Los considera damnificados en la causa que se instruye contra la fiscal por “falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad”.
Los 8 rugbiers imputados por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, lograron que la Justicia falle a favor de ellos en una denuncia que apunta directamente contra la fiscal que los detuvo y la abogada de oficio que los patrocinó tras el crimen.
El martes pasado, Hugo Tomei, abogado de los detenidos, recibió en su estudio jurídico de Campana la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores. En ella, los jueces Luis Defelitto y Susana Darling Yaltone determinaron que los ocho sean considerados “particulares damnificados” en dicha causa.
Según trascendió, se trata de una presentación del 13 de febrero de 2020, en donde se denunció por “falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad” a la doctora Verónica Zamboni y a la defensora oficial Dra. María Verónica Olindi Huespi. También a dos secretarios de la fiscalía de Dolores.
La denuncia de Tomei apunta directamente a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Villa Gesell. Desde el comienzo de la investigación, el letrado busca que Zamboni sea apartada de la causa por no haber indagado a sus defendidos “de manera correcta”. El abogado asegura que los rugbiers, tras ser detenidos, no fueron notificados de la acusación y no se les exhibieron las imágenes del hecho.
“La prueba era evidente. Las actas de las supuestas declaraciones daban cuenta que se había notificado a los imputados individualmente en audiencias separadas del hecho acusado, la prueba y los derechos. Todo en menos de tres minutos, cuando una audiencia de esas características tarda entre 15 y 20 minutos”, sostuvo Tomei.
“Posteriormente, ante un planteo de la defensa, la fiscal Zamboni reconoció por escrito que no hubo audiencias individuales. Y que supuestamente la noche de domingo 19 de enero de 2020 les habló a todos juntos sobre el homicidio, de pie y en una sola oficina de la Fiscalía, en presencia de la defensora oficial que permitió el acto ilegal”, agregó.
El letrado sostiene que dichas indagatorias deben ser declaradas nulas. “La Justicia debería declarar nulos todos los actos ocurridos el 19 de enero de hace dos años. Cada uno hizo lo que quiso y no lo que dice la ley. Es un grave problema”, continuó Tomei.
En su momento, el juez de Garantías David Mancinelli resolvió no hacer lugar a dicha solicitud. El magistrado entendió que Enzo Comelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli y Matías Benicelli no habían resultado damnificados por el accionar de la fiscal, la defensora oficial y los secretarios.
“El reconocimiento como parte procesal permite a los autorizados a intervenir en el proceso, que será extremadamente dificultoso por el obstáculo que generará la posición de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal del departamento judicial de Dolores, que tenderán a proteger a sus colegas aun en el caso de mal desempeño”, manifestó Tomei.
Aunque Tomei no quiso revelar cuál es la estrategia que diseñará para ejercer presión antes del comienzo del juicio -fijado para el 2 de enero de 2023-, la Justicia cree que intentará anular toda la prueba producida por la fiscal Zamboni y que la causa vuelva a foja cero.
Para Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, resulta difícil pensar en que el devenir de la causa pueda ser modificado. “De parte de los imputados, desde mi punto han solicitado todo y a la situación de hoy han llegado. Todo intentaron. Y la respuesta es la postal que hoy podemos observar: ocho personas detenidas de cara a un juicio que indefectiblemente va a llegar en el mes de enero del año próximo”, remarcó Burlando a este medio hace menos de un mes.
Consultado específicamente por la latente posibilidad de que el debate sea postergado, Burlando respondió: “No veo esa posibilidad. Va a ser un juicio largo con mucha prueba a producirse y los tiempos estimados son los correctos”.
Los detenidos continúan alojados en la Alcaidía N°3 del Penal de Melchor Romero y están imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
En el pedido de elevación a juicio, Zamboni determinó que existió “un planteo o pacto para guardar silencio entre ellos mismos sobre lo sucedido; corroborando ello la participación de todos en el hecho, como así también la total premeditación”.
“Cuando se exige apego a la ley es para que no se diga que se organizaron para matar. La fiscal Zamboni no pudo establecer cuándo y dónde lo hicieron. Debería pasar que se pruebe la falsedad de las actas y que se impute a la fiscal y defensora más dos secretarios”, dijo Tomei.
