El ministro de Economía de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires se juntaron en Mar del Plata para hablar de política y la temporada de verano en la Costa Atlántica, entre otros temas.

Los alcances del fallo sobre coparticipación de la Corte Suprema de Justicia aún no terminan de dimensionarse, ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en las provincias. Ya sea por lo reciente de la medida como la incertidumbre que existe por el proceso que busca enjuiciar a los miembros de la Corte, las finanzas jurisdiccionales aún no sufrieron los efectos del fallo que favoreció a la administración porteña. Ese fue uno de los motivos por el cual Sergio Massa viajó desde Entre Ríos, donde anunció el Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino, a Mar del Plata para reunirse con el gobernador Axel Kicillof. Otro de los temas de su agenda fue la actividad turística en la Costa Atlántica, que este sábado tuvo una afluencia de 2.000 vehículos por hora por el cambio de quincena.

La reunión fue difundida por Axel Kicillof en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto junto al ministro de Economía. “Con Sergio Massa en una extensa reunión de trabajo en Mar del Plata. Entre otros temas evaluamos la marcha de la temporada récord y la pérdida que ocasiona el fallo de la Corte para favorecer a Larreta sobre las cuentas de la provincia y sus 135 municipios”, indicó el mandatario de la Provincia de Buenos Aires.

Massa ya había planteado la necesidad de debatir “una nueva ley de coparticipación federal, y es nuestra responsabilidad plantear ese debate” tras el fallo de la Corte, en una entrevista publicada en Perfil. Sin embargo, el proyecto no está entre las propuestas que se debatirán en las sesiones extraordinarias convocadas para este 23 de enero. Por su parte, Kicillof no guardó críticas al calificar al fallo como “una verdadera inmundicia, es un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de la Argentina en detrimento del país federal”. “Es profundamente injusto e innecesario que esa ciudad absorba fondos que son de un país federal. Es injusto y fue decidido para favorecer a un sector político”, sostuvo en un acto en Almirante Brown.

Legisladores del oficialismo en la Cámara Baja realizaron el pedido público para sumar la iniciativa legislativa a los debates parlamentarios.

Cuando el Gobierno oficializó este la convocatoria a sesiones extraordinarias, entre el “23 de enero hasta el 28 de febrero” tal como anunció la portavoz presidencial, un espacio dentro del Frente de Todos pidió sumar a los debates en el Congreso un proyecto de ley para evitar que se repitan casos como el crimen de Fernando Báez Sosa.

La titular del partido Igualar, Carmela Moreau, se pronunció este viernes a favor de sumar el proyecto de ley “Plan Nacional Fernando Báez Sosa” para que “el Estado tenga una herramienta que permita terminar con casos” como el del joven asesinado en Villa Gesell.

Teniendo en cuenta el llamado a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados por el Gobierno nacional hacemos un pedido público para que se sume a los 27 proyectos enviados por el ejecutivo el proyecto de ley ‘Plan nacional Fernando Báez Sosa'”, expresó en un comunicado la referente del partido que integra el Frente de Todos.

Respecto del caso Báez Sosa, Moreau señaló que los jóvenes agresores “habían protagonizado muchísimas situaciones violentas con anterioridad” y que “ni sus familias, ni su club, los habían sancionado ni llamado a la reflexión”. “Debemos preguntarnos si se les hubiera hecho entender que esas conductas estaban mal y eran inadmisibles, es posible que hubiéramos evitado que pase este episodio tremendo en Villa Gesell”, cuestionó la funcionaria.

Moreau advirtió, además, que “la oposición tiene la oportunidad histórica de demostrar responsabilidad tratando este proyecto en la Comisión de Deportes, que preside el diputado del PRO Héctor Baldassi, y así mostrar ante la sociedad que el Estado puede dar respuesta a los problemas reales”.

Según se informó en el comunicado, el plan establece un programa de capacitación para las asociaciones deportivas y clubes, que incluye a deportistas, profesores, técnicos y directivos, donde “se prevén protocolos y procedimientos de actuación ante determinados hechos de violencia o discriminación”.

Esas fueron las palabras utilizadas por el Diputado, quien acusó al bloque más importante de la oposición parlamentaria de negarse a tratar el juicio político a la Corte.

