Fuerte movilización de viajeros de todo el país y de Chile, Uruguay y Brasil.

La cantidad de gente que viajó por el fin de semana largo de Semana Santa creció 1,5 por ciento frente al año pasado, ya que lo hicieron más de 2,6 millones de personas, y el desembolso a precios reales fue 18 por ciento mayor y en total gastaron 95.957 millones de pesos, según informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El miércoles por la tarde y jueves por la mañana, las rutas quedaron colmadas de autos. Todos los puntos turísticos del país recibieron visitantes con encuentros religiosos, pero también con festivales, competencias deportivas, ferias de emprendedores, talleres, espectáculos y actividades recreativas.

La Semana Santa es uno de los fines de semana largos más importantes del año para el turismo y esta ocasión no defraudó: 2.650.000 personas viajaron por el territorio nacional y gastaron 95.957 millones de pesos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

La cantidad de turistas aumentó 1,5 por ciento frente a Semana Santa 2022, que ya había sido muy buena impulsada por el programa Previaje, y el desembolso total, medido a precios reales, fue 18 por ciento superior.

ADEMÁS: Aumentó 50% el consumo de la peligrosa cocaína rosa
Los visitantes gastaron, en promedio, 10.650 pesos diarios cada uno, es un 12,9 por ciento más que el año pasado (siempre a precios reales) y la estadía fue de 3,4 días, levemente por encima de la misma fecha de 2022 (3,3).

El tiempo fue bueno, con sol y nubes, pero con temperaturas mayormente agradables, que permitió disfrutar de playas, lagunas, termas, montañas, y de todas las regiones del país.

Asimismo, hubo agenda en cada ciudad y no sólo para conmemorar las Pascuas. Se sumaron festivales y competencias deportivas. Algunos destacados, además de las ceremonias religiosas, fueron los vinculados a la pesca artesanal en las zonas con playas.

En lo que va del año van tres fines de semana largos, donde viajaron 6,5 millones de turistas y gastaron $229.127 millones.

Continúa con mucha intensidad el ingreso de turistas extranjeros sobre todo en las zonas limítrofes. Este fin de semana largo se destacaron particularmente los provenientes de Uruguay, Brasil y Chile, de este último sólo en Mendoza se registró la entrada de 15 mil trasandinos, según estimaciones oficiales.

Se alcanzaron niveles similares a los de la pre pandemia.

Casi dos millones de turistas extranjeros visitaron la Argentina durante los tres primeros meses del año, alcanzando niveles similares a los de la pre pandemia en una consolidación de la recuperación del turismo receptivo en el país.

De acuerdo a los últimos reportes oficiales, 1.9 millones de turistas legaron desde el exterior con un impacto económico estimado superior a los 1.550 millones de dólares.

“Mediante una inversión histórica del Estado Nacional como el programa PreViaje, logramos un 2022 absolutamente récord para el turismo nacional. Ahora tenemos el gran objetivo de recuperar y superar las cifras de turismo internacional prepandemia. Aerolíneas Argentinas cumple un rol determinante para mejorar la conectividad con los mercados más importantes del mundo”, reflexionó al respecto el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

Las ciudades de Buenos Aires, Salta, Jujuy y Mendoza y la Patagonia en general, fueron los destinos más elegidos por visitantes que llegaron desde Chile (22,1%), Brasil (15,1%), Uruguay (13,4%), Estados Unidos (11,4%), Paraguay (7,1%), Bolivia (3,9%), España (2,9%), Francia (2,1%), Alemania (2,1%) y Reino Unido (2,1%).

Del análisis se desprende que Estados Unidos, Uruguay, México y Chile aportaron más turistas a nuestro país durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo período del 2019.

Estados Unidos, Uruguay, México y Chile aportaron más visitantes que en dicho período de 2019.

El Aeropuerto de Ezeiza (24%), el Aeroparque Jorge Newbery (16%), el Puerto Buenos Aires (12%), el Puente Internacional Tancredo Neves (8%) y el Paso Gualeguaychú – Fray Bentos (8%) fueron las principales vías de acceso.

En el mismo sentido, la temporada de cruceros superó en un 4.8% los niveles prepandemia, con cerca de 600 mil turistas en los puertos de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Entre las causas de la recuperación del sector, se destaca el trabajo de Aerolíneas Argentinas, que inició una exitosa promoción para atraer turistas desde Sudamérica y los Estados Unidos hacia la Argentina.

