Fue por delitos de lesa humanidad cometidos por los agentes durante la última dictadura cívico-militar en centros clandestinos de detención.

Cinco exagentes de la ex SIDE fueron procesados con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros de detención conocidos como Orletti, Bacacay y el recientemente identificado Base Pomar.

Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas y entre los acusados se destaca el nombre del exintegrante jerárquico de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado Patricio Miguel Finnen, quien se encuentra detenido desde diciembre pasado.

El fallo de más de 1.200 fojas se produjo en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura, y los hechos atribuidos a los imputados habrían ocurrido entre los años 1976 y 1977.

Los procesados son Finnen, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Luis Nelson González y Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, fallecido unos meses antes de que el juez dispusiera la detención, informaron fuentes del caso.

Los cinco imputados fueron encontrados responsables de la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas y la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación.

Además se les atribuyó la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos.

El juez Rafecas tuvo por acreditado que bajo la autoridad de la ex SIDE funcionaron durante los años 1976 y 1977 tres centros clandestinos de detención, en los cuales se alojaron a 123 víctimas que fueron sometidas sistemáticamente a torturas.

El primero de ellos fue el ubicado en Bacacay 3570 del barrio de Floresta, por donde pasaron al menos 32 víctimas; el segundo, y más importante por el caudal de víctimas y su tiempo de funcionamiento, fue el conocido como Automotores Orletti, ubicado en la misma manzana que el anterior, por donde pasaron al menos 83 víctimas.

En tercer lugar se encuentra el ubicado en Pomar 4171, alquilado por la ex SIDE en el año 1977, donde fueron alojados siete integrantes del Partido Comunista, entre ellos el diputado Juan Carlos Comínguez y el agente de bolsa Pedro Zavalía, llevado luego por la banda lideraba por Aníbal Gordon a la provincia de Córdoba, donde permaneció cautivo.

Si bien la investigación originariamente estuvo centrada en los crímenes cometidos en Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519 de Floresta, nuevos elementos probatorios surgidos durante la investigación permitieron lograr la identificación de los dos centros clandestinos restantes, que funcionaron en forma coordinada con Automotores Orletti, lo que configuró un circuito represivo.

La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar, en los cuales se consignó que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la ex SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon.

La vivienda, que hoy es una casa de familia, conserva aún el pequeño sótano que fue reconocido por las víctimas en la inspección judicial realizada por el juzgado que conduce Rafecas, informaron fuentes judiciales.

En la resolución, el magistrado tuvo por acreditado el alojamiento en Bacacay del senador uruguayo Raúl Zelmar Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Héctor Gutiérrez Ruiz.

Esa reconstrucción se logró a partir del testimonio prestado durante la pandemia por la entonces menor de 4 años Gabriela Schroeder, quien permaneció en el mismo centro de detención junto a su madre Rosario Barredo y William Whitelaw, pareja que el 21 de mayo de 1976 fue hallada asesinada en un automóvil Torino, en jurisdicción de la Comisaría 40 de la Capital Federal, junto a Michelini y Gutiérrez Ruiz.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió hoy a una delegación de senadores de los Estados Unidos con la que dialogó sobre las posibilidades de ampliar la cooperación económica, sobre todo en sectores como energía, proteínas, agroalimentos y minerales críticos.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y la delegación multipartidaria de senadores estuvo liderada por el legislador republicano del Estado de Texas, John Cornyn.

La visita de los integrantes del Capitolio se dio luego de la cumbre de presidentes celebrada la semana pasada en la Casa Blanca, y en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas.

En términos económicos, las partes pusieron en valor la sociedad comercial histórica de ambos países con niveles de intercambio que superaron los US$ 15.000 millones en 2022.

Massa remarcó el interés de Argentina de equilibrar la balanza comercial a partir de ampliar sus exportaciones, señaló el Palacio de Hacienda en una nota de prensa.

Para ello, insistió en que, como punto de partida, es importante resolver dificultades de acceso que presenta el mercado estadounidense en sectores clave para las economías regionales.

El nivel de intercambio bilateral tiene gran potencial de crecimiento, considerando las posibilidades de diversificación e integración en cadenas de valor regionales y globales, remarcó el Ministro.

En la reunión, Massa y los senadores coincidieron en que Argentina y EEUU pueden ser socios globales para abastecer al mundo de recursos estratégicos como energía, proteínas, agroalimentos y minerales críticos.

Tanto Massa como Cornyn destacaron el desarrollo del vínculo bilateral alcanzado durante los últimos años, que incluye no sólo visitas del más alto nivel sino también la firma acuerdos importantes para el fortalecimiento de las relaciones.

