El oficialismo pedirá que los magistrados del máximo tribunal, se presenten durante el proceso una vez iniciada la investigación en la Cámara.

Según el reglamento, una vez iniciada la investigación con mayoría simple la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados, que pueden sin embargo, excusarse de testimoniar y citar además a otros testigos.

Sin embargo, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la apertura del sumario y emitir dictamen, una vez finalizado el proceso de investigación.

Luego tendrá dos meses al menos para llevar adelante el proceso y buscar posibles acuerdos parlamentarios que le permitan sumar voluntades para darle continuidad al proceso.

En ese sentido, Martínez aseguró que se logrará “cada vez más consenso” a medida que se avance en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.

La comisión, presidida por Gaillard, cuenta con 31 miembros: 16 del FdT, 14 de Juntos por el Cambio (JxC) y 1 del Interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.

Fuentes parlamentarias precisaron que la investigación se concentrará en dos aspectos fundamentales: el fallo de la Corte Suprema que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la injerencia del máximo tribunal sobre la composición del Consejo de la Magistratura.

En tanto, las fuentes no descartan que el oficialismo pueda además proponer incorporar al debate de la comisión el pedido de enjuiciamiento que en 2021 formuló la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En ese entonces, Carrió acusó al jurista santafesino de haber cometido graves irregularidades administrativas y presupuestarias mientras ocupó la presidencia del máximo tribunal.

Esa alternativa podría poner a JxC, que ya anticipó su rechazo al planteo formulado por el Presidente y varios gobernadores, en una disyuntiva que, según advirtieron

algunos legisladores opositores, buscaría dividir las posturas en el principal bloque opositor.

En el marco de ese proceso, la Comisión de Juicio Político está habilitada a realizar inspecciones; solicitar a la justicia el registro del domicilio de los investigados y secuestrar elementos que puedan servir como medios de prueba, como así también interceptar sus correspondencias y comunicaciones telefónicas, siempre y cuando no se vulnere su inmunidad.

Se creó una unidad especial de integración social y urbana. Urilizarán Fondos del BID y bonaerenses.

El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha hace tres años un plan para urbanizar los barrios populares del Conurbano y también del interior y llevar condiciones de vida digna a los miles de bonaerenses que habitan allí. La meta es llegar con distintas obras, que van desde agua potable y cloacas, a iluminación, viviendas o instalaciones eléctricas, a 180 villas antes del fin del mandato.

La problemática es compleja y para abordarla se creó un ente específico: el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que supo estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete en el arranque de la gestión y que hoy pertenece al Ministerio de Hábitat y tiene su propia unidad ejecutora de obras.

La titular es Romina Barrios, quien explicó que hoy trabajan en 116 barrios con una inversión de 35 mil millones entre fondos provinciales y de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las intervenciones son variadas, de acuerdo a la complejidad de cada lugar, y alcanzan a más de 150 mil bonaerenses.

Según los últimos registros, en la provincia hay 1933 asentamientos y villas distribuidos en 89 municipios, que arrastran carencias de todo tipo como la falta de agua, cloacas, desagües, electricidad, apertura de calles, pavimento y titularidad de la tierra. El 70% de los barrios populares están ubicados en el Área Metropolitana.

“En el primer y segundo cordón del Conurbano están las villas históricas, pero el mayor crecimiento de barrios populares se da hacia las terceras coronas, desde Campana hasta San Vicente”, advierte Barrios. El 30% restante de los asentamientos se ubica en las grandes ciudades del interior como Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata y la capital bonaerense. “La Plata ostenta el triste récord de ser el distrito con mayor cantidad de barrios populares de toda la provincia: tiene 162”, puntualiza la directora ejecutiva del OPISU y entiende que esto se debe a un “crecimiento desigual” y a un desarrollo urbano “no planificado”.

El OPISU tiene en marcha hoy 116 proyectos integrales de reurbanización en 46 municipios y el desafío es llegar a los 180 antes de fin de año. Hasta ahora se planificaron y ejecutaron 208 obras de agua potable, cloacas, desagües pluviales, instalaciones eléctricas, veredas y plazas, pavimentación, luminarias, viviendas y mejoramientos edilicios por un total de 35.767 millones de pesos.