Se vendieron más de 30 mil tickets entre el 23 de febrero y el 24 de marzo, pasando el ingreso de reservas diarias de 690 tickets a 1787, lo que representa un incremento de 157%. La promoción, con tarifas entre 20% y 30% más económicas, continúa hasta el 10 de abril, para viajar en la temporada baja de otoño hasta el 30 de junio, con excepción de este fin de semana largo de Semana Santa.

El ministro de Trabajo bonaerense puso de relieve el interés de los trabajadores para que la vicepresidenta compita por la presidencia el Gobernador vaya por la reelección.

El titular de la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, se refirió a las elecciones generales de este año, afirmando que “hay que escuchar a nuestro pueblo” a la hora de definir los candidatos del oficialismo.

En este sentido, afirmó que los trabajadores organizados plantean que el Frente de Todos (FdT) debe concurrir a los comicios con Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidenta y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof como postulante a la reelección, porque son los “candidatos naturales del espacio”.

“Cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires y realiza los plenarios con los trabajadores, no se plantean internas ni la realización de PASO en el FdT. Ellos dicen que quieren votar a Axel Kicillof como gobernador y Cristina como presidenta. Ellos dos son los candidatos naturales del espacio”, señaló Correa en declaraciones a Radio Provincia.

El funcionario afirmó que “defender la democracia” es denunciar la “proscripción” de la vicepresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad.

“Estamos defendiendo el derecho constitucional de elegir y ser elegido, de votar y ser votado. Estamos ante una Justicia que precariza el sistema democrático al proscribir a nuestra conducción, a nuestra Vicepresidenta. Ella es la que mayor cantidad de votos tiene en la República Argentina”, observó el titular de la cartera laboral bonaerense.

Consultado sobre la marcha que el próximo jueves realizarán agrupaciones del kirchnerismo bajo el lema “democracia o mafia judicial” para denunciar la “proscripción” de la exmandataria, Correa aseguró que los se movilizarán “tienen la plena convicción de estar luchando en defensa de todo un pueblo”.

“Al marchar a Tribunales, estamos defendiendo a todo un pueblo y a un sistema democrático de esta monarquía y mafia judicial. Queremos que se entienda que hace 40 años recuperamos la democracia y pareciera que todavía ellos (los jueces) se votan entre tres o cuatro”, puntualizó

Fue durante el primer mes del año, donde 10 de 14 sectores exhibieron un crecimiento interanual del empleo bonaerense.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó hoy que el total de asalariados registrados privados evidenció una suba en enero del 0,2%, es decir cerca de 3.400 trabajadoras y trabajadores más que en diciembre pasado.

Según informó hoy la cartera laboral de la provincia, los indicadores de empleo del mes de enero arrojaron un aumento de 3.393 trabajadores, lo que representa la decimoctava suba mensual consecutiva.

En cuanto a lo interanual, precisaron que hubo un crecimiento de 3,9%,en relación al enero anterior, incorporándose 74.189 trabajadoras y trabajadores al empleo registrado privado.

En enero de 2023, 10 de 14 sectores exhibieron un crecimiento interanual del empleo en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Trabajo bonaerense, el comercio aportó más de 19.500 puestos de trabajo en el último año, y más de 23.700 puestos, si se considera desde febrero de 2020.

La rama del Comercio “es la que continua liderando el proceso de recuperación”, y se destacaron otros sectores en ventas en alimentos al por mayor, indumentaria y accesorios, marroquinería, productos farmacéuticos, cosméticos, perfumería, instrumental médico, odontológico y artículos ortopédicos.

Otros rubros que también tuvieron incremento de empleo durante el año fueron la Industria manufacturera; Hotelería y restaurantes; Construcción, Servicios comunitarios, sociales y personales; Servicios de Transporte.

En menor medida le siguieron Enseñanza; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Electricidad, gas y agua y Explotación de minas y canteras.

El gobernador bonaerense habló sobre el crimen de Daniel Barrientos en La Matanza. Repudió la utilización política del caso.

Axel Kicillof advirtió que las circunstancias en torno al crimen del colectivero Daniel Barrientos en Virrey del Pino fueron “dudosas” pero pidió esperar el resultado de la investigación y la acción de la Justicia, a la vez que cuestionó a la oposición por “consentir” y “hasta incentivar” las agresiones sufridas por el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

En sus primeras declaraciones públicas tras el crimen del lunes de Daniel Barrientos en el partido de La Matanza, Kicillof sostuvo que, “para ser un delito vinculado al robo, tiene elementos muy dudosos y muy sospechosos”, aunque resaltó la necesidad de ser “respetuosos de las víctimas”.

