldo, quien abandonó el barco liberatario en plena disputa con los estatales por la ola de despidos.

En medio de la profundización del conflicto entre los gremios estatales y el gobierno nacional por los despidos masivos, renunció este miércoles la subsecretaria de Trabajo, Marina Hortal Sueldo. La información fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.

Según la explicación oficial, la dirigente dejó el cargo porque había llegado a la Secretaría con el ex titular del área, Omar Yasín, quien también salió eyectado de la administración libertaria luego de que trascendiera un aumento de sueldo para el Ejecutivo. Acorde a lo que detallaron desde Capital Humano, la intención de Sueldo era irse con Yasín, pero le pidieron que se quedara.

Actualmente el secretario de Trabajo es Julio Cordero, quien asumió en reemplazo de Yasín. Pero Cordero no quería que Sueldo siguiera en su cargo y ella tampoco quería quedarse según publicó el portal Infobae.

El pasado 11 de marzo, Milei sorprendió durante una entrevista televisiva matutina al anunciar que había despedido a Yasín de la Secretaría “por un error que no debió haber sucedido”.

Ese “error” al que se refirió el Presidente fue el DNU a través del cual se había establecido un aumento del 48% de los salarios de los empleados jerárquicos del Ejecutivo, en medio del discurso oficialista de motosierra y anticasta. Lo cierto, es que aquel decreto también llevaba la firma del jefe de Estado, aunque toda la responsabilidad recayó sobre Yasín.

Este miércoles, la salida de Hortal Sueldo llegó en el epílogo de un día agitado, marcado por la protesta gremial de ATE ante la ola de despidos en el sector público impuesta por el Gobierno. Los manifestantes ingresaron por la fuerza durante la mañana a distintas oficinas públicas, en cuya mayoría los aguardaban cordones policiales para intentar detenerlos. Se produjeron choques que no revistieron mayor gravedad, más allá del malestar propio de la situación.

La General del Ejército de EE.UU mantendrá reuniones con varios integrantes del Gobierno y visitará Tierra del Fuego, entre otras actividades.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general del Ejército, Laura Richardson, inició este miércoles su visita al país, donde cumplirá con una extensa agenda que incluye reuniones con varios integrantes del Gobierno Nacional con el objetivo de “profundizar” las relaciones bilaterales en materia de “cooperación en defensa regional”.

Según informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Richardson se reunirá con el jefe del gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Defensa, Luis Petri, por parte del Gobierno, además de los jefes del Estado Mayor Conjunto.

El vocero explicó que esta visita se da en el marco de “las excelentes relaciones que Argentina está teniendo con Estados Unidos” con la llegada al Gobierno de Milei y que llevará a que, después de 13 años, el portaaviones USS George Washington de la Marina estadounidense visite Argentina en mayo próximo.

Según publicó este miércoles en su cuenta de la red social X, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, dio la bienvenida a Richardson “en su tercera visita” al país suramericano, un viaje que “celebra la asociación en defensa” entre ambos países “y explora formas de profundizar la cooperación en defensa” en el hemisferio occidental.

Richardson también viajará a Ushuaia, Tierra del Fuego, para interactuar con personal miliar local para conocer sus misiones y el papel que desempeñan “en la salvaguardia de rutas marítimas vitales para el comercio global”.

Además, y según la agenda compartida por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la comandante del Comando Sur participará en una ceremonia de transferencia de un avión de transporte Hércules C-130H a la Fuerza Aérea Argentina, una donación de asistencia de seguridad financiada por Estados Unidos.

El referente de Nuevo Encuentro se suma al Gabinete bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el primer día hábil de abril con una serie de designaciones en distintos organismos bonaerenses, entre los que se resalta la oficialización de Martín Sabbatella como titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista.

Si bien existían rumores de que Sabbatella podría entrar al gabinete de Kicillof, el gobernador confirmó su decisión recién este miércoles a través de la oficialización de su puesto en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el líder de Nuevo Encuentro y principal aliado de Máximo Kirchner quedó a cargo de un área clave de la comuna.

Así, Kicillof no sólo designó al titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista, sino que con ese gesto intenta calmar las tensiones que existen dentro del kirchnerismo duro tras la derrota de las elecciones presidenciales, que dejaron en jaque a una buena parte de dirigentes que desempeñaban sus tareas en el Gobierno nacional.

