Lo anunció el ministro de Economía. Será para contribuyentes monotributistas con una tasa subsidiada. El objetivo es mantener los niveles de inversión.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este jueves no sólo un incremento en las escalas del monotributo sino también la ampliación de la línea Crédito Argentino a 1,2 millones de monotributistas, en la inauguración de la tercera edición de Expo Escobar.

“1.200.000 monotributistas podrán acceder a créditos a tasas fijas de 43%, subsidiada por el Estado Nacional, sin requisito bancario para capital de trabajo, para que muchos de esos talentosos que están acá y necesitan su equipo, lo puedan comprar con garantía del Fogar”, anunció el titular del Palacio de Hacienda.

Seguidamente, Massa subrayó: “Estamos dando crédito a la industria y a la pyme a tasa subsidiada porque entendemos que de alguna manera el Estado tiene que sostener los niveles de inversión y actividad, y ahora estamos dando un paso más”.

A lo cual, dio a conocer que “1.240.000 monotributistas van a poder acceder a créditos a tasa fija 43% subsidiada por el Estado nacional sin requisito bancario, para capital de trabajo”.

El plan de créditos será a dos años con tasas diferenciadas del 43% para monotributistas, que será financiado por el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y tiene como objetivo mejorar el financiamiento de microemprendimientos.

Durante el encuentro, donde se lleva adelante el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se realizó la última de seis reuniones de la Comisión de Juicio Político (sobre el tema obra social) que preside la diputada nacional, Carolina Gaillard (FdT), donde se recibieron testimoniales referidas a las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Durante el encuentro, donde se lleva adelante el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional, expusieron María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; Iván Nicolas Ritvo, contador público; Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; Marcela Carlomagno, titular afiliada a la OSPJN; Isabel López Alducin, secretaria Letrada vocalía del Dr. Rosatti; Claudia Viviana Madies, ex integrante del directorio de la OSPJN; y María Susana Villarruel, secretaria Letrada de la vocalía del Dr. Maqueda.

En primer lugar, expuso Isabel López Alducin, quien remarcó que nunca trabajo con Maqueda, ni tampoco tuvo contacto con él. “Yo trabajo expedientes jurisdiccionales, los que llevan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o de prepagas”, aclaró. En esa línea, agregó: “No tengo conocimiento de cuestiones sobre superintendencia y administrativa, los expedientes de la obra social vienen por otra línea que no es la que yo trabajo”.

Luego, María Susana Villarruel, explicó que “a mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba; era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la Corte, o como la podría hacer cualquiera cuando alguien pide una colaboración”. Respecto a consultas sobre el mail que envía Maqueda- del 30 de agosto de 2021- en el que el Ministro refiere a sus otros colegas de la Corte que “deja la supervisión de la obra social”, contestó “sí, conozco el mail y su contenido, el Ministro nos puso en copia”. “Lo que he percibido es que mi trabajo relacionado con la Superintendencia no ha variado antes o después de ese mail”, clarificó.

Por su parte, Claudia Viviana Madies declaró que el estatuto de la obra social establece “la función de fiscalización que recae en toda la Corte”. “Como parte del directorio, no interactuaba mucho con la Corte sino con el equipo del directorio. Fue muy poco el tiempo que estuve (2008 a 2009) un periodo casi fundacional, nuestra relación con la corte era más acotada” y, a su vez, dijo que el expresidente del directorio, Tonón “no compartía gestión transparente, con deliberación y un cuerpo colegiado. Él tenía una inquietud más personal, era personalista al llevar adelante las resoluciones”.

En tanto, Néstor Fasciollo, también brindó testimonio. Sobre el Correo electrónico sobre la renuncia de Maqueda a facultades de supervisión dijo “tomé conocimiento a través de los medios”. “La obra social es una dependencia y forma parte del poder judicial de la Nación”. En referencia a las licitaciones contó que “el área es asesoría jurídica, no es un órgano de control, la obra social tiene la asesoría pero no es auditor del directorio. Después de que el expediente licitatorio pasaba por el área se hacia el dictamen y no volvía a intervenir el área de asesoría”.

Como damnificada de la OSPJN, Marcela Carlomagno, declaró que “he tenido una experiencia complicada en 2019, tuve un accidente que requería una prótesis. No me realizaban la operación, empezó a demorarse, hice la queja en la clínica San Lucas pensando que era la responsable y no, era la obra social que no entregaba la prótesis”. “A raíz de esto estuve internada 4 meses por una infección hospitalaria. Durante todo ese tiempo no encontraban la bacteria que me lo había provocado, aún tengo la prótesis y la idea es que la bacteria está alojada allí”. “No tenía forma de lograr que la obra social se hiciera cargo”, agregó luego de comentar que se tuvo que costear la internación domiciliaria.