Parte de los trabajos se adjudican a cooperativas de la zona, lo que además promueve el empleo local: en 2022 se crearon 800 puestos de trabajo. “Además de la falta de acceso a agua y cloacas, hay barrios que requieren soluciones hidráulicas porque las casas fueron construidas sobre suelo de relleno, que no había sido pensado ni era apto para la construcción. También hay déficit en la calidad de la vivienda: están las irrecuperables y las que necesitan mejoras para ser dignas en términos físicos y de hacinamiento”, explica la funcionaria, al tiempo que aclara que el ente sólo construye viviendas para “reasentamiento” y que hoy están en marcha 155 casas en barrios de Quilmes y La Matanza. El resto corre por cuenta del Instituto de la Vivienda que en 2022 licitó 10.900 casas en toda la provincia. En ese paquete están las 853 que corresponden a Guernica, en lo que fue la toma de terrenos que terminó en desalojo en plena pandemia.

Otro caso emblemático está en La Matanza, donde recién hace una semana las tierras sobre las que se levantaron los barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, San Petersburgo y Puerta de Hierro pasaron a estar a nombre de la Provincia. Esos terrenos habían sido cedidos por Nación durante la dictadura de Juan Carlos Onganía para erradicar villas de la Capital Federal. Con la tenencia de esas tierras, ahora el OPISU podrá iniciar los trámites de regularización dominial, que le permitirá a los 12 mil vecinos contar con su escritura, y también acelerar la llegada de los servicios básicos y la apertura de calles.

“Casi todo lo que nosotros hacemos tiene el tenor de histórico porque estamos en una de la primeras experiencias en donde la voluntad política, institucional y técnica le ha dado a este problema la especificidad que necesita y la escala de intervención”, remarca la funcionaria y aclara que es clave el trabajo con los municipios, pero especialmente con la comunidad que “conoce, sabe y viene empujando las soluciones de su barrio”.

El Servició Meteorológico Nacional informó que gran parte de Argentina está bajo alerta por la ola de calor que se sufre este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que gran parte del país se encuentra en alerta por la ola de calor con temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados.

El oeste de la provincia de La Pampa, el noroeste de Río Negro y este de Neuquén, se encuentran bajo alerta roja por temperaturas extremas que se ubicarán cerca de los 40 grados este domingo, según indicó el SMN.

El alerta máxima dispuesta por el organismo meteorológico indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por esta razón se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Las principales zonas afectadas por la alerta roja son el este de El Cuy y General Roca, en Río Negro; las localidades pampeanas de Chical Co y Puelén, y los departamentos de Confluencia, este de Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén. Para todas estas zonas se esperan máximas de 40 grados, de acuerdo con lo pronosticado por el SMN.

Para el resto de La Pampa, Río Negro y Neuquén; sur de Mendoza y de Buenos Aires, centro-este de Chubut y noreste de Santa Cruz hay alerta naranja por calor, al igual que en algunas localidades entrerrianas como Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Diamante. Las máximas esperadas para hoy oscilarán entre los 37 y los 40 grados.

En cuanto a gran parte de Santa Fe y de Córdoba, centro-norte de Buenos Aires, sudeste de Santiago del Estero y de La Rioja, y varias localidades de Mendoza y de San Luis se encuentran bajo alerta amarilla también por altas temperaturas.

En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Así, se refirió el gobernador bonaerense al necesario vinculo entre el máximo tribunal y esa empresa de comunicación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó ayer en las redes sociales el título de una información publicada por el diario Clarín, al asegurar que el medio de comunicación intenta “ocultar la gravedad de lo que pasa con la Corte Suprema” y desestimar el juicio político a sus integrantes impulsado por el Presidente Alberto Fernández y varios mandatarios provinciales.

A su vez, el gobernador posteó la foto de la nota que en su título afirma: “Sin Kicillof, los que firmaron contra la Corte representan el 14% del país”, en alusión a los mandatarios que acompañaron la iniciativa del jefe de Estado.

“Los métodos de desinformación de (Héctor) Magnetto (CEO de Clarín) se superan día tras día. Titular así es tan ridículo como decir: Sin la provincia de Buenos Aires, el país tiene 30 millones de habitantes”, señaló Kicillof en el texto que acompaña la foto.