Es preciso mencionar que, Sabbatella llegó a la provincia de Buenos Aires para reemplazar a Leonardo Nardini en la presidencia del Comité de Cuenca del Río Reconquista, que debió retirarse de sus tareas en la comuna para ejercer su cargo de intendente del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

Además de Sabbatella, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires incorporó al ex diputado Edgardo Depetri, que integra el Frente Transversal Nacional y Popular, que ocupará el lugar de Guillermo Jelinsky como miembro del Directorio en representación del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires informó que el presidente de Nuevo Encuentro Ituzaingó e integrante del directorio de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Daniel Larrache, se sumará como representante del Ministerio de Gobierno para sustituir a Luis Morales.

En tanto, por medio del Decreto Nº314, Kicillof designó a partir del 1° de marzo de 2024 y con carácter ad-honorem a Alejandro Urdampilleta como presidente del Directorio del Comité de Cuenca del Río Luján (Comilu). Ese lugar también se encontraba a cargo del ex ministro y actual intendente de Malvinas Argentinas.

En última instancia, a través del Decreto Nº316, Kicillof designó a Sergio Martinelli en el cargo de Director Administrativo y Contable del Comilu, a Juan Pedro Filpe como Director Técnico, a Mariana Rodríguez como Directora de Relaciones Institucionales, a Dalina Citati como Directora de Asuntos Legales, y a Daniela Días Santos en el cargo de Directora de Gestión de la Cuenca.

La mesa chica de esa central obrera analiza los pasos a a seguir en la sede central de UPCN.

Los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentran reunidos luego de que Pablo Moyano confirmara que la central obrera prepara un paro nacional.

El objetivo del encuentro es discutir la coyuntura política y económica y consensuar cuándo y cómo será la modalidad de una nueva medida de fuerza y el mismo se llevará a cabo en la sede de la calle Moreno al 1.300 de UPCN.

En declaraciones radiales, Moyano declaró que el motivo de este paro se debe a “las políticas represivas y regresivas” que tiene el Gobierno de Javier Milei.

“En los próximos días se va a anunciar una medida. Un paro nacional o una gran marcha federal, como movilizar el día que se trate el DNU (70/23) o la ley ómnibus, una medida se tiene que tomar. Todo lo que sea es para ponernos en contra de estas políticas económicas”, concluyó Moyano.

Asimismo, recalcó que los trabajadores no pueden “seguir esperando y viendo cómo se siguen generando más despidos”, al mismo tiempo que señaló que “la reforma laboral no puede pasar en el Congreso”.

Por el momento, se cree que el proyecto de la Ley Ómnibus ingresará al Parlamento entre hoy y pasado mañana y, además, se espera que realicen manifestaciones de distintos sectores en su contra.

Desde ATE Pensiones denunciaron más despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se encuentran en estado de alerta y movilización.

A través de un comunicado emitido este miércoles por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Pensiones, repudiaron el despido y sin aviso de 323 empleados de distintas áreas de ese organismo en todo el país.

“El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó cesantes a otros 163 trabajadores del organismo, que se suman a los 160 de tandas anteriores, un número que asciende a 323 en total, en el contexto de una nueva ola de despidos que perpetra el gobierno de Milei en todas las áreas sensibles del Estado”, denuncia el comunicado firmado por el secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro.

Para ATE Pensiones,”este accionar se enmarca en un brutal plan de ajuste que lleva adelante el gobierno en todas los sectores estatales, en este caso despidiendo a quienes se encargan del asesoramiento, la atención y el inicio de los diferentes trámites y servicios que brinda el organismo”.

En ese sentido, los estatales de Pensiones nucleados en ATE señalaron: “Las Personas con Discapacidad y sus familias se encuentran frente a una situación de total desamparo por el cierre de centros de atención provinciales y el despido de trabajadores, de todo el país, que atienden sus demandas y resuelven sus problemáticas garantizando derechos”.

Al cierre del comunicado, los trabajadores indicaron: “Seguimos defendiendo derechos y fuentes de trabajo, resistiendo con dignidad y coraje.¡No vamos a ser cómplices del vaciamiento del Estado!¡Por la reincorporación de todas y todos los despedidos!”

Comunicado completo

En ESTADO de ALERTA y MOVILIZACIÓN y con ACCIONES CONCRETAS

Nuevos despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad: vaciamiento, cierre de delegaciones y trámites urgentes paralizados.

Las y los trabajadores nucleados en ATE Pensiones repudiamos enérgicamente el despido, improcedente y sin previo aviso, de 323 compañeros de las diferentes oficinas del país, en uno de los peores momentos de nuestra historia económica y en vísperas de Semana Santa.

En el día de la fecha, el Director Ejecutivo de la ANDIS dejó cesantes a otros 163 trabajadores del organismo, que se suman a los 160 de tandas anteriores, un número que asciende a 323 en total, en el contexto de una nueva ola de despidos que perpetra el gobierno de Milei en todas las áreas sensibles del Estado.