Como contador público -en modalidad de contrato externo- de la OSPJN, Iván Nicolás Ritvo, testificó que “nunca mi trabajo fue analizar la gestión propia del ente, ni como estaba dividida internamente ni como trabajaban”. “Mi función pura y exclusivamente era la confección de los estados contables”. “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y que no contenía en principio toda la información que uno podía tener. Sabía que el sistema tenía falencias y fue por ese motivo que trabajo siempre sobre una base de datos cerrada, para que no tenga ningún tipo de manipulación”, aseguró.

Por último, la testigo María Guadalupe Burgos, aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”. “Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos”. “Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.

A partir de una indicación de la Presidencia de la Cámara de Diputados, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas se reunirán el miércoles próximo a las 11:30 para dictaminar un proyecto para los tomadores de créditos UVA, luego de un trabajo en conjunto con asesores de todos los bloques para generar un proyecto de consenso y entendimiento en el que se tomaron en cuenta todas las iniciativas presentadas.

El proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un Sistema de Cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por RIPTE. En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el Índice más bajo.

El cómputo será retroactivo al 1ero de enero del corriente.

La iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción la cuota a abonar no deberá superar el 30 % de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

La iniciativa provincial fue aprobada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos aprobó el proyecto de Ley de Alquileres de la provincia de Buenos Aires, y quedó de esa forma habilitada para su tratamiento en la cámara alta de la Legislatura provincial, a la espera de que se trate en las próximas sesiones. El punto central de la iniciativa, que presentó el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, es que el cobro del 4 por ciento de honorarios y gastos administrativos que hoy se traslada a los inquilinos, deberá ser asumido por los propietarios del inmueble a arrendar.

El legislador bonaerense había explicado que es “un proyecto de ley sencillo, que lo único que pretende es eliminar que los costos inmobiliarios de acceso a una vivienda, que afectan a un 20% de la población, no caigan todos en las espaldas de esos inquilinos en el momento de ingresar”. Además, señaló que el proyecto tiene su raíz en la Federación de Inquilinos, que “están haciendo un trabajo importantísimo y durísimo, porque es la parte débil de la relación entre quienes manejan el negocio de los alquileres y quienes necesitan un alquiler, que en general es porque están en una situación de vulnerabilidad”.

Según el proyecto de ley aprobado, también se eliminaría cualquier tipo de costo para los inquilinos la solicitud de informes de dominio, a realizarse en el Registro de la Propiedad; y las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía y demás trámites previos al alquiler, deberán ser afrontados también por los propietarios.

Por último, la iniciativa también establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres con el objetivo de que “el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible”, explicó Durañona.

“Esperamos contar con el acompañamiento del bloque opositor. Sabemos que esta medida no es suficiente pero sí es un gran paso. En CABA, los costos son asumidos por los propietarios y son muchas las organizaciones que observan el agregado de esto al alquiler real. Sin embargo, prefieren eso ya que el valor se licúa a lo largo de las distintas cuotas”, sostuvo hoy Francisco Durañona.

En tanto que el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, aseguró que se trata de “un proyecto fundamental” para que los bonaerenses no tengan que afrontar los enormes gastos administrativos para ingresar a un alquiler. “Son cifras altísimas para pagar un trabajo que hacen las inmobiliarias para los propietarios”, señaló el militante y recordó que “esto ya se aprobó en Capital Federal, La Pampa, Rio Negro y es para nosotros urgente que se convierta en Ley”.

La medida de fuerza fue acompañada por una masiva movilización en esa provincia del noroeste del país.

Los gremios que nuclean a los docentes de todos los niveles obligatorios de la educación en Jujuy fueron llamados a conciliación obligatoria debido al paro que determinaron los sindicatos por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales. Desde los gremios anunciaron que no acatarán la medida y continuará el plan de lucha.

La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Silvia Vélez, informó en horas de la tarde de este martes que el gremio fue “notificado de la convocatoria a conciliación obligatoria por las medidas de fuerza que se llevan a cabo”. Tras ello llegó la citación a la paritaria.

“Se comunica que según lo determinó el Congreso no se acatará la conciliación”, indicó la sindicalista, dando cuenta de que continuarán las acciones de reclamo establecidas para los días subsiguientes. “Vamos a seguir insistiendo y sosteniendo la medida de fuerza que fue determinada por nuestras bases y que está siendo respaldada”, expresó en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

En el mismo sentido, realizó una comunicación pública la titular del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa. “Llegó al sindicato la conciliación obligatoria y vamos a instruir a los abogados para que contesten”, planteó y desde el gremio recordaron que “la última asamblea votó rechazar este instrumento”.

Será en concepto de viáticos por las tres jornadas electorales.

El Gobierno definió que las personas que se desempeñen como autoridad de mesa a lo largo de las elecciones PASO, las generales y un eventual balotaje cobrarán 40.000 pesos en concepto de viáticos en total por las tres jornadas.

Según la resolución, el pago se definió de la siguiente manera: quienes se desempeñen como autoridades de mesa recibirán 7.000 por elección, a lo que deben sumarse otros 3.000 pesos por haber participado efectivamente de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Electoral.