Más allá de estos avances, hicieron hincapié en la voluntad de continuar con el trabajo al más alto nivel entre los distintos poderes del Estado para intensificar el intercambio comercial, promover un mayor flujo de inversiones, avanzar con la cooperación científico-tecnológica, educativa y cultural, impulsar acciones conjuntas en materia de lucha contra el cambio climático y desarrollar una agenda común en materia de consolidación de la democracia y la ampliación de derechos.

También coincidieron en el objetivo común de impulsar un diálogo interamericano, en base a la solidaridad continental, la cooperación y la solución pacífica de los conflictos.

La delegación estadounidense se completó con los senadores Jeanne Shaheen (demócrata-Nuevo Hampshire), Michael Lee (republicano-Utah), Debra Fischer (republicana-Nebraska), Michael Crapo (republicano-Idaho), Roger Marshall (republicano-Kansas), Theodore Budd (republicano-California del Norte), quienes integran comisiones clave de la Cámara Alta como Presupuesto, Relaciones Exteriores, Energía y Finanzas, entre otras.

También participaron del encuentro el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, y el Consejero de Asuntos Económicos de Estados Unidos, Ernest Abisellan.

El ministro de Transporte bonaerense se refirió a uno de los reclamos de los conductores, y afirmó que la Provincia invirtió 2.500 millones en subsidios para que sean colocadas.

Luego de la acalorada protesta motivada por el asesinato del chofer de colectivo Daniel Barrientos, que culminó con una auténtica golpiza de los manifestantes al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, su par de Transporte, Jorge D’onofrio, se refirió a uno de los reclamos de seguridad exigidos.

Al respecto, el funcionario puso de relieve que la ausencia de cámaras en las unidades responde a un “incumplimiento” de las empresas que administran el transporte público, explicando que la gestión de Axel Kicillof giró fondos dirigidos a su instalación.

En las horas posteriores a la impactante agresión contra el titular de la cartera de seguridad, D’onofrio dialogó con Radio10, donde recordó que en el año 2018 se sancionó una ley provincial que “determinaba que las empresas deben colocar las cámaras”, aunque lamentó que eso “no sucedió”.

A continuación, señaló que en 2021 el actual gobernador “firmó un decreto por el cual se le dieron 2.500 millones de pesos en subsidios a las empresas” destinados a la instalación de los dispositivos.

En esa misma línea, detalló: “Seguimos poniendo al día de hoy 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras. Hay más de 2.000 cámaras que todavía no transmiten. Por eso comenzamos a trabajar con empresas y cámaras de transporte”.

Además, indicó que el pasado 4 de enero se intimó a las empresas de transporte público a que pongan en marcha las labores para cumplir con esta medida de seguridad adeudada, solicitando un “plan de contingencia” y detalles sobre “cómo van a invertir”.

En este sentido indicó, además, que ya se trabaja en la colocación de chips que permitan transmisión en directo para “la puesta en marcha del centro de monitoreo tecnológico que ya tiene montado el ministro de Seguridad en Puente 12 para que esas imágenes puedan ser procesadas online”.

Es en este marco que identificó un “incumplimiento por parte de las empresas”, ironizando: “Evidentemente, el Estado está sólo para poner y los empresarios para abrir los brazos y recibir”.

Las declaraciones se dan en medio de un clima de enervación por la situación de inseguridad en general, y entre los conductores de colectivos en particular. Mientras este lunes unas 30 líneas pararon en protesta tras el fallecimiento de Barrientos, en el día de hoy la mayoría retomó sus actividades; pero la línea 620 donde trabajaba la víctima aún sostiene la medida de fuerza.

La idea es avanzar con una nueva norma que regule el precio de las rentas de las moradas.

El gobierno de la Nación pondrá punto final a la Ley de Alquileres. Se tratará así de ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio (y fastidio) tanto a propietarios como inquilinos en todo el país. El dato surge luego de la jornada de las reuniones que encabezó ayer el Presidente en Casa Rosada con una agenda dominada por temas económicos y por las nuevas metas que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.

Según trascendió, luego de la reunión entre el Presidente y el ministro de Economía, hubo varias definiciones. Una de ellas, dejar sin efecto la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020.

Durante la charla Fernández y Massa coincidieron en que la controvertida ley que regula los alquileres se debe cambiar. Aunque aún no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país. Pero está la convicción de que hay que hacerlo.

La decisión estaría definida, algo que desde hace varios meses viene circulando en los pasillos de los despachos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley 27.551, el dato es contundente: desde su puesta en vigencia del 1° de julio de 2020, el aumento de los alquileres alcanzó el 245% en casi tres años.