Y en ese sentido, remarcó: “Lo cierto es que es la primera vez en la historia que un presidente junto con gobernadores le inician juicio político a la Corte Suprema. Quieren ocultar la gravedad de lo que pasa” con el máximo tribunal.

Así lo afirmó el ministro del interior en una acto que se realizó en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

El titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo que “el Poder Ejecutivo debe gobernar sin la dictadura de las cautelares y del Poder Judicial”, y criticó el fallo en la causa por la obra pública en Santa Cruz, del 6 de diciembre pasado, al señalar que su “objetivo central, como siempre contra el peronismo”, consistió “en proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

El ministro, en declaraciones que realizó en Villa Gesell, recordó que este año Argentina cumplirá 40 años ininterrumpidos de ejercicio democrático y que, en ese marco, “algunos sectores de poder parece que ya están cansados, piensan que 40 años de democracia es mucho”, entonces “empiezan a poner palos en la rueda y a proscribir”.

“Acabamos de ser testigos hace muy poco tiempo de una sentencia judicial donde el objetivo central, como fue siempre contra el peronismo, consistió en proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, dijo.

De Pedro puntualizó que “proscribieron judicialmente” a la vicepresidenta de la Nación, y que “esa proscripción, que fue vendida mediáticamente como un ‘se bajó’, es una proscripción como la que sufrió el peronismo durante 18 años”.

El ministro hizo declaraciones durante una visita a Villa Gesell, donde junto a su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al intendente local, Gustavo Barrera, entregó un ómnibus y una retroexcavadora en el marco del Programa Municipios de Pie, destinado al fortalecimiento de las gestiones municipales locales.

Allí, el funcionario destacó que “a nivel regional y en distintos países estamos observando un fuerte avance de sectores del Poder Judicial, asociados con grupos de poder”, y dijo que “esa conjunción de factores de poder va en contra de un sistema republicano como es el nuestro”.

“Para que este sistema funcione como lo establece nuestra Constitución Nacional, es necesario que el Poder Judicial funcione de manera independiente; que el Legislativo lo haga como el pueblo manda; y que el Ejecutivo pueda gobernar y expresar esa voluntad que se vio reflejada en las urnas”, expresó el ministro.

Por ello, De Pedro afirmó que “el Poder Ejecutivo debe gobernar sin la dictadura de las cautelares y del Poder Judicial”.

El ministro de Transporte bonaerense aseguró que el jefe de Gobierno porteño “no cumple con una Ley que él mismo firmó”.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple con el pago del subsidio al transporte público y aseguró que se adeudan “cerca de 14.000 millones de pesos”.

“El jefe de Gobierno porteño no cumple con una Ley que él mismo firmó”, sostuvo ayer el funcionario bonaerense al referirse al reclamo por el incumplimiento de Horacio Rodríguez Larreta con el pago, en el marco del Pacto Fiscal firmado durante 2018.

Por ese Pacto convertido en Ley por el Congreso Nacional, la Ciudad asumía la totalidad del pago de subsidios para el cumplimiento del servicio de pasajeras y pasajeros.

En ese sentido, D’Onofrio consideró que “CABA se hace la distraída y no envía los recursos para cumplir con el compromiso que contrajeron hace más de cuatro años” y aseguró que “del 91% que deben pagar, solo cumplen con el 51% y el restante lo esquivan”.

“Estamos hablando de cerca de 14.000 millones de pesos”, destacó el funcionario y agregó que “con la decisión de no cumplir, Larreta no acata una medida del Poder Legislativo y se posiciona desde un lugar de rebeldía con la Justicia. Las leyes son iguales para todos y debemos respetarlas”, remarcó.

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, había insistido en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “debe hacerse cargo de su propio transporte” y reiteró que hubo meses en los que la Ciudad “aportaba 0 pesos” al sistema.

En esa línea, el ministro bonaerense explicó que “sin los reclamos que venimos realizando junto a la Nación, la Ciudad no hubiese afrontado ninguna de sus responsabilidades durante el último año. Recién en la mitad de 2022 dejaron de aportar 0%”.