Además, se suma un importe adicional de 10.000 pesos en caso de haber cumplido funciones durante las PASO, las elecciones nacionales y una eventual segunda vuelta. Vale aclarar que, si no se celebrara una segunda vuelta, entonces este último importe adicional será de 7.000 pesos.

Del 6 al 10 de junio con la presentación de 20 proyectos en los que el jurado seleccionará tres obras que representarán a la Provincia. El evento está enmarcado en los 40 años del retorno a la democracia.

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en articulación con el Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Mercedes realiza la 37° Fiesta Provincial del Teatro.

A través del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), el evento comenzó ayer y se extiende hasta el 10 de junio, donde el jurado seleccionará a tres obras entre veinte proyectos que representarán a la provincia en la Fiesta Nacional. Esta edición contará con propuestas alusivas a la Memoria, a 40 de años de democracia ininterrumpida en el país.

Durante los cinco días de la fiesta, el público podrá disfrutar de una amplia programación donde el jurado conformado por Mónica Cabrera, Milena Bracciale y Rubén González Mayo seleccionarán las tres obras que participarán de la Fiesta Nacional del Teatro.

“La Fiesta Provincial reúne a las producciones independientes más destacadas de nuestra Provincia” explicaron desde el Instituto Cultural que conduce Florencia Saintout. “Está destinada al encuentro de los/as trabajadores/as del teatro independiente, impulsando el intercambio cultural, fomentando y promoviendo la actividad en la Provincia, y en la sede elegida año a año para su celebración”, completaron.

La Directora Ejecutiva del CPTI, Aldana Illán, señaló: “Al cumplirse 40 años de la vuelta a la democracia en la Argentina, tanto del Instituto Nacional del Teatro como desde el Instituto Cultural nos pareció importante enmarcar la fiesta en este sentido, generando contenidos que remarquen los valores de Memoria, Verdad y Justicia que son tan importantes para nuestra comunidad”.

El CPTI fomenta, apoya y protege la actividad teatral independiente de la Provincia de Buenos Aires, reconociéndola como un trabajo cultural esencial para el desarrollo integral de la comunidad.

La audiencia con las empresas de transporte volvió a fracasar.

La Unión Tranviarios Automotor y las cámaras empresariales del sector se reunieron este martes en una nueva audiencia que volvió a fracasar y el gremio amenazó con un nuevo paro general de transporte si las negociaciones no prosperan antes del lunes 12 de junio.

Las partes se encontraron durante la tarde en la sede nacional del ministerio de Trabajo en lo que significó la reapertura de las charlas en el marco de la prórroga por diez días del periodo de conciliación obligatoria.

Según explicaron las empresas a través de un breve comunicado, el gremio “ha incrementado su petición, habida cuenta de la inflación transcurrida y la prolongación de toda esta negociación” afirmaron.

En ese marco, las cinco cámaras que agrupan al sector lamentaron la ausencia “de las autoridades del Ministerio de Transporte por lo que no queda claro cómo se financiará el reclamo sindical (si con tarifa o subsidios) habida cuenta que son decisiones que Transporte no le deja tomar a los operadores” explicaron.

Ante ese complejo escenario, las discusiones pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves 8 de junio a las 16.00.

En el marco de las negociaciones, la UTA reiteró el pedido de un salario básico para abril de 262 mil pesos más una suma fija por única vez de 32 mil pesos. Para el mes de mayo elevar al salario a 282 mil pesos y de 320 mil pesos a junio.

La ampliación y reevaluación de los pedidos para los meses siguientes implicarían un salario básico de 348.800 pesos en julio, de 380,192 en agosto y de 414 mil pesos en septiembre.

Bajo el riesgo de que se concrete la amenaza de medidas de fuerza por parte del sector gremial, las partes volverán a sentarse en una mesa de discusión el próximo jueves.

El Sumo Pontífice será sometido este miércoles a una operación en el abdomen y quedará internado en el hospital algunos días para recuperarse.

El papa Francisco, de 86 años, será operado de urgencia y bajo anestesia general este miércoles por la tarde en Roma, por un riesgo de obstrucción intestinal, anunció el Vaticano.

La intervención quirúrgica resulta “necesaria” por la agravación de los síntomas presentados por el sumo pontífice, indicó su equipo médico, y requerirá “varios días” de hospitalización, precisó en un comunicado el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Al término de la Audiencia General de este miércoles 7 de junio, el Santo Padre se dirigió al Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde a primera hora de la tarde será sometido, bajo anestesia general, a una laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis. Lo informó esta misma mañana el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en un comunicado a los periodistas.

Bruni agregó: “La operación, concertada en los últimos días por el equipo médico que asiste al Santo Padre, se hizo necesaria debido a una hernia incisional que le está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran”.

El portavoz concluyó especificando que la estadía del Pontífice en el centro sanitario durará varios días para permitir el curso normal del posoperatorio y la recuperación funcional completa.

El Obispo de Roma había concurrido, este martes 6, a la institución sanitaria para realizar unos controles médicos.