“Esta actitud de la oposición condena al inmovilismo al Congreso y hace que no funcionen las instituciones, con lo cual es un golpe blando”. Las palabras son del abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, y hacen referencia al anuncio de Juntos por el Cambio de que no dará quórum en el Congreso hasta que se deje sin efecto el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

En declaraciones radiales, Recalde planteó que “hay una afectación del Estado de Derecho por lo cual tienen que funcionar las instituciones” pese a la “negativa obstinada” de la oposición. De esta forma, el abogado y referente peronista respondió al anuncio formulado por la Mesa Nacional Juntos por el Cambio (JxC), que anunció que no apoyaría ningún proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso hasta que se deje sin efecto el pedido de juicio político a la Corte Suprema.

“Es un paso formidable que esta discusión sobre la Corte se pueda dar en la cámara de Diputados porque va a exponer los cuestionamientos que existen sobre la cabeza del poder judicial. Vamos a llevarla a cabo guardando los principios democráticos, republicanos y el debido proceso. La rendición de cuentas también es un principio republicano”, apuntó Recalde.

El legislador afirmó además que el tratamiento del juicio político a los integrantes de la Corte “también estará presente el tema de las vinculaciones que el poder económico tiene con un sector de la Justica”, algo que para el abogado laboralista va más allá de “las ideologías”.

Asimismo, Recalde consideró que el próximo 24 de marzo, cuando se realice la tradicional marcha por el día de la Memoria, Verdad y Justicia “el pueblo en las calles volverá a instalar el tema de lo que sucede en la actualidad con la Justicia como sucedió cuando hubo manifestaciones contra el 2×1”, apuntó Recalde.

De esta forma se refirió en un fallo de la Corte, dictado en 2017, que buscó imponer un criterio de conmutación de penas para los condenados por delitos de lesa humanidad y que debió ser revisado tras las masivas movilizaciones populares que se llevaron a cabo en aquel entonces.

Se proyectan superar estas cifras y además aumentar más destinos.

Aerolíneas Argentinas transportó, desde el 15 de diciembre a la fecha, más de un millón de pasajeros. Para alcanzar la cifra, realizó un total de 250 salidas diarias, lo que significa más de 33.000 pasajeros por jornada.

Para esta temporada, Aerolíneas dispuso una programación con incrementos en la oferta de asientos y vuelos de un 4% respecto al mismo período preCOVID, con nuevas rutas como: Merlo y vuelos especiales de verano a Mar del Plata desde Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán. De igual forma, reforzó sus vuelos a Bariloche, El Calafate, Neuquén, Puerto Madryn, Iguazú y Salta, entre otros.

Además, a partir de diciembre comenzaron los vuelos a Florianópolis tanto desde Buenos Aires como de Córdoba y Rosario. También, desde Córdoba y Mendoza se operan vuelos estacionales a Rio de Janeiro.

“Este año proyectamos alcanzar cifras históricas en cuanto a cantidad de pasajeros transportados, vamos a operar con cargueros, incrementar la flota y crecer muchísimo. Esta primera parte de la temporada nos permite ser optimistas respecto a los desafíos que tenemos por delante”, expresó Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas.

Para 2023, la empresa proyecta superar la marca histórica de 13.000.000 pasajeros transportados, sumar nueva flota y continuar la ampliando su red de 38 destinos nacionales, 48 rutas interprovinciales y 21 destinos internacionales.

El crimen ocurrió este sábado en Club Argentino de Quilmes. El homicida sería el ex novio de su actual pareja, quién se terminó suicidando.

El concejal de Berazategui del Frente de Todos, Jorge Vega, fue asesinado al recibir once impactos de bala.

Según el parte policial, Vega se encontraba en las instalaciones del Club Argentino de Quilmes hasta que fue interceptado por la ex pareja de su novia, Enrique Alberto Florentín quien efectuó más de diez disparos.

Personal del SAME llegó hasta el lugar del crímen y le brindó las primeras operaciones de salvataje, pero Vega había perdido mucha sangre y falleció al momento.

Por su parte, Florentín logró escapar del lugar a bordo de una Renault Kangoo Blanca, y al llegar a su hogar se termina suicidando.