D’Onofrio indicó que, como contrapartida, el gobierno de Axel Kicillof se hace cargo de la totalidad del compromiso asumido, lo que representa una inversión de 140.000 millones de pesos para el adecuado servicio del transporte público.

En la actualidad la gestión de la provincia de Buenos Aires cumple con el pago de los subsidios a más de 400 líneas de colectivos de todo el territorio. En tanto, el gobierno porteño no reporta el compromiso con las 32 líneas del distrito capitalino.

El gobernador de La Rioja los acusó de tráfico de influencias y violación de sus deberes.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó hoy una denuncia penal contra el asesor de la Corte Suprema Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, “por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Gobierno de CABA”.

Así lo anunció el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, donde también denunció que la “connivencia” entre Juntos por el Cambio y el máximo tribunal de justicia “quedó al descubierto” y es “inadmisible en el marco de un Estado de Derecho”.

“Los hechos son de público conocimiento y están referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos.”, especificó Quintela.

Y señaló que “estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del Ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y persona de su máxima confianza desde hace años”.

“La connivencia entre ambos quedó al descubierto en los chats publicados, demuestran que las resoluciones judiciales y pronunciamientos del Ministro Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia), a través de Robles, desarrollaron operaciones políticas ejecutadas a través de fallos judiciales arbitrarios”, subrayó.

En ese sentido, Quintela marcó que “la convivencia entre aquel espacio político y la Corte Suprema de Justicia resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial. Todos estos principios fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti”.

El mandatario provincial destacó que “los chats publicados por la prensa dejan al desnudo que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política” y advirtió que “el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones y favores que trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político y el enriquecimiento personal de las partes”.

“El predominio de CABA y en particular del Partido PRO es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen resoluciones judiciales pactadas por fuera del sistema legal y pretende regir las acciones de Gobierno de los poderes”, aseveró.

Finalmente, Quintela manifestó: “¡Basta de atropello al pueblo argentino! Debemos buscar la federalización genuina, con participación a todas las provincias que la componen, y que cada uno de estos funcionarios autoproclamados se vaya, para que el pueblo argentino pueda volver a confiar en la justicia”.

La semana pasada D’Alessandro fue vinculado con un escándalo por la difusión de unos presuntos chats en los que se observan intercambios con Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión del sistema de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires hasta hace pocas semanas.

Por estas cuestiones se iniciaron investigaciones judiciales, mientras a raíz de las filtraciones D’Alessandro realizó una denuncia penal por el hackeo de su teléfono celular.

A través de un comunicado, la Federación Argentina de Municipios cuestionó al máximo Tribunal por su “parcialidad”.

Intendentes de todo el territorio nacional nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) emitieron un comunicado en donde apuntaron contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su “parcialidad”, y apoyaron la iniciativa de Alberto Fernández, quien impulsó el juicio político contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

El mensaje de los mandatarios locales fue publicado días después de que el Presidente firmara la solicitud junto a gobernadores. En ese sentido, los jefes comunales se expresaron firmemente en contra de los polémicos hechos conocidos durante las últimas semanas, y remarcaron que “el federalismo no se negocia”.

“Múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Corte, como por ejemplo la violación a la Ley de Ética Pública”, comienza el texto. Entre otras cuestiones, destacaron “la extracción de recursos a las provincias de una manera ilegítima y arbitraria a las provincias y el manejo discrecional del Poder Judicial en detrimento del sistema representativo, republicano y federal previsto en la Constitución Nacional”.

Coincidiendo con el resto de las figuras del arco político afines al oficialismo, la liga de intendentes denunció que los magistrados se “arrogaron facultades del Poder Legislativo, al determinar mediante fallo el porcentaje de Coparticipación de Ciudad”, y agregaron: “Tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura, para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses”.

“Con estos miembros en la Corte, los argentinos y las argentinas no podemos sentir la custodia de nuestros bienes, ni el honor, ni la libertad, ni tampoco el patrimonio porque, justamente, ellos son los que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios esenciales”, argumentaron en el mensaje, y concluyeron con que “las provincias argentinas, y de igual manera los municipios, nos sentimos damnificadas”.