En declaraciones al canal C5N, el mandatario señaló que el caso es “tremendamente doloroso” y una “tragedia”, y resaltó que pese a que su administración está haciendo una “inversión histórica y una transformación muy profunda de la Policía Bonaerense”.

Aclaró que esos avances “no quitan que hay que redoblar esfuerzos” y que el hecho impacte “en todos personalmente y como Gobierno”.

Kicillof consideró además que “hay que repudiar” la utilización política del caso y recordó que el Frente de Todos (FdT) no tuvo esa conducta desde la oposición durante la gestión de Juntos por el Cambio.

Además, criticó a la oposición y a aquellos medios que en las últimas horas parecieron “consentir” y “hasta incentivar” las agresiones.

De todos modos, planteó que el crimen es “prácticamente inédito”, al referir que se trató de un robo en un colectivo que fue “cruzado” por un auto de apoyo y con “dos personas que suben con armas de calibre alto”.

“Parecía el robo de un blindado, y se llevaron un bolso, una mochila y a quemarropa asesinaron a un chofer”, describió.

Por eso marcó la necesidad de “investigar a fondo para entender qué pasó”, al advertir que “no parece un robo a un colectivo en un barrio popular”.

Kicillof recordó que unos días antes del hecho “había estado” en ese distrito la titular del PRO, Patricia Bullrich, “hablando de la seguridad en los colectivos”, por lo que aclaró que si bien “uno no tiene que pasarse con esas cuestiones”, sí hay que “prender las luces” de alarma.

El mandatario provincial ratificó que el Gobierno a su cargo presentó una denuncia por la agresión a Berni y advirtió que “no puede admitirse una violencia de ese tipo” contra un funcionario. “Fue a dar la cara”, dijo sobre Berni, y prosiguió: “Lo hace habitualmente”.

También puntualizó que los vecinos del Virrey del Pino dijeron que “no conocían a la gente que agredió al ministro”, aunque de todos modos llamó a “tener cautela y esperar que lo diga la Justicia”.

La medida de fuerza rige desde las 10 de la mañana, en el denominado “Piquetazo Nacional”.

Unidad Piquetera comenzó una jornada nacional de protesta contra los 18 millones de pobres en el país y para pedir una mayor asistencia de parte del Ministerio de Desarrollo Social.

“El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación, obra pública, etc”, indicó Unidad Piquetera en un comunicado.

La organización anunció que este miércoles desde las 10 habrá 128 cortes en todo el país, que incluirán la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires en el Puente Pueyrredón, Ruta 197 y Panamericana, Puente La Noria, Ruta 3 y Gral. Paz, Autopista La Plata, Ruta 23 y Acceso Oeste (Moreno) y otros cuatro cortes en Puerto Madero.

Además, habrá interrupciones en el interior de la provincia de Buenos Aires (ruta 11 Mar del Plata, ruta 9 y ruta 188 de San Nicolás, ruta 3 de Bahía Blanca y Puente Colgante de Necochea), en San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.

Entre los reclamos, se incluyen alimentos para comedores populares en un cuadro creciente de inflación y herramientas para los microemprendimientos.

Los manifestantes también reiterarán su reclamo por la transparencia en las bajas en el programa Potenciar Trabajo.

“No vamos a aceptar que la crisis la paguen los trabajadores, los jubilados y los desocupados y precarizados; es necesario rechazar que el ajuste deje sin comida a los comedores populares, sin las herramientas que se necesitan para los emprendimientos productivos y sin los programas que necesitan cientos de miles de desocupados golpeados por la creciente recesión y la inflación que destruye los salarios”, indicaron.

Además de Unidad Piquetera, también se movilizarán el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, CUBA, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Movimiento de los Pueblos, Federación de Organizaciones de Base (FOB) y MST Teresa Vive, entre otras agrupaciones.

Fue por delitos de lesa humanidad cometidos por los agentes durante la última dictadura cívico-militar en centros clandestinos de detención.

Cinco exagentes de la ex SIDE fueron procesados con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros de detención conocidos como Orletti, Bacacay y el recientemente identificado Base Pomar.

Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas y entre los acusados se destaca el nombre del exintegrante jerárquico de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado Patricio Miguel Finnen, quien se encuentra detenido desde diciembre pasado.

El fallo de más de 1.200 fojas se produjo en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura, y los hechos atribuidos a los imputados habrían ocurrido entre los años 1976 y 1977.