En Mar del plata, el gobernador bonaerense presentó el Programa de Digitalización y Modernización Tecnológica en los puertos de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, presentó en la ciudad de Mar del Plata el Programa de Digitalización y Modernización Tecnológica en los Puertos Bonaerenses.

El acto se desarrolló el viernes en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), donde Kicillof estuvo con la vicegobernadora Verónica Magario; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini.

“El sistema portuario de nuestra provincia tiene un potencial enorme, pero hace mucho tiempo que no contaba con las políticas públicas que le permitiera desarrollar todas sus capacidades”, expresó Kicillof y agregó: “Cuando asumimos, no existía un solo dato acerca de lo que estaba pasando en los puertos: la Provincia no conocía ni los volúmenes de bienes y servicios ni las necesidades de cada uno de los consorcios”.

En ese sentido, el gobernador señaló: “Desde un primer momento empezamos a rearmar el sistema de puertos en articulación con cada uno de los consorcios. Hoy damos un paso más, muy importante, que requería de una gran inversión y un gran esfuerzo para modernizarlos y digitalizar toda la información”, añadió.

A partir del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia y el Proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Ministerio de Economía de la Nación, este programa apunta a que los puertos públicos bonaerenses adquieran equipamiento tecnológico con desarrollo de software. La inversión se realiza con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de $560 millones, y permitirá hacer más eficiente la logística; agilizar trámites y reducir costos; optimizar las funciones de los organismos de control; y mejorar la seguridad y el seguimiento de las cargas.

Por último, Kicillof resaltó que “este programa le da un impulso mayor al proceso de modernización que está en marcha: todos los puertos bonaerenses van a estar conectados y van a contar con los instrumentos de medición, control y seguimiento”. “Estas son las inversiones que nos permiten dar un salto de calidad en términos de logística y recuperar el rol de los puertos para el beneficio de las ciudades, la provincia y el país”, concluyó.

La iniciativa contiene una extensa lista de personas a citar a prestar declaración ante la Comisión.

El Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados el pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, tema incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

Los primeros cuatro nombres que aparecen son los de los jueces del Tribunal Superior, su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que están citados en carácter de acusado.

“Solicitamos que por medio de la Presidencia de la Comisión de Juicio Político se requiera la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la Comisión correspondan”, dice el planteo.

A priori, los restantes citados a declarar son en carácter de testigos. Así, el primero que aparece en la lista el Silvio Robles, director de la vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.

En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D’Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.

Según el reglamento interno de la comisión, entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.

La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.

Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”.

Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.

Se trata de el ex titular de la cartera de Justicia, quien fue detenido en el aeropuerto de Brasilia. Pensaba llegar a Miami.

El exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, fue detenido este sábado en el aeropuerto internacional de Brasilia, en el marco de la investigación por los actos golpistas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocurridos el 8 de enero, informaron fuentes oficiales.

Torres, que se encontraba en los Estados Unidos, fue hasta el domingo pasado secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y por eso el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron invadidos por los seguidores del exmandatario de derecha.

El avión en el que se trasladó el exministro llegó cerca de las 7:30 (hora local y de Argentina) al aeropuerto de la capital, donde Torres era esperado por la Policía Federal, indicaron sus abogados a la prensa.

Su detención fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo (TSF) Alexandre de Moraes que lo investiga por presunta omisión y connivencia durante el asalto a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además, la Policía Federal encontró en la casa de Torres un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula.

El propio Torres admitió la existencia del documento que “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”.

En su cuenta de la red Twitter, el exministro escribió que el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra, y remarcó que tiene la conciencia tranquila y que respeta la democracia.

El documento es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones que ganó Lula.

El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa de Torres, que estaba de vacaciones en Miami y que regresó horas después de que el Gobierno anticipara que iba a pedir su extradición a Estados Unidos si no volvía antes del próximo lunes.

El Presidente criticó fuertemente el ex jefe de gobierno y principal referente de la oposición.

El presidente Alberto Fernández comparó los resultados de su gestión de Gobierno con los obtenidos por la gestión de Cambiemos (2015-2019), y afirmó que la Argentina está ahora “mucho mejor” que cuando llegó a la Casa Rosada y sostuvo que “el que dejó gente hambrienta se llama (Mauricio) Macri”.