Para finalizar, se mostraron convencidos de que la postura adoptada por el Presidente es la correcta, y por eso remarcaron que sería fundamental avanzar en el pedido de juicio político, ya que “esta Corte Suprema de Justicia está pisoteando al federalismo, destruyendo al sistema republicano y afectando la representatividad”.

La última vez que los intendentes se habían expresado de esta manera fue llegando a finales del mes de diciembre, cuando compartieron un extenso mensaje en relación al mismo tema. Allí, habían señalado que la decisión de otorgarle más fondos de Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires estaba “politizada” y que convalidaba “privilegios” para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso “intensificar las medidas de forma urgente” ante los focos de incendio.

Como consecuencia de los diferentes focos de incendio que azotaron diferentes zonas del país en los últimos meses, el Gobierno decidió este jueves extender durante un año más la emergencia ígnea a nivel nacional. A través del decreto 2/2023, publicado en la última edición del Boletín Oficial, se prorrogó hasta el 13 de enero de 2024 la emergencia ígnea declarada a comienzos de 2022.

Según se detalla en el documento, la determinación fue tomada teniendo en cuenta “la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interface en nuestro país constituye un preocupante fenómeno multicausal que demanda la adopción de medidas inmediatas”. “En 2022 estos incendios masivos y reiterados en distintas zonas críticas de la Argentina continuaron adquiriendo una dimensión alarmante y representan una grave amenaza tanto para el ambiente y sus ecosistemas como para el patrimonio, la salud y la vida de las personas”, se advierte.

En ese contexto, “se considera necesario intensificar las medidas de forma urgente”, dado que “está aumentando el riesgo y la magnitud de los incendios forestales que cada vez se prolongan por más tiempo”. “La criticidad de la situación y el peligro inminente de una catástrofe ambiental, deviene necesario, imperioso y conveniente prorrogar la declaración de Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional”, se insiste en el Decreto.

Asimismo, “el cambio climático acentúa las condiciones para que se propaguen los incendios”. No solo porque “la falta de precipitaciones hace que haya más material combustible en los bosques”, sino también porque “las altas temperaturas y los fuertes y cambiantes vientos son condimentos que hacen realmente impredecibles” los focos.

Por otro lado, se recuerda que “las actividades de quema sin autorización expedida por las autoridades locales competentes se encuentran prohibidas”.

El vecino país se había retirado del bloque regional en enero de 2020 por decisión de Bolsonaro.

El flamante gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que su país se apartó hace tres años por orden del entonces mandatario Jair Bolsonaro.

El gobierno comunicó a los países miembros de la organización internacional, “por los canales diplomáticos adecuados, la reincorporación de Brasil, de forma plena e inmediata, a todas las instancias del mecanismo, tanto las de carácter político como las de naturaleza técnica”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Brasil suspendió su participación en la CELAC en enero de 2020 porque, según Bolsonaro, duro crítico de la izquierda, el organismo “daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua”.

El organismo celebrará una cumbre en Buenos Aires el 24 de enero.

El bloque, que reúne a 33 países de Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, fue creado en 2010, con Lula como promotor, con el objetivo de domentar el diálogo en la región.

Para la época en que Bolsonaro apartó a Brasil, la organización estaba prácticamente paralizada por la llegada de gobiernos conservadores a los países que integran el bloque. Ahora, la región vive una nueva ola de presidentes de izquierda en países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia.

”El regreso de Brasil a la comunidad latinoamericana de Estados es un paso indispensable para la recomposición de nuestro patrimonio diplomático y para la plena reinserción del país en la comunidad internacional”, agregó la nota.

Lula, quien asumió su tercer mandato el primero de enero, tras haber gobernado entre 2002 y 2010, dio señales de querer romper el aislamiento internacional de Brasil durante los cuatro años de su antecesor. En su discurso de investidura en el Congreso, anunció un nuevo protagonismo brasileño en el mundo, retomando “la integración sudamericana” y la reconstrucción del “diálogo elevado y activo con Estados Unidos, la Comunidad Europea y China”.

El mandatario, de 77 años, participará en la cumbre de la CELAC, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires, a la que también están invitados el presidente estadounidense, Joe Biden y su colega chino, Xi Jinping. Lula llegará a la Argentina un día antes en visita oficial, la primera que realizará al exterior desde su asunción como presidente.