Desde hace 100 días, el gobierno ejecuta sistemáticamente ataques contra trabajadores que hacen funcionar las oficinas y delegaciones de todo el país, empleados con más de 20 años de antigüedad en el organismo, algunos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y delegados sindicales, sin ningún tipo de explicación.

Este accionar se enmarca en un brutal plan de ajuste que lleva adelante el gobierno en todas los sectores estatales, en este caso despidiendo a quienes se encargan del asesoramiento, la atención y el inicio de los diferentes trámites y servicios que brinda el organismo: Pensiones No contributivas por Invalidez, Asignación por Trasplante, Certificado Único de Discapacidad, Programa Incluir Salud, Símbolo Internacional de Acceso, Registro de Prestadores, Subsidio por Sepelio y otros servicios para las personas con Discapacidad y sus familias.

La ANDIS, el órgano matriz en materia de Discapacidad en Argentina, mantiene paralizadas las políticas públicas que benefician al 15 por ciento de la población más vulnerable de nuestro país, un cuadro de situación crítico que se profundiza aún más por el cierre de delegaciones provinciales y el despido de los trabajadores que motorizan servicios y prestaciones.

Las Personas con Discapacidad y sus familias se encuentran frente a una situación de total desamparo por el cierre de centros de atención provinciales y el despido de trabajadores, de todo el país, que atienden sus demandas y resuelven sus problemáticas garantizando derechos.

Asimismo, las áreas del organismo que conforman la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas presentan un panorama alarmante y desalentador: Se dan de alta por sistema solo 200 Pensiones no Contributivas por mes (10 por día), mientras que entre 2011 y 2015 se cargaban por sistema entre 10 y 12 mil beneficios; los casos urgentes se encuentran completamente paralizados, excepto algunas pocas patologías; las dificultades y demoras son planificadas y ejecutadas por la gestión de turno a partir del desfinanciamiento en el sector, lo que constituye una condena a muerte para miles de personas que padecen el faltante de medicamentos, no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida ni cobran la pensión que les corresponde como derecho.

Seguimos defendiendo derechos y fuentes de trabajo, resistiendo con dignidad y coraje.
¡No vamos a ser cómplices del vaciamiento del Estado!
¡Por la reincorporación de todas y todos los despedidos!

Aumentos y recesión.

A partir de los fuertes aumentos que sufrieron las tarifas de colectivos y la caída del poder adquisitivo que se profundizó en los últimos tres meses, los empresarios del transporte informaron que en el mes de marzo se registró una gran caída en la cantidad de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que eligen este medio para moverse por las distintas ciudades.

De acuerdo a la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en los días hábiles de marzo, la baja en la cantidad de usuarios que utilizan los colectivos del AMBA llegó al 12,2% en comparación a marzo del 2023, lo que significa también una gran caída en los ingresos de las empresas de transporte que cuentan con líneas en el Gran Buenos Aires.

Según el monitoreo de la entidad que representa a más de una treintena de empresas de transporte terrestre de pasajeros, además de la caída del 12,2% en promedio en los días hábiles de marzo, la merma en el uso de colectivos en el AMBA llega al 4,9% si se mide en kilómetros recorridos, lo que se representa una cantidad más amplia de coches parados.

Sin embargo, la diferencia se reduce los fines de semanas, ya que la baja en los usuarios transportados es de 6,4% los sábados, y 2,6% los domingos, siempre en comparación con marzo del año pasado.

“El atraso en los pagos de subsidios, que representa el 70% de los ingresos de las empresas de transporte, y el no reconocimiento total de la inflación, generan el desfinanciamiento que explican este deterioro que afecta a los usuarios”, indicaron las autoridades de AAETA que ven con preocupación la baja del uso de colectivos.

Es preciso recordar que, el nuevo cuadro tarifario de abril coloca el boleto mínimo de colectivo de 0 a 3 km en $270 para las personas que tengan la SUBE nominalizada. Quienes no hayan realizado el registro pagarán $429.30 el colectivo a partir del próximo mes. En el trayecto de 3 a 6 km pasará a $300 con SUBE y $478 sin este beneficio.

De acuerdo a un reciente reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la Universidad de Buenos Aires (UBA-Conicet), las familias que habitan en el AMBA gastan, en promedio, $75.429 por mes en el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público.

Este número final, explican desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios, representó un incremento del 156%, frente al dato de diciembre, que arrojaba que los gastos alcanzaban los $29.487. En tanto, si se toma la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante fue para el transporte, con un aumento del 410% respecto a diciembre del año pasado.