Fernández destacó los avances en materia social, económica e institucional durante su gestión, como la recuperación del salario y la baja paulatina de la tasa de inflación en los últimos meses.”Yo no les prometí la revolución de la alegría”, expresó el jefe de Estado y, en alusión a Macri, remarcó que “el que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil pymes” y lo que “hizo la Argentina fue deteriorarse”.

Fue al encabezar el acto de entrega de 178 viviendas, en el marco del programa Procrear II, ubicadas en los barrios Nueva Pompeya y Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernández contrastó los resultados de su gestión con la situación heredada de la administración de Mauricio Macri.

En ese contexto, destacó que en su gobierno “empezamos a recuperar el salario que se cayó en el gobierno de Macri más del 20 por ciento”.

“No todos somos lo mismo en política, no todos pensamos lo mismo. Estas casas las tienen que construir los bancos, pero la construimos nosotros y estamos orgullosos de eso”, dijo al encabezar la entrega de viviendas, para cuya construcción requirió una inversión del Gobierno nacional de 1.860 millones de pesos.

En un mensaje directo al referente opositor, el Presidente dijo que “los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer y que prometer es realizar, Macri”, y agregó que en su gobierno “la libertad es absoluta”.

“Para nosotros son ustedes los únicos que nos preocupan. Tengo la tranquilidad de que en mi gobierno nunca usamos la Justicia para perseguir a nadie”, señaló, al responder dichos recientes del expresidente.

El ministro de Obras Públicas además alertó que el fallo del máximo tribunal sobre los fondos coparticipables que recibirá CABA, afectará “la continuidad de muchas obras” en las provincias.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró este viernes que “hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político a la Corte Suprema de Justicia”.

“La discusión sobre la coparticipación y la gravedad que eso encierra es algo que se seguirá dando. Hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político. Hay que explicar muy claramente qué sucedería en cada provincia con ese fallo de la Corte referido a la coparticipación. Muchas obras que están en marcha no podrían seguir”, explicó Katopodis en declaraciones radiales.

Sobre el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno nacional a los integrantes del máximo tribunal, el funcionario afirmó que existe “un proceso de captura de las instituciones, sobre todo de la justicia por parte de grupos económicos que pretenden proteger sus privilegios”.

Para Katopodis, mediante un fallo de la Corte, “la Ciudad de Buenos Aires se adueñó de algo que no le correspondía”, y adelantó que se trata de una discusión que el Ejecutivo “seguirá dando esta discusión hasta que cada provincia entienda la gravedad de la situación”.

“Cuando la gente votó en el 2019, también lo hizo por una Argentina más federal y más igualitaria”, sostuvo el ministro, quien estimó además que en los comicios de este años “hay que remarcar que siguen en disputa dos modelos” de país.

“No tenemos que perder de vista que hay una discusión sobre dos modelos y pasó algo grave estos días. Vimos una oposición en clave de negocios, y quedó a la vista lo que todos sabíamos”, indicó en referencia a los chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro (actualmente de licencia), en los cuales se registran intercambios con magistrados, funcionarios y empresarios.

Katopodis aludió a las conversaciones que D’Alessandro mantuvo con el empresario Marcelo Violante, quien tuvo a su cargo la concesión del servicio de acarreo de grúas en la Ciudad durante 21 años y pagaba un canon de 55 mil pesos por mes.

De acuerdo al contenido de los intercambios que trascendieron, D’Alessandro llevaba adelante gestiones para que las empresas de Violante recibieran contratos de parte del Gobierno de la Ciudad, así como “Lo que vimos (en esos chats) los representa (a los integrantes de Juntos por el Cambio) en su naturaleza y esa es su ética, así son en lo cotidiano. Es por eso que tiene que haber comprensión política de lo que hay en disputa en las próximas elecciones”, apuntó Katopodis.

El ministro sumó que si bien “hay un proceso regional y mundial de fuerte radicalización de la derecha, también está en disputa cómo se construye una sociedad más democrática y cómo garantizamos este proceso para no quedar rehenes de algunos grupos económicos que siempre van a defender determinados intereses”.