La inflación galopante, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama que enfrentan tanto propietarios como inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato.

En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.

Según indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.

El presidente de Keymex Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario explicó a ámbito.com que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.

En tanto, estimó que en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.

Lo anunció el gobernador bonaerense tras un encuentro que mantuvo con el titular de la UTA.

El Gobierno bonaerense anunció que utilizará “todos los recursos” para que “pronto haya un monitoreo” con cámaras de seguridad en los colectivos que transitan por la provincia de Buenos Aires, luego de una reunión de funcionarios y dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno de La Plata.

“Hicimos una reunión de seguimiento para poner en marcha la gran mayoría de las cámaras, la idea es que muy pronto tengamos un monitoreo”, indicó a la prensa el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien afirmó que las empresas “están intimadas desde el 4 de enero” para colocar “las cámaras” de seguridad que están faltando.

De la reunión participaron el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad, Sergio Berni; el jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández.

El Ministro de Seguridad bonaerense indicó que le advirtieron que podían tenderle una operación violenta.

El titular de la cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó que le advirtieron que podía ser víctima de una “emboscada” en la previa a su llegada a la protesta de colectiveros que se desarrollaba en cercanías de La Matanza, donde fue agredido. Sobre ello, dijo que había “gente que venía a provocar”, pero aclaró que no es “alcahuete” y entonces confió en que “haya fiscales que tengan lo que tienen que tener e investiguen”.

Berni reiteró que tiene “dolor en el alma” por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado en la madrugada de este lunes en Virrey del Pino (La Matanza), pero consideró que “fue fusilado, brutalmente ejecutado”, y que “los testigos dicen que no fue un robo”.

“Es muy llamativo; nadie roba con dos vehículos de apoyo, con armamento que no es habitual, que tiene munición carísima. No es un simple robo. Estas situaciones pasan cuando la victima se defiende, pero acá no hubo plata, no hubo nada, se llevaron solamente una cartera y desde el estribo ejecutaron a un trabajador”, describió Berni en declaraciones a C5N.

Al mismo tiempo, advirtió dijo que “mejor no me llame” el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco.

En cuanto a su intervención, contó que cuando llegó al lugar de la protesta, en General Paz y Juan Manuel de Rosas, “me dicen ‘esto es una emboscada, andate’, y cuando vi las caras me di cuenta que había gente que venía a provocar; cuando hice 100 metros sabía que esto iba a terminar así”. Negociación con la UTA: instalarán cámaras de seguridad en colectivos del AMBA

“Mientras los enfrento busco la pared para buscar un flanco protegido, pero no me impedía la voluntad de seguir ahí”, continuó, al relatar los momentos en que fue agredido y sufrió traumatismos y lesiones que demandaron que le hicieran curaciones en el hospital policial Churruca.

Añadió que después de esos momentos críticos “íbamos a reunirnos, estábamos en pleno proceso, estábamos viendo donde nos íbamos a reunir; durante 20 minutos pudimos tranquilizar la situación, cuando estaba todo listo aparece la Infantería y les pido por favor que no avancen, salgo de la pared”, llegó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y “prácticamente me lleva detenido”, cuando él explicó que quería quedarse.

“En ese ambiente se funde todo: los realmente dolidos, los activistas políticos, la interna de la UTA (el gremio de los choferes) que es terrible, los violentos y cobardes, todos juntos en manada”, describió.

Acerca de los agresores, Berni dijo que “no soy alcahuete, pero de la misma que cuando hay fiscales que denuncian enriquecimiento ilícito, debe haber fiscales que tienen lo que tienen que tener y deben estar investigando; seguramente las vueltas de la vida nos permitirá estar cara a cara en la calle”.

También mencionó el ataque de un policía porteño a un manifestante: “Salgo a proteger a un trabajador al que le pegaron un escudazo de una manera incalificable”.

Berni advirtió que “hay una metodología de incitación a la violencia de sectores políticos” y sostuvo que “en la Argentina no podemos seguir con este nivel de violencia”.

El ministro de Economía tendrá un lunes cargado de múltiples y variadas actividades en Washington.

Las actividades del titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, mantendrá reuniones por diversos temas de la coyuntura, entre las que está el Club de París y la renegociación de la Deuda.

El ministro encabeza reuniones en el ministerio de Economía por el Club de París, en tanto que el jueves pasado mantuvo un encuentro en el Departamento de Estado de Washington DC en el que se firmó un convenio con Estados Unidos para la refinanciación de la deuda que posee Argentina con el grupo de países acreedores.