Los procesados son Finnen, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Luis Nelson González y Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, fallecido unos meses antes de que el juez dispusiera la detención, informaron fuentes del caso.

Los cinco imputados fueron encontrados responsables de la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas y la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación.

Además se les atribuyó la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos.

El juez Rafecas tuvo por acreditado que bajo la autoridad de la ex SIDE funcionaron durante los años 1976 y 1977 tres centros clandestinos de detención, en los cuales se alojaron a 123 víctimas que fueron sometidas sistemáticamente a torturas.

El primero de ellos fue el ubicado en Bacacay 3570 del barrio de Floresta, por donde pasaron al menos 32 víctimas; el segundo, y más importante por el caudal de víctimas y su tiempo de funcionamiento, fue el conocido como Automotores Orletti, ubicado en la misma manzana que el anterior, por donde pasaron al menos 83 víctimas.

En tercer lugar se encuentra el ubicado en Pomar 4171, alquilado por la ex SIDE en el año 1977, donde fueron alojados siete integrantes del Partido Comunista, entre ellos el diputado Juan Carlos Comínguez y el agente de bolsa Pedro Zavalía, llevado luego por la banda lideraba por Aníbal Gordon a la provincia de Córdoba, donde permaneció cautivo.

Si bien la investigación originariamente estuvo centrada en los crímenes cometidos en Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519 de Floresta, nuevos elementos probatorios surgidos durante la investigación permitieron lograr la identificación de los dos centros clandestinos restantes, que funcionaron en forma coordinada con Automotores Orletti, lo que configuró un circuito represivo.

La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar, en los cuales se consignó que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la ex SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon.

La vivienda, que hoy es una casa de familia, conserva aún el pequeño sótano que fue reconocido por las víctimas en la inspección judicial realizada por el juzgado que conduce Rafecas, informaron fuentes judiciales.

En la resolución, el magistrado tuvo por acreditado el alojamiento en Bacacay del senador uruguayo Raúl Zelmar Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Héctor Gutiérrez Ruiz.

Esa reconstrucción se logró a partir del testimonio prestado durante la pandemia por la entonces menor de 4 años Gabriela Schroeder, quien permaneció en el mismo centro de detención junto a su madre Rosario Barredo y William Whitelaw, pareja que el 21 de mayo de 1976 fue hallada asesinada en un automóvil Torino, en jurisdicción de la Comisaría 40 de la Capital Federal, junto a Michelini y Gutiérrez Ruiz.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió hoy a una delegación de senadores de los Estados Unidos con la que dialogó sobre las posibilidades de ampliar la cooperación económica, sobre todo en sectores como energía, proteínas, agroalimentos y minerales críticos.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y la delegación multipartidaria de senadores estuvo liderada por el legislador republicano del Estado de Texas, John Cornyn.

La visita de los integrantes del Capitolio se dio luego de la cumbre de presidentes celebrada la semana pasada en la Casa Blanca, y en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas.

En términos económicos, las partes pusieron en valor la sociedad comercial histórica de ambos países con niveles de intercambio que superaron los US$ 15.000 millones en 2022.

Massa remarcó el interés de Argentina de equilibrar la balanza comercial a partir de ampliar sus exportaciones, señaló el Palacio de Hacienda en una nota de prensa.

Para ello, insistió en que, como punto de partida, es importante resolver dificultades de acceso que presenta el mercado estadounidense en sectores clave para las economías regionales.

El nivel de intercambio bilateral tiene gran potencial de crecimiento, considerando las posibilidades de diversificación e integración en cadenas de valor regionales y globales, remarcó el Ministro.

En la reunión, Massa y los senadores coincidieron en que Argentina y EEUU pueden ser socios globales para abastecer al mundo de recursos estratégicos como energía, proteínas, agroalimentos y minerales críticos.

Tanto Massa como Cornyn destacaron el desarrollo del vínculo bilateral alcanzado durante los últimos años, que incluye no sólo visitas del más alto nivel sino también la firma acuerdos importantes para el fortalecimiento de las relaciones.

Más allá de estos avances, hicieron hincapié en la voluntad de continuar con el trabajo al más alto nivel entre los distintos poderes del Estado para intensificar el intercambio comercial, promover un mayor flujo de inversiones, avanzar con la cooperación científico-tecnológica, educativa y cultural, impulsar acciones conjuntas en materia de lucha contra el cambio climático y desarrollar una agenda común en materia de consolidación de la democracia y la ampliación de derechos.

También coincidieron en el objetivo común de impulsar un diálogo interamericano, en base a la solidaridad continental, la cooperación y la solución pacífica de los conflictos.

La delegación estadounidense se completó con los senadores Jeanne Shaheen (demócrata-Nuevo Hampshire), Michael Lee (republicano-Utah), Debra Fischer (republicana-Nebraska), Michael Crapo (republicano-Idaho), Roger Marshall (republicano-Kansas), Theodore Budd (republicano-California del Norte), quienes integran comisiones clave de la Cámara Alta como Presupuesto, Relaciones Exteriores, Energía y Finanzas, entre otras.

También participaron del encuentro el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, y el Consejero de Asuntos Económicos de Estados Unidos, Ernest Abisellan.

El ministro de Transporte bonaerense se refirió a uno de los reclamos de los conductores, y afirmó que la Provincia invirtió 2.500 millones en subsidios para que sean colocadas.

Luego de la acalorada protesta motivada por el asesinato del chofer de colectivo Daniel Barrientos, que culminó con una auténtica golpiza de los manifestantes al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, su par de Transporte, Jorge D’onofrio, se refirió a uno de los reclamos de seguridad exigidos.

Al respecto, el funcionario puso de relieve que la ausencia de cámaras en las unidades responde a un “incumplimiento” de las empresas que administran el transporte público, explicando que la gestión de Axel Kicillof giró fondos dirigidos a su instalación.

En las horas posteriores a la impactante agresión contra el titular de la cartera de seguridad, D’onofrio dialogó con Radio10, donde recordó que en el año 2018 se sancionó una ley provincial que “determinaba que las empresas deben colocar las cámaras”, aunque lamentó que eso “no sucedió”.

A continuación, señaló que en 2021 el actual gobernador “firmó un decreto por el cual se le dieron 2.500 millones de pesos en subsidios a las empresas” destinados a la instalación de los dispositivos.

En esa misma línea, detalló: “Seguimos poniendo al día de hoy 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras. Hay más de 2.000 cámaras que todavía no transmiten. Por eso comenzamos a trabajar con empresas y cámaras de transporte”.

Además, indicó que el pasado 4 de enero se intimó a las empresas de transporte público a que pongan en marcha las labores para cumplir con esta medida de seguridad adeudada, solicitando un “plan de contingencia” y detalles sobre “cómo van a invertir”.

En este sentido indicó, además, que ya se trabaja en la colocación de chips que permitan transmisión en directo para “la puesta en marcha del centro de monitoreo tecnológico que ya tiene montado el ministro de Seguridad en Puente 12 para que esas imágenes puedan ser procesadas online”.

Es en este marco que identificó un “incumplimiento por parte de las empresas”, ironizando: “Evidentemente, el Estado está sólo para poner y los empresarios para abrir los brazos y recibir”.

Las declaraciones se dan en medio de un clima de enervación por la situación de inseguridad en general, y entre los conductores de colectivos en particular. Mientras este lunes unas 30 líneas pararon en protesta tras el fallecimiento de Barrientos, en el día de hoy la mayoría retomó sus actividades; pero la línea 620 donde trabajaba la víctima aún sostiene la medida de fuerza.

La idea es avanzar con una nueva norma que regule el precio de las rentas de las moradas.

El gobierno de la Nación pondrá punto final a la Ley de Alquileres. Se tratará así de ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio (y fastidio) tanto a propietarios como inquilinos en todo el país. El dato surge luego de la jornada de las reuniones que encabezó ayer el Presidente en Casa Rosada con una agenda dominada por temas económicos y por las nuevas metas que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.

Según trascendió, luego de la reunión entre el Presidente y el ministro de Economía, hubo varias definiciones. Una de ellas, dejar sin efecto la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020.

Durante la charla Fernández y Massa coincidieron en que la controvertida ley que regula los alquileres se debe cambiar. Aunque aún no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país. Pero está la convicción de que hay que hacerlo.

La decisión estaría definida, algo que desde hace varios meses viene circulando en los pasillos de los despachos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley 27.551, el dato es contundente: desde su puesta en vigencia del 1° de julio de 2020, el aumento de los alquileres alcanzó el 245% en casi tres años.

La inflación galopante, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama que enfrentan tanto propietarios como inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato.

En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.

Según indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.

El presidente de Keymex Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario explicó a ámbito.com que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.

En tanto, estimó que en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.