“Con el objetivo de seguir ordenando y regularizando las relaciones financieras internacionales y continuando el camino que iniciamos en octubre del año pasado cuando firmamos el acuerdo general con El Club de París, hoy firmamos un acuerdo específico bilateral con Estados Unidos”, había expresado el titular del Palacio de Hacienda tras la reunión.

Por otro lado, el ministro se reunirá con el equipo económico para ajustar detalles con los diferentes sectores del agro y anunciar nuevas medidas para el sector. Las mismas se darán a conocer el próximo miércoles.

Por otro lado, estará presente en lo que será un hito en Argentina en la industria 4.0. Se inaugurará la primera fábrica inteligente de Latinoamérica por Pixart, potenciada con tecnología Intel y en alianza con Google y Qualcom. Se fabricarán chips, computadoras y componentes.

Pixart es una empresa con 25 años de trabajo en Argentina, ofrece soluciones tecnológicas basadas en software y hardware, apostando al futuro con un proyecto innovador con el objetivo de desarrollar la fábrica más avanzada de electrónica del continente.

Una inauguración histórica y que marca un hito en la industria 4.0 porque será la primera en fabricar chips. Esto representa un gran avance que mejora los costos locales, genera exportaciones y emplea mano de obra local.

El Papa reclamó empleos estables para los jóvenes, señalando que el trabajo precario lleva a la explotación y la injusticia.

El papa Francisco llama a rechazar el “trabajo en negro” y pide empleos estables para los jóvenes en una reunión con una delegación del instituto italiano de previsión social, INPS, en el Vaticano.

Destaca que este tipo de trabajo “distorsiona el mercado laboral y expone a los trabajadores a formas de explotación e injusticia”. Francisco también critica el abuso del trabajo precario y señala que la precariedad no puede continuar en exceso.

“La precariedad debe ser transitoria, de lo contrario, genera desconfianza, posterga opciones de vida y aumenta la caída de la natalidad“, afirma.

Además, el Papa enfatiza que el trabajo en negro “no permite que las familias aporten y accedan justamente al sistema de pensiones”.

En resumen, Francisco hace un llamado a las empresas y gobiernos para que ofrezcan trabajos dignos y estables, y para que los trabajadores tengan acceso a beneficios sociales y económicos justos.

El ayuno del sacerdote en contra de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la mafia judicial, culmina con una misa y acto en Plaza Lavalle.

El padre Francisco “Paco” Olveira finalizaba hoy su ayuno de siete días frente al Palacio de Tribunales, con una misa y un acto en Plaza Lavalle, donde se presentará la consigna “Democracia sin mafia judicial”. Este evento contará con la participación de diversas organizaciones políticas y sociales, como la CTA-t, Lxs Jóvenes y Soberanos.

El sacerdote ingresó al Palacio de Justicia y presentó una carta solicitando la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y recibió además la visita y el apoyo de los diputados del Frente de Todos (FDT) que integran la comisión de Juicio Político que lleva adelante ese proceso en el Congreso.

La huelga de hambre de siete días comenzó el viernes 24 de marzo, en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para denunciar que la democracia está totalmente condicionada por el Poder Judicial.

El sacerdote, miembro de los Curas en Opción por los Pobres, dejó una carta donde reclamó la renuncia de todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La medida de protesta de Olveira es una respuesta a la situación política actual de Argentina, que ha generado una gran preocupación en diversos sectores sociales y políticos. El acto de hoy, donde se sumarán diferentes organizaciones, busca concientizar sobre la necesidad de una justicia independiente y una democracia real y efectiva.

Se postergó para julio. El objetivo es evitar sumar presión a la inflación.

A través del Decreto 168/2023, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió que el aumento del impuesto a la nafta y el gasoil que debía aplicarse en los próximos días se posterga hasta julio.

“Establécese que los incrementos en los montos de los impuestos […] que resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer trimestre calendario del año 2023, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de julio de 2023, inclusive”, reza el artículo 1.

La norma sancionada en 1998 creó un tributo que se suma al precio de los combustibles líquidos y el gas natural, con el argumento de financiar fondos de Viviendas e infraestructura en todo el país. Impone montos fijos que se calculan sobre unidades de medida de los productos derivados de petróleo y que se van actualizando en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide INDEC.

Desde el primer trimestre de 2021, el gobierno nacional tomó la decisión de suspender la aplicación de ese tributo, observando que de esta forma se podía aminorar el aumento sistemático de los combustibles en un marco de inflación